Entre la reactivación de conflictos socioambientales y el agotamiento de las mesas de diálogo

Durante las últimas semanas nuestro país ha enfrentado una serie de crisis: sanitaria, económica, política, agraria, entre otras; y que han sido acompañadas de movilizaciones y protestas sociales. Algunas se reactivaron ya que habían sido suspendidas debido a la cuarentena a causa de la Covid-19, pero otras han surgido como consecuencias de la crisis que actualmente enfrentamos, entre ellas los conflictos socioambientales.

Hacia noviembre del año 2019, la Defensoría del Pueblo había reportado que en el país existían 126 conflictos de tipo socioambientales, de estos 81 estaban relacionado con las actividades mineras[1]. Después de casi un año, este escenario no ha mejorado mucho, pues en su último reporte de conflicto sociales la Defensoría del Pueblo reportó que actualmente existen 125 casos de conflicto socioambientales de los cuales 77 están relacionadas a actividades mineras[2]. De ambos datos claramente se evidencia que en este año no hay una tendencia al decrecimiento de los casos. Esto puede tener como causa que los mecanismos empleados para la resolución de los conflictos no están siendo efectivos, como lo que ocurre con las mesas de diálogo.

Las mesas de diálogo son espacios que “suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis. Se trata de un espacio político donde acuden los protagonistas del mismo en busca de soluciones al problema que lo motivó. En teoría, se trataría de un espacio donde los actores se conocen, intercambian e incorporan las reivindicaciones de uno en las del otro, tratando de establecer un clima previo de confianza que facilite las ulteriores negociaciones y acuerdos”[3]. Pero más allá de los objetivos con el que lo instituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, existen críticas muy duras al incumplimiento de los acuerdos a los que se arriban, lo cual motiva nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos.

Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con la población de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), que en los últimos años vienen protestando (el más reciente iniciado el 01 de diciembre del 2020) en contra de MMG Las Bambas y su proyecto minero. Los pobladores locales denuncian que tanto la empresa como el Estado vienen incumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo.

La implementación de las mesas de diálogo ha enfrentado muchos desafíos con cada conflicto, la primera que sale a relucir claramente es que este mecanismo no se encuentra regulado. Esto puede en primer momento representar una oportunidad, pues permitiría una mayor flexibilidad de acuerdo al caso concreto, pero al mismo tiempo genera muchos vacíos al momento de la toma de decisiones o el cumplimiento de acuerdos. De la misma forma, la naturaleza de cada conflicto puede demandar la presencia de diferentes sectores en la mesa de diálogo para la búsqueda de solución a las demandas, pero una falta de articulación interinstitucional para dar una respuesta conjunta e integral es una barrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos conflictos socioambientales relacionados a la minería están presentes las materias de fiscalización ambiental, protección del territorio comunal, consulta previa, monitores de la calidad de agua y suelo, salud humana, proyectos de inversión, entre otros.

Muchas de estas demandas están estrechamente vinculas a derechos fundamentales, no solo los de naturaleza individual sino los colectivos que corresponde a los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las mesas de diálogo en contextos mineros deben constituirse en verdaderos espacios de diálogo democrático e intercultural, con pertinencia cultural, que permitan atender las demandas de las poblaciones a través de la construcción de alternativas en forma conjunta (Estado, empresa y comunidades), y sobre todo debe garantizarse el cumplimiento de los acuerdos en los plazos y términos establecidos. Solo así se podrá recobrar la confianza de la población en la buena fe de los actores involucrados y su compromiso.

Lamentablemente los hechos en los últimos años evidencian que las mesas de diálogo no siempre terminan por resolver los problemas de fondo expresados en la conflictividad social; debido a que se instalan después de la escalada del conflicto, desencadenado pérdidas de vidas y heridos, a las que se suman el incumplimiento de las actas y acuerdos que firman el gobierno y las empresas debido a los plazos y la falta de presupuesto. Finalmente, en ocasiones se percibe erróneamente que las mesas de diálogo son solo para otorgar más dinero a la gente y a las autoridades locales, cuando en realidad los pobladores solo buscan ser escuchados y respetados en su posición. Si bien el dialogo y las mesas de diálogo pueden ser una oportunidad para atender demandas justas de la gente, su incumplimiento puede ser la causa de un nuevo conflicto.

[1] Defensoría del Pueblo.  REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 189. Pág. 19 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-189-Noviembre-2019.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 199. Pág. 18 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-199-septiembre-2020.pdf

[3]  Rodrigo Arce Rojas. Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo y Gestión Territorial Sostenible. SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad/93733