Fiscalía de Islay archiva investigación contra defensores ambientales del Valle de Tambo – Arequipa 

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó una investigación contra defensores ambientales del Valle de Tambo, región Arequipa, relacionada con una denuncia presentada en el contexto de protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú.

La decisión fue adoptada el 15 de julio de 2026, mediante la Disposición N.° 01-2026-MP-DFA-FPPC-ISLAY, correspondiente a la carpeta fiscal N.° 923-2026.

¿Por qué se inició la investigación?

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de abril de 2026, en la carretera Costanera Norte, en el distrito de Deán Valdivia, a la altura del puente Guardiola.

Según la denuncia de la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior, Jaime Marco Jiraldo Dolores y Marcos Merma Luna, quienes trasladaban a trabajadores del Consorcio Constructor Perú, habrían sido atacados por un grupo de entre 30 y 35 personas movilizadas. Ambos señalaron que los manifestantes habrían arrojado piedras y palos contra los vehículos. Inicialmente, los hechos fueron atribuidos a Juan Miguel Meza Igme y otras personas.

En ese contexto, la Fiscalía abrió una investigación contra quienes resultaran responsables. Sin embargo, no existían imputaciones directas contra personas determinadas, aunque alrededor de 15 pobladores del Valle de Tambo fueron citados reiteradamente a declarar.

Luego de realizar las diligencias preliminares, el Ministerio Público de Islay concluyó que no había elementos suficientes para identificar e individualizar a los presuntos autores, debido a que una presunción o una simple sindicación no es suficiente para atribuir responsabilidad penal. Por ello, dispuso el archivamiento del caso. 

Una investigación en medio de un clima de criminalización

La investigación se produjo durante las protestas pacíficas desarrolladas en el Valle de Tambo contra el proyecto Tía María, en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones y comunidades que se oponen al proyecto. Hoy, el actual gobierno de Keiko Fujimori abre un debate al expresar abiertamente su intención de impulsar inversiones mineras y destrabar proyectos extractivos.

El archivo de este caso significa que no se logró establecer responsabilidad penal de los defensores investigados y vuelve a poner bajo el escrutinio público el uso del sistema penal frente a quienes participan en protestas y acciones de defensa del territorio.

Asimismo, el inicio de investigaciones puede afectar derechos como la organización, la participación y la protesta pacífica, reconocidos por la Constitución Política del Perú y por el Tribunal Constitucional del Perú, conforme a lo establecido en el Expediente N° 00009 – 2018 – PI/TC.

La historia de un conflicto socioambiental 

El conflicto socioambiental en torno al proyecto minero Tía María se mantiene desde hace décadas. Agricultores y organizaciones del Valle de Tambo han expresado su oposición debido a los posibles impactos que atribuyen a la actividad minera sobre el agua y la agricultura del valle. 

La protección del agua resulta especialmente importante en el Valle de Tambo, donde miles de familias dependen de la agricultura. 

Por ahora, defensores ambientales se mantienen en resistencia y han interpuesto una serie de medidas legales, entre ellas una demanda de amparo para exigir que se declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María, argumentando que perdió vigencia y que la zona ha cambiado demográfica y socialmente.