Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Difícilmente olvidáremos lo que ha sucedido estos días, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes generada por la pandemia de la Covid-19, hemos tenido una nueva crisis política que casi termina por acabar con nuestra precaria institucionalidad democrática en el país. En una semana hemos pasado a tener tres presidentes en el país, de Martín Vizcarra vacado por presuntos actos de corrupción, al golpista Manuel Merino que renunció por la presión y movilización ciudadana, y el presidente de la transición: Francisco Sagasti. Las consecuencias de los actos previos a la vacancia nadie se lo esperaba, ni los congresistas y sus bancadas golpistas, ni los partidos políticos, y muchos menos los gremios empresariales del país. Hoy en día nadie duda de la legitimidad de las movilizaciones encabezadas principalmente por los jóvenes, quiénes han sido denominados la generación del bicentenario.

Sin embargo, el costo ha sido muy alto, Inti Sotelo y Jack Pintado fueron asesinados en plena movilización por impacto de proyectiles de armas de fuego de la PNP, además se han registrado más de 100 heridos, varios detenidos, incluido desaparecidos, que aparecieron por la presión ciudadana y mediática, todos victimas de la brutalidad policial. Los hechos ocurridos en Lima estos días son un reflejo de lo que viene pasando desde hace mucho tiempo en las regiones y los territorios donde hay actividad minera. En los últimos 20 años tenemos más de 200 personas fallecidas en los conflictos sociales, cientos de heridos que quedaron lisiados de por vida, y otros tantos que afrontan procesos judiciales por participar en las movilizaciones sociales. Esta claro que la forma como actúa la PNP en las protestas sociales debe cambiar radicalmente, se debe hacer reformas de fondo en esta institución, entre ellos desactivar el grupo Terna, y empezar a sancionar a los responsables, no puede haber más impunidad en este tipo de hechos.

De otro lado, la indignación y movilización ciudadana no solo está planteando la lucha frontal contra la corrupción, o las reformas de las instituciones del Estado, también se exigen cambios de fondo, y esto pasa por discutir una nueva Constitución para el país; la que tenemos es producto de un autogolpe de Fujimori (93), alguien ya lo dijo: “Nueva Generación; nueva Constitución”. Por ello, desde Red Muqui, en concordancia con lo que está planteando el movimiento social y los diversos actores sociales y políticos, creemos que ese debate más temprano que tarde se debe iniciar, estos días hemos constatado que ese es el sentir ciudadano y si el Congreso de la República y el Gobierno de la Transición de Francisco Sagasti no logran encausar esta demanda, la situación de crisis y movilización se va mantener.

 

PD: Al cierre de esta edición hemos tomado conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que acaba de pronunciarse sobre la demanda competencial de la vacancia y ha declarado improcedente la demanda.