Reducir plazos de los EIA de forma automática: la medida del Senace que pone en peligro ecosistemas y comunidades

Por: Edwin Alejandro B., Coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui

El gobierno de José Jerí pretende reducir los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) hasta en un 80 % de los proyectos mineros en el 2026. Este anuncio fue hecho por la presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Silvia Cuba, quien señaló que vienen trabajando en una reforma integral del sistema de certificación ambiental con el objetivo de acortar significativamente los tiempos de evaluación de los EIA-d de los proyectos mineros. Según indicó, los procesos actuales tardan aproximadamente 400 días hábiles en ser aprobados, lo que —a su juicio— constituye una barrera para la reactivación de las inversiones mineras.

Sin embargo, esta reducción de plazos tiene como único propósito facilitar las inversiones extranjeras en algunos de los proyectos mineros más cuestionados y sin licencia social, como Río Blanco (Piura), Tía María (Arequipa), El Algarrobo (Piura), Conga (Cajamarca) y Kañariaco (Lambayeque), entre otros. De acuerdo con información de la presidenta del SENACE, entre 2024 y 2025 se habrían aprobado 144 estudios ambientales en minería por un monto de US$ 25 731 millones, y con la nueva reforma se buscaría aprobar entre 230 y 250 EIA en un plazo máximo de 120 días hábiles por estudio.

Esto implicaría, además, la automatización parcial de las evaluaciones mediante el uso de inteligencia artificial (IA) en las etapas de admisibilidad y revisión técnica, lo que podría generar la aprobación acelerada de estudios sin un análisis riguroso ni la participación suficiente de los especialistas sectoriales.

De acuerdo con la normativa vigente —en particular, el Decreto Supremo N.º 004-2022-MINAM, que aprueba el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental, complementado por el D.S. N.º 013-2024-MINAM— los plazos actuales son los siguientes:

• Para los EIA semidetallados (EIA-sd): el SENACE tiene 90 días hábiles como plazo máximo de evaluación; las entidades opinantes cuentan con hasta 45 días hábiles para emitir su pronunciamiento; y la resolución final debe emitirse dentro de 12 días hábiles después de recibir las opiniones definitivas.
• Para los EIA detallados (EIA-d): el plazo de evaluación del SENACE es de 120 días hábiles; las entidades opinantes disponen igualmente de 45 días hábiles; el titular del proyecto puede tomarse hasta 30 días hábiles (prorrogables) para subsanar observaciones; y la resolución de aprobación o desaprobación se emite en un máximo de 30 días hábiles tras recibir los informes finales.

En efecto, la flexibilización de la certificación ambiental no es un fenómeno reciente. Desde la pandemia de la COVID-19, se han reducido los plazos y requisitos de participación ciudadana y consulta previa con pueblos indígenas, lo que ha debilitado el principio de transparencia ambiental. Si ahora se suma la reducción drástica de los plazos y la posible automatización de los procesos, se estaría consolidando una tendencia preocupante: sacrificar la protección ambiental y los derechos de participación de las comunidades y pueblos indígenas para favorecer a las inversiones mineras. 

Desde la Red Muqui alertamos de la medida que pretende implementar el Senace, ya que representa un retroceso en la justicia ambiental y social, y pone en riesgo la legitimidad misma del sistema de evaluación ambiental en el país.

Foto: Difusión