Ampliación del Reinfo hasta 2026 y el debate público pendiente en el Perú sobre la formalización minera

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Muqui

El Congreso de la República aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Se trata de la quinta prórroga desde que este mecanismo fue creado en 2016 como una medida excepcional y transitoria. La decisión se adoptó en un contexto de presión política y urgencia legislativa, sin que mediara un debate de fondo sobre las causas estructurales que han impedido, hasta hoy, una formalización minera real y sostenible en el país.

La discusión pública volvió a reducirse a una pregunta limitada, si se amplía o no el Reinfo, dejando de lado el problema central: ¿por qué, después de casi una década, el proceso sigue sin funcionar? ¿Por qué, de más de 80 mil mineros inscritos en el Reinfo, apenas alrededor del 2,4 % ha logrado culminar la formalización? La respuesta no puede atribuirse únicamente a la falta de voluntad individual, sino a un diseño institucional desconectado de la realidad territorial de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

Uno de los grandes ausentes en el debate es el régimen de concesiones mineras. Solo cerca del 7 % de quienes figuran en el Reinfo es titular de una concesión; el resto depende de acuerdos con terceros, en un escenario marcado por una alta concentración de derechos mineros y profundas asimetrías de poder. Mientras esta estructura no sea revisada, ninguna ampliación de plazos, por sí sola, permitirá avanzar hacia la formalización.

Tampoco se ha abordado la heterogeneidad de la MAPE. El discurso público continúa tratándola como un bloque homogéneo, cuando en realidad conviven realidades muy distintas: una minería artesanal que busca formalizarse y operar en territorios comunales; una informalidad crónica, reproducida por el abandono estatal y la falta de alternativas económicas; y una minería ilegal organizada, vinculada a economías criminales. Sin políticas diferenciadas, el sistema termina castigando a quienes intentan cumplir y dejando espacio para la captura del proceso por actores ilegales.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en la necesidad de exigir instrumentos de gestión ambiental, como el IGAFOM (siglas del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera), y condiciones de formalidad laboral. Sin embargo, estas exigencias no pueden sostenerse sin un fortalecimiento real de la institucionalidad pública, con recursos suficientes, capacidades técnicas y una hoja de ruta clara que acompañe a los mineros durante el proceso. Hoy, ese acompañamiento simplemente no existe.

Otro vacío crítico es la ausencia de un ordenamiento territorial participativo y vinculante, que establezca con claridad dónde sí y dónde no puede desarrollarse actividad minera, priorizando la protección de fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Sin esta base, la fiscalización ambiental llega tarde y los impactos sobre ríos, suelos, salud humana y territorios se acumulan, alimentando la conflictividad social.

No se desconoce que la ampliación del Reinfo puede evitar una crisis inmediata para miles de familias que dependen de la MAPE. Sin embargo, ello no puede seguir siendo la única respuesta del Estado. Sin una reforma integral que incluya cambios al régimen de concesiones, una Ley MAPE coherente con la Ley General de Minería (que también requiere ser modificada), ordenamiento territorial, control efectivo de las plantas de procesamiento y trazabilidad real de la cadena del oro y otros minerales, esta nueva prórroga corre el riesgo de convertirse en otra oportunidad perdida.

El debate de fondo que el país necesita no es si el Reinfo se amplía un año más, sino qué modelo de formalización minera se quiere construir y en función de qué proyecto de país. Uno que proteja a las poblaciones y los ecosistemas, garantice trabajo digno y seguro, y rompa con un ciclo de abandono estatal que ha precarizado territorios y reducido las alternativas económicas a una sola actividad extractiva. Sin ese debate, la formalización seguirá siendo una promesa incumplida.

Foto: Caretas y Congreso de la República