24 de Junio: Congreso y minería arrinconan a la agricultura familiar 

Hoy, 24 de junio, Día del Campesino, conmemoramos a quienes garantizan la seguridad alimentaria del país, sostienen mercados locales y protegen los territorios ancestrales. Sin embargo, esta labor fundamental no se traduce en políticas que los protejan. Por el contrario, la agricultura familiar enfrenta hoy una amenaza cada vez mayor. Este sector, que produce el 70% de los alimentos que consumimos los peruanos y peruanas, sigue siendo uno de los más postergados y precarizados, y ahora suma una doble amenaza en su contra: la Ley Chlimper 2.0 y la expansión de la minería sobre zonas con vocación agrícola.

La conocida Ley Chlimper 2.0, que tiene por título “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, aprobada en primera votación por el Congreso e impulsada por Fuerza Popular y otras bancadas aliadas, es una iniciativa que remite a una legislación fujimorista con un historial de represión y abuso laboral. Esta ley profundizará la crisis de la agricultura familiar, mientras que, las agroexportadoras y agroindustriales se beneficiarán de privilegios tributarios que costarán al Estado más de S/ 1,880 millones anuales. Con los beneficios tributarios (tasa de depreciación anticipada y derechos arancelarios), las empresas que dominan el mercado de exportación tendrán más poder y aplicarán una deducción adicional del 25% sobre el valor de los productos que compran a los pequeños productores, lo que implica una precarización de la agricultura familiar o simplemente están en riesgo de desaparecer.

Además, la imposición de proyectos mineros en valles fértiles y ecosistemas frágiles agrava la situación. En el valle San Lorenzo en Piura con el proyecto minero El Algarrobo y en el valle del Tambo en Arequipa con el proyecto minero Tia María. En ambos casos los proyectos mineros afectarán el agua que es un elemento fundamental para la producción de alimentos.

MIDAGRI: ¿ABANDONANDO AL AGRO?

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha tenido declaraciones cuestionables que evidencian su visión de que la agricultura debe ser vista únicamente como un negocio: “Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente que este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al estado”. Es  preocupante que el ministro ignore la responsabilidad del Estado en la situación actual del agro, ya que ignora la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y la economía local.  

En esa línea, desde el Estado se afirma que la agricultura familiar va seguir siendo relegada y excluida por las políticas públicas, como se evidencia claramente con la última norma aprobada en el Congreso que da prioridad a un pequeño grupo de empresas agroexportadoras.   

EL APORTE DE LA AGRICULTURA AL PAÍS EN NÚMEROS

Es importante resaltar que la agricultura familiar está fuertemente vinculada a la seguridad y soberanía alimentaria y esta se desarrolla en armonía con la naturaleza protegiendo el agua, la biodiversidad, las semillas, los bosques y los suelos. 

Una de las contribuciones más significativas de los pequeños productores se refiere al trabajo en la agricultura familiar que laboran más de 3 millones de peruanos y peruanas que representa el 83% de la Poblaciones Económicamente Activa (PEA) del sector agropecuario, de este grupo el 38.7% son mujeres. En cuanto al empleo formal, estas unidades contribuyen con el 38.6%, según datos extraídos de la Encuesta Nacional Agraria 2022 publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La expansión de la minería formal, informal e ilegal en estas zonas también pone en riesgo  la sostenibilidad de este sector y la seguridad alimentaria del país. Por su parte, el Ejecutivo y el Congreso tampoco tienen una propuesta clara y contundente para resolver la problemática compleja de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Por ejemplo, la nueva ley MAPE que se venía discutiendo en el Congreso no plantea cambios significativos y busca perpetuar la actividad minera informal e ilegal en el país.

Por ello, en un contexto de abandono histórico y amenazas crecientes, este Día del Campesino no hay nada que celebrar. Por el contrario, es un recordatorio de la deuda pendiente del Estado con quienes sostienen la alimentación, los territorios y la vida en el país.

Este abandono no es casual: responde a una apuesta deliberada por afianzar un modelo extractivista, postergando la diversificación de las economías locales, así como otras alternativas de vida y de buenos vivires.

Esta fecha debería ser una oportunidad para reconocer, proteger y fortalecer a la agricultura familiar, no para aprobar normas que la arrinconan aún más.

¡Sin agricultura familiar no hay futuro! ¡Sin campo no hay vida!