Desregulación para unos, más riesgos para todos: las facultades que amenazan los territorios y la democracia

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui 

Los mensajes de advertencia

En su homilía por Fiestas Patrias, el cardenal Carlos Castillo inició una advertencia que trasciende el ámbito religioso. Señaló que el Perú atraviesa una situación “catastrófica” cuya mayor crisis no es económica, sino de dignidad humana. Alertó sobre una profunda crisis social y ética, donde distintos grupos de poder anteponen sus intereses particulares y su afán de enriquecimiento al bien común, alimentando formas de autoritarismo que avanzan silenciosamente y erosionan las instituciones democráticas.

Esa advertencia cobra especial relevancia frente a las primeras decisiones del nuevo gobierno. Keiko Fujimori ha confirmado cómo los intereses de los grupos de poder buscan imponerse sobre el interés público. Un día después de un mensaje presidencial en el que el cambio climático, la contaminación ambiental y los conflictos socioambientales fueron prácticamente ignorados, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas por 120 días para modificar normas ambientales, sociales, laborales y administrativas. 

Bajo el discurso de la competitividad y reactivación económica y la simplificación administrativa, el Gobierno plantea un paquete de reformas que, en la práctica, debilitan la institucionalidad ambiental y facilita la expansión de las actividades extractivas.

Las señales ya estaban dadas. El nombramiento de Guillermo Shinno como ministro de Energía y Minas no constituye un hecho aislado. Su trayectoria vinculada al sector minero y su participación en decisiones controvertidas, como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, reflejan una orientación política que prioriza la inversión minera por encima de la protección de los territorios y los derechos de las poblaciones.

La desregulación del Estado en favor del extractivismo

El pedido de facultades convierte esa orientación política en una propuesta normativa. El Ejecutivo pretende modificar la regulación sobre minería, hidrocarburos, recursos hídricos, áreas naturales protegidas, inversión privada y procedimientos administrativos mediante decretos legislativos, evitando el debate parlamentario y limitando los espacios de participación ciudadana. La propuesta incluso exceptúa estos decretos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio, debilitando la transparencia y el control democrático sobre decisiones que tendrán efectos directos en los territorios.

Uno de los aspectos más preocupantes es la flexibilización de los instrumentos de gestión ambiental. Se busca simplificar su aprobación, reducir requisitos, aplicar el silencio administrativo positivo y permitir que proyectos extractivos obtengan autorizaciones con menores controles. En otras palabras, se pretende acelerar las inversiones disminuyendo las garantías ambientales que existen justamente para prevenir la contaminación, proteger las fuentes de agua y reducir los impactos sobre las comunidades.

Tampoco es casual que el proyecto plantee modificar la normativa sobre áreas naturales protegidas y recursos hídricos. Bajo el argumento de "armonizar" la conservación con el desarrollo económico, se abre la puerta para ampliar actividades extractivas en ecosistemas frágiles y reducir las salvaguardas que hoy los protegen. Se trata de una visión que sigue considerando al ambiente como un obstáculo para la inversión y no como la base que sostiene la vida, la seguridad alimentaria y el derecho al agua de millones de personas.

Un modelo que debilita derechos de las comunidades

Desde Red Muqui advertimos que el verdadero problema no radica en la existencia de normas ambientales ni los procedimientos de evaluación. El verdadero problema es un modelo de desarrollo que continúa apostando por la desregulación como única estrategia para atraer inversiones, trasladando los costos ambientales y sociales hacia las comunidades que habitan los territorios.

La experiencia peruana demuestra que reducir controles no genera desarrollo sostenible. Por el contrario, incrementa los conflictos socioambientales, profundiza la contaminación, favorece escenarios de ilegalidad, debilita la confianza ciudadana y deteriora la institucionalidad pública. Los instrumentos de gestión ambiental, la fiscalización, la consulta y la participación ciudadana no son "trabas burocráticas". Son mecanismos construidos para garantizar derechos humanos, prevenir daños ambientales y evitar impactos que, en muchos casos, resultan irreversibles.

Frente a este escenario, es indispensable fortalecer, y no debilitar, la institucionalidad ambiental. El país necesita procedimientos eficientes, pero también rigurosos, transparentes y técnicamente sólidos. Si bien entidades como la Autoridad Nacional del Agua, el OEFA y el SENACE no han funcionado de la mejor manera, es necesario fortalecerlas en lugar de reducir sus competencias; garantizar la participación efectiva de las comunidades y los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios, y asegurar que ninguna reforma se apruebe sin debate público ni control ciudadano.

Asimismo, resulta urgente establecer límites claros a la expansión extractiva. No deben autorizarse proyectos mineros o de hidrocarburos en cabeceras de cuenca, glaciares, áreas naturales protegidas y otros ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la adaptación al cambio climático. Del mismo modo, toda inversión debe cumplir plenamente sus obligaciones ambientales y sociales, sin excepciones ni mecanismos que permitan eludir los controles establecidos por la ley.

La verdadera reactivación económica 

El Perú necesita inversiones responsables que respeten los derechos humanos y la naturaleza, no un nuevo ciclo de desregulación que concentre aún más el poder en el Ejecutivo y reduzca los espacios de vigilancia ciudadana. Porque cuando se debilitan las normas ambientales, quienes terminan asumiendo los costos no son las empresas. Son las comunidades, los pueblos indígenas, los agricultores, las futuras generaciones y los ecosistemas de los que depende nuestra vida.

La verdadera reactivación económica no puede construirse sacrificando el agua, los territorios y los derechos colectivos. Si el Estado renuncia a su obligación de regular y fiscalizar, deja de cumplir su principal responsabilidad que es proteger el interés público por encima de los intereses económicos de corto plazo.