Entre el enfoque territorial para las actividades mineras y la necesidad del ordenamiento territorial

En su mensaje a la nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo señaló que los proyectos extractivos como la minería deberán tener un criterio de rentabilidad social: que dinamicen la economía local, regional y nacional, que logren mayores ingresos de recaudación para el Estado, y que generen salarios y condiciones de trabajo justos; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va”, afirmó.

Agregó, además, que se concretará una Ley de Ordenamiento Territorial y la zonificación económica y ecológica.

Sin embargo, durante la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, el presidente de la PCM no mencionó la necesidad de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, y solo se refirió que respecto “a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial”, precisando luego que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, otro actor clave del ejecutivo también ha señalado que su gestión implementará el enfoque territorial, “tomando en cuenta las características étnicas, climáticas y sociales existentes en las zonas donde se realizan operaciones, con el fin de armonizar los proyectos de inversión y ajustarlos a los intereses de la población”.

Sin embargo; ¿a dónde va la política minera en relación a los territorios en el país?

Para Ana Leyva, especialista de Cooperacción en ordenamiento territorial, primero hay que precisar los términos que está empleando el gobierno. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra cosa es el enfoque territorial.

Lo que quiere decir el enfoque territorial es que “la política se tiene que territorializar, no puede ser pensada desde Lima, sino pensada desde los territorios, porque luego hay un desencuentro entre la realidad y la política”. Agrega que por ello el enfoque territorial es importante, “partiendo de un diagnostico territorial que involucre a los actores que están allí porque si no la política no va a funcionar”.

“Otra cosa es el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión. Quiere decir que vas a planificar el uso y transformación del territorio con una visión de futuro. Tú te imaginas como quieres q sea el territorio de aquí a 10 años o más. Pasa por transformar el uso del territorio para hacerlo sostenible, como va a cambiar para satisfacer las necesidades de desarrollo la gente y sea sostenible”, precisa.

En conclusión, no solamente es el enfoque de las políticas, sino el proceso de transformación del territorio.

Entonces, ¿Cuál sería la apuesta del gobierno?

Ana Leyva: Aún el gobierno tiene un mes, esperamos que se vaya clarificando su apuesta.

Sobre la consulta previa, el presidente de la República, el premier, y el ministro de Energía y Minas tampoco se han manifestado con claridad. El presidente solamente ha señalado que en aquellos lugares donde no haya rentabilidad social para el desarrollo de la actividad minera, esos proyectos no irán. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, recientemente acaba de señalar que “la ejecución de todos los proyectos que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por consulta previa”.

Ana Leyva señala que las decisiones que afecten al territorio, que van a afectar la vida de los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y allí las consultas implementadas han sido más sobre las políticas culturales. “Ha habido pocas consultas relacionadas a las actividades extractivas y no han sido para poner condiciones a los proyectos extractivos. Esto debe ser consultado y previo a las decisiones. La consulta tiene q ser encaminada a esas decisiones para que sean eficaces, sean efectivas, porque si consultas otras cosas que no valen la pena, que no son determinantes, no va a cambiar nada y van a seguir habiendo afectaciones al territorio y a los pueblos indígenas.”

¿Cree que el gobierno va a impulsar la consulta previa y hacer estos cambios?

Ana Leyva: Tengo entendido que le preocupa los pueblos indígenas, que tiene una preocupación real.

Ellos necesitan definir, necesitan hacer un balance para ver cómo está funcionando, corregir y ver cómo implementarlo. En políticas culturales ha funcionado, pero para las políticas extractivas no está funcionado. No se están defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.