Defensores ambientales de 11 regiones exigen al Estado que reconozca sus alertas sobre contaminación del agua

• Durante el VI Encuentro Nacional realizado en Lima, vigilantes y monitores ambientales comunitarios acordaron elaborar una propuesta legislativa para reconocer su labor y otorgar valor probatorio a los resultados de sus monitoreos.
• Representantes de distintas comunidades denunciaron amenazas y cuestionaron que las autoridades no siempre tomen en cuenta sus reportes sobre posibles daños ambientales.

En diversas regiones del Perú, pobladores organizados vigilan y monitorean sus ríos y fuentes de agua para alertar sobre posibles casos de contaminación minera. Sin embargo, la información que recogen no siempre es tomada en cuenta por las autoridades del Estado. Ante esta situación, representantes de 11 regiones propusieron ante la senadora Ruth Luque  y el asesor de la diputada por Cusco, Analí Márquez, medidas que reconozcan su labor, les protejan ante la criminalización y vulneración de sus derechos, y la protección de las cabeceras de cuenca.

Las propuestas fueron presentadas durante el cierre del VI Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, realizado del 7 al 9 de noviembre en Lima. Este espacio buscó fortalecer la articulación de vigilantes y monitores ambientales a nivel nacional, y abrir el debate sobre el papel de las comunidades y ciudadanía en la protección de los recursos hídricos. Este espacio fue impulsado por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios que, de acuerdo con su presidente, vigilante y monitor ambiental de Cajamarca, Mauro Lalangui León, trabaja con 18 comités de vigilancia y monitoreo en distintas cuencas del país. Su labor también comprende actividades con organizaciones sociales, comités de vigilantes e instituciones educativas para promover el cuidado del ambiente.

Una de las principales propuestas que los participantes presentaron ante las autoridades fue que los resultados de sus monitoreos tuvieran valor probatorio en posibles casos de contaminación. Jhon Aychasi, vigilante ambiental de Puno, cuestionó las discrepancias entre los informes oficiales y lo que observan las comunidades. “Muchas veces, las autoridades dicen que los ríos no están contaminados, pero no es así, la realidad que vemos y vivimos es diferente”, sostuvo.

Vigilantes ambientales denuncian amenazas

Además de las dificultades para que sus reportes sean reconocidos, los representantes denunciaron amenazas y hostigamiento relacionados con la defensa de sus territorios.

Amalia Cruzado, vigilante ambiental de Cajamarca, solicitó medidas legales para proteger a los monitores y sus familias frente a amenazas y procesos de criminalización. También pidió avanzar en la delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca con el objetivo de que no se permita actividad minera en zonas frágiles. Además, rechazó una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

A estas preocupaciones se suman los efectos del cambio climático y los impactos del Fenómeno de El Niño. Maritza Ccoscco Anguiosa, representante de Apurímac, advirtió sobre los incendios y la escasez de agua en el sur, las heladas en el centro y las inundaciones que afectan la agricultura en el norte. Según explicó, estos fenómenos, junto con los impactos de las actividades extractivas, perjudican las economías familiares, la seguridad alimentaria  de las comunidades y las ciudades, agravan las dificultades que enfrentan las mujeres en las labores de alimentación y cuidado.

Plantean dar valor probatorio a los monitoreos

Durante el conversatorio de cierre, la senadora Ruth Luque destacó la importancia de la vigilancia comunitaria para advertir posibles daños ambientales y cuestionó que el Estado no siempre tome en cuenta la información generada por las comunidades.

En ese sentido, propuso reconocer los monitoreos como mecanismos de alerta temprana y a quienes realizan esta labor como defensores ambientales, para que puedan acceder al Mecanismo Intersectorial de Protección.

Asimismo, planteó otorgar valor técnico y probatorio a sus reportes, promover un fondo para financiar estas actividades e impulsar un observatorio de monitoreo ambiental comunitario. También señaló la necesidad de contar con una justicia especializada para atender las denuncias por daños ambientales y expresó su disposición a contribuir con las propuestas de las organizaciones.

El encuentro, impulsado por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, concluyó con un pedido de mayor reconocimiento y protección para quienes vigilan las fuentes de agua en sus territorios. Asimismo, se acordó elaborar una propuesta legislativa que reconozca su labor y proteja las cabeceras de cuenca.