Organizaciones sociales y rondas campesinas afirman que ni la Constitución, ni el Congreso, ni el Ejecutivo los representan

Frente a la profunda crisis política, social y ambiental que atraviesa el país, organizaciones del macro norte, sur y la Amazonía presentaron una propuesta para una nueva Constitución construida desde las bases sociales. Esta iniciativa plantea un modelo económico mixto, en el que el Estado peruano participe para garantizar los derechos sociales y de la naturaleza, políticas eficaces para salir de la pobreza, sin impactar negativamente las cabeceras de cuencas y la biodiversidad.

Propuesta de un Nuevo Pacto Social

En conferencia de prensa, se presentó la Declaración para un Nuevo Pacto Social en el contexto de las próximas elecciones generales. La propuesta es resultado de un proceso intenso de diálogo desarrollado en distintas regiones del país y consolidado en un Encuentro Nacional realizado en Lima el pasado 12 y 13 de marzo que convocó a más de 50 representantes sociales.

Sandro Vásquez, representante de las Rondas Campesinas de Hualgayoc (Cajamarca), cuestionó la actual Constitución por responder a intereses económicos concentrados: “Los recursos estratégicos deben estar controlados por el Estado para beneficiar a las grandes mayorías y no solo a los empresarios que viven a costa de nuestros recursos, destruyendo nuestras cabeceras de cuencas y afectando el derecho al agua”.

En la misma línea, Fausto Torres, dirigente de la FERCCAPA de Apurímac, señaló: “Nuestro compromiso desde la Confederación Campesina del país es construir un Estado plurinacional, democrático y participativo. En la economía, hemos visto que debe ser mixta, social y solidaria, inclusiva, que garantice empleos dignos y remuneraciones justas, buscando un desarrollo más equitativo. Estamos trabajando para construir un poder constituyente que sirva a las mayorías de los pobres del Perú”.

Desde la Amazonía, Sandy Guerra, Secretaria de la Mujer de la organización de pueblos quichuas de San Martín, advirtió sobre la histórica vulneración de derechos de los pueblos indígenas: “Enfrentamos un considerable distanciamiento con el gobierno; por esta razón, estamos aquí para establecer las bases de un nuevo pacto social que nos permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo, basado en la legitimidad del pueblo y orientado hacia los grandes cambios nacionales”.

Demandas de las comunidades

Las demandas de las comunidades desde los territorios, mediante representaciones legítimas, buscan corregir una exclusión histórica en la redacción de la nueva Constitución. “La redacción de la mayoría de las constituciones ha estado en manos de sectores elitistas y poderes políticos y económicos, una práctica que no debe repetirse. El nuevo pacto social debe construirse desde las bases, desde las comunidades; este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”, afirma José Carlos Gutiérrez Sancho, Apu Malllku del Consejo de Autoridades Originarias de Puno.

Las organizaciones señalaron que esta propuesta busca corregir la exclusión histórica de las comunidades en los procesos constitucionales. José Carlos Gutiérrez Sancho, Apu Mallku del Consejo de Autoridades Originarias de Puno, afirmó: “Las constituciones han sido redactadas por élites políticas y económicas. Eso no puede repetirse. Este nuevo pacto debe construirse desde las comunidades; este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”.

Entre las principales propuestas destaca un modelo económico orientado al bien común, que garantice soberanía y la gestión sostenible de los recursos naturales, asegurando la inversión pública en sectores estratégicos.

“La crisis energética actual, carente de soberanía, exige un cambio. El país necesita crecer, pero no a costa de destruir ecosistemas ni fuentes de agua. Es necesario un desarrollo sostenible y justo que incluya a las comunidades afectadas y garantice reparación ambiental. Sin eso, no hay verdadero desarrollo”, agregó Gutiérrez.

Por su parte, José Leonardo Reyes, ex presidente de la Asociación de Rondas Urbanas de Lambayeque, sostuvo que el Estado debería considerarlos aliados en el desarrollo económico sostenible de las comunidades y de los pueblos originarios e indígenas del Perú. “Es clave garantizar una educación pluricultural para todos, reconocer nuestra diversidad cultural y biodiversidad, priorizando políticas para el desarrollo de una agricultura que garanticen salud y soberanía alimentaria. También necesitamos un Ministerio del Ambiente con mayor capacidad de acción y una fiscalización independiente”.

Propuesta de un modelo plurinacional

La propuesta de las organizaciones sociales de base y rondas campesinas plantea la construcción de un Estado plurinacional que reconozca la autodeterminación de los pueblos y garantice seguridad jurídica sobre sus territorios. Además, proponen un enfoque económico mixto, donde el Estado planifique y regule para un desarrollo diversificado que priorice el bien común y los derechos de la naturaleza.

Asimismo, promueve un ordenamiento territorial participativo, mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción, la necesidad de salvaguardas contra la corrupción y la soberanía sobre los recursos naturales. Este proceso busca involucrar activamente a la ciudadanía en la construcción de una nueva Constitución que responda a las demandas sociales, ambientales y territoriales del país.

Pronunciamiento para un nuevo Pacto Social: