Pronunciamiento de los Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios de América Latina

• “Desde América Latina, hacemos un llamado por la vida, el agua y los derechos de los pueblos”

Nosotras y nosotros, vigilantes y monitores ambientales comunitarios de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú, reunidos en Lima del 23 al 26 de mayo de 2025, en el marco del IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, nos dirigimos a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina para manifestar lo siguiente:

1. EXPRESAMOS nuestra profunda preocupación ante el avance del extractivismo en todas sus formas, la agudización de la crisis climática y el debilitamiento estructural de las instituciones ambientales. Estos fenómenos atentan contra nuestra vida, el agua y los territorios de nuestras comunidades.

América Latina ha sido convertida en una zona de extracción sin respeto por los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas ni los derechos de la Madre Tierra, lo cual es respaldado por políticas públicas, legislaciones permisivas y disputas internacionales por el control económico global.

El avance extractivo, tanto  formal e informal, ha venido acompañado de la proliferación de actividades ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y  otras economías ilegales, que se articulan en redes criminales que imponen  violencia y miedo en nuestros territorios. 

2. ADVERTIMOS que la transición energética se anuncia como solución a la crisis climática, sin embargo, esta política se manifiesta como una imposición del Norte Global sin consulta ni beneficio para nuestras comunidades. Por el contrario, exacerba el modelo extractivista actual.+

3. DENUNCIAMOS el sistemático debilitamiento de las instituciones públicas que tienen el deber de proteger los derechos fundamentales y ambientales en nuestros países. En lugar de fortalecer los marcos de protección ambiental, los Estados han reducido presupuestos, desarticulado mecanismos de fiscalización ambiental y promovido reformas legales regresivas. La captura del Estado por parte de intereses empresariales y corporativos ha socavado la capacidad de respuesta frente a emergencias ambientales y ha neutralizado la aplicación de sanciones efectivas.

EXIGIMOS a los gobiernos latinoamericanos que prioricen una agenda ambiental centrada en la vida, que garantice los derechos colectivos de los pueblos, respete la autodeterminación de los pueblos y comunidades, y fortalezca de manera efectiva la institucionalidad ambiental. Demandamos que los gobiernos latinoamericanos cumplan con su rol de garantes de los derechos fundamentales en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

4. DENUNCIAMOS la creciente   criminalización, hostigamiento y estigmatización de los defensores y defensoras del ambiente en nuestros países. En vez de proteger sus derechos, los Estados y empresas impulsan campañas de estigmatización, difamación, judicialización y uso excesivo de la fuerza pública.

Por ello, EXIGIMOS el cese de la estigmatización, seguimiento y criminalización de personas defensoras, y llamamos  a los Estados a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, como un instrumento clave para garantizar la protección a los defensores y defensoras ambientales.

5. CELEBRAMOS los importantes avances en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como los casos del lago Titicaca y el río Marañón en Perú, el río Atrato en Colombia y otras experiencias inspiradoras similares en otros países de Latinoamérica.

LLAMAMOS a los pueblos de América Latina a mantenerse movilizados, unidos, y articulados frente a los intentos de frustrar estas iniciativas y al avance del modelo extractivo, fortaleciendo nuestras redes desde la diversidad, la dignidad y la justicia ambiental.

6. En el caso Peruano, RECHAZAMOS la “Ley Antiforestal” (Ley N.º 31973), que facilita la deforestación de la Amazonía y atenta la continuidad de la vida en el planeta, y la “Ley de despojo” (Ley N.º 32293), que amenaza las tierras y territorios de las comunidades campesinas originarias frente a la invasión de terceras personas. RECHAZAMOS también la “nueva Ley APCI” (Ley N.º 27692) en el Perú que busca restringir y silenciar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y leyes similares que están siendo impulsadas en otros países de Latinoamérica.

7. NOS REAFIRMAMOS como vigilantes y monitores ambientales comunitarios, que, a partir de nuestros saberes ancestrales, combinados con metodologías técnico-científicos, generamos información para fortalecer la defensa de nuestros territorios y nuestros ecosistemas, y, en suma, la defensa de nuestra Madre Tierra.

En esa línea, ANUNCIAMOS en el Perú la elección de la Junta Directiva y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, como un paso clave para la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos humanos.

Finalmente, EXPRESAMOS nuestras sentidas condolencias al pueblo Awajún por la reciente partida de su Apu Zebelio Kayap, quien en vida resistió con firmeza el avance de las economías ilegales en su territorio. En su memoria y de los cientos de defensores y defensoras ambientales en Latinoamérica que han entregado la vida para defender sus territorios y sus modos de vida, reafirmamos nuestro compromiso de  seguir con su legado.  

Lima, 27 de mayo de 2025

¡El agua y la vida valen más que los minerales!

¡El agua que defendemos, también la tomas tú!

¡Por la unidad de los vigilantes y monitores ambientales de Latinoamérica!

Suscriben:

• Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores ambientales – Perú
• Vicariato de Jaén, San Ignacio – Perú
• Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) – Oruro Bolivia
• Plataforma Distrital de afectados y afectadas por metales tóxicos de Huamachuco – Perú.
• Pastoral de Tierra, Diócesis de San Marcos – Guatemala
• Comité de género FEDECOR – Bolivia
• Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) – Perú
• Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes – México
• Cenda Ayllu San Agustín de Puñaca – Bolivia
• DECOIN – CEDENMA – Ecuador
• Comité de vigilantes y monitores ambientales comunitarios del Valle de Condebamba – Perú
• Defensores de la Vida y Pachamama - Perú
• Asociación de defensores de ríos y territorios andinos amazónicos, Cajamarca – Perú
• Asociación de mujeres unidas por el desarrollo Juancho Puquio Encañada, Cajamarca - Perú
• Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP) – Perú
• Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) - Bolivia.
• La Caracola, cooperativa social, Lima - Perú
• Corporación Geoambiental TERRAE - Colombia
• Asociación de acueductos comunitarios Asoacctasco, Boyaca – Colombia
• Parcialidad Indígena Karambá, Quinchia Ris Aralda - Colombia
• Acción Colectiva Socioambiental – México
• Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) – Guatemala
• Asociación de Defensores y Defensoras Frutos del Valle (FRUVA) – Perú
• AMAS Marianistas – Perú
• Asociación Equidad, Sostenibilidad y Derechos Ambientales (ENDA) – Colombia
• Asociación de Vigilantes y Monitores ambientales de Espinar (AVMAE) - Perú
• Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) – Perú
• CooperAcción - Perú
• Red Muqui – Perú
• Grufides - Perú
• Comisión Episcopal de Acción Social
• La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Jujuy - Argentina
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales - Argentina
• Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) - Perú
• Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) - Perú
• Coordinadora Macroregional de VMAC del Norte - Perú
• Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Provincia de Cajabamba y el Valle Condebamba.
• Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario de Huamachuco.
• Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario ADAMA - Santiago de Chuco