Las Bambas: Nuevas protestas por contaminación de aguas e incumplimiento de acuerdos respondidas una vez más con violenta represión estatal

Comunidades campesinas han iniciado paros indefinidos por contaminación y reiterados incumplimientos de acuerdos suscritos con minera MMG Las Bambas y se agudizan conflictos en dos provincias de Cotabambas, región de Apurímac que han dejado al menos tres heridos por el actuar policial. 

Las denuncias de una de las comunidades están siendo respaldadas por investigaciones por contaminación y diversas afectaciones a las vidas de las personas que ha iniciado la Fiscalía Provincial Especializada de Materia Ambiental de Abancay.

En concreto la fiscalía ha ordenado una investigación preliminar en contra de la minera por la presunta comisión de delitos ambientales en la modalidad de Contaminación del Ambiente y Alteración del Ambiente o Paisaje; en agravio de la Comunidad Campesina de Huancuire y del Estado Peruano. Justamente los comuneros de Huancuire, perteneciente al distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, que alberga el tajo abierto de Chalcobamba de la empresa Las Bambas, están desarrollando un paro de duración indefinida para denunciar estos hechos y la aparente decisión de la empresa de suspender la mesa de negociación que sostenía con la comunidad desde diciembre de 2022.

La otra comunidad en conflicto agudo con la misma minera es Pumamarca, del distrito de Tambobamba, cuyos integrantes han entrado en un paro indefinido en protesta contra el nuevo proyecto de exploración Sallahue Norte desde el 9 de julio. La disputa gira en torno a terrenos vendidos por la comunidad a la empresa hace más de 10 años por una junta directiva cuestionada, en una operación considerada injusta y asimétrica por los actuales directivos. De acuerdo a comuneros consultados, más allá del precio irrisorio que la empresa pagó por una zona que, según acuerdos posteriores con la comunidad debe devolver en 2030, solo debía destinarse para almacenar pertrechos de la operación minera, pero no para eventuales trabajo de exploración y por ello seguiría siendo utilizada para el pastoreo de los animales de población que habita el territorio ancestralmente.

Ambos conflictos ya habían alcanzado un momento álgido a fines de mayo del presente año, cuando integrantes de ambas comunidades fueron desalojados violentamente por la PNP de lugares aledaños al tajo Chalcobamba y zona Sallahue Norte respectivamente. En esa ocasión el violento actuar de la policía dejó una decena de heridos.

El mismo cuerpo policial encargado de realizar las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, para dilucidar las denuncias sobre contaminación de las nacientes de agua en el caso de la comunidad de Huancuire que también ha reclamado por la muerte de animales domésticos y silvestres y la aparición de grietas en sus viviendas localizadas a sólo 50 metros del tajo. Efectos, según estiman sus habitantes, por las tronaduras que la mina de cobre realiza en sus operaciones y la consiguiente dispersión de polvos de rocas mineralizadas, en un área crítica para el suministro hídrico, específicamente en la cuenca Pichacani, que abastece de agua a varias localidades, entre ellas Contahuire, Totora, Hacochuire y la propia Huancuire.

En este contexto, es el propio Estado a través de su principal ente fiscalizador en la materia el que ha presentado un reclamo puesto que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha emitido un informe técnico que destaca la contaminación de la cuenca Pichacani por el proyecto Chalcobamba. 

La comunidad de Huancuire, la más afectada por el tajo Chalcobamba, en su comunicado recuerda que justamente han presentado una querella judicial contra operaciones en dicho tajo por indebida Consulta Previa, caso que se está analizando en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y otras instancias públicas y organizaciones sociales a hacerse presente en el lugar y prevenir de esa manera futuras acciones violentas de la policía.

Cuando los investigadores son contratados por los investigados

En un hecho, que según muchos abogados constitucionalistas está reñido con el concepto de Estado democrático de Derecho, la minera Las Bambas como muchos otros proyectos mineros en el país ha firmado un convenio de cooperación por el cual la PNP se compromete a brindar servicios de protección de sus instalaciones, bienes y personal, a cambio de pagos mensuales para los efectivos en la zona y la institución policial. 

En una investigación de 2021 del portal convoca.pe durante los 17 años previos, empresas del sector extractivo que protagonizaron conflictos socioambientales en el Perú firmaron convenios de seguridad y protección con la Policía Nacional por un valor total de más de US $18 millones. Veinte de los cuales fueron suscritos o tuvieron vigencia mientras se producían enfrentamientos con la población que generaron muertos y heridos. 

En los recientes desalojos y acciones represivas no están identificados los policías y por lo tanto no se puede concluir que entre los agentes represores se encuentre personal a sueldo de la empresa. Sin embargo, resulta al menos extraño que sea la misma institución, si bien representada por otro departamento, la encargada de realizar el Operativo Policial Inopinado de Revelación del Delito que ha ordenado realizar la Fiscalía.