Grupo de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Red Muqui se solidariza con defensora y monitora agredida por operadores de la empresa Colpayoc

Las instituciones miembros del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Red Muqui, ante los diferentes hechos que atentan la integridad física y emocional de la monitora ambiental Jovita Dilas Cabrera, expresamos que:

– En el distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, la empresa minera Colpayoc S.A.C., está llevando a cabo actividades de exploración. El 28 de marzo de este año, se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y comuneras y los operadores de la empresa minera, ya que las comunidades cercanas afirman que no fueron consultadas ni se les pidió su opinión sobre las 18 plataformas de exploración. La empresa señaló que coordinó con miembros de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, mas no con las comunidades aledañas, vulnerando así el Convenio 169 de la OIT.

– La defensora y monitora ambiental Jovita Dilas, miembro del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, ha venido alertando durante varios años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino. Estas fuentes de agua son especialmente significativas en un contexto de escasez hídrica y cambio climático, teniendo en cuenta que, según las Naciones Unidas, al 2040, Perú enfrentará mayor escasez de agua dulce.

Ante ello, manifestamos:

– Nuestra solidaridad con las comunidades y con la monitora ambiental Jovita Dilas, por las agresiones que vienen recibiendo por parte de la empresa minera y solicitamos la investigación por parte de las autoridades, y la respectiva sanción a los responsables que atentan con la integridad física y emocional de las comuneras y comuneros.

– Respaldamos las demandas de las comunidades y planteamos la inmediata instalación de un espacio de diálogo que dé lugar a acciones concretas. Esto debe realizarse en pleno respeto a los derechos humanos y ambientales, asegurando que la consulta previa sea vinculante en la toma de decisiones, y no simplemente un formalismo.

– Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que proporcione medidas de protección y apoyo a la defensora ambiental conforme al Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.