Red Muqui - Comunicado internacional sobre afectaciones al territorio, medio ambiente y comunidades en Espinar

Organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente y casa común, de la región andina, reunidas en abril de 2022 en la ciudad de Cusco, ante la crisis política y social que atraviesa el Perú y las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Antapaccay - Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore en Espinar, manifestamos nuestra solidaridad y preocupación ante:

Las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por la comunidad de Alto Huarca en Espinar a raíz de las afectaciones sociales, económicas y ambientales producidas por años de extractivismo, que no han resuelto sino agravado los problemas estructurales de las comunidades.
Las denuncias de la población por la falta de participación efectiva y de garantías para la consulta previa, libre e informada, afectando sus derechos colectivos y las garantías contenidas bajo el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo también al bloque de constitucionalidad, la Ley de Consulta Previa y la Sentencia A.P. 29126-2018.
Los constantes reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos y compromisos de compensación, reubicación y otros establecidos con las comunidades por parte de la empresa minera Glencore Antapaccay.
Las graves violaciones al derecho a la salud de las comunidades debido a las afectaciones al medio ambiente y a la casa común provocados por la explotación minera, así como la falta de respuesta y atención de salud, pese a los avances en materia de políticas públicas en salud ambiental y humana en el país.
La evidencia de proyectos de reasentamientos que no se adecúan a estándares de derechos humanos tales como la Observación General No 7. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Social y Culturales (PIDESC) ni responden a las necesidades culturales y formas de vida de las comunidades, promoviendo así el cambio acelerado de patrones de vida y la urbanización acelerada de la población.
Las afectaciones al patrimonio cultural, espiritual, y arqueológico de las comunidades, incluyendo sitios sagrados, flora y fauna, lo cual constituye, además, vulneraciones a la preservación de la memoria histórica y cultural del país.
Los impactos ambientales relatados sobre las fuentes hídricas, contaminación del aire y suelo por las operaciones mineras, como también impactos diferenciados e invisibilizados a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños/as, personas con discapacidad, personas adultas mayores, especialmente sobre sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las vulneraciones al derecho a la alimentación, reforzadas por el extractivismo y la crisis de alimento y combustible actual, que muestran que décadas de extractivismo no han supuesto una respuesta efectiva a la superación de la pobreza y la desigualdad
La criminalización de defensores/as ambientales y el uso de la fuerza pública que afectan el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y asociación.

En este contexto, preocupa el plan de ampliación del proyecto minero Coroccohuayco y la amenaza de que se repitan estas prácticas y violaciones de derechos. En nuestros países hemos visto los mismos patrones de operación de proyectos mineros de similar alcance, como en los departamentos de Guajira y Cesar, Colombia, donde Glencore también desarrolla actividades de extracción de carbón a gran escala.

Nos sumamos al pedido de las comunidades a que, en el marco del cuidado de la Casa Común y la promoción de la dignidad de las personas, se respete el ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades afectadas por actividades extractivas, por lo que solicitamos:

Que el Estado peruano atienda los problemas estructurales, las expectativas y reivindicaciones históricas acumuladas de la población peruana manifestadas en las recientes protestas sociales, para la gobernabilidad y bien común, así como el cumplimiento de rol de garante de derechos de comunidades impactadas por el extractivismo.
Que el Estado peruano, en especial el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Glencore, garanticen la participación efectiva y el mecanismo de consulta previa a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Coroccohuayco, cumpliendo con los estándares internacionales ya reconocidos en el Perú y en concordancia con la Sentencia A.P. 29126-2018, la cuál se podrá aplicar con carácter retroactivo a los casos donde se haya omitido o negado el derecho a la consulta previa desde el 2012, año en que se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú.
Que el Estado peruano garantice la implementación efectiva de leyes que protejan a personas defensoras del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, tal como ya se avanzó en Bolivia y Chile, y que ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras, combata la impunidad, garantice la participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
Que el Estado peruano ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos y garantice la implementación efectiva de leyes que las protejan y combatan la impunidad, promoviendo su participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
Que la empresa Glencore atienda el pedido de las comunidades afectadas por sus operaciones de cumplir con sus obligaciones y los acuerdos a los que ha llegado con las comunidades afectadas, respetar los derechos humanos y los estándares internacionales, así como una real participación e implementación de la consulta previa.
Que los Estados de países andinos - amazónicos introduzcan una legislación robusta sobre la debida diligencia de empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos que garantice la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras.
Que los Bancos de Desarrollo que financian y apoyan inversiones en megaproyectos extractivos o de infraestructura en Perú y el resto de Sudamérica modifiquen sus directivas de pueblos indígenas, desplazamientos, compensaciones, debida diligencia y atención a grupos vulnerables, para adecuarlas a los estándares internacionalmente reconocidos de derechos humanos.