Esta semana pudimos conversar con Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, y nos contó de manera breve sobre la situación actual del conflicto que se vive en Espinar , lo que ha venido siendo el comportamiento de la empresa minera durante estos años y el especial impacto que tiene en la vida de las mujeres de Espinar.   

Por: Beatriz Cortez /Red Muqui

En Espinar se sostiene un paro indefinido debido a la oposición de la empresa minera Glencore-Antapaccay frente a la decisión mayoritaria del Comité de gestión del Convenio Marco de Espinar de otorgar un bono solidario de S/.1000 soles a toda la población. Esta decisión se tomó debido a la crisis económica que se profundiza para la población a causa de la pandemia por COVID-19. Actualmente las demandas de los espinarenses también giran en torno a la reformulación del Convenio Marco[1].

Elsa nos cuenta con preocupación la injerencia que ha venido teniendo la empresa para debilitar la capacidad de organización y representación de las comunidades y población:

“Dentro del Convenio marco hay muchas cláusulas pero esto no se cumple, la empresa minera nos ha dividido usando a los politiqueros, cuando decidían a los candidatos estos ganaban cuando no los decidían estos perdían  (…) esto ha hecho que nuestras luchas sean débiles, cada vez que nos levantábamos han fracasado estas luchas”

. Este problema de debilitamiento y fragmentación de las organizaciones sociales es uno de los principales problemas para que el Convenio Marco de Espinar no se constituya como una herramienta eficaz para lograr el bienestar de la población.

Elsa agrega: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud educación no tenemos, tenemos metales tóxicos en el agua”.

Lo que señala Elsa es uno de las principales causas del malestar acumulado por la población Espinar, que tras todos estos años en su mayoría se siguen encontrando en situación de pobreza y existen graves afectaciones a la salud humana y ambiental producto de la contaminación por metales tóxicos.

El álgido conflicto que se vive en Espinar no se puede comprender buscando responsabilidades en la población y sus medidas de lucha que son producto de años de acumulación de malestar frente abusos de la empresa minera[2]. Hay que mirar en retrospectiva cómo se ha venido ejecutando los términos del Convenio Marco su utilidad para alcanzar el bienestar de la población de Espinar y por tanto cual ha venido siendo el comportamiento empresarial desplegado en el territorio. En 2017 Derechos Humanos sin Fronteras presentó el “Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica” un análisis alternativo a lo que la propia empresa venía reportando públicamente a nivel internacional sobre su comportamiento financiero y en torno a los derechos humanos en los territorios donde opera[3]. Sobre esto, es llamativo que Glencore señale en sus reportes de sostenibilidad su adhesión voluntaria a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU[4], cuando en la práctica genera impactos acumulativos en el territorio que afectan los derechos humanos y que actualmente se encuentran en situaciones de impunidad.

Durante nuestra conversación con Elsa una de sus preocupaciones permanentes es el especial impacto que genera el proyecto minero en la vida de las mujeres: la contaminación del agua por metales tóxicos implica, la contaminación de sus hijos y del entorno ambiental sobre el cual ellas sostienen sus actividades económicas como la ganadería. Este es el caso de defensoras ambientales como Melchora Surco y Carmen Chambi que por años vienen denunciando esta situación y pidiendo justicia y reparación por los daños causados a su salud y las de sus familias.

También tenemos los casos de Vilma Kalla, que en 2018 señalaba lo siguiente: “Como madre a nosotras nos afecta más la minería más por nuestros hijos, qué es lo que pasa, yo soy de la comunidad de Alto Huarca, a nosotros la minera ha reubicado nuestra escuelita, ha reubicado a la población. Pero la construcción que ha hecho la mina está mal construida, las paredes están bajándose cuando las tocamos (…) No tenemos agua en la escuelita donde nos han reubicado, lamentablemente eso es lo que nos está pasando con la minería. Encontraron bastante anemia también. Como una madre nos causa mucha preocupación».[5] Todos estos años las mujeres en Espinar han vivido una situación muy dura producto de las violencias que operan sobre ellas producto del impacto en relaciones sociales y económicas generadas por la minería en el territorio. Ahora, en la actual escalada del conflicto se visibiliza el rol activo que tienen las mujeres comuneras en las medidas de protesta que se viene desplegando, sin duda son la primera línea de la lucha en Espinar y por tanto también las más expuestas a la represión policial-militar.[6]

El conflicto en Espinar como lucha local en contexto de grave crisis económica global, demuestra la relevancia de la protección de derechos económicos sociales culturales y ambientales (DESCA), las mujeres y los pueblos luchan por agua, alimentación, salud, trabajo, educación; y la crisis económica que genera el brote de COVID-19 los ha llevado a una situación económica mucho más crítica. Los DESCA son necesidades esenciales para sostener una vida buena, necesidades que en su mayoría son sostenidas por el trabajo de las mujeres. Es clave recuperar el rol de estados para regular adecuadamente el comportamiento empresarial y el reto de dar mayor contenido operativo a marcos normativos internacionales como Principios Rectores y la debida diligencia de las empresas. Los derechos humanos no pueden ser solo declarativos y un cálculo costo beneficio para mejorar la imagen empresarial frente a sus socios comerciales y consumidores. Mientras que en la práctica la doctrina económica de la “competitividad y productividad” [7], que reduce los derechos sociales a mero costos que se pueden recortar, y se sigue arrasando con el bienestar de los pueblos del Perú, es un reto que los derechos humanos deban y puedan ser la base para la construcción de sistemas políticos democráticos, plurales, justos y ecosostenibles donde la vida se ponga en el centro del interés público.

 

 

[1] El Convenio Marco es un proceso voluntario que permite el financiamiento anual de proyectos de inversión social, a través de las utilidades generadas por la empresa. El Convenio Marco de Espinar estipula que se utilizarán el 3% de las utilidades que genera el proyecto minero.

[2] En 2012 durante el conflicto que estalló en Espinar, producto del uso de fuerza ejercido por la PNP fallecieron 3 comuneros y se iniciaron procesos penales contra dirigentes de las organizaciones sociales que se levantaron en lucha.

[3] Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica. Abril 2017. https://multiwatch.ch/content/uploads/2007/01/Informe-Sombra-de-las-Operacines-de-Glencore-en-Latinoamerica.pdf

[4] Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Naciones Unidas se emitieron en 2011 y son un instrumento internacional que establece orientaciones programáticas para que las empresas cualquiera sea su rubro y tamaño, se encuentran comprometidas al respeto de los derechos humanos. Actualmente todos los años en Ginebra se viene discutiendo el contenido de un Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos.

[5] Vilma Kalla, comunera de Alto Huarca- Espinar. Entrevista realizada para documental “La vida no vale un cobre”. 2018.

[6] Al respecto diversas instituciones de derechos humanos del Sur Andino del país, el 24 de julio han emitido una “Carta abierta a las autoridades sobre la afectación a mujeres defensoras movilizadas en Espinar”. Link: https://derechosinfronteras.pe/carta-abierta-a-las-autoridades-sobre-la-afectacion-a-mujeres-defensoras-movilizadas-en-espinar/

[7] En diciembre de 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 345-2018 que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, políticas de alto nivel de carácter intersectorial que afinan las normas de la gestión económica para profundizar las reformas estructurales de carácter neoliberal instauradas en los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.