La agenda MAPE y la reforma del sector minero: entre la precariedad y la indiferencia del Estado

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

Hace algunas semanas, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que la mesa técnica para la formalización de la minería aprobó un documento que servirá como base para la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Este texto será remitido a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, ahora presidida por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial). Según lo adelantado, el documento no incorporaría cambios sustantivos respecto a la propuesta existente. Además, Cutipa señaló que una de sus primeras tareas de la comisión será debatir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Ambas iniciativas —la del Ejecutivo y la del Legislativo— repiten la misma fórmula de siempre: prolongar plazos y flexibilizar requisitos sin atender las causas estructurales de la problemática. Esta mirada reducida ignora que la MAPE no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un marco de una revisión integral de la política minera en el país. No se trata solo de corregir fallas en la formalización, sino de repensar un modelo minero que hoy otorga amplios privilegios normativos a la gran minería, particularmente en la política de concesiones, un aspecto que también debería estar en el centro del debate de la nueva ley MAPE.

El debate legislativo y del Ejecutivo evidencia, una vez más, que la institucionalidad minera continúa subordinada a los intereses empresariales y que existe una resistencia a convocar a todos los actores involucrados. Cualquier discusión seria sobre un nuevo marco normativo —ya sea para la gran, mediana o pequeña minería— debe abrirse de manera participativa, incorporando a comunidades, organizaciones sociales, gobiernos regionales, gremios de la MAPE y la sociedad civil.

Desde la Red Muqui, insistimos en la urgencia de construir una política con enfoque territorial, intercultural y ambiental. Esto implica avanzar en el ordenamiento del territorio y la protección de las fuentes de agua, reconocer los derechos de las comunidades, fortalecer a los gobiernos regionales y establecer reglas claras para toda la cadena productiva, además de eliminar el uso de sustancias altamente tóxicas como el mercurio. También significa ofrecer alternativas económicas sostenibles para miles de familias que hoy ven en la minería su única opción de sobrevivencia.

En una coyuntura marcada por la crisis de representación política y la captura del Estado por intereses empresariales y mafias, discutir el futuro de la MAPE no puede reducirse a un trámite más en el Reinfo. El reto es mayor: repensar el modelo minero en su conjunto y abrir paso a una transición que garantice los derechos humanos, colectivos y ambientales, poniendo la vida y la dignidad de nuestros pueblos en el centro de las decisiones.