Familiares víctimas del régimen de Dina Boluarte esperan informes de peritajes en Juliaca

Nota escrita por Jair Sarmiento - Mataperrea

27/09/2024

La Asociación de mártires y víctimas de la masacre del 09 de enero de 2023 en Juliaca esperan los resultados de este proceso para saber el patrón de conducta de la represión que ejercieron policías y militares contra ciudadanos y ciudadanas en aquella fecha calificada como ‘masacre’ por organismos internacionales de derechos humanos. En paralelo, hay familiares como Asunta Jumpiri, que pierden a otros familiares debido al duelo y el dolor que continúa a más de un año de este lamentable suceso.

La Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero de 2023 en Juliaca está a la espera de los resultados de los informes del peritaje sobre los asesinatos que se cometieron contra sus familiares durante la represión militar y policial que ocurrió en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en Puno.

César Quispe Calsín, abogado de los familiares víctimas en Juliaca, manifestó que este proceso sirve para saber el patrón de conducta de la represión que ejercieron policías y militares contra ciudadanos y ciudadanas en aquella fecha calificada como ‘masacre’ por organismos internacionales de derechos humanos.

La defensa legal de los familiares también mencionó que hay más de 20 carpetas fiscales abiertas en la región de Puno por violaciones a los derechos humanos.

Las fechas que incluye cada carpeta fiscal corresponden a los momentos de la desproporcionada represión contra los ciudadanos y ciudadanas de Juliaca. Estas investigaciones van desde el 14 de diciembre, día en que se registraron heridos, hasta el 14 de marzo, que fue cuando se señala que la Policía Nacional del Perú (PNP) torturó a Manuel Quilla Ticona.

Asimismo, mencionó que el Ministerio Público formalizó tres investigaciones de Juliaca en julio de este año. Son 19 miembros del Ejército y de la Policía investigados por la muerte de 18 personas y 108 heridos en las inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Cápac. Además de otros tres policías investigados por los hechos registrados en la Avenida Independencia, en la localidad de San Román.

Asimismo, la Fiscalía ha informado que hay 24 miembros de la Policía investigados como coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud debido al asesinato de los ciudadanos Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe durante la protesta social registrada el 18 de enero de 2023 en el distrito de Macusani, ubicado en la provincia de Carabaya, Puno.

Sobre el caso de Macusani, Quispe Clarín comentó que este lunes 30 de septiembre se realizará una audiencia en Lima de manera presencial en donde también estarán los familiares de las dos víctimas (Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe).

En dicha audiencia se sabrá si procede o no el requerimiento de impedimento de salida para los 24 policías implicados en la muerte de estos dos ciudadanos de Macusani.

Por lo que a fin de ejercer presión, las distintas asociaciones de familiares de las víctimas y mártires están convocando a un plantón en la Fiscalía de la Nación este lunes 30 de setiembre a las 4:30 p. m.

La pérdida de Asunta

Mientras se desarrolla este proceso judicial, hay familiares como Asunta Jumpiri Olvea que por momentos sienten y piensan que no se avanza mucho en cuanto a las investigaciones sobre su hijo Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años y las otras víctimas de la masacre que cometió el régimen de Dina Boluarte en Juliaca.

Este año ha sido difícil para Asunta ya que no solo perdió a su hijo, sino también a su esposo Alfredo Apaza Sucaticona, quien venía acompañándola en el duelo y el proceso legal para obtener justicia.

“Siempre estábamos preocupados por exigir justicia, salíamos a las marchas. Eso era en ese momento, pero seguíamos tristes. La tristeza nos afectó”, menciona. Su esposo Alfredo sufría de gastritis y esta empeoró debido a toda la carga afectiva y emocional que llevó en este duelo.

Asunta señala que luego de la muerte de su esposo, no ha encontrado muchas opciones para obtener un sustento económico por lo que se ha visto obligada a vender en la calle. “Tengo un pequeño que está estudiando. Tengo que mantenerlo en la escuela”, explica.

Sin embargo, Asunta señala que día a día tiene que luchar para vender ya que en donde se ubica para comerciar es en la calle Moquegua, donde le arrebataron la vida a su hijo Brayan Apaza Jumpiri con un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

“A veces no me dan ganas de vender, recuerdo todo eso, a veces no quiero salir de casa, no se puede vender feliz porque recuerdo el asesinato de mi hijo, pero me pongo fuerte y voy a levantarme para seguir pidiendo justicia”, indica Asunta.

En estos momentos, Asunta Jumpiri Olvea necesita apoyo económico. Si desea apoyarla, puede comunicarse o enviar un Yape al número 923-075-090.