Minera Chinalco realiza trabajos a pesar de rechazo del SENACE a la MEIA del proyecto Toromocho

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El pasado viernes 16 abril, trabajadores de la empresa minera Chinalco iniciaron trabajos de instalación de mallas y cercos perimétricos dentro de la zona de las 34 hectáreas en litigio con los últimos pobladores de la antigua Morococha y dicha empresa minera.

Representantes de la población se acercaron para dar a conocer que no podían realizar ese tipo de trabajos debido a que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no admitió la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco tomando en cuenta el informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde indicaron que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Sin embargo, al llegar efectivos policiales manifestaron que la empresa minera no se encontraba afectando ningún derecho de ningún poblador y por tal motivo podían realizar sus trabajos. Tras una breve discusión con los pobladores continuaron con los trabajos de enmallado.

El día de ayer, martes 20, uno de los pobladores se percató que una de las tuberías de agua había sido rota en medio de los trabajos y reclamó su reparación:

“Si nosotros no estábamos presentes, fácil ni lo reparaban porque lo hicieron porque yo estaba grabando con mi celular, lo que preocupa es que vayan a dañar otras cosas cuando no estemos presentes y no se hagan responsables”

Cabe recordar que todo ocurre en medio del hostigamientos que la empresa minera Chinalco viene desarrollando en contra de las 25 familias que aún viven dentro de las 34 hectáreas; quienes se encuentran preocupadas porque ocurran más daños que no terminen siendo reparados, un temor comprensible si tenemos en cuenta que desde finales del año pasado se han visto afectados los servicios básicos como la electricidad y el agua e incluso la empresa ha limitado el tránsito de las vías a sus domicilios. Motivo por el cual, el Frente de Defensa de Morocoha  interpuso un hábeas corpus el 17 de noviembre pasado para que la empresa desbloquee las vías; sin embargo, el Poder Judicial aún no responde.

Especialistas analizaron problemática en conversatorio «Morococha: un pueblo despojado por la gran minería»

El día de ayer miércoles 21, desde Red Muqui y la Pastoral social y dignidad humana (PASSDIH) en colaboración con el medio digital Wayka se llevó a cabo un conversatorio en el participaron los principales actores sociales de la problemática que se vive en la antigua Morococha. Participaron; el cardenal Pedro Barreto del arzobispado de Huancayo, la Sra. Julia Cuadros, directora de Cooperacción; Elvis Fuster, Presidente del frente de defensa, el Ing. Edwin Alejandro de Red Muqui; y el Dr. Carlos Castro, abogado de los afectados de Morococha.

En ese sentido el Dirigente Elvis Fuster señaló que el gobierno no tiene interés en atender las denuncias de las familias de Morococha que actualmente tienen las vías bloqueadas a sus hogares por parte de la minera Chinalco. Además solicitó al Estado peruano que se cumplan los derechos y compromisos en el estudio de impacto ambiental de la empresa minera Chinalco, la cual busca desconocer a la población dentro del estudio.

Por otro lado, Julia Cuadros de Cooperacción indicó que «estamos viviendo una situación en la que llega una gran cantidad de inversiones extranjeras. En ese contexto, hemos identificado un patrón de violación de derechos de las empresas chinas, ante nuestra falta de institucionalidad». Además, manifestó que en los últimos años la institucionalidad en el Perú se ha flexibilizado y nos ha puesto vulnerables frente a las inversiones extranjeras».

Desde Red Muqui, el Ing. Edwin Alejandro indicó que el desempleo ha tenido un gran impacto en la población. «Cuando la minera llegó, se comprometió en generar 417 puestos de trabajo y reubicar a los pobladores, pero una vez que fueron desplazados a la nueva Morococha, quedaron abandonados. Además en Carhuacoto no hay actividad económica». Cabe señalar que muchos de los reasentados han terminado optando por migrar a otras ciudades debido a la falta de actividad económica en Carhuacoto. En la actualidad muchas de las viviendas que fueron entregadas lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros.

Desde el plano legal, el Dr. Castro manifestó que «La defensa de las 25 familias afectadas en Morococha es urgente. Para que una expropiación sea válida y legítima, esta tiene que respetar el derecho al debido proceso de los titulares, algo que no ha pasado en este caso». Según lo dicho por el Dr. Castro, se denunció en el 2018 la transgresión al derecho de propiedad, debido a que Morococha fue expropiada para entregársela a la empresa minera Chinalco. Por ello se interpuso una acción de amparo que se presentó en el 2018. También se pronunció respecto al Habeas Corpus que se ha interpuesto a la libertad de tránsito por haber desaparecido todo los accesos y vías de comunicación a Morococha, en definitiva, estas personas se encuentran aisladas.

Para ver el conversatorio dale click aquí