Veronika Mendoza: Cuando el Estado juega con la salud de las personas

En mayo 2012, tras meses de intentos fallidos de diálogo con la empresa minera Xstrata y con el Estado, la población de Espinar (Cusco) optó por realizar una huelga indefinida. Al octavo día, indiferencia y torpeza del gobierno de por medio, el conflicto estalló violentamente, con un triste saldo de dos valiosas vidas humanas perdidas. En los días previos y para incidir en la necesidad de atender prontamente las demandas de Espinar, yo explicaba públicamente el informe “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco” realizado en 2010 y que el Ministerio de Salud (Minsa) me había remitido oficialmente. En este se señala la presencia de metales pesados en agua de consumo humano y en las personas. Pero en lugar de preocuparse por el contenido del informe y por lo que podía implicar para la salud de los espinarenses, los voceros del gobierno, desde el ministro de Salud hasta el propio Presidente de la República, pasando por el ministro del Ambiente, insistieron en desconocer el informe, alegando que era falso, que correspondía a otra zona, que estaba siendo malinterpretado por azuzadores, etc. De hecho esa fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista días después, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

Tras las muertes, el inicio de los procesos judiciales contra el alcalde y varios líderes sociales, se instaló una Mesa de diálogo y se realizó un monitoreo ambiental y una evaluación de metales pesados en comunidades del entorno del proyecto minero Tintaya. Se confirmó que había un problema de contaminación -52% de los puntos monitoreados presentaron algún parámetro por encima de los estándares establecidos- y que el 100% de las 180 personas evaluadas por el Minsa presentaba metales pesados. ¡Al fin la verdad se abría paso, al fin la salud de los espinarenses iba a ser atendida! No, solo fue una ilusión. No ocurrió nada de eso. Meses después de realizado el estudio, los comuneros de Huisa y Alto Huancané empezaron a recibir cada uno un papel sin membrete ni firma -signo de que nadie quiere asumir responsabilidades- en el que se incluía una lista de los metales pesados que se había encontrado en sus cuerpos y recomendaba que cada quien “consulte con su médico” (sic) para conocer las implicancias en su salud.

Luego, tras la denuncia de uno de los médicos que en su momento fue parte del equipo del Minsa que realizó dicho estudio, se supo que no solo se les había evaluado los 6 metales pesados anunciados sino 11 más sin su consentimiento. Sí, al parecer para el Minsa los pobladores -incluidos los niños- de Espinar fueron “conejillos de indias”.

Resulta más indignante aún que, hasta el día de hoy, 3 años después de que estallara el conflicto, la población de Espinar no haya recibido información clara sobre las implicancias de esa presencia de metales, tampoco ha recibido algún tipo de atención en salud, ni se ha determinado la fuente de la contaminación, condición esencial para evitar que más personas sean afectadas.

Es decir, desde el 2010 el Estado peruano tiene conocimiento de que cientos de personas en Espinar están expuestas cotidianamente a metales pesados y que podrían tener graves impactos en su salud, pero no ha hecho absolutamente nada frente a ello. ¿Pura desidia, discriminación o temor de afectar sus relaciones con el gremio empresarial minero? Sea cual fuere la razón esta situación solo puede ser calificada de una manera: inhumana.

Artículo publicado en Diario UNO, lunes 2 de marzo 2015.