Por: Jaime Borda Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Mientras el plan de la vacancia continúa en marcha desde el Congreso de la República por parte de los partidos golpistas, el presidente Pedro Castillo también pone de su parte. Lamentablemente el domingo pasado a través de un programa periodístico se ha revelado que el presidente habría venido sosteniendo reuniones en un domicilio particular en Breña con personajes vinculados a empresas que licitan con el Estado. El presidente Castillo y sus allegados le hacen un flaco favor a la lucha contra la corrupción con estas reuniones poco transparentes y de las que no ha querido dar cuenta en su reciente mensaje a la nación. Todos estos hechos se presentan en un escenario de emergencia en el norte. Como se sabe el pasado fin de semana los pobladores de la región de Amazonas han sufrido un terremoto de 7.5 grados que ha afectado gravemente la vida, las viviendas y carreteras de la zona y que el gobierno esta tratando de atender.

De otro lado, la conflictividad social se mantiene latente en nuestro país, luego de la arremetida de los gremios mineros contra el gobierno y la premier Mirtha Vásquez por el anuncio de cierre de 4 unidades mineras en el sur de Ayacucho, ahora se viene el caso de las Bambas, minera que esta ubicada en la zona denominada como el corredor minero, entre Apurimac y Cusco, quienes el día de hoy han anunciado la suspensión de sus operaciones mineras desde la quincena de diciembre. La minera sostiene que no hay condiciones para seguir operando debido a los constantes bloqueos de las comunidades de Chumbivilcas en la carretera del corredor minero. Como se sabe hasta hace poco se tenia una instalada una mesa de diálogo con las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, esta finalmente no ha logrado a llegar a acuerdos, dado que la minera sostiene que lo que se pide por las comunidades es imposible de cumplir.

Sobre el caso de las Bambas habría que decir que este proyecto tiene una falla de origen por la forma como se han hecho las cosas, ya que el proyecto ha sufrido varios cambios, solo por mencionar que inicialmente el proyecto incluía la construcción de un mineroducto para trasladar el concentrado de cobre y molibdeno y que fue cambiado por una carretera que nadie aprobó, desconociéndose acuerdos anteriores, que tampoco han previsto la mitigación y los impactos ambientales que viene generando el paso de más de 400 camiones diarios en la vía del corredor minero por tres regiones, demás esta decir que la minera firmo una serie de actas y acuerdos con las comunidades impactadas, distritos y provincias de la zona donde se comprometió a dar oportunidades de trabajo y beneficio para estas poblaciones, muchas de las cuales tampoco se ha cumplido del todo. Por tanto, tienen razón las comunidades por reclamar mayor atención del Estado y de una de las mineras más grandes del mundo que no han hecho las cosas bien desde el inicio del proyecto. Decir que hay no condiciones para seguir operando en la zona parece más una estrategia de condicionamiento al gobierno nacional y a las comunidades, en medio de una crisis política, para que finalmente las comunidades desistan de sus demandas y el gobierno termine poniéndose del lado de la empresa en medio de la crisis política por el pedido de vacancia de un sector del congreso y la derecha de nuestro país.