Respaldamos el informe de la CIDH y exigimos al gobierno cumpla sus recomendaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha elaborado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Perú que se suscitaron en diciembre de 2022 y comienzos de 2023, y señala claramente que las protestas tienen como origen la desigualdad estructural y discriminación que afectan especialmente a las comunidades campesinas y pueblos indígenas. La CIDH señala que: “La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas” (párr. 32).
Lamentablemente frente a las protestas sociales recientes, las Fuerzas Armadas y policiales han respondido de manera ilegítima y desproporcionada a las movilizaciones, cometiendo graves atropellos contra los derechos humanos. La CIDH ha calificado como Masacre y como graves violaciones de derechos humanos los actos perpetrados por agentes del Estado peruano, esto debido a las múltiples privaciones del derecho a la vida y a ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de las fuerzas armadas y policiales contra la población civil (párr. 158, 175, 290).
En ese sentido, desde Red Muqui respaldamos las conclusiones del informe y exigimos que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones de la CIDH, especialmente las referidas a la reparación y atención de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Sobre las investigaciones se señala que deben desarrollarse por fiscales especializados en derechos humanos y en el marco del respeto de las garantías judiciales para los familiares de las víctimas y además que las investigaciones deben incluir la identificación de responsabilidades por cadena de mando, incluyendo a las autoridades civiles y políticas a cargo de los operativos realizados (párr. 190 y 245).
Finalmente, denunciamos y condenamos el negacionismo con el que ha respondido el Ejecutivo y el Congreso de la República al informe de la CIDH, buscando minimizar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los meses pasados.
Lima, 04 de mayo del 2023.