¡Quienes producen el café que tomamos, pueden terminar en prisión!

• El próximo 14 de septiembre el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, Cajamarca, evaluará el pedido de prisión preventiva contra los defensores ambientales Mauro y Wilder Lalangui León, denunciados en el contexto de acciones de la población contra el avance de actividades mineras en Huaquillas.
• La Red Integrada de Salud de San Ignacio ya ha informado sobre los riesgos sanitarios de los metales pesados como mercurio y manganeso producto de la actividad minera que contaminan las fuentes de agua de la zona.

San Ignacio, en Cajamarca, es una de las principales provincias cafetaleras de la región y la agricultura constituye una de las principales actividades económicas de su población. Para las comunidades de esta provincia, proteger las fuentes de agua y el territorio significa también proteger sus cultivos, sus medios de vida y el futuro de sus familias.

Sin embargo, en el caserío Huaquillas, distrito de Namballe, en San Ignacio, quienes se han organizado para defender este territorio vienen enfrentando denuncias y procesos judiciales en un contexto de avance de actividades mineras que no cuentan con licencia social.

La minería: una amenaza para el agua y el café

En el caserío de Huaquillas, se viene otorgando concesiones mineras y plazos de formalización a empresas mediante la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin que el Estado evalúe la fragilidad ambiental del territorio ni informe previamente a la población. 

Las actividades mineras de empresas como Rial Minera S.A.C.se proyectan en la zona de la quebrada Rejo, cuyas aguas llegan al río Botijas, afluente del río Chinchipe, y que alimenta al río Marañón. Para la población, cualquier afectación sobre estas fuentes hídricas representa también un riesgo para la agricultura y la producción de café de la zona. Estas preocupaciones se sustentan también en reportes oficiales.

A través de un informe técnico (N° 23-2026-GR.CAJ-DRSC-RSSI-DG/SA-EFP), la Red Integrada de Salud de San Ignacio ha informado sobre los riesgos para la salud humana asociados a la presencia de mercurio, plomo y manganeso  en concentraciones que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua en el río Chinchipe, principal fuente de abastecimiento de agua en San Ignacio, en un contexto relacionado con actividades mineras.

Asimismo, el Informe Técnico N.° 0036-2025-ANA-AAA.M-ALA.CHLL/RSVN, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a partir de un monitoreo de calidad de agua, registró concentraciones de magnesio y mercurio por encima de los ECA en afluentes del río Chinchipe. 

Además de ello, un reciente monitoreo satelital realizado en julio de 2026 por el Observatorio de Minería Ilegal, mediante imágenes de radar, identificó 80,57 hectáreas de zonas con actividad minera en sectores aledaños al río Chinchipe. Estas áreas se encuentran distribuidas en distintos puntos cercanos al río y próximos a los distritos de San Ignacio y San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio.

Defender el territorio puede llevarlos a perder su libertad

Frente a este escenario, la población de Huaquillas y las rondas campesinas han expresado su rechazo al avance de actividades mineras que consideran una amenaza para el agua, el ambiente, la agricultura y la vida de sus comunidades.

En ese contexto, varios defensores enfrentan denuncias penales. Entre ellos se encuentran Mauro y Wilder Lalangui León. Mauro es rondero y presidente del Frente de Defensa de Huaquillas. Wilder es rondero y presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas del distrito de San Ignacio.

La Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio ha solicitado al juez que cambie las medidas de comparecencia restringida por prisión preventiva, lo que podría afectar  gravemente su derecho a la libertad personal. 

La Pastoral Social del Vicariato de Jaén advierte que este proceso se desarrolla en un contexto de expansión de actividades mineras en el territorio.

¿Defender el agua, el territorio y el café es un delito?

El próximo 14 de septiembre se realizará la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Mauro y Wilder Lalangui León.

La decisión no solo tendrá consecuencias para ellos y sus familias. También pone sobre la mesa la pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando quienes denuncian riesgos para el agua y sus territorios terminan enfrentando al sistema penal?

Frente a ello, exigimos al Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, que actúe con imparcialidad, respete el debido proceso y garantice los derechos de los ronderos procesados.

¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LOS VIGILANTES AMBIENTALES!

¡BASTA DE PERSEGUIR A QUIENES DEFIENDEN EL AGUA Y EL TERRITORIO!

#DefenderElAguaNoEsDelito #LaContaminaciónMata