El rol de los entes fiscalizadores en tiempos del Covid-19.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

No cabe duda que en estos tiempos del coronavirus tanto el Estado como la sociedad civil estamos aprendiendo a enfrentar todos los desafios que nos plantea esta pandemia. No basta con emitir normas legales. Según la Defensoria del Pueblo, hasta el momento ya van más de 200 normas emitidas por el gobierno nacional, sectorial, regional y local para afrontar la propagacion del Covid – 19. También es importante estar atentos al rol que cumplen los entes supervisores, reguladores y fiscalizadores estatales, ya que tanto los funcionarios publicos, los organismos estatales, así como las empresas privadas han venido infringiendo el Estado de Emergencia.

Es importante señalar que estos entes fizcalizadores como OEFA, Osinerming, Sunafil, entre otros, están autorizados para supervizar, fiscalizar y sancionar, si el caso lo amerita, a las instituciones y empresas que infrinjan las normas y el estado de emergencia. Uno de los sectores al que hemos hecho seguimiento es el de la minería y que ha sido cuestionada por haber sido exceptuada del estado de emergencia.  Probablemente es el sector que más denuncias ha recibido, ya que ha expuesto a sus propios trabajadores y las comunidades aledañas al contagio del virus. Desde la Red Muqui hemos reportado varios casos confirmados de contagio de trabajadores en empresas mineras como Antamina y Cerro Verde, por ejemplo.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que es el organismo encargado de promover, supervisar y fiscalizar los temas laborales en el Perú, es probablemente uno de los entes que más denuncias ha recibido en las ultimas semanas, y muchas de estas del sector minero. El caso más conocido es de la empresa minera Antamina (Ancash), que ya suma dos personas con covid-19. Recientemente la Diresa confirmó que un policía que brindaba servicios de seguridad a Antamina en el campamento de Yanacancha se contagió de covid-19 por tener contacto con el primer caso reportado: el trabajador minero del mismo campamento. Como se sabe, la PNP tiene convenio privado con la empresa minera Antamina y la comisaría queda muy cerca al campamento de Yanacancha. Además de ello, en los últimos días, los trabajadores han denunciado maltrato y abuso de la empresa, ya que no solo estan confinados, sino tampoco saben si son portadores del virus. En este caso, Sunafil ha tenido que intervenir para que Antamina tome las medidas necesarias en atención a los pedidos de los trabajadores: realización de pruebas de covid-19 a todos los trabajadores y retorno a casa tras las pruebas de descarte. Sin embargo, por la gravedad de las denuncias, el caso no ha quedado ahí; la Fiscalia local ha abierto una investigación preliminar contra la empresa por los presuntos delitos de “violación de medidas sanitarias, desobediencia y resistencia a la autoridad”.

El caso de Antamina es uno más de muchos casos de trabajadores de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay (Cusco), Shougan (Ica), Southern (Tacna), incluido los trabajadores de empresas que se dedican al transporte, acopio, concentrado y exportación de minerales en los puertos del Callao (Perubar, Impala, Ferrovías), que se ha denunciado en estas semanas y, lamentablemente, a pesar de las aclaraciones del presidente Vizcarra el viernes 20 de marzo, de las acciones recientes de Sunafil, y de la denuncian de organizaciones de derechos humanos, no se han respetado las normas sanitarias y laborales en el sector minero. Urge que los entes reguladores y fiscalizadores como Sunafil cumplan un rol más proactivo y efectivo. Ya lo hemos señalado: en estos tiempos de Covid-19 nadie deberia tener corona y muchos menos el sector minero, que ponen en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y las comunidades aledañas.