Después de la ampliación del Reinfo: los desafíos que el Decreto Legislativo 1695 deja abiertos

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Maqui

La ampliación del proceso de formalización de la minería artesanal (Reinfo) hasta diciembre de 2026 fue la respuesta de un conflicto social evidente: movilizaciones, presión territorial y un reconocimiento implícito del Estado de que el proceso no estaba funcionando como se prometió. Sin embargo, superado este “bache”, persisten desafíos estructurales que hoy reaparecen con mayor fuerza, agravados por el contexto económico global y por la reciente promulgación del Decreto Legislativo 1695, publicado el 20 de enero.

Desde una mirada socioambiental y política, el debate ya no es si la ampliación era necesaria, sino qué tipo de transición se está ofreciendo a los territorios afectados por la minería y a aquellos pequeños mineros y comunidades que sí buscan formalizarse, pero continúan atrapados en una ilegalidad que ha sido producida por la ineficacia del propio Estado.

Un factor clave es el precio internacional del oro, que supera los US$ 5,300 por onza y mantiene una tendencia al alza. Este escenario incentiva la expansión de la actividad extractiva. Para comunidades rurales empobrecidas y pequeños productores, el oro aparece como una de las pocas fuentes de ingreso en un contexto de abandono estatal. Para redes ilegales y actores con gran capacidad económica, se convierte en un negocio altamente rentable. Pretender enfrentar esta dinámica únicamente con normas penales y registros administrativos resulta políticamente limitado y ambientalmente irresponsable.

En ese contexto, el Decreto Legislativo 1695 introduce cambios profundos en el Código Penal, ampliando el delito de minería ilegal a toda la cadena de valor: extracción, beneficio, transporte, acopio, comercialización y exportación. Desde el plano jurídico, busca cerrar vacíos normativos. Sin embargo, desde una perspectiva socioambiental, el problema es que no distingue entre economías criminales organizadas y procesos de subsistencia o transición hacia la formalidad.

En los territorios miles de pequeños mineros y comunidades que buscan formalizarse no lo logran debido a retrasos administrativos, expedientes paralizados y ausencia de reglamentación. Penalizar actividades realizadas “fuera del proceso”, cuando el propio proceso no funciona de manera efectiva, termina trasladando el peso del fracaso institucional a los actores más débiles.

El resultado no es ordenamiento ambiental ni justicia social, sino mayor inseguridad jurídica, miedo y retraimiento. Existe el riesgo es que esta situación empuje a muchos a ocultarse, fragmentarse o desplazarse hacia zonas ambientalmente más frágiles, profundizando el daño que se pretende evitar.

Uno de los mayores problemas del DL 1695 es, además, lo que no aborda. El decreto no incorpora una visión de ordenamiento territorial, ni establece mecanismos de protección diferenciada para cuencas, cabeceras de ríos, territorios indígenas o zonas de alta fragilidad ecológica. Tampoco reconoce que muchas comunidades que conviven con la minería (formal, informal o ilegal) enfrentan contaminación, violencia, pérdida de fuentes de agua y ruptura del tejido social.

Al reducir el problema a una cuestión penal, el Estado invisibiliza a las poblaciones afectadas y posterga nuevamente la discusión sobre derechos territoriales, reparación ambiental y alternativas económicas. Sin gobernanza territorial, la penalización se convierte en un parche que no previene el daño ni protege a quienes habitan los territorios.

La ampliación del Reinfo reconoció implícitamente que el Estado no ha tenido la capacidad de conducir adecuadamente el proceso de formalización. No obstante, persisten los mismos cuellos de botella: miles de expedientes sin resolver, falta de reglamentación de la ley de ampliación y debilidad institucional en las entidades responsables. Se mantiene así una brecha entre ampliar plazos y endurecer el castigo. El riesgo es la criminalización selectiva y el doble estándar. Sin inteligencia financiera, sin control efectivo de la comercialización del oro y persecución real del lavado de activos, el endurecimiento penal suele recaer sobre los eslabones más visibles y vulnerables, mientras los actores con mayor poder económico y político siguen operando con márgenes de impunidad. Esto profundiza la conflictividad social y debilita la legitimidad del Estado en los territorios.

Lo que está en disputa, por tanto, no es un asunto técnico, sino el modelo de gobernanza de la minería en el país. Un enfoque centrado en el castigo, en un contexto de altos precios del oro y debilidad institucional, no resolverá la crisis socioambiental. Sin ordenamiento territorial vinculante, fortalecimiento real de la formalización, protección de comunidades afectadas y control efectivo de la cadena económica del oro, la ampliación del Reinfo habrá sido solo una pausa; y el DL 1695, lejos de cerrar el conflicto, podría estar preparando el terreno para uno mayor.