“Reactiva Perú” es el programa económico que, en el marco de la delegación de facultades, fue aprobado por el MEF mediante Decreto Legislativo 1455 a inicios del mes de abril. El objetivo del programa es que a través de los recursos del Banco Central de Reserva, es decir los recursos públicos, se pueda asegurar la cadena de pagos de las empresas ante el impacto del COVID-19. El programa está dirigido a que las empresas cuenten con “capital de trabajo” para enfrentar pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. El capital de trabajo son aquellos recursos que las empresas necesitan para poder operar y son gastos que se dan a corto plazo, uno de los rubros más importantes para que puedan operar es el pago de sueldos a sus trabajadores, es decir el sostenimiento de la fuerza laboral.

El Decreto legislativo establece que el mecanismo para colocar este financiamiento es a través de créditos otorgados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF), es decir los bancos; y que el programa será administrado por la Coorporación Financiera del Desarrollo (COFIDE) que es una empresa estatal de derecho privado. Entre las principales condiciones que establece el DL para el acceso a este programa es que las empresas beneficiarias no tengan deudas tributarias con la SUNAT y no tengan relación con la ESF, es decir que no haya relación con los bancos que entregan los créditos, o que se encuentren pendientes de reparación civil al Estado producto de tener sentencia firme por delitos de corrupción.

A la vez el la Ministra de Economía y Finanzas anunció que este programa estaba dirigido a beneficiar a las empresas de todos los tamaños, especialmente a las MYPES, que son la mayoría de empresas en el país y que sostienen una importante cantidad de trabajadores formales dependientes.

Las empresas beneficiadas y los cuestionamientos

Sin embargo, de las últimas investigaciones periodísticas realizadas por OJO PÚBLICO se hizo de conocimiento público que diversas empresas de gran facturación pudieron acceder a estos préstamos estatales y en este listado resaltan empresas mineras como:  Chinalco Perú, Aurífera Retamas, el Consorcio Minero Horizonte y Volcan.

Respecto a Chinalco (China) y Volcan (Suiza) son una de las empresas que vienen generando mayor impacto en el ambiente y en la vida de la población de los distritos Morococha y Pasco respectivamente. En el caso de Chinalco y su Proyecto Toromocho, que  es uno de los más grandes en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, actualmente  se encuentra en fase de expansión y con un conflicto latente con la población de la zona, pues las condiciones en las cuales fue llevado el proceso de reasentamiento de la población a la nueva ciudad de Morococha no fueron informadas adecuadamente generando gran impacto en la economía local de las familias. La  zona donde se realizó el reasentamiento es una zona de alto riesgo, al respecto el día sábado 13 de junio el ANA emitió una resolución jefatural declarando Estado de Emergencia Hídrico y peligro inminente el distrito de Morococha, por el desborde de la laguna Huascacocha que se encuentra contaminada por aguas residuales que provenientes de la actividad minera.

Sobre el caso de la Minera Volcan cuyo accionista mayoritario es la transnacional Glencore, opera hace decadas en Cerro de Pasco, y es responsable de impactos acumulativos al ambiente, y por tanto a la salud humana de la población que hasta la fecha no se encuentran atendidos ni reparados. Por lo que concierne el daño ambiental, varios estudios subrayan la contaminación de ríos y lagunas a causa de los metales pesados presentes en el agua en cantidades superiores a los límites consentidos. El aire también se ve afectado con las operaciones extractivas: por un lado, los explosivos utilizados en el proceso minero provocan nubes de polvo tóxico que provienen de la mina a cielo abierto; por otro lado, desde las aguas rojas de las lagunas que se han convertido en depósito de residuos, como la laguna de Quiulacocha, que hace que se levanten vapores tóxicos.  Todo ello a resultado en un impacto sin precedentes a la salud humana en el Perú, en la actualidad se reportan casos de niños y adultos, con particular gravedad en niños que tienen plomo y mercurio en la sangre, varios de ellos ya han fallecido producto de esta contaminación. Muchas de las familias afectadas se encuentran aún en búsqueda de reparación y atención a los daños causados por la industria minera, en su mayoría estas familias se encuentran aún si quiera tener diagnósticos oficiales por parte del Estado.

Empresas con corona y privilegios.

Los daños causados a la vida, la salud humana y ambiental, así como a la sostenibilidad económica de las familias y poblaciones producto de la actividad extractiva es incalculable. Sumemos a esto que a nivel administrativo existen deudas millonarias con el Estado por parte de empresas como Volcan a causa de sus infracciones ambientales. Ante esta situación tan grave de impunidad, donde miles de personas se encuentran impactadas irremediablemente por la actividad minera nos preguntamos cómo es que el Ministerio de Economía no ha establecido criterios administrativos más estrictos para el otorgamiento de los préstamos de Reactiva Perú, para evitar que este tipo de empresas accedan a los recursos públicos que sostenemos todos los ciudadanos peruanos

Empresas transnacionales como Volcan facturan grandes utilidades y  también benefician a accionistas nacionales como la familia Letts Colmenares y Prima AFP del holding de Credicorp del grupo Romero, los mismos dueños del BCP una de los bancos que gestionan los créditos de REACTIVA Perú. Son empresas que sí cuentan con sostenibilidad económica para financiar su capital de trabajo, pero que lastimosamente bajo la doctrina de competitividad y productividad, estas inversiones de capital son vistas solo como costos que tienen que reducir al igual que todos los costos de prevención de impactos ambientales y la salud que deberían de garantizar bajo criterios de debida diligencia.

Justamente por esta situación de impunidad en la violación de derechos humanos y ambientales de varias empresas privadas y de modo particular en las extractivas, es que desde las instituciones de derechos humanos venimos exigiendo la necesidad de la aprobación internacional de un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos y a nivel nacional la aprobación de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos priorizado por la PCM y que establezcan garantías de protección a  los derechos de los pueblos en base a los Principios Rectores  de la ONU y los pilares de proteger, respetar y remediar.