Tía María: La Inversión no puede estar por encima de los Derechos de las Personas

TÍA MARÍA: LA INVERSIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en particular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para manifestar lo siguiente:

1. Nuestra profunda preocupación por la resolución del 30 de octubre emitida por el Consejo de Minería, la cual en última instancia administrativa declaró improcedente los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos; los cuales buscaban impugnar la resolución del Ministerio de Energía y Minas dada en julio del presente año, mediante la cual se aprobó la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María. Con esta reciente resolución estaría autorizada la construcción de la Planta de Beneficio.
2. Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje. La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros.
3. Además, los temores de la ciudadanía de Islay son alimentados dado los antecedentes de la empresa minera Southern Perú, correspondientes a sus operaciones en Moquegua y Tacna, en donde ha incurrido en 12 infracciones ambientales. A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra.
4. El gobierno ha anunciado la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin dejar claro su finalidad y sus efectos jurídicos. Es necesario que se expliquen los alcances de la intervención del OEFA. De lo contrario, puede generarse expectativas que incluso pueden agravar la actual situación de conflictividad.
5. Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay.
6. Además, es necesario que el proyecto minero no se imponga a la población que podría verse afectada. La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga. En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio.
7. El caso Tía María da cuenta de las debilidades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya que se le ha dado viabilidad ambiental a un proyecto que podría poner en riesgo uno de los pocos valles costeros exitosos existentes en la costa peruana.
8. En ese sentido, es importante recordar que nuestro país solo tiene el 6% de sus tierras aptas para actividades agrícolas, por lo que estas tierras deben estar protegidas a fin de garantizar la seguridad alimentaria, nuestras exportaciones agropecuarias y nuestro lugar como país líder en la gastronomía mundial.
9. Por lo tanto, la discusión de una nueva ley general de minería, la revisión de la legislación minera y minero ambiental en general y de la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú.

Finalmente, pese a la decisión del Consejo de Minería consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo.