Del voto rural al territorio: comunidades y rondas de Piura defienden el agua frente a la presión del Estado y el avance minero 

En Ayabaca y Huancabamba, región Piura, comunidades y rondas campesinas se movilizaron el 30 de abril con un plantón en la Plaza de la Paz para reafirmar su rechazo al proyecto minero Rìo Blanco y denunciar el avance de la minería ilegal en el territorio. A más de dos décadas de la consulta vecinal en la que la población dijo "no" a la minería, el Estado sigue ignorando esta decisión. En un contexto electoral marcado por cuestionamientos al voto rural, las comunidades exigen respeto a su derecho a decidir y la protección de las fuentes de agua frente a cualquier tipo de minería. 

Lejos de ser un hecho aislado, la movilización expresa una defensa sostenida en la sierra de la región Piura, donde pobladores de distintos distritos se organizaron para exigir que las autoridades locales y el gobierno central respeten su posición frente a este megaproyecto, el cual consideran una amenaza directa para los páramos y bosques de neblina, ecosistemas clave para la captación y provisión de agua en Piura. 

Las comunidades advierten que cualquier tipo de actividad minera (formal, informal o ilegal) en estas zonas pone en riesgo el agua, la biodiversidad y actividades económicas fundamentales como la agricultura, principal sustento de las familias rurales.

El proyecto Río Blanco, impulsado por la empresa de capitales chinos Zijin, pretende desarrollarse en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Chinchipe. Según las rondas y comunidades, esto comprometería el equilibrio ambiental y el acceso al agua para miles de personas. 

“Nos están tratando de cortar las venas de nuestros cuerpos: el agua, que es la sangre que alimenta nuestra agricultura. Por eso estamos acá”, señaló el presidente de las rondas campesinas de Ayabaca. En la misma línea, un representante de la comunidad campesina de Samanga afirmó: “Los más afectados por la minería somos los campesinos, quienes defendemos el agua y trabajamos para alimentar a las ciudades, pero eso no se reconoce”.

Una decisión popular que el Estado siguen sin respetar 

Durante la jornada, los dirigentes recordaron que en 2007 la población expresó de manera contundente su rechazo a la minería mediante una consulta vecinal, en la que más del 95% de los distritos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera votó en contra de esta actividad. 

Sin embargo, esta decisión no ha sido respetada por el Estado y tampoco coincide con los intereses de los grupos económicos vinculados al extractivismo minero. Lo que ocurre en Piura evidencia un patrón de exclusión, en el que las decisiones de las comunidades no son escuchadas cuando afectan proyectos de inversión. 

Por el contrario, las comunidades demandan que se priorice la inversión en proyectos agrícolas. De acuerdo con el documento “Defensa y Protección del Territorio, Páramos y Bosques de Neblina en Piura” (2024), elaborado por organizaciones y comunidades locales, la actividad agrícola genera 26.8 veces más valor que el canon minero proyectado por Río Blanco para la región Piura y produce 46.2 veces más empleo. Estos datos refuerzan la relevancia del agro en territorios como las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), donde se pretende instalar el proyecto mediante un tajo abierto y túneles.

Autoridades ausentes ante demandas urgentes 

Los dirigentes sociales también expresaron su preocupación por la ausencia de autoridades locales durante la movilización, entre ellos el alcalde de la provincia de Ayabaca y representantes de diversos distritos. Señalan que esta falta de respaldo no refleja la voluntad de la población que confió en ellos a través de su voto. 

Además del rechazo al proyecto Río Blanco, la movilización buscó visibilizar el nulo apoyo a las rondas campesinas y el cumplimiento de compromisos relacionados con obras de infraestructura clave para la provincia. 

Una lucha por el agua, los derechos y la vida

Lo que está en juego en Piura no es solo un proyecto minero. Es el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio, a proteger sus fuentes de agua y a sostener sus formas de vida basadas en el agro. Este caso Río Blanco se ha convertido en un símbolo de la lucha de los pueblos organizados, que a lo largo del tiempo han resistido pese a la criminalización, la estigmatización y las campañas de desprestigio en su contra.