editorial jaime borda

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Finalmente, esta semana el gobierno de Sagasti hizo el anuncio que se esperaba sobre las medidas de contención para la segunda ola de la Covid-19. Luego de varias idas y vueltas, y de un mal manejo de comunicación del Ejecutivo; las nuevas medidas nos mandan nuevamente a una cuarentena focalizada por regiones. La mayoría coincide en que no había otra alternativa y que estas medidas deben estar acompañadas de apoyo económico a los sectores más golpeados en la pandemia; en ese sentido, el gobierno también anuncio la entrega de un bono familiar, apoyo alimentario para las ollas comunes, entre otros. Más allá de estas medidas, la gente ya no confía en sus autoridades, lamentablemente ni la vacuna ni los bonos están garantizados para su pronta llegada, por eso lo que nos queda ahora es la auto-organización y la solidaridad, es la única forma de enfrentar esta pandemia.

En medio de este escenario crítico, los conflictos sociales no van a entrar en cuarentena, por el contrario, se vienen intensificando. Esta semana la convulsión social se ha mantenido en las provincias de Espinar y Chumbivilcas en Cusco, en el denominado corredor minero del sur; se tratan de dos grandes proyectos mineros que buscan ampliar sus operaciones. En el caso de Espinar, la minera Antapaccay busca la aprobación social de su proyecto Coroccohuayco, había un proceso de consulta previa que esta paralizado y la población exige además el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de dialogo de agosto del 2020; en el caso de la minera HudBay y su proyecto Constancia en Chumbivilcas, las comunidades y la población no están de acuerdo con la ampliación del proyecto Pampacancha. Se cuestiona el proceso de consulta previa que hizo el gobierno y se pide un aporte económico del 7% de las utilidades de la empresa para la provincia de Chumbivilcas y sus distritos. En ambos casos no hay una solución a la vista y las mesas de diálogo no logran resolver sus demandas.

Las mesas de diálogo, como mecanismo para canalizar las soluciones a las demandas de las poblaciones y comunidades que protestan han llegado a su limite y están bastante desgastadas, la gente ya no cree en los acuerdos y compromisos que firman tanto el Estado como las empresas mineras, y es que en verdad los acuerdos que se firman no se cumplen y el nivel de desconfianza en la población es más que comprensible. Además, las mesas de dialogo normalmente se instalan una vez que el conflicto ha estallado, cuando previamente hubo violencia, represión y criminalización a los lideres y dirigentes que encabezan las protestas por parte del mismo gobierno que pide dialogo y participación.

Esta forma de gestión de conflictos y de instalación de mesas de diálogo debe cambiar, desde Red Muqui creemos que cualquier decisión que se tome y que involucre a poblaciones y comunidades en los territorios, tienen que ser con la participación real de la población local, y respetando la decisión autónoma que tomen nuestros pueblos.