La República Minera: amplios privilegios, enormes impactos, legitimada mano dura e inventados aportes al desarrollo del país

Soc. José Antonio Lapa Romero, columnista invitado

En el Perú, durante tres décadas el capital minero transnacional se ha constituido en el poder mandante y se ha extendido a lo largo de la geografía nacional como parte del constituido capitalismo a la peruana. La república minera configurada está caracterizada por privilegios tributarios, flexibilizaciones ambientales, formalización de derechos indígenas como la consulta previa, criminalización, puertas giratorias, uso de estados de emergencia, convenio policía-empresa, violación sistemática de derechos humanos y una extendida institucionalidad estatal que promueve, legitima y protege coercitivamente (y no) los intereses privados como fueran públicos: Fondo de Adelanto Social (FAS), Activo Crítico Nacional (ACN), Obras por Impuestos y otros. Los intereses privados de dicha República minera han sido y es permanente legitimada por los sucesivos gobiernos autoritarios y “democráticos”, y la actual coalición autoritaria[1].

En efecto, el sector minero cuenta con exoneraciones tributarias a la exploración, y en la fase de construcción y operación han sido “beneficiados” con devoluciones tributarias que significaron 4643 millones en el 2019^[2]; ha generado históricamente 850 pasivos mineros y crecientes impactos a la salud y el medio ambiente como ríos contaminados, y 10 162 380 de personas expuestas a metales pesados^[3] y más de 5000 de personas con metales tóxicos en su cuerpo (niños, niñas, adolescentes y adultos) en diferentes regiones del Perú (Cerro de Pasco, La Oroya/Junín, Espinar/Cusco, Choropampa/Cajarmarca, Llallimayo/Puno, Valle de Tambo/Arequipa y otros).

Además, el endurecimiento en el uso de la fuerza que ha generado que entre marzo del 2006 y mayo del 2018 hayan “fallecido en el contexto de conflictos sociales, 279 personas (244 civiles, 35 policías) y resultaron heridas 4816 (3212 civiles, 1599 policías, 5 militares)”^[4], la creciente conflictividad socioambiental, que en junio del 2024 alcanzó 55.2 % (117 de 212 conflictos entre activos y latentes^[5])[6]; la formalización e instrumentalización de las consultas previas que para el 2020 alcanzaban 29 para proyectos mineros en exploración y explotación –23 concluidas y 6 en proceso–, y la criminalización se ha vuelto una práctica que envuelve a más de 600 líderes/as, dirigentes/as y ciudadanos/as a nivel nacional (más de 500 en Cotabambas^[7]).

Sin embargo, aún los enormes impactos descritos y en específico la que viene generando el sector minero en el Perú sobre enormes extensiones de los 5.8 millones de hectáreas de tierras agrícolas que incluye decenas de valles costeros e interandinos y rìos; y el escaso aporte del sector minero a la economía dado que está demostrado que “entre 2005 y 2018, de cada 10 dólares en exportación minera el Estado se quedó con tan sólo 1 dólar, a pesar de que el Estado es el dueño del recurso, se queda con el pasivo ambiental y que las empresas saben que el Perú es un buen negocio”[8] para el empresariado minero.

No obstante, los sucesivos gobiernos han impuesto y buscado imponer los intereses privados por encima de los derechos de los ciudadanos y los pueblos. En efecto, la violencia y las violaciones de derechos humanos se han constituido en el patrón autoritario dominante por parte del capital minero y los sucesivos gobiernos que profundizan la dependencia económica de un modelo que concentra las riquezas en los privados y extiende los impactos a quienes supuestamente beneficia. Este patrón autoritario se muestra claramente, por ejemplo, con la violenta insistencia en ejecutar el proyecto minero Tía María por parte de Southern sobre una mayoritaria ciudadanía que no quiere el proyecto que viven en un fértil valle de más de 12 000 hectáreas, y en el cual tampoco tienen licencia social, han generado más de 500 heridos y 8 fallecidos, cuentan con un EIA caduco y va a producir una eminente afectación sobre ecosistemas frágiles y la biodiversidad. Es decir, este caso muestra esta irracional apuesta de priorizar el interés privado sobre el interés público de la república minera, porque el Estado se ha convertido en un promotor de los negocios empresariales y de los grupos de poder en el país.

[1] En un reciente Consejo de Estado se ha manifestado el rechazo contra una supuesta amenaza contra el “modelo económico y contra la industria extractiva al constituir un peligro contra seguridad nacional”, no obstante, desde el Estado es un patrón la imposición violenta de proyectos mineros en el país, en contra la decisión de los ciudadanos y poblaciones locales.

[2] LA REPUBLICA. Devoluciones tributarias baten récord y llega a los 17 mil 131 millones de soles. 3 de marzo de 2020. Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2020/03/03/devoluciones-tributarias-bate-record-y-llega-a-los-7-mil-131-millones-de-soles

[3] WAYKA. Gobierno avanza en la atención a 10 millones de personas expuestas a metales pesados. 5 de mayo del 2021. Disponible en: https://wayka.pe/gobierno-avanza-en-la-atencion-a-10-millones-de-personas-expuestas-a-metales-pesados/

[4] Defensoría del Pueblo. Documento de análisis de la conflictividad social. N° 1, trimestre julio, agosto, setiembre de 2018. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/El-Trimestral-N%C2%B0-1-15-de-octubre-de-2018.pdf>

[5] Defensoría del Pueblo. Reporte de conflictos sociales N° 244. Junio 2024. Pág. 5. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-n.%C2%B0-244-Junio_2024.pdf

[6] La conflictividad minera en el Perú está constituida, por un lado, por los conflictos de resistencia y afirmación de modos de producción y de vida como en el caso del valle de Tambo (Tía María), Huancabamba/Ayabaca (Río Blanco), Cajamarca (Conga), y Tambogrande; y, por otro lado, los conflictos de convivencia con el capital en los casos de Espinar (Antapaccay/Cusco), Challhuahuacho (Las Bambas/Apurímac), Chumbivilcas (Hudbay/Cusco), Arequipa (Cerro Verde/Arequipa), Quellaveco (Angloamerica/Moquegua), Antauta (Minsur/Puno), Cuajone (Southern/Moquegua) y otros.

[7] Rumbo Minero. Gregorio Rojas pide archivar denuncias contra comuneros en mesa de DDHH y Justicia. 24 de abril de 2019. Disponible en: https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/gregorio-rojas-pide-archivar-denuncias-contra-comuneros-en-mesa-de-ddhh-y-justicia/

[8]Oliva Nicolás y Converti Lucía.  Reparto de la renta minera en el Perú Efectos macroeconómicos de una mejor distribución de la renta para el Estado. Disponible en: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/12/mineria-peru.pdf