Empresa minera vinculada a desalojo de familias de Morococha – Junín ingresó a Palacio para reunirse con Jerí 

Las puertas del Palacio de Gobierno se abren para las mineras, mientras  las comunidades siguen fuera de la mesa. Eso evidencia las visitas que recibió el presidente José Jerí: de las 42, una fue con la representante de la empresa china Chinalco que desplazó a familias para la ampliación de su proyecto de cobre en Junín.

Guilin Qian se reunió con la Secretaría General del Despacho Presidencial a inicios de este año, según informó el medio Territorio Tomado. Esta noticia se da en un contexto de cuestionamientos públicos al mandatario por encuentros extraoficiales con el empresario de origen chino Zhihua Yang, revelado por el semanario Hildebrandt en sus Trece bajo el denominado escándalo “Chifagate”. También se hizo pública su reunión en la oficina del Ejecutivo con Ji Wu Xiaodong, investigado por tráfico ilegal de madera. 

Actualmente, Jerí enfrenta una investigación preliminar del Ministerio Público por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. En ese escenario, las reuniones con representantes de grandes capitales extractivos confirman la cercanía entre el poder político y el poder económico, en tanto las demandas ciudadanas quedan relegadas. 

CHINALCO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS

En septiembre del año pasado, por orden judicial y en favor de la empresa minera Chinalco, cinco familias de Morococha fueron desalojadas de manera forzosa por efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Esta medida, dispuesta por Juzgado Mixto de La Oroya, respondió a los intereses de la minera que, desde hace años busca imponer el proyecto minero Toromocho. Como consecuencia, las últimas cinco familias que permanecían en la Antigua Morococha perdieron sus viviendas y sus pertenencias, que fueron decomisadas pese a que la orden judicial no contemplaba esa acción.  

Durante años, las familias sostuvieron que no se oponían al desarrollo del proyecto minero, sino que exigían un proceso de diálogo real y un reasentamiento digno, con garantías para su salud, vivienda y condiciones de vida. Esta demanda nunca fue plenamente atendida. Tras el desalojo, se vieron obligadas a buscar refugios temporales y a vivir en condiciones precarias, lo que configura una afectación directa a derechos fundamentales como la vivienda, la integridad y la dignidad humana 

Además, el propio Estudio de Impacto Ambiental (2010) de la empresa Chinalco advirtió que en los suelos de la nueva ciudad de reasentamiento, Nueva Morococha, los niveles de arsénico y plomo superaban hasta once veces los límites permitidos, información que no fue transparentada oportunamente a la población. Años después, la Red de Salud de La Oroya confirmó la presencia de metales pesados en la sangre de niños y niñas reasentados en la zona.

Aunque José Jerí asumió el cargo en octubre y el desalojo ocurrió en septiembre, la continuidad de reuniones, en este y anteriores gobiernos, con representantes de intereses extractivos muestra cómo el poder económico mantiene influencia en los más altos niveles de decisión política. Esto responde a un esquema de puerta giratoria, donde las decisiones públicas terminan alineadas con intereses privados, por encima de los derechos humanos.