Por: Edwin Alejandro Berrospi – coordinador del área socio ambiental

La segunda reforma agraria anunciado por el gobierno de Pedro Castillo como una política pública en favor de los más de 2.2 millones de pequeños productores que trabajan la agricultura familiar es un avance importante para el país, donde la agricultura familiar ha demostrado ser fundamental en la lucha contra la pandemia, abasteciendo con más del 70% de alimentos a los principales mercados de las ciudades. Sin embargo, esta medida es aún débil porque no contempla un plan de ordenamiento territorial, ni la protección de las cabeceras de cuenca que son indispensables para la producción de alimentos y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del campo.

¿Qué significa la segunda reforma agraria?

Esta reforma tiene nueve ejes estratégicos cuyo eje central es la agricultura familiar: 1) seguridad alimentaria con la producción sostenible de alimentos a través de la agricultura familiar para disminuir la dependencia de la importación 2) Asociatividad y Cooperativismo, 3) infraestructura hidráulica con proyectos de riego, siembra y cosecha de agua y tecnificación del riego 4) Sesigra –Agro que se plantea la movilización de estudiantes para brindar asistencia técnica, capacitación y apoyar a comunidades campesinas y nativas, cooperativas y asociaciones de productores 5) industrialización rural para dar mayor valor agregado a los productos 6) promoción de mercados locales y compras estatales a la pequeña agricultura para programas sociales 7) repoblamiento ganadero con programas para la mejora de pastos y mejoramiento genético del ganado 8) la articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, vinculado a las agendas regionales y finalmente 9) crédito desde el banco de fomento agrario, agrobanco y banco de la nación para los pequeños productores.

Con estas medidas se fomentará un programa de compras públicas por más de 300 millones de soles en el próximo año y se viene proyectando la construcción de mercados locales en cada provincia del país. Además, se reconocerán a 300 nuevas cooperativas agrarias que beneficiará a más de 130.000 familias y se prevé el ajuste en la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados e importados del extranjero. En esa línea, se plantea la construcción de una planta de fertilizantes de fosfatos y un fondo de reactiva agro con una línea de crédito de 600 millones de soles para que tengan acceso los pequeños productores y en especial las mujeres.

La segunda reforma agraria sin expropiaciones ni confiscaciones.

¿Cuáles son los vacíos de la segunda reforma agraria?

Los problemas estructurales siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo del sector agrario y sigue afectando a la agricultura familiar en el país, por ejemplo la concentración de tierras en unas cuantas grandes empresas, las concesiones mineras en territorios comunales, inseguridad de la propiedad de la tierra, la violación de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, la contaminación ambiental y la creciente escasez de los recursos hídricos, son algunos de los problemas que viene enfrentando los pequeños productores del país, por ello indispensable que se tomen medidas urgentes para la protección de los territorios, protección de las principales fuentes hídricas y se promueve la participación activa de los pequeños productores y poblaciones para una gestión integrada y participativa del territorio y del agua.

La segunda reforma agraria si bien está orientado a fortalecer la agricultura familiar, no recoge el proceso de ordenamiento territorial como instrumento para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. El ordenamiento territorial nos ayuda a planificar y delimitar las actividades que realizamos en un territorio, sobre todo ordenar a que las actividades económicas como la minería estén ordenadas y con el plan de ordenamiento territorial se defina dónde se puede desarrollar dicha actividad y dónde no se puede desarrollar, por ejemplo, no es posible en los territorios con ecosistemas frágiles. En esa línea, se requiere construir territorio conociendo sus grandes potencialidades, sus características físicas, sociales, económicas, sus poblaciones, la diversidad de ecosistemas, sus culturas, etc.

Esta reforma agraria debería ser la seguridad y soberanía alimentaria desde la protección de territorios, ecosistemas, cuencas a través de la implementación de planes de ordenamiento territorial desde las comunidades. Proteger el agua y el territorio es fundamental para garantizar la producción de alimentos de manera sostenible para todos los peruanos. De lo contrario, la reconcentración de la tierra a cargo de varias empresas seguirá avanzando junto a actividades económicas no sostenibles

El otro tema que falta incorporar en la segunda reforma agraria es la protección de los recurso hídricos y las cabeceras de cuenca en un contexto cambio climático y la pandemia. Para garantizar el riego tecnificado primero tenemos que pensar en proteger las cabeceras de cuenca optimizando su uso y priorizando el agua para consumo humano y uso agropecuario. Deben prohibirse las actividades extractivas en cabeceras de cuenca que pone en riesgo las principales fuentes de agua, toda vez que en las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, que son ecosistemas de gran valor y, generalmente, se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.

Existe una ley de recursos hídricos (Ley 29338) que fue promulgado en el año 2009 y hasta la fecha solo se ha avanzado en la creación de 13 consejos de cuenca de las 29 proyectadas y solo la mitad tienes planes de gestión aprobado, luego en el 2017 se promulgo la Ley de cabecera de cuenca (Ley 30640) que otorga un plazo de un año para que la Autoridad Nacional del Agua – ANA apruebe el marco metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca y recién después de casi 4 años se aprueba este marco metodológico, con varios vacíos que se requiere incorporar y que debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico. Además, se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.