Existen 8 retos que los gobiernos deberían asumir ante la caída de precios de los metales

EN LATINOAMÉRICA
• Eduardo Gudynas estuvo en el Foro público:"Alternativas al Extractivismo: Los retos para el nuevo gobierno”, organizado por RedGe y CLAES

Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES Uruguay), puso sobre la mesa 8 retos que todos los países de Latinoamérica tienen en común, para hacer frente a la caída de precios de los minerales e hidrocarburos; situación que ha llevado a los gobiernos latinoamericanos –incluyendo al Perú– a tomar medidas que van en contra de las poblaciones indígenas, incluso de su propia institucionalidad ambiental.

A menor precio, mayor volumen extractivo
El coordinador ejecutivo de CLAES observó que la caída del precio de las materias primas no ha causado ninguna disminución en las actividades extractivas, sino todo lo contrario; se ha visto un aumento de presión en presión en minería e hidrocarburos, a través de los gobiernos y las medidas para compensar esta pérdida en los mercados internacionales.

Gudynas citó como es en que Bolivia ha exonerado a las empresas extractivas de evaluaciones ambientales, y sobre todo del mecanismo de consulta ciudadana a los territorios indígenas y de protección de áreas protegidas, pese a que su propia normativa exigía lo contrario. El investigador uruguayo mencionó que para alentar las inversiones, el gobierno de Evo Morales decretó un paquete de medidas de apoyo económico, en base a subsidios y exoneraciones fiscales, por un valor de solo US$ 3,500 millones para la explotación petrolera.

“La lógica es “bajan los precios, aumento el volumen extractivo”, sin embargo el resultado ha sido el incremento de conflictos con las comunidades ahondar las fracturas con los pueblos indígenas y el gobierno, así como una serie de impactos ambientales y sociales”, indicó.

Licencias y normas que debilitan
Gudynas expuso que ante una caída de precios en las materias primas, en Latinoamérica ya es común flexibilizar y minimizar la normativa, así como las vías administrativas del Estado para hacer el control ambiental en diferentes rubros.

Desde hace algunos años, en Colombia se decidió aligerar la presión normativa y de control, al otorgar títulos y concesiones de manejo en menor plazo, las llamadas licencias ambientales “express” que solo conllevaron al aumento de conflictos locales y resistencias ciudadanas. Esta situación les demuestra a los gobiernos que “Si yo aligero el licenciamiento, no se resuelven los problemas con los grupos locales”.

A ello se suma la dudosa legalidad de estas normas que contradicen a otras ya establecidas, o pretenden debilitar las funciones de las instituciones ambientales del Estado. Un ejemplo, es como en Uruguay se creó por decreto una nueva agencia de rango en la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático, una “agencia” que causa vacíos y va haciendo innecesarias las propias gestiones y competencias del actual ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente.

“Esta debilidad de institucionalidad ambiental en Latinoamérica hace que los problemas ambientales se acumulen. No hay otra solución más que fortalecer las instituciones ambientales, aplicando la normativa ambiental”, indicó como uno de los retos.

Corrupción y extractivismo
Eduardo Gudynas dejó en claro que el flagelo de la corrupción en los procesos de concesión, es independiente con que los gobiernos sean conservadores o progresistas. Por ello, consideró que es necesario asumir que en realidad, los megaproyectos en basados en actividades extractivas solo son viables si aprovechan cierta ilegalidad para conseguir permisos. Algo ante lo cual los Estados deben protegerse.

“Todos los países latinoamericanos tienen casos de corrupción en el sector extractivo; algunos que van desde otorgamientos ilegales de concesiones mineras hasta sobornos para que no diga nada sobre el uso excesivo de contaminantes. Para todos los regímenes de propiedad encontramos casos de corrupción en Extractivismo, entre empresas estatales, empresas mixtas, empresas privadas bajo manejo estatal como la minera brasilera Vale, y de las que son netamente privadas”, subrayó.

Minería ilegal
En este tema, el autor de “Extractivismos” dijo que no se debe dejar de lado la contribución de las empresas formales que le compran a los mineros ilegales, y que habría que comenzar a preguntarse si es necesario implantar una moratoria.

Mirar hacia las zonas rurales
Durante su participación en el Foro Público sobre Alternativas al Extractivismo 2016 en Perú, Gudynas remarcó que los grupos afectados corresponden a poblaciones rurales -numéricamente pequeños-pero no menos importantes. De manera que la presión política y el caudal electoral que ejercen, también lo son, si se compara con las grandes ciudades.

“Para muchos partidos, esta población comunal no es necesaria para una elección, y esto se repite en todos los países latinoamericanos. Un caso dramático es el de Brasil de los pueblos indígenas, donde las organizaciones que trabajan, como el Consejo misionero de la iglesia católica, indican los últimos gobiernos han tenido las peores políticas para estas poblaciones”, comentó.

No dejar otros desarrollos alternativos
Tras aclarar que no propone la erradicación de la minería. El especialista en temas extractivos, indicó que en Latinoamérica, es preocupante la tendencia de combatir cualquier iniciativa o propuesta de plan alternativo de desarrollo, desde los mismos gobiernos.

“Esto contribuye a generar la imagen de que no existen alternativas posibles al extractivismo de inserción a la globalización y quienes las proponen no son alentados por el gobierno. Para buscar otras Alternativas de desarrollo, es necesario que participen los gobiernos y las universidades, porque las organizaciones locales tienen capacidades limitadas para abordar semejantes desafíos. No es su rol”, lamentó.

Democracia y valores
Para Gudynas los gobierno no deben dejar de lado que políticas ambientales también deben discutirse en términos de justicia y de moral, ya que en Latinoamérica también se evidencia la tolerancia –desde las grandes ciudades– a ciertas formas de represión y hostigamiento que se ejercen sobre comunidades locales que cuestionan un proyecto extractivo.

“El habitante urbano señala que “son indios que impiden el desarrollo” y en la sociedad estamos tolerando expresiones de injusticia y hasta algunas violaciones a los derechos humanos como algo normal”, agregó.

Dar valor a la naturaleza
Para el investigador de CLAES es necesario avanzar un paso más, desde los derechos humanos, y comenzar a discutir cuál es el valor de la naturaleza en un debate que incorpore la categoría de los ‘derechos de la naturaleza’.

“No debemos olvidar la innovación que ha hecho la nueva constitución del Ecuador, como el reconocimiento de los valores propios de la naturaleza, lo cual cambia buena parte de los procesos de decisiones sobre evaluaciones de impacto ambiental, y como acompasar proyectos de inversión con la protección del medio ambiente”, explicó.

No obstante, lamentó que en este país se entre en contradicción y se opte por el extractivismo, debilitando la propia idea constitucional de “derechos de la naturaleza”. En este punto, Eduardo Gudynas culminó su intervención con la siguiente reflexión:

“Escuchar a los mercados es la función del ministerio de Economía y Finanzas, y no del ministro del Ambiente, quien debe ocuparse de la naturaleza , escuchar a las plantas y a los animales, algo que suena raro pero que corresponde a una nueva sensibilidad, a la que apunta el nuevo marco constitucional del Ecuador”, finalizó.

DATO:
Gudynas estuvo junto a José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y subdirector de CooperAcción, César Ipenza, jefe del programa ambiental del partido Peruanos Por el Kambio, y María Elena Foronda, congresista electa por la agrupación política Frente Amplio.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI