Ante el reciente anuncio del Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich de otorgar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake, manifestamos:

Primero:  Ante la afirmación dudosa del titular del MINEM “parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”, exigimos que se informe con transparencia y objetividad si el litio y uranio en el yacimiento correspondiente no están asociados. Mientras no haya claridad, si el litio es un mineral independiente del uranio no es posible dar viabilidad a la exploración del primero de ellos que pretende otorgar el gobierno de Dina Boluarte a la empresa Macusani Yellowcake, propiedad del consorcio canadiense American Lithium. En el caso de uranio se trata de un mineral radiactivo, que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población que depende del agua de las cuencas Urubamba, Azángaro e Inambari; donde se encuentran los proyectos mineros Falchani (litio) y Macusani (uranio).

Segundo: Según el Ministerio de Salud, el 58 por ciento de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por CENSOPAS en las cuencas Coata y Llallimayo entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. Además de las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, nueve se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mineras formales, informales e ilegales.

Tercero: De acuerdo al análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros contenido en la R.M. N.º 200-2021-MINEM/DM46, se infiere que la región de Puno tiene 916 Pasivos Ambientales Mineros. Por otra parte, Puno registra los mayores niveles de prevalencia de anemia con un 70.4 por ciento en menores de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.

Cuarto: De otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya – Puno no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio en Puno para que pasen a la fase de exploración y su posible explotación.

Quinto: Los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, las concesiones mineras de Macusani Yellowcake se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo y considerado como termómetro que mide el calentamiento global del cambio climático. Si el MINEM autoriza la exploración de litio estarían en riesgo los paisajes naturales y culturales de la zona.

Finalmente, la población aimara, quechua y urus de Puno recientemente han rechazado las actividades extractivas tradicionales que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exigen que antes de explotar el litio se debería discutir su proceso de industrialización de forma responsable en la región de Puno, respetando los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.

Puno, 13 de abril del 2023.

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NOTA DE PRENSA: AFECTADOS POR METALES DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA EN ZONAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES E HIDROCARBUROS

En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.

«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.

A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para  cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.

«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»

Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.

Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.

«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado?  Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.

Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.

Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.

«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.

Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »

Inusual presencia policial

Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.

11 de abril del año 2023

Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental del area socioambiental de Red Muqui

 

Recientemente Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, manifestó en una entrevista que previosacuerdos alcanzados el 27 de marzo durante una masiva reunión entre comunidades aimaras y quechuas en el distrito de Ilave, Puno, no se respetarán. En sus palabras: “Por qué ellos [aimaras y quechuas] hayan acordado algo, no tenemos que respetarlo. Entonces que gobiernen ellos el país. (…) Si ellos acuerdan que el beneficio sea para los 110 distritos, como quieran llamarlo, tiene que haber una ley. (…)”[1].

Puno zona de resistencia

Desde diciembre de 2022, pobladores aimaras y quechuas de Puno mantienen movilizaciones en contra del régimen de Boluarte,  situación que podrían extender durante todo el 2023[2], según el último anuncio de dirigentes sobre el tema.

Estas acciones se intensificaron luego del trágico saldo de las movilizaciones en contra del régimen de Boluarte, que cobró la vida de 17 civiles, quienes fueron asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero en la provincia de San Román[3]. A ello se suman otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial y que fallecieron en los días siguientes[4]. La estela de víctimas mortales de la represión continuó en las provincias de El Collao y Carabaya,  con siete[5][6] y dos[7] muertos respectivamente. No es casual que esta última provincia sea a la vez la zona donde se ubican los proyectos de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake.

En el marco de las movilizaciones y los acuerdos regionales para mantener las acciones de protesta, alrededor de 3,000 pobladores aimaras y quechuas se reunieron en el distrito de Ilave, zona aimara, donde acordaron ejercer su derecho por la soberanía del litio, para beneficiar a los 110 distritos de Puno, amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), continuar con las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte y rechazar a las autoridades designadas por su gobierno, a las que calificaron de ilegítimas y a las que acusaron de traición al pueblo[8].

Apegados a la ley

Específicamente el acuerdo sobre el litio generó reacciones adversas por parte del gerente Solís, quien expresó que “la ley señala áreas de influencia para proyectos mineros, esto debe respetarse, como el yacimiento se encontró en suelos quechuas, los aimaras no deben involucrarse, así como si el mineral se hubiera encontrado en suelo aimara, los quechuas no tendrían que involucrarse. Ese es el destino del país”[9].

Sin embargo, Macusani Yellowcake fue sancionada por el OEFA por realizar actividades mineras en sus concesiones sin contar previamente con la debida certificación ambiental por parte de la autoridad competente[10]. De hecho durante el 2020 el OEFA sancionó administrativamente a la empresa con multas equivalentes a 2.301.962 soles por:realizar actividades de exploración del uranio y litio sin acreditar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); por no acreditar la inexistencia de restos arqueológicos; por no contar con la autorización de uso de agua emitida por el ANA; por no cumplir las medidas preventivas dispuestas por el OEFA y finalmente por no paralizar sus actividades de perforación de diamantina, entre otros[11].

Asimismo, Macusani Yellowcake mantiene concesiones sobre el glaciar tropical Quelccaya, sin hacer públicos sus planes y sin aclarar si la intervención de este masivo bloque de hielo afectaría la disponibilidad del agua y la integridad del glaciar, información relevante en medio de la crisis climática que atraviesa el país.

 

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

También debemos señalar que existen concesiones que se superponen sobre un área aproximada de 36 mil 978 hectáreas correspondientes al Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres de Corani-Macusani[12].

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

 

Solo litio ¿y el uranio?

Si bien las discusiones mediáticas giran en torno al litio, no se debe olvidar que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) manifestó su preocupación debido a que la explotación del litio podría ser compleja por la presencia de uranio, un mineral altamente radiactivo. Este hecho fue confirmado por Solís, quien reconoció que en la zona donde se encontró el litio, existe uranio en la superficie, concluyendo que “en todas las concesiones de litio hay uranio” [13].

Inclusive el Congreso de la República busca separar la discusión entre el litio y uranio, así lo hicieron con la Ley N.º 31283, a través de la cual se declaró de necesidad pública e interés nacional la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados, sin mencionar el uranio[14].

Sin respuestas desde Canadá

Macusani Yellowcake, antes conocida como Global Gold, dueña de las concesiones mineras que involucran a los proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio) es propiedad en un 99.5% de Plateau Energy, que en mayo de 2021 fue adquirida al 100% por American Lithium, empresa con sede en Canadá, siendo esta última la actual propietaria de los proyectos Falchani y Macusani en Puno. Sin embargo, no se registran pronunciamientos públicos que hayan sido emitidos desde la sede de la empresa respecto de la problemática mencionada.

Nuevas formas de realizar minería en el Perú

Por lo anterior, según numerosos analistas urge escuchar a la población de los territorios afectados, en este caso el sur andino, desde donde se propone que la explotación e industrialización del litio sea estratégica y beneficie a las poblaciones quechuas y aimaras por igual. Una propuesta que contraviene la visión actual meramente enfocada en lo legal y de aprovechamiento económico, que propone solo beneficios para las áreas de influencia directa e indirecta. Este nuevo modelo que se erige desde los pueblos, cuestiona una vez más la centralización de las decisiones en el Perú, las normativas vigentes y hasta la propia Constitución, buscando incrementar el rol, participación y responsabilidad colectiva de los pueblos aimaras y quechuas sobre un mineral estratégico ubicado en su territorio.

 

 

[1] https://larepublica.pe/economia/2023/03/30/puno-las-reservas-millonarias-de-litio-y-la-demanda-de-los-aimaras-carabaya-lrsd-1403340

[2] https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/23/puno-aimaras-de-plateria-acuerdan-no-desistir-de-huelga-por-renuncia-de-dina-boluarte-lrsd-1633322

[3] https://www.hildebrandtensustrece.com/ Año 13, N° 623, viernes 17 de febrero de 2023.

[4] https://rpp.pe/peru/puno/se-eleva-a-20-la-cantidad-de-fallecidos-durante-las-protestas-en-juliaca-noticia-1459746

[5] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[6] https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/03/07/ejercito-peruano-puno-orden-militar-llevo-a-la-muerte-a-6-soldados-en-el-rio-ilave-fuerzas-armadas-paro-en-puno-soldados-fallecidos-puno-122234

[7] https://elbuho.pe/2023/01/macusani-puno-muere-una-mujer-en-enfrentamiento-con-la-policia/

[8] https://muqui.org/noticias/puno-pobladores-acuerdan-no-explotar-litio-si-no-se-industrializa-primero/

[9] https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/23/puno-aimaras-de-plateria-acuerdan-no-desistir-de-huelga-por-renuncia-de-dina-boluarte-lrsd-1633322

[10] Informe N° 183- 2018/MEM-DGAAM-DEAM-DGAM

[11] Resolución N° 013-2020-OEFA/TFA-SE y Resolución N° 90-2020-OEFA/TFA-SE

[12] informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

[13] Idem

[14] Idem

Las Asociaciones Civiles; “Plataforma Inundación Nunca Más-Piura”, “Vigilia Ciudadana” y “Piuranos por Piura”, el Colegio Médico del Perú- Filial Piura, las ONG’s Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social-PROGRESO y Red Agua y Desarrollo-REDAD, Juntas Vecinales Comunales y Asociaciones Vecinales; EXIGIMOS al Gobierno del Perú, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Piura y Municipalidad Provincial de Piura el cumplimiento INMEDIATO de las siguientes demandas para mitigar el inminente desastre declarado por el Gobierno Nacional ante la ocurrencia de un evento EL NIÑO de magnitud similar al de 1997-98 a partir de octubre-noviembre del presente 2023.

1) Ejecutar las obras de salida al mar del río Piura.

2) Ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas.

3) Reforzamiento de las defensas ribereñas en: Tambogrande, Castilla, Catacaos, Cura morí.

4) Restablecimiento de la transitabilidad de vías y canales de drenaje urbanos y rurales.

5) Garantizar la provisión eficiente de los servicios de agua-desagüe mediante la habilitación de recursos a EPS GRAU y supervisión de las condiciones de ENOSA para proveer energía eléctrica durante la crisis.

6) Inicio inmediato al proceso de las construcciones de las primeras presas de laminación: Río seco y Yapatera para el control del caudal del río Piura.

7) Vigilar el obligatorio cumplimiento del control del reservorio San Lorenzo.

Los dos primeros puntos tienen estudios listos para ser ejecutados. El asunto de la EPS GRAU se trata de rescatar a esta empresa que da servicio vital, y que es el mismo Estado quien le ha asignado esa responsabilidad. Las presas de laminación ya deberían estar construyéndose desde diciembre 2022 según el Plan presentado por la ARCC a fines del año pasado. Y la JUSAL tiene que cumplir con la normativa de manejo de ese tipo de infraestructura, que es de regulación.

Desde los eventos EL NIÑO 1973, 1982-83 y el último 1997-98, las zonas urbanas, rurales, áreas productivas e infraestructura de Piura han sido severamente destruidas sin que se hayan hecho hasta el momento obras de impacto de prevención, que son la prioridad. En el verano de 2017, con menos de la mitad de lluvias que en 1998, que empezaron a inicios de febrero, bastó para inundar a Piura y al Bajo Piura. Hoy con lluvias que han empezado en marzo, otro desastre amenaza. Es decir, CADA VEZ MAS VULNERABLES.

Estas evidencias nos muestran a un Estado, con 50 años construyendo desastres y provocando el retraso de nuestra región

Consideramos INACEPTABLES las declaraciones públicas de autoridades del Gobierno actual de que “YA NO HAY NADA QUE HACER” y solo se atinará a distribuir motobombas, insumos, materiales y medicamentos de emergencia.

Bajo la condición de EMERGENCIA NIVEL 5, el Estado tiene el deber de movilizar todos los recursos financieros y logísticos necesarios para que se cumplan las exigencias prioritarias arriba señaladas que son parte el Plan Maestro de soluciones integrales de manejo del Río Piura que es lo único que nos salvará de nuevas inundaciones.

Piura, 08 de abril 2023


 

La investigación preliminar del caso de Manuel Quilla, aymara fallecido por derrame cerebral el viernes 31 de marzo en la comunidad de Chuquiaguillo, perteneciente a la provincia de Huancané, Puno, pasará de la Fiscalía provincial de Huancané a Fiscalía en Lima, a cargo del reciente conformado «Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales» a cargo de Marena Mendoza, de acuerdo a la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 790-2023-MP-fn emitida el 31 de marzo, que señala que todos los casos de las personas fallecidas en el marco de las protestas desde  diciembre del 2022 a marzo del 2023 tendrán que ser asumidos en materia de investigación por fiscales especializados en derechos humanos.

Esta información fue brindada por el fiscal provincial René Alfaro Caira a los familiares de Manuel Quilla, debido a que los hechos que habrían generado la causa de la muerte de Manuel se dieron en Lima en el marco de las protestas. Este encuentro del fiscal con la familia se dio en el marco de la diligencia que se desarrolló en la comisaría del distrito de Huancané el miércoles 4 de abril en la mañana, en que Irma Mariela Cayo, conviviente de Manuel, fue a dar su testimonio respecto a las causas del fallecimiento de su esposo. Su abogado Pablo Abdo y el hermano de Manuel Quilla, Fernando Quilla, la acompañaron.

Como es de conocimiento público en las redes de Juliaca, la pareja conviviente de Manuel Quilla ha estado denunciando desde que llegó de Lima a Juliaca con Manuel Quilla en la semana del 20 de marzo, que su pareja había sido torturada en Lima por la policía tras haber viajado con la delegación de Juliaca para protestar contra la dictadura cívico militar de Dina Boluarte. En ese entonces narró que producto de la tortura sufrida en una de las comisarías de Petit Thouars o San Andrés, donde ella acudió el viernes 17 de marzo, su esposo había quedado malherido e inconsciente. Mariela Cayo narró a Red Muqui que los familiares de Manuel en Lima le llamaron el 15 de marzo en la noche porque acababan de ver a su pareja inconsciente y siendo arrastrada por la policía que lo sacaba de la comisaría de Petit Thouars para ingresarlo a una camioneta policial. Los familiares de la persona torturada se encontraban caminando por allí coincidentemente.

Manuel Quilla fue con la delegación de Juliaca a Lima el viernes 10 de marzo y participó de las protestas el martes 14 de marzo en el campo de marte, donde fue reprimido. Su pareja se pudo comunicar con él ese día y Manuel le señaló que logró escapar de la represión pero que lo habían golpeado y pateado. No conversaron más, hasta el día siguiente que los compañeros de Manuel Quilla contestaron su teléfono y le informaron que su pareja se había ido descalzo del alojamiento durante la mañana, diciendo incoherencias, como si tuviera una crisis nerviosa. No reconocía lo que le decían sus compañeros.

Además de otras heridas en su cuerpo y algunas palabras que expresaba Manuel en referencia a la tortura policial como: electrochock, agua, que los policías eran malos, etc, Irma Cayo encontró a Manuel con heridas en las muñecas producto de la presión de los grilletes (esposas), que es el elemento central para señalar que la policía torturó a Manuel, como señala el abogado de la familia, Pablo Abdo.»Una cosa es colocar las esposas de acuerdo al reglamento, y otra cosa es colocar las esposas de manera muy ajustada como método de tortura», precisa el abogado.

 

 

Durante estos días, también se conoció que la policía y serenazgo en Lima habrían intervenido a Manuel Quilla en la tarde del 15 de marzo, porque supuestamente habría querido raptar a un niño de 1 año, de acuerdo a la denuncia de una venezolana que señala que una persona descalza entró al taller donde trabaja para agarrar a su hijo entre sus brazos para llevárselo. Producto de este supuesto hecho, la policía llevó a Manuel a la comisaría de Petit Thouars. Cabe señalar que hasta ahora la policía no ha hecho público las pruebas de la detención en el marco de la intervención a Manuel Quilla junto a serenazgo.

Para el abogado Pablo Abdo y los familiares de Manuel Quilla, la detención producto de este supuesto hecho no justifica que Manuel luego haya sido torturado en la comisaría.

Desde que Manuel Quilla llegó a Juliaca traído por su pareja y sus familiares el 20 de marzo, lo llevaron directamente a la Clínica Americana de Juliaca, pero allí no sacaban resonancias magnéticas y solo le recetaron Neurovial y Clonacepan. Luego Irma Cayo llevó a Manuel a la clínica Rezo Sur, pero le dijeron que no podían sacarle una resonancia magnética debido a su estado físico de salud. Manuel tenía que estar estable 40 minutos para la prueba. Posteriormente Irma Cayo lo llevó a la casa de su madre y el 23 de marzo a su casa en la comunidad de Chuquiaguillo en Huancané. Hasta el día de su muerte en su casa, estuvo siendo atendido por su pareja y sus hermanos.

El informe de necropsia

Cuando Manuel Quilla fue llevado muerto de la morgue de Huancané a Essalud de Juliaca por disposición del fiscal, para que el médico legista pueda hacer el informe de necropsia, debido a que en Huancané no se apersonó el médico legista de la provincia; el médico Paul Mamani les dijo a los familiares al día siguiente cuando estaba haciendo la necropsia que Manuel había fallecido producto de un derrame cerebral. Señaló que tenía coágulos en la cabeza y una fisura interna en el cráneo, aunque externamente no se veía alguna herida en la cabeza. Además era visible el líquido encefálico que había salido por su oído y se habían formado costras debido a que ya había pasado más de 24 horas del fallecimiento.

Además, los familiares le mostraron una placa de una tomografía que le tomaron a Manuel en Lima días después de ser torturado en la comisaría. Al verla, el médico legista les dijo que ahí se observaba algo extraño, como una fisura interna en el cerebro y que quería el informe técnico del tomógrafo para poder completar su informe de necropsia. Se espera que la próxima semana el médico legista emita el informe de necropsia.

Además, el médico legista informó que solicitaría muestras de patología de Manuel que se realizarían en Lima. El resultado de estas muestras demoran de 6 meses a más.

Por su parte, la defensa legal señaló que solicitarán un perito de parte, particular, para que también emita un informe sobre las causas del fallecimiento de Manuel Quilla.

Durante la diligencia realizada en la comisaría de Huancané en que el fiscal provincial entrevistó a la pareja de Manuel Quilla, el abogado defensor Pablo Abdo también pudo realizar algunas preguntas para que el testimonio de Irma Cayo pueda dar mayores luces sobre las causas del fallecimiento del padre de sus hijos.

Pablo Abdo: ¿Cuándo su pareja estaba ya en casa y balbuseaba sobre «electroshock y agua», hizo referencia a ahogamiento?

Irma Cayo: Que, si, hizo referencia y decía “agua, agua ahogamiento” y decía “ahora van a ver justicia mis hermanos sufren”

Solidaridad con familia de Manuel Quilla

La pareja de Manuel Quilla, Irma Cayo, ahora se quedará a cargo de sus dos hijos y será el único sustento económico para ellos. En la imagen se ve al hermano de Manuel Quilla, a Irma y su hijito. Manuel se dedicaba a desarrollar diversos tipos de trabajo, «mil oficios», y su pareja se dedicaba al cuidado de sus hijos.

 

Para quienes deseen ayudar económicamente a la familia de Manuel Quilla, la cuenta BCP de su pareja Irma Cayo es: 40577791620081

El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

El pasado 27 de marzo, en presencia de 3,000 aimaras y quechuas reunidos en Ilave, Puno, el consejo de autoridades originarias quechuas y aimaras acordó, por unanimidad, continuar con la defensa de la soberanía del territorio puneño. Para tal fin se hizo énfasis en tres acuerdos claves: continuar apoyando y participando de las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte; ejercer su derecho por la soberanía del litio amparados en el convenio 169 de la OIT; y rechazar a las autoridades designadas por el gobierno de Dina Boluarte, calificado de ilegitimo y acusado de traición al pueblo.

Este acuerdo fue tomado a partir de un debate previo que se desarrolló durante la ceremonia de inicio de clases de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y en presencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este espacio se resaltó la importancia de industrializar el litio, y que este mineral beneficie a las trece provincias de Puno y sus 110 distritos. A partir de estas declaraciones, las autoridades quechuas y aimaras acordaron secundar la industrialización del litio, en palabras de un dirigente aimara: “No permitiremos que el litio salga del altiplano sin industrialización, ejerceremos nuestro legítimo derecho sobre la soberanía del litio para los pueblos aimaras, quechuas y amazónicos. El litio no será dispuesto a libre albedrío como creen en Lima”. Además, se cuestionó la emisión de concesiones mineras para la explotación del litio, acusando al gobierno de no realizar la Consulta Previa para su emisión, por lo que acordaron rechazar las concesiones mineras y no autorizar la explotación del litio por extranjeros.

Es importante resaltar que, desde el 2017 – año en que se descubrieron las reservas de litio que podrían incorporar al Perú en el triángulo del litio -, el departamento de Puno se encuentra inmerso en la discusión global sobre minerales de transición y energías verdes por la presencia de litio y uranio en su territorio. Sin embargo, tal cual lo mencionaron especialistas durante la presentación del estudio “El rostro del litio y uranio en Puno, la cultura, la salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo”, el gobierno peruano se apresuró a promover la explotación de litio, sin contemplar su industrialización, riesgos para la salud, comunidades, patrimonio cultural y su relación con el uranio, siendo este último el que podría exponer a la radioactividad a miles de personas.

Luego de este acuerdo regional, se espera el pronunciamiento de las comunidades del distrito de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, zonas donde se encuentran el litio y uranio.

A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

Del 22 al 24 de marzo se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, en el cual participaron representantes de diez departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima y Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua.

Durante las acciones desplegadas resalta la visita a la Comunidad Campesina de Santa Fe, donde se apreció la belleza de la laguna Guitarrachayuq ubicada a 4,400 msnm, solo a diez minutos de la comunidad mencionada. La vista de las aguas cristalinas de la laguna se mezclan con los nevados imponentes y un cielo engreídamente despejado.

 

 

A simple vista, el paisaje imponente parece eterno. Sin embargo, esta laguna y otras más de la zona, inclusive nevados y hasta la propia Comunidad Campesina de Santa Fe están en peligro porque se encuentran sobre subsuelo concesionados para la actividad minera, así lo comprobamos a partir de fuentes oficiales.

 

 

Por lo anterior, el rol de los vigilantes y monitores ambientales, para cuidar el agua y las bellezas paisajísticas, es más necesario que nunca, pues los resultados de su labor podrían alertar no solo de amenazas al recurso natural, sino también  podrían alarmar de artilugios legales y administrativos que se estarían moviendo entre sombras para promover un extractivismo feroz, violento y expropiatorio.

Durante los días del encuentro, aguas abajo del Guitarrachayuq, delegaciones de los diez departamentos conformaron grupos de monitoreo para intercambiar experiencias de vigilancia y monitoreo ambiental, y a la vez analizar la calidad del agua en los ríos Supaymayu y Apacheta, mediante los métodos de macroinvertebrados, bacteriológico y fisicoquímico; concluyendo tal cual lo manifiesta un hermano de Puno “estos ríos aún están vivos, debemos cuidarlos y proteger sus nacientes en las montañas”, los resultados de los monitoreos mostrarían que la calidad del agua en ambos ríos son buenas. Sin embargo, si no se establecen medidas y acciones para protegerlas, el medio ambiente y la salud de las personas estarán en peligro.

 

 

Posteriormente, representantes de los diez departamentos iniciaron una sesión de reflexión para construir procesos colectivos de cara a su reconocimiento, involucrando para su análisis temas referidos a un proceso constituyente, adelanto de elecciones y otra gama de expresiones que se encuentran en la declaratoria del evento.

Reunidos en Ayacucho, los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, en el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, representantes de 10 regiones: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua, frente a la actual crisis política y social que vive nuestro país, y luego de atravesar dos años de la crisis sanitaria de la pandemia, expresamos:

Reconocemos que vivimos en un estado de desgobierno en el país. No nos sentimos representados por la señora Boluarte en la Presidencia de la República, quien traicionó al pueblo, y se mantiene en el gobierno por el apoyo de las fuerzas armadas, el aval del Congreso de la República y el Poder Judicial. El pueblo votó por un cambio en las últimas elecciones generales, pero el actual gobierno no representa el cambio que elegimos.

Ni el actual gobierno central ni el Congreso de la República tienen legitimidad, solo el 6% de la población aprueba al actual congreso, y el 15 % a Boluarte. No han sido capaces de escuchar, comprender y atender las necesidades reales del Perú multicultural. Al contrario, hemos sido discriminados, sufrimos el racismo, somos estigmatizados como “terroristas” por el sólo hecho de aplicar el derecho de la legítima protesta social para buscar una mayor participación política en la toma de decisiones como país.

Ello se evidencia en las lamentables 66 personas fallecidas, 49 de ellas hermanas y hermanos peruanos asesinados por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF) disparados al cuerpo, sin ningún respeto por la vida humana. Un gobierno es elegido para mejorar las condiciones de vida de las y los peruanos, no para ser violento y “matar al pueblo” para mantener los privilegios de algunas y algunos, con el apoyo evidente de gran parte de los medios de comunicación.

No nos sentimos libres en un país donde el gobierno decide en contra de nosotros y nosotras, entregando concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta previa. Además, no actúa frente a las 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, ni hace nada frente a la contaminación de los ríos por actividades extractivas, en particular mineras. En cambio, sigue militarizando el país y dictando estados de emergencia, especialmente en zonas mineras.

Frente a la difícil realidad que nos toca vivir en este momento de la historia, en Ayacucho, tierra en la que se definió la independencia de nuestro Perú, acordamos:

  • Respaldar la lucha de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional, y especialmente en el sur andino, asumimos como nuestra su agenda: la renuncia de Boluarte a la Presidencia de la República, una nueva mesa directiva en el Congreso de la República, la convocatoria urgente a nuevas elecciones generales, y el inicio de un proceso constituyente con participación activa de los pueblos originarios y organizaciones sociales a nivel nacional, sin discriminación, estigmatización, criminalización y judicialización.
  • Reafirmar nuestro compromiso, como parte de nuestra identidad cultural, como vigilantes y monitores ambientales en el cuidado, protección y defensa de nuestros territorios y en especial del agua, el ambiente y la vida, porque “uno cuida lo que conoce, si no lo conoce no le da importancia”. Asumimos este rol ante un gobierno que administra un Estado ausente, cuyas instituciones están deslegitimadas y actúan en silencio o favoreciendo a las empresas y sus intereses, pero nunca al pueblo y sus derechos, que debe ser su prioridad.
  • Fortalecer nuestra organización y articulaciones como vigilantes y monitores ambientales, construyendo agendas desde las Organizaciones Sociales de Base, para exigir, con los resultados de nuestra labor, los cambios que necesitamos en el país y sus instituciones.
  • Exigir, como vigilantes y monitores ambientales, el reconocimiento de nuestras organizaciones y su rol, a nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por lo anterior, resulta imperante la aprobación del proyecto de ley que busca el reconocimiento de nuestras organizaciones y resultados del monitoreo y vigilancia ambiental, a fin de que estos sean incorporados como alerta temprana en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
  • Exigir a los gobiernos regionales, locales y las instancias competentes del gobierno nacional, la priorización de las problemáticas ambientales en sus agendas, y considerar apoyo en la formación e implementación de los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Apoyar las iniciativas que en el Perú y a nivel internacional buscan establecer normativas vinculantes que exijan a las empresas y a los estados de origen de las empresas el cumplimiento del principio de la debida diligencia, que implica cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos en sus operaciones más allá de las normativas laxas que existen en países como el Perú para favorecer las inversiones.

El Perú es un país de todas las sangres, que nos exige caminar juntos, renunciando a privilegios que nos permitan buscar el bien común, el “sumaj kawsay”, el buen vivir, incluyendo a nuestra Pachamama. Las y los vigilantes y monitores ambientales seguiremos caminando con dicho objetivo.

 

Ayacucho, 24 de marzo del 2023

  • Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – Cusco
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Marcapomacocha – Junín
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Chuschi – Ayacucho
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Carata, Coata – Puno
  • Presidente de la Junta de Regantes de Bambamarca – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Tupicocna – Chosica
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Viso
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de San Bartolomé
  • Vigilantes y monitores ambientales de Santiago de Chuco – La Libertad
  • Vigilantes y monitores ambientales de Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Encañada – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Apurímac
  • Vigilante y monitor ambiental de Cotabamba – Apurímac
  • Vigilantes y monitores ambientales de Moquegua
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Huamachuco
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Cajabamba y Valle Condebamba
  • Coordinadora Interregional de vigilantes y monitores ambientales de La Libertad – Cajamarca
  • Red Muqui
  • CEDAP – Ayacucho
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • AMAS – La Libertad
  • CooperAcción
  • DHUMA – Puno
  • DHSF – Cusco
  • Grufides – Cajamarca
  • PASSDIH – Junín
  • Centro Labor – Pasco