Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria urgente.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfrentamiento político muy “conveniente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción. No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venideras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, francamente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias destinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reducción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera exclusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”. El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a implementar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro). Si bien es importante la aprobación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvataje mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto. Como era previsible la propuesta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha señalado su oposición a la propuesta de ley. La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plantear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comunitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denuncias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones. De otro lado, sobre las observaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han señalado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complementa y garantiza una real participación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las poblaciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.