Urge políticas ambientales para proteger el ambiente en tiempos de COVID-19

Autores: Edwin Alejandro Berrospi y Mattes Tempelmann

AREA SOCIOAMBIENTAL

Lima, 05.06.2020

Este 5 de junio es el día mundial del medio ambiente y el país enfrenta una crisis sanitaria y ambiental por la pandemia del Covid-19 que ha afectado a más de 183,198 personas infectadas con este virus y más de 5,031 fallecidos, que nos ubica en el Rankin de los 10 países más afectadas por esta pandemia del coronavirus. El gobierno impuso la cuarentena para reducir la tasa de contagio que ya llevamos cerca de cuatro meses de aislamiento social dejando a millones de familias sin ingresos económicos y expuestos a la inseguridad alimentaria y sanitaria principalmente en las comunidades campesinas y nativas donde la situación es más grave porque esta pandemia del Covid-19 pone en evidencia la precariedad de nuestro sistema de salud pública.

El gobierno bajo presión de la Confiep y con el motivo de la supuestamente reactivación económica ha privilegiado a las empresas mineras para que sigan operando sin importar si pueden verse contagiados sus propios trabajadores con la enfermedad del Covid-19 (al 21 de marzo ya se tenía 753 trabajadores contagiados), poniendo en peligro la salud de los trabajadores mineros y las comunidades y poblaciones donde están operando. Con estas acciones el gobierno nos ha puesto en un falso dilema de morir de virus o morir de hambre, porque con las ultimas normas emitidas por el gobierno se ha ido retrocediendo en materia ambiental y en la lucha contra la pandemia del Covid-19, excepto la lógica de los dueños del Perú y las políticas neoliberales para impulsar la reactivación de la economía basado en las actividades mineras sin importar si se pueden afectar los recursos naturales y el medio ambiente.

Incremento de las concesiones mineras

Como bien sabemos se imponen las concesiones mineras en el Perú que ha crecido de manera acelerada en los últimos 15 años pasando de 7.4 millones de hectáreas en el 2002 a 18.12 millones en el 2017; es decir el 14.07% del territorio nacional se encuentra concesiones para las actividades mineras. Esto generó una preocupación de las comunidades campesinas y nativas porque el proceso de otorgamiento de las concesiones no ha sido consultado a pesar que se trata de un derecho fundamental para conservar su integridad étnica, social, económica y cultural y para asegurar la supervivencia como grupos sociales.

Más de ocho mil Pasivos ambientales siguen contaminando el ambiente.

Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas existen más de 8,440 pasivos ambientales (PAM) generados por las actividades mineras, de los cuales más de 4000 pasivos están clasificados de alto riesgo y lamentablemente el 88% de los PAM no tienen identificados a los responsables. La Defensoría del Pueblo ya ha exhortado a las autoridades a priorizar la remediación inmediata de más de cuatro mil pasivos ambientales de alto riesgo. Por otro lado, los 224 PAM que tienen responsable identificado no tienen un estudio ambiental para su remediación.

Las actividades mineras a cielo abierto extrae grandes cantidades de suelo, agua y además, se utiliza todo tipo de contaminantes (distintas sustancias peligrosas en la minería, fugas y derrames de hidrocarburos) que generan impactos ambientales muy graves en el medio ambiente, en el agua, el aire y la salud de la población. Como ejemplo podemos recordar el derrame de mercurio ocurrido en Choropampa – Cajamarca hace 20 años por la empresa minera Yanacocha que dejó impactos irreversibles en la salud de su población, desolación y pobreza. Este derrame de mercurio en Choropampa ha condenado a su población a vivir enfermos, al olvido y a la desolación. 20 años después de esta tragedia ambiental estas perniciosas huellas aún perduran en el tiempo y sin respuesta de las autoridades y la empresa minera Yanacocha.

Regiones con inversiones mineras son lo más pobres del país

Las regiones mineras como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son los más pobres y con mayor desnutrición infantil. Cajamarca, tiene 16 de los 20 distritos más pobres del Perú y de ello 10 distritos están en la zona de influencia del proyecto mineros de oro más grande del mundo, entre ellas Yanacocha, el mayor yacimiento aurífero de Suramérica. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales, sus fuentes de agua están siendo contaminadas por las actividades mineras. Gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropampa, sigue sin atención. La desnutrición crónica infantil se ha apoderado en estas regiones mineras con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).

El país enfrenta un escenario complejo y precario por ellos es necesario discutir democráticamente el rol de la minería en el Perú y como debería ser abordado a fin de que sea compatible con el respeto de los derechos de las poblaciones y comunidades y protección de nuestros recursos naturales y por ello se debe retomar lo siguiente:

• Recuperar la institucionalidad ambiental del estado con capacidad de tomar decisiones para implementar una gestión ambiental efectiva y regulación de las actividades mineras donde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tenga la capacidad de regular los recursos hídricos, el Senace priorice la evaluación rigurosa de los estudios de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental. Del mismo modo se necesita fortalecer la capacidad, recursos y autonomía del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental OEFA para evaluar, fiscalizar y supervisar y su rol sancionador de las infracciones ambientales y no someterse a las presiones empresariales en perjuicio del ambiente.

 

• Implementar un política de Ordenamiento Territorial (OT) y aproar la normatividad para que se define donde sí y donde no deben desarrollarse las actividades mineras, garantizando la conservación y uso sostenible de os recursos naturales y se necesita de manera urgente planificar el uso del territorio, de tal forma que el ordenamiento territorial tenga un carácter vinculante y con participación de los gobiernos regionales.

 

• Proteger y conservar las cabeceras de cuenca y sus ecosistemas hídricos como uno de los espacios territoriales que deben estar libre de la explotación minera porque tiene un alto valor ambiental, ecológico y cultural y socioeconómico. Para ello La Autoridad Nacional del agua debería ya implementar los criterios para determinar las cabeceras de cuenca que aseguren su conservación. Ello implica fortalecer la implementación de los consejos de cuenca de manera más efectiva ampliando la participación de las comunidades campesinas y nativas.

 

• Ahora en tiempos de covid se requiere fortalecer el trabajo de los vigilantes y monitores ambientales. Ante la creciente amenaza de contagio las comunidades campesinas y nativas de todo el país, se han organizado a través de sus rondas campesinas, comités de vigilancia y juntas directivas para cerrar sus territorios y hacer un control estricto de ingreso y salida de sus pobladores lo que deseen es ser reconocidos por las autoridades mediante una norma y no permitir que se siga destruyendo el medio amiente.