Minería ilegal: más excepción, más control, la misma deuda de fondo

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Muqui

El gobierno busca posicionar la idea de que, finalmente, está enfrentando con firmeza la minería ilegal. Para sostener este relato, ha prorrogado el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2026, endurecido el marco penal mediante el Decreto Legislativo 1695, reforzado la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y presentado el llamado “Modelo Pataz” como estrategia para frenar la minería ilegal y el crimen organizado.

Sin embargo, el problema de fondo persiste. Más que resolver la crisis, la estrategia actual parece administrarla: combina prórroga, control territorial y endurecimiento penal sin abordar las redes económicas, políticas e institucionales que sostienen el negocio.

Lo primero que debe aclararse es que no se trata de toda la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), sino de aquella minería ilegal articulada a economías criminales. Este circuito incluye extracción, transporte, provisión de beneficios de insumos, plantas de beneficio, comercialización, lavado de dinero, protección política y control violento del territorio. No hacer esta distinción implica un riesgo: mezclar actores distintos y terminar reforzando respuestas que criminalizan de manera generalizada lo que requiere una intervención diferenciada y una persecución selectiva de los eslabones más fuertes de la cadena. Esto, además, evidencia que el propio Estado reconoce que ya no enfrenta únicamente casos aislados de extracción ilegal.

Gobernar desde la excepción

Un aspecto central es el tipo de gobernabilidad que se viene consolidando en los territorios mineros. El caso de Pataz es ilustrativo. Allí, el Ejecutivo ha prorrogado sucesivamente el estado de emergencia y ahora presenta el “Modelo Pataz” como una experiencia a replicar. Pero ese mismo territorio muestra los límites del enfoque. Si, tras medidas excepcionales, Pataz sigue siendo escenario de violencia, crimen organizado y disputa por el control del oro, el problema no puede reducirse a la falta de presencia policial o militar. Lo que se configura es otra forma de gobierno del territorio: una gobernanza basada en la excepción, con mayor despliegue y control, pero sin transformar las bases económicas y políticas que reproducen la ilegalidad.

Se interviene el territorio, no el negocio

Aquí aparece uno de los principales vacíos de la estrategia oficial: se interviene con intensidad el territorio, pero no la estructura del negocio. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha destacado la realización de cientos de operativos de interdicción y millonarias incautaciones. Sin embargo, incluso desde el Estado se reconoce que la interdicción por sí sola es suficiente. Esto revela un límite evidente. Si destruir maquinaria no desmantela la economía criminal, la insistencia en esta vía responde a una lógica de demostración de autoridad que a una transformación estructural. Se golpea lo visible, pero queda menos claro qué ocurre con las comercializadoras, las plantas de beneficios, el lavado de activos, los financistas, las redes de protección política y la corrupción administrativa.

Corrupción y captura: el núcleo del problema

La minería ilegal vinculada a economías criminales no crece únicamente donde el Estado está ausente. También se expande donde sectores del propio Estado negocian, toleran o facilitan su funcionamiento. Por ello, cualquier estrategia que no coloque en el centro la corrupción y la captura institucional resulta insuficiente. Se habla de control, trazabilidad, operativos y seguridad, pero la pregunta clave sigue abierta: ¿qué se está haciendo frente a funcionarios, redes administrativas y operadores políticos que sostienen estos circuitos?

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la problemática de Pataz requiere una intervención articulada de los tres niveles de gobierno. Eso no solo muestra un problema de coordinación, sino una crisis estatal más profunda.

La promesa tecnocrática y sus límites

El gobierno ha presentado la trazabilidad y la centralización en el Minem como avances relevantes. Instrumentos como el SIPMMA pueden representar mejoras, pero no sustituyen el problema central: ¿existe capacidad real para fiscalizar, cruzar información y actuar de manera sostenida en territorios donde las redes ilegales tienen mayor poder que el propio Estado? Sin una respuesta clara, la tecnocracia de la trazabilidad corre el riesgo de funcionar más como promesa de modernización que como una herramienta efectiva de transformación.

En este escenario, los territorios y las comunidades siguen ocupando un lugar secundario. La estrategia del gobierno enfatiza la seguridad, formalización y control, pero deja en segundo plano aspectos fundamentales como el acceso al agua, la salud, la afectación territorial, el miedo y la violencia cotidiana, la ruptura del tejido social y la protección de poblaciones impactadas. Ese silencio no es menor. Refleja una lectura de la crisis centrada en el orden público y la economía, antes que en los derechos humanos y la justicia territorial.

El problema de la estrategia actual no es solo su insuficiencia. Es que puede consolidar una salida perversa: más excepción, más control y más penalización, sin desmontar el poder económico, político e institucional que sostiene la minería ilegal. Así, el Estado no resuelve la crisis: la administra. Y mientras tanto, son los territorios, las comunidades y poblaciones más vulnerables quienes continúan asumiendo los costos.