Tambogrande y Valle de Tambo: la imposición minera frente a la defensa del agua y el agro

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

En los últimos meses, los gremios mineros, el gobierno central y diversos medios de comunicación han intensificado la narrativa de que la inversión minera es la única vía de desarrollo para el país. Quienes cuestionan esta visión son descalificados como "antimineros" o "boicoteadores del desarrollo", ignorando las legítimas preocupaciones de las comunidades afectadas. Este discurso invisibiliza la defensa de la actividad agrícola en zonas como el Valle de Tambo, en Arequipa, y el Valle de San Lorenzo, en Tambogrande, Piura, regiones donde la agricultura es la base de la economía local y que hoy enfrentan la amenaza de proyectos extractivos impuestos y sin aceptación social.

El conflicto por el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo es un claro ejemplo de esta problemática. A pesar de la persistente oposición de la población, la empresa Southern Perú Copper Corporation insiste en su ejecución sin haber subsanado las observaciones técnicas y ambientales planteadas en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En respuesta, los agricultores y habitantes del valle han retomado las protestas con un paro indefinido, exigiendo la cancelación definitiva del proyecto. Temen que el proyecto afecte el acceso al agua y ponga en riesgo la producción agrícola, que es el principal sustento económico de la región.

De manera similar, en Tambogrande, Piura, la lucha contra la minería data de principios de los años 2000, cuando más del 95% de la población rechazó, mediante una consulta popular, el proyecto minero de Manhattan Minerals Corporation. Sin embargo, a pesar de esta rotunda negativa, las autoridades y las empresas han insistido en reactivar actividades mineras en la región, como lo demuestra el reciente anuncio del proyecto El Algarrobo. Esta nueva amenaza ha reavivado la resistencia de la población, que exige el respeto a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo para su territorio. Lamentablemente, la respuesta del gobierno ha sido la represión violenta de las manifestaciones, criminalizando la protesta social.

Estos casos reflejan una preocupante tendencia en la política nacional: la imposición de proyectos extractivos, priorizando los intereses del sector minero por encima del agua, la agricultura y el bienestar de la población y comunidades. El actual gobierno, lejos de actuar como garante de los derechos de las comunidades, ha optado por favorecer el extractivismo, no solo a la gran minería, sino también a la minería informal e ilegal. Esta postura no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa un ciclo de conflictos sociales que podrían evitarse con un verdadero proceso de diálogo y participación ciudadana. Es urgente que el Estado respete la autodeterminación de las comunidades y promueva modelos económicos alternativos que protejan el medio ambiente y los medios de vida de miles de peruanas y peruanos.