Los derechos humanos en tiempos de crisis política y reactivación de conflictos
Por. Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui
Cada 10 de diciembre conmemoramos el día de los derechos humanos en el mundo entero, debido a que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Y vaya que este año en el mundo entero y en nuestro país los derechos humanos han estado a prueba, no solo por la crisis sanitaria y económica que nos toca vivir, si no porque nos ha tocado defender los DDHH más que nunca. Durante la pandemia el derecho a la salud y a la vida misma ha sido nuestra principal defensa ante la precariedad del sistema de salud pública y el aprovechamiento y el lucro de las clínicas privadas. Miles de familias han exigido al Estado que se cumpla con el deber de garantizar el acceso al derecho a la salud y que se hagan las reformas necesarias en este sector para que todos y todas podamos acceder a ella.
Del mismo modo, durante los últimos meses y semanas hemos asistido a una crisis política y social sin precedentes en nuestro país, llegando a tener inclusive 3 presidentes en una semana; sin embargo, gracias a la población movilizada e indignada hemos logrado revertir de alguna forma la repartija de poder y corrupción en el que están involucrados varios partidos y grupos de poder económico en el país. El costo de esta movilización sin duda ha sido alto, ya que dos jóvenes fueron asesinados (Inti y Bryan), tenemos varios heridos y hubo hasta desaparecidos. Los responsables políticos y directos de estos hechos fueron el inefable congresista Manuel Merino, el gabinete golpista, el ministro del Interior y los miembros de la PNP. Aún a pesar de estos abusos ha quedado claro que el derecho a la movilización, a la protesta social, a la libertad de transito, a la opinión y a disentir son derechos inalienables que toca defenderlos, tal como ha sucedido durante los días de la movilización.
Sin embargo, siendo hoy 10 de diciembre, estamos lejos todavía de tener una sociedad y un Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, ya que en estas últimas semanas pobladores del interior del país se han movilizado para reivindicar sus derechos. Los casos de Ica y Chao en La Libertad (donde también murió un joven) son un ejemplo de ello. Por muchos años los trabajadores agrícolas del sector agroexportador en el país nunca han recibido beneficios y son tratados en condiciones de semi esclavitud. En suma, tenemos un país movilizado. Esta semana los conflictos socioambientales en el sector minero se han reactivado con mucha fuerza, y los reclamos son múltiples: van desde denuncias de contaminación ambiental y de salud humana, rechazo al ingreso de operaciones mineras, hasta el cumplimiento de acuerdos de las mesas de diálogo que el mismo gobierno ha firmado. Lamentablemente en estos casos la represión y la violencia con la que actúa la PNP en los últimos años en contra de los derechos de las comunidades y poblaciones locales es pasado por agua tibia por los medios de comunicación y autoridades nacionales. Pareciera que a veces los derechos no son iguales para todos/as; por lo menos en zonas mineras, donde lo económico se sobrepone a los derechos individuales, colectivos y ambientales.