Los pueblos en el centro: demandas históricas y conflictos pendientes en un Perú que aún cuenta votos 

Mientras continúa el conteo de votos de la segunda vuelta electoral, diversas regiones del país observan con preocupación si sus demandas históricas serán incorporadas en la agenda de un próximo gobierno, en un escenario atravesado por la polarización, cuestionamientos a las instituciones, deterioro democrático y riesgos de retroceso en materia de derechos humanos. 

En varias localidades del sur y centro del país, donde la candidatura de Juntos por el Perú obtuvo un respaldo mayoritario, el voto expresó el rechazo a un modelo económico y social que continúa reproduciendo desigualdades, concentración de poder y centralismo.

Más allá de los resultados finales, el mensaje que emerge desde las regiones es claro: la exigencia de cambios profundos frente a décadas de exclusión, desigualdad y promesas incumplidas de anteriores gobiernos distantes con los territorios.

Con el 99.414 % de actas procesadas por la ONPE, Roberto Sánchez registra el 49.889 % de los votos, por su parte, Keiko Fujimori alcanza el 50.111 %. La diferencia es corta y el resultado final será muy ajustado. Lo que queda en evidencia es que quien resulte ganador, con Fuerza Popular tomando ventaja hasta el momento, deberá enfrentar un país profundamente fracturado, con amplios sectores de la población que no se sienten representados.

Es importante, además, enfatizar sobre los cuestionamientos al ejercicio de poder de Fuerza Popular desde el Congreso y la necesidad de lograr consensos y contrapesos entre poderes y organismos del Estado para garantizar un equilibrio de poderes. 

Agenda por justicia y derechos

La preocupación de las comunidades no es menor. Persisten las exigencias de justicia por las víctimas de la represión de 2022 - 2023, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y por las muertes ocurridas en las protestas de noviembre de 2020. Son heridas abiertas que siguen marcando la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Tampoco deben olvidarse los conflictos mineros sin resolverse, por la imposición de proyectos sin licencia social ni consulta previa . La contaminación minera de fuentes de agua, los impactos sobre la salud humana y ambiental, la criminalización de defensoras y defensores ambientales, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala, así como la expansión de la minería ilegal, forman parte de una agenda urgente que el próximo gobierno deberá atender mediante puentes de diálogo, reales mecanismos de participación ciudadana y respeto a los derechos colectivos. 

Comunidades, rondas campesinas y organizaciones sociales continúan defendiendo sus derechos, construyendo alternativas al extractivismo y recordando al poder político, económico y mediático que la democracia  no termina en las urnas: también se construye, organiza y se ejerce desde abajo.