Territorios de Puno, Moquegua y Lima en resistencia frente a un Estado que sigue en deuda

La expansión del extractivismo continúa dejando una huella de contaminación, vulneración de derechos y conflictos socioambientales en distintos territorios del país. En un contexto marcado por la crisis climática y el retorno de un gobierno fujimorista, comunidades y organizaciones sociales advierten que las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho al agua, la salud y un ambiente sano

Estas preocupaciones fueron compartidas durante la mesa denominada "Extractivismo en medio de la crisis política y climática en el Perú", realizada el 5 de agosto en el marco del VI Congreso Latinoamericano de Ecología Política. En este espacio representantes de organizaciones y comunidades presentaron cuatro casos emblemáticos que evidencian cómo el modelo extractivo continúa generando impactos sobre el agua, los ecosistemas y la salud de las poblaciones, mientras las demandas de justicia ambiental permanecen sin respuesta. 

Puno: dos décadas de contaminación

Uno de los casos expuestos fue el de la cuenca del río Llallimayo, en la provincia de Melgar, región Puno, donde la actividad del proyecto minero Arasi ha causado contaminación desde el 2017. Marcelino Surco, representante del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, recordó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la contaminación del río y explicó que las descargas ácidas y el transporte de sedimentos con metales pesados han deteriorado las fuentes de agua y afectado la salud de las comunidades. Aunque en 2024 el Gobierno se comprometió en ejecutar obras de mitigación y posteriormente declaró el estado de emergencia por peligro inminente de contaminación hídrica mediante el Decreto Supremo N.° 114-2024-PCM, hasta la fecha las medidas comprometidas no se han cumplido.

En la misma línea, José Chata, representante de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, señaló que las personas expuestas a metales pesados siguen sin recibir atención médica especializada ni se han implementado acciones de remediación ambiental. No obstante, destacó la experiencia de la comunidad de Condoraque, donde la construcción de una planta de tratamiento de aguas industriales permitió mejorar progresivamente la calidad del recurso hídrico, esta sería una muestra de que existen soluciones técnicas cuando hay voluntad política.

El conversatorio también visibilizó experiencias que muestran alternativas frente al avance del extractivismo. Dante Quispe, representante de IDECA-Puno, explicó la importancia de las phalaqochas, una tecnología hidráulica ancestral desarrollada por la cultura Puqara para la siembra y cosecha de agua, orientada a la producción agrícola y el abastecimiento hídrico de la población de Santiago de Pupuja. Sin embargo, advirtió que el 11,8 % del territorio se encuentra concesionado para actividades mineras, lo que representa una amenaza para la conservación de este sistema ancestral de gestión de agua. A ello se suma el riesgo que representan fenómenos climáticos extremos como El Niño, reforzando la necesidad de proteger estas prácticas comunitarias de adaptación al cambio climático. 

Moquegua: desvío de un río para la minería

Otro de los casos analizados fue el proyecto minero Quellaveco, en Moquegua. Bladimir Martínez, representante de la Red Muqui, presentó los principales hallazgos de una investigación sobre esta operación minera y alertó que la empresa Anglo American desvió el cauce del río Asana para el desarrollo del proyecto minero. Entre los datos expuestos, advirtió que la empresa posee 91 fuentes de agua sobrepuestas con concesiones mineras y que en diversos distritos de Moquegua se han detectado concentraciones de metales pesados en el agua destinada al consumo humano. También informó que más de 500 niños presentan niveles de arsénico en el organismo por encima de los límites permitidos.

Por su parte, Lucio Flores, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua, expresó la preocupación de las comunidades por la creciente contaminación de las cuencas hídricas de la región. Recordó que el río Asana constituía una de las últimas fuentes de agua aptas para consumo humano y lamentó que hoy también se encuentre comprometido por la actividad minera. "¿De qué desarrollo para Moquegua podemos hablar si las aguas están contaminadas y las tierras agrícolas contienen metales pesados?", cuestionó durante su intervención.

Lima: contaminación ambiental del río Rímac y riesgos para el agua 

Finalmente, la mesa abordó la situación de la cuenca alta del río Rímac. Uno de los proyectos mineros que amenaza esta zona es el proyecto minero Ariana, ubicado en el sistema hídrico de Marcapomacocha,que es estratégico para el abastecimiento de agua de Lima durante la época de estiaje. Paul Maquet, representante de Cooperacción, explicó que este proyecto de minería subterránea pretende instalarse en un ecosistema conformado por lagunas, bofedales y conexiones de agua subterránea que alimentan el sistema hídrico de la capital. Alertó que la operación minera podría afectar la cantidad y calidad del agua que capta Sedapal, además de comprometer la estabilidad del túnel trasandino, entre otras consecuencias.

Complementando esta exposición, Jesús León, representante de Red Muqui, presentó los resultados de un estudio ambiental realizado en 2023 en la cuenca alta del río Rímac, donde se identificaron concentraciones elevadas de aluminio, arsénico, cadmio, cobre y otros metales pesados en aguas superficiales, así como altos niveles de mercurio en sedimentos. León señaló que estos contaminantes representan un riesgo para la salud humana debido a sus efectos acumulativos y potencial cancerígeno a mediano y largo plazo.

Los casos expuestos muestran que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que evidencia las limitaciones del Estado para garantizar derechos fundamentales como el agua, la salud y un ambiente sano. Décadas después de que las empresas se beneficien de los recursos mineros, las demandas de las poblaciones siguen sin ser atendidas. Esto, sumado al inicio del Fenómeno de El Niño Costero y Global, reflejan la necesidad de que el Gobierno escuche a las comunidades, garantice el cumplimiento de los acuerdos asumidos y fortalezca políticas que protejan las fuentes de agua frente al avance de actividades extractivas. Porque no puede haber desarrollo sin justicia ambiental ni social.

Puedes ver aquí la mesa completa.