Represión y criminalización de defensores/as en plena pandemia

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

El pasado miércoles 20 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó en la sesión virtual conjunta extraordinaria de las comisiones de Pueblos Andinos y de Inclusión Social del Congreso de la República. El pedido de estas reuniones por parte de los congresistas de ambas comisiones fue para que el ministro responda por los hechos ocurridos el 22 de julio en Espinar (Cusco) y en Bretaña (Loreto), entre el 8 y 9 de agosto. En ambos casos se denunció el uso de la fuerza desproporcionada por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Producto de ello, en Espinar se reportaron 5 heridos, 3 de ellos por impactos de bala; y en el caso de Requena, se registraron 3 indígenas muertos por impacto de bala y más de 17 heridos, 11 indígenas y 7 efectivos policiales.

Los reclamos en el caso de Espinar eran por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y reformulación del convenio marco; sin embargo, la empresa minera Glencore Antapaccay se negaba a hacerlo. En el caso de Bretaña, las comunidades indígenas kukamas, cercanas al Lote 95, pedían desde hace mucho tiempo a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. En ambos casos se pidió y se sigue pidiendo el cumplimiento de acuerdos de las empresas extractivas. Asimismo, se exige mayor atención y presencia del Estado, y mucho más ahora en el contexto de la pandemia por la Covid-19. Por el contrario, lo que principalmente han recibido es violencia y represión; por ello es que el ministro del interior fue citado a las mencionadas comisiones.

La respuesta del ministro Montoya, ante las comisiones del Congreso, lamentablemente es la misma que la de sus antecesores cada vez que se ha denunciado el abuso de derechos humanos en zonas de conflictividad social. El Ministerio del Interior responde que no es responsabilidad de las fuerzas policiales, que se han cumplido con los protocolos, que por el contrario los afectados son los miembros de la PNP, que la población movilizada es la responsable; inclusive niega que se hayan usado armas de fuego, que Control Interno de la PNP y Fiscalía investigara los hechos, entre otros.

Se esgrimen los mismos argumentos de siempre, por ello creemos que la política de represión y criminalización no han cambiado, existe una decena de casos de denuncias por parte de familiares de los fallecidos en los conflictos sociales, en ningún caso estas investigaciones avanzan, los muertos de los conflictos nunca tienen responsables; por el contrario, la denuncias e investigaciones contra los lideres sociales avanzan diligentemente.

Por ello, desde Red Muqui creemos que estos casos no deben quedar más en la impunidad, se deben revisar los marcos normativos que permiten estos abusos como la Ley N° 31012 (ley del gatillo fácil).  En ese sentido, saludamos y nos sumamos a la campaña iniciada por Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para denunciar los hechos sucedidos en Espinar: https://derechosinfronteras.pe/reporte-especial-n-1-2020-dhsf-cnddhh/