Proyecto de ley que modifica Consulta Previa promueve desigualdad de diálogo y acuerdos

AFIRMA MARÍA ELENA FORONDA

  • Acuerdos previos privados que propone Úrsula Letona, anula derecho a la Consulta Previa
  • Iniciativa de ley del fujimorismo aun no pasa a comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos

Para María Elena Foronda, presidenta de la comisión de comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; el proyecto de modificatoria de la Ley de Consulta Previa solo promovería la desigualdad de diálogo entre las empresas extractivas y las comunidades, al colocar “acuerdos privados” por encima del derecho a la consulta, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

“Se trataría de un diálogo desigual. Cuando ingresa alguna industria extractiva, lo hace con equipo de abogados y técnicos. La población a veces no tiene acceso a esa información. ¿De qué acuerdos entonces vamos a hablar? ¿Bajo qué igualdad de condiciones?, y ¿los EIA van a quedar de lado?”, cuestionó Foronda.

Ello fue en respuesta, al proyecto de ley (N° 213/2016) presentado este martes por la congresista de la bancada fujimorista, María Úrsula Letona, iniciativa que busca modificar el artículo 2 de la Ley N° 29785, y dejar sin efecto alguno la realización de la consulta previa, en caso exista una autorización previa para la realización de cualquier actividad económica, a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, firmado con alguna comunidad indígena u originaria.

Letona, justifica que su iniciativa legislativa se basa en la promoción de la inversión privada, la estabilidad jurídica y el bloqueo de surgimiento de conflictos sociales.

“Este proyecto, somete a la negociación y al libre mercado entre partes que son asimétricas (empresa/comunidad), cuando es el Estado quien debe garantizar su respeto y cumplimiento. Representa una amenaza de imposición que somete un derecho a cuantificación económica.”, agregó la congresista que preside el grupo parlamentario de Pueblos Indígenas.

La legisladora, María Elena Foronda indicó que la iniciativa de su colega parlamentaria es inconstitucional, y que ni siquiera debería entrar a debate. A su parecer, y al de la bancada del Frente Amplio, de aprobarse una modificatoria en la Ley de Consulta Previa, se generaría un conjunto de conflictos socioambientales.

“Lo que me corresponde como presidenta de la comisión es pedirle a la congresista Letona, una exposición de su propuesta, queremos conocer los argumentos técnicos, porque el sustento legal no permite una modificatoria de ley, y mucho menos la de un convenio internacional como es el convenio 169 de la OIT”, recomendó en diálogo con RED MUQUI.

Para Ketty Marcelo, presidenta del Pacto de Unidad, es necesario aprobar con urgencia la consulta previa legislativa que lleva esperando cinco años en el Congreso. Se espera que los Pueblos Indígenas también puedan ser consultados sobre iniciativas de ley que puedan afectar sus derechos.

A través de un pronunciamiento, RED MUQUI rechazó este Proyecto de Ley que -de ser aprobado- desconoce un derecho colectivo, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011. RED MUQUI recordó que en el sector minero, apenas se han realizado cuatro procesos de consultas previas, en torno a proyectos de menor envergadura, y en los que no hubo información adecuada, ni tiempo suficiente para que estos se discutan en asambleas comunales, ni decisión colectiva, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico.

Es por ello, que RED MUQUI demanda el archivamiento de esta inciativa en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, pues se estima que un cambio de normativa como este, solo generaría mayor conflictividad social en el país. Asimismo, RED MUQUI exige que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como considera ha sido hasta la fecha en el sector minero.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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