Pataz ensangrentada: urge frenar la minería ilegal y la violencia criminal en los territorios

Desde la Red Muqui, expresamos nuestra profunda consternación y repudio ante el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores secuestrados y asesinados en Pataz, La Libertad. Se trata de un nuevo episodio de violencia extrema, generada por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. En primer lugar, extendemos toda nuestra solidaridad a los familiares de las personas asesinadas.

En total ya serían 39 trabajadores asesinados, entre ellos de la empresa Minera Poderosa y de un minero artesanal en proceso de formalización de la zona, contratado por dicha empresa. Es la evidencia de un Estado ineficiente y corrupto, que ha perdido el control en un territorio convertido en enclave de economías ilícitas, donde reina la impunidad y se profundiza la inseguridad, pese a la declaratoria de emergencia y mayor presencia policial.

Frente a esta grave crisis, denunciamos la inacción de las autoridades competentes, que linda con la complicidad. La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas sigue sin atender los pedidos de exclusión de concesiones ilegales; mientras que, el Congreso de la República continúa ampliando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) casi de forma indefinida, lo que se ha convertido en un manto de impunidad para operaciones informales e ilegales.

Este fracaso institucional ha permitido que la minería ilegal se consolide como la principal economía ilícita del país, dejando a su paso violencia, contaminación y muerte. Por ello, resulta urgente que el Estado asuma una estrategia integral y firme para enfrentar esta amenaza creciente, en coordinación con las comunidades, organizaciones sociales, y gobiernos locales.

Desde Red Muqui, proponemos una respuesta estructural mediante la Agenda Nacional para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que presentamos en diciembre del 2024 en base en cinco pilares: (1) la creación de una política pública específica y diferenciada para la MAPE, distinta al enfoque de gran minería; (2) una formalización con enfoque integral, ambiental, de derechos y territorial, libre de mafias y redes ilícitas; (3) un fortalecimiento real del rol fiscalizador de entidades como OEFA, ANA y Sunat; (4) la garantía de protección para defensores y comunidades afectadas; y (5) una estrategia nacional e intergubernamental para enfrentar la minería ilegal, priorizando zonas críticas como Pataz.

Este pronunciamiento es un llamado a la acción. La violencia no se erradica únicamente con medidas policiales reactivas, sino abordando sus causas, con cambios de fondo en la forma como el Estado regula y enfrenta la minería informal y criminal. Si no se actúa ahora, corremos el riesgo de que más territorios caigan bajo el control de redes ilegales que articulan con economías criminales. Exigimos que el gobierno, el Congreso de la República, el Ministerio Público, las autoridades regionales y locales, así como la sociedad civil, se comprometan con una transformación real que anteponga la vida, el ambiente y los derechos de los pueblos y poblaciones donde se vienen realizando este tipo de actividades mineras.