Una reciente sentencia del Poder Judicial que respalda el derecho a la consulta previa en el proceso legislativo está provocando una serie de reacciones por parte de organizaciones sociales y del mismo Congreso. Así la representante, Ruth Luque, ha informado que en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, ha solicitado que se priorice el debate sobre el procedimiento para que el Congreso cumpla con la consulta previa antes de aprobar leyes que les afecten directamente.

Con ello la parlamentaria busca que el cuerpo legislativo implemente la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima a fines de enero pasado, que exige al Congreso de la República el cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, acuerdo suscrito por Perú, del que se desprende el derecho a la consulta previa; y con ello, que implemente el derecho a “la consulta previa de leyes que impactan en los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha sentencia fue notificada el último 26 de enero a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y a la Confederación Nacional Agraria (CNA), que impulsaron la acción legal que le dio origen.
El dictamen judicial establece que el Parlamento debe debatir con carácter de urgencia en el próximo Pleno ordinario o extraordinario el Proyecto Ley Nº 005-2016/CR, que modifica el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre medidas legislativas que les afecten.

El abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco ha valorado la sentencia del Poder Judicial. Si bien opina que es improbable que las fuerzas políticas en el Congreso adecúen el reglamento interno,” ya que se han instalado grupos que responden más bien a mafias con intereses particulares y no representan los intereses generales de la población. No obstante, a futuro bastará esta sentencia para que pueblos cuyo derecho a la consulta sean vulnerados por futuras leyes presenten un recurso de amparo. Lo lógico y deseable sería un cambio del reglamento de funcionamiento legislativo, pero no es indispensable”, sentenció el jurista.

En cuanto a las posibilidades de que esta sentencia tenga que ser implementada por parte del Congreso el abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, manifestó que el Congreso tiene la responsabilidad de hacerlo, negarse a ello sería negarse a una resolución del poder judicial y con eso seguiría quebrando el orden constitucional. Y añade que los parlamentarios no solo tienen que adecuar el reglamento interno para que las leyes respeten la consulta previa en asuntos que afecten a pueblos indígenas, sino que se debe extender a los actos administrativos, cuando se otorga una concesión minera, “no hay consulta previa, peor aún no hay participación ciudadana, ni transparencia hacia los pueblos que son afectados”.

La empresa Southern Perú se empecina en iniciar el proyecto Tía María a pesar de no tener licencia social desde hace más de 10 años. Ha desplegado acciones en los territorios y en medios de comunicación para reforzar la narrativa de que la minería traerá desarrollo.

Entre las situaciones generadas por la empresa minera en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en Arequipa, zona de influencia del proyecto, se encuentran las convocatorias de trabajo para mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los trabajadores contratados no serían de la zona de Cocachacra sino foráneos, según declaró la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín, ya que la población se dedica a la agricultura, principal fuente económica.

El persistente rechazo popular a la minería se refleja en la consigna “Agro sí, mina no”, tal como se decidió en el año 2009 mediante una consulta vecinal debido a la importancia de la agricultura en el territorio. El Valle del Tambo, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur cuya distribución principal es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

La preocupación que también se cierne sobre Tía María es el uso del agua. “Yo me preguntó de dónde va a sacar agua (Southern Perú) para el proyecto”, manifestó Marroquín. Precisamente, la Red Muqui ha advertido que Tía María es inviable social y ambientalmente (plasmado en las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental).

Como respuesta a la minera, los agricultores se han autoconvocado a una asamblea popular programada para este fin de semana. Durante los años de resistencia al proyecto, líderes sociales han sido criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente. A la lista se suman al menos siete civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos por la represión.

Alianza con el régimen

Medios de comunicación de trascendencia nacional informaron de la reunión que sostuvo el Gobierno con gremios empresariales del país el pasado 31 de enero, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La única agenda que abordaron fue la reactivación económica, la cual se ha convertido ahora en un pretexto para imponer nuevamente proyectos que no tienen licencia social. Esta situación lo único que generará es la reactivación de conflictos sociales. Tía María es un ejemplo de lo que puede ocurrir a corto plazo.

Así también, la semana pasada, el viceministro de Minas, Henry Luna, expresó su deseo de reunirse, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas, con los máximos ejecutivos de las empresas que tienen grandes proyectos de construcción de minas. Con Southern Perú ya cumplió este deseo.

Cada vez son más los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que han sido incluidos por el Ministerio Público en las investigaciones para identificar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos registradas en las protestas sociales a fines de 2022 y a inicios de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.

LIMA

Se trata de dos oficiales en su condición de jefes operativos de la Región Policial de Lima y de otros cuatro policías. El primer grupo fue identificado como el mayor PNP José Luis Solari Chilcc y el capitán PNP Erick Torres Mostacero, quienes fueron incluidos por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas de las Protestas como presuntos autores de los delitos de lesiones graves, lesiones culposas y abuso de autoridad. Para ello se ha utilizado la figura penal de la comisión por omisión.

El artículo 13° del Código Penal sobre omisión impropia señala lo siguiente: “El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. 1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo”. Si bien estos oficiales no han sido los autores materiales del delito, sí podrían tener responsabilidad penal al tener un cargo de poder dentro de la estructura de mando de la PNP.

Sobre este tema, el abogado de un grupo de agraviados de las protestas y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), David Velazco, explicó que la aplicación de la figura de comisión por omisión “es de vital importancia, puesto que los jefes policiales quieren salvar responsabilidad señalando que ellos no han estado en el lugar de los hechos investigados, sin embargo, eran funcionarios que tenían un deber de cuidado y un rol de garante”.

Velazco también precisó que esta figura podría ser utilizada por los fiscales que vienen investigando las graves vulneraciones de derechos humanos en otras regiones donde se han asesinado a manifestantes y transeúntes. “Se trata de identificar responsabilidades en el comando operativo, desde las personas que dispararon las armas hasta los mandos policiales que tenían a cargo el control del operativo policial, tenían un deber de garante y no hicieron nada por impedir que se vulneren derechos”.

Con respecto a los otros cuatro agentes policiales también investigados, de acuerdo a la tesis del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas de las Protestas, Román Vílchez Guevara, Roberto Urbina Novoa, Reddy Atoche Sandoval y Robert Cruz Silva habrían cometido los delitos de lesiones graves, abuso de autoridad y otros en contra de varios ciudadanos. A uno de ellos le causó una grave fractura en la parte superior derecha de la cara y le generó la pérdida del globo ocular a causa del impacto de una bomba lacrimógena, mientras que, otra persona resultó con una fractura en el hueso húmero debido a la salvaje golpiza que recibió por parte de un grupo de policías.

PUNO

En relación con el asesinato de los jóvenes Sonia Aguilar (35 años, madre de dos hijos) y Salomón Valenzuela (30 años, padre de cuatro menores) impactados por proyectiles a larga distancia, hasta ahora la fiscal Nancy Chávez ha identificado al teniente PNP Luisín Roque Zubizarreta como responsable de la muerte de Sonia. No obstante, en la carpeta fiscal se están investigando las responsabilidades de siete policías, que alcanza al comisario de Macusani, el comandante Fredy Arellano Mendoza; parte de la cadena de mando policial de las operaciones de aquel día, y a los suboficiales Guido Hanco Flores; Ángel Linares Zegarra, y Luis Alberto Choque Albino, quienes prestaban servicio en dicha comisaría.

La fiscal también llegó a pedir a la oficina de Inspecciones de la Policía que remita un informe que aclare si se estaba investigando a los policías que participaron en las protestas. En ese contexto, tal vez causa extrañeza que el general Carlos Bravo Cáceres, exjefe policial de Puno, ahora sea jefe nacional de Inspecciones de la Policía.

En cuanto a la masacre del 9 de enero en Juliaca, el abogado de las familias, César Quispe, afirmó recientemente que, en diciembre del 2023, en la carpeta fiscal de dicha ciudad, se identificó a cuatro policías y un militar como presuntos responsables.

CUSCO

La muerte de Rosalino Florez Valverde, joven estudiante de gastronomía de 22 de años que recibió 36 perdigones en el cuerpo, es otro caso en investigación. El coronel PNP Edson Cerrón Lazo es señalado como presunto autor por omisión; cuando ocurrieron los hechos, se desempeñaba como jefe operativo del control de multitudes en la ciudad de Cusco. En tanto, Joe Erik Torres Lovon, sindicado como presunto autor directo del homicidio de Florez, se encuentra prófugo luego de conocerse que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

RÉGIMEN

Además, es importante resaltar que la Fiscalía de la Nación investiga a Dina Boluarte, al premier Alberto Otárola y otros exministros por las muertes durante las protestas sociales en diversas partes del país. A un año de ocurrida la criminal represión, los deudos de las 50 personas asesinadas exigen justicia y reparación.

Aún así Boluarte viajó a Ayacucho, donde fueron asesinadas 10 personas, y lanzó caramelos a la gente después de participar de un acto público que fue considerado como una burla por las familias enlutadas. No se descarta su visita por la Fiesta de la Virgen de la Candelaria a Puno, otra región que ha sido masacrada por el régimen, por lo que la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca ha advertido públicamente a la mandataria que su llegada a Puno sería una ofensa.

Foto: Amnistía Internacional

Por: Beatriz Cortez – Área de Incidencia de la Red Muqui

El presidente Noboa ha declarado la situación de “conflicto armado interno-CAI” en Ecuador por la irrupción pública de bandas criminales que vienen secuestrando y asesinando a civiles y periodistas. Esta situación pone en evidencia la crisis institucional y de legitimidad del Estado no solo en Ecuador sino en diversos países de Latinoamérica producto del fortalecimiento de economías ilegales como el narcotráfico, que cada vez controlan más países en la región. Al mismo tiempo, es de resaltar que Ecuador ha sido uno de los pocos países en los que se han implementado consultas populares para decidir sobre actividades extractivas en su territorio. El año pasado se consultó a nivel nacional sobre la explotación de petróleo en el Yasuní y en Quito sobre la explotación minera en el Chocó Andino, que es una reserva de la biosfera reconocida internacionalmente. En ambas consultas ganó el SI a la vida y NO a la explotación extractivista. Es de esperar que la declaratoria de CAI no esté orientada a debilitar lo logrado por las organizaciones locales que resisten el extractivismo.

Escalada de la violencia

Hasta hace poco se consideraba a Ecuador uno de los estados más seguros, pero algunos medios señalan que el origen de la escalada de violencia se encuentra en la dolarización de la economía en Ecuador durante los 2000, ya que esto facilitó los negocios transnacionales (1). Y es en 2021, a partir de la asunción a la presidencia del banquero Guillermo Lasso, cuando se incrementa el poder territorial de las bandas criminales en el país hermano: “La actual ola de violencia en Ecuador se fue entretejiendo hace tres años, cuando los niveles de esta incrementaron de manera exponencial. Entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron un 82% y el año pasado se batió el récord histórico de homicidios con más de siete mil 878”. (2)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador -CONAIE en su comunicado emitido desde Quito (3), señala que esta crisis es producto de un “estado fallido y reducido” donde se han priorizado agendas de los grandes grupos de poder económico a costa de la pobreza y el sufrimiento de la mayoría de la población. Señalan que las políticas económicas neoliberales implementadas generan las condiciones propicias para el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales. Además, han hecho un llamado a que las medidas de Noboa respeten a las guardias comunitarias de los pueblos indígenas.

Los proveedores de las armas

En cuanto al concepto de “conflicto armado interno” es un término que implica que el Estado de Ecuador enfrentará a las bandas criminales, consideradas actores beligerantes, desplegando y haciendo uso de su poder militar. Estas bandas a las órdenes de cárteles de narcotráfico como el de Sinaloa, logran tener control territorial debido a que tienen en su poder armamento de guerra. Desde hace un tiempo es público y conocido que las bandas de crimen organizado en Ecuador reciben armas y municiones de Perú que pasan por la frontera sur: “Por la frontera norte llega la cocaína. Por la frontera sur, el armamento. Un informe reservado al que accedió Vistazo determina que armas y municiones cruzan desde Perú a través de 80 pasos irregulares para llegar a Ecuador”. (4)

Estas armas y municiones no solo ingresan desde Perú, sino que además existen evidencias que son las mismas armas que usan las FFAA y policía peruana. Al hacerse público que una de las granadas requisadas a los criminales que tomaron la televisora RTU en Ecuador, tenía la insignia de las FFAA peruanas, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, señaló a los medios de manera escueta: “Se está investigando y para eso también irá personal de Inteligencia”. El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, desde Tumbes quiso minimizar la situación diciendo que se trataría de un eventual caso de corrupción.

Corrupción del aparato estatal

Lo cierto es que estos hechos ya eran conocidos por las altas autoridades del Ministerio de Defensa en Perú y PCM y nunca se tomaron medidas para frenarlos. Ahora el Ejecutivo declara que se harán “auditorías” para responder al cuestionamiento público, sin que esto signifique medidas reales para combatir la corrupción.

El rol que cumplen las FFAA y la Policía peruanas es totalmente cuestionable. Estas instituciones que deben responder a los mejores valores de un pueblo, están corrompidas y están al servicio de intereses privados. Un ejemplo de ello son los convenios para que la PNP brinde servicios de seguridad a empresas extractivas.

Ahora que vivimos una crisis de inseguridad ciudadana, algunos sectores políticos plantean medidas que otorgan más poder a las FFAA y la PNP suspendiendo derechos y libertades fundamentales y otorgándoles cada vez mayor presupuesto, pero sin combatir la corrupción interna en estas instituciones.

Impunidad

No olvidamos que hasta la fecha las investigaciones por las masacres cometidas por la PNP y FFAA en Perú no avanzan adecuadamente, debido a la falta de transparencia en la entrega de información de sus planes operativos. Estamos en momentos de crisis institucional y política donde debe plantearse una reestructuración a instituciones como la FFAA y PNP si de verdad se quiere abordar la crisis institucional y de deslegitimidad del Estado que vivimos.

Foto: EFE/Reuters

Fuentes bibliográficas

(1) Rolling Stone (enero 10, 2024) La violencia en Ecuador le debería preocupar a toda Latinoamérica. https://es.rollingstone.com/la-crisis-de-violencia-en-ecuador-le-deberia-preocupar-a-toda-latinoamerica/
(2) UNAM Global Revista (enero 10, 2024) Ecuador: pobreza y crimen organizado, un coctel explosivo. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/ecuador-violencia-y-crimen-organizado/#:~:text=La%20actual%20ola%20de%20violencia,m%C3%A1s%20de%20siete%20mil%20878
(3) CONAIE (enero 09, 2024) Ante la ola de violencia de crimen organizado que vive Ecuador. https://www.facebook.com/conaie.org/posts/761164516051192/?paipv=0&eav=AfabH4toAtsTyeatD7RVDko32XK6Diy1G8cN3TWth0QO8ocPy9hyIqFIVsCePD0MLCM&_rdr
(4) Vistazo (diciembre 16, 2022) ¿De dónde vienen las armas de las bandas criminales de Ecuador?. https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/de-donde-vienen-las-armas-de-las-bandas-criminales-de-ecuador-DY3980665

La semana pasada la Fiscalía de Huancabamba en Piura ha decidido archivar el caso contra 15 personas imputadas por una serie de delitos de los cuales les acusa el Ministerio Público. Entidad que en la misma causa ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra otros quince imputados por los delitos de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

Todas las personas acusadas son defensoras de derechos humanos y del ambiente. Entre quienes ya no seguirán siendo investigados figuran el titular de la Parroquia de Huancabamba Fray Jorge Rumi Cóndor y el ex alcalde provincial de Huancabamba, Ismael Huayama Neyra, mientras que dirigentes de las Rondas Campesinas de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas son parte de la lista de defensores que continúan incriminados.

La fiscalía inició las investigaciones contra los dirigentes sociales y ambientales por su oposición activa al proyecto minero Río Blanco, que el consorcio de capitales chinos Zijin pretende establecer en un área comprendida entre las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Los ronderos de la zona explican que en el transcurso de actividades que ha desarrollado la empresa, ofreciendo dinero para ganarse el apoyo de parte de las comunidades y así dividir la posición de rechazo casi unánime entre sus habitantes, algunos de sus integrantes identificaron y retuvieron a Manuel Julca Campos, un agente de seguridad de la empresa Río Blanco Copper S.A., a quien sometieron a la justicia comunal. Una medida legítima y acorde al artículo 149° de la Constitución Política del Estado, según la organización de derechos humanos FEDEPAZ, que ha asumido la defensa de las personas imputadas por la Fiscalía.

En efecto y después de culminar la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; los denunciados sólo retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defensoras de derechos humanos investigados contra las que sí se ha formalizado investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuestos de los 15 otros investigados a quienes sí se les ha archivado la investigación.

FEDEPAZ reitera que lo único que hicieron fue defender sus derechos fundamentales como campesinos, defender su derecho a la tierra y su derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

La ONG, por otra parte, precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales. Proceso que evidencia igualmente que el único propósito del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando, finaliza en su comunicado FEDEPAZ.
Lea aquí el pronunciamiento completo:

A raíz de la movilización realizada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) en Lima, el lunes último, la problemática de la pequeña minería, minería artesanal, informal e ilegal ha vuelto a aparecer en la agenda pública y mediática del país sin un adecuado análisis de fondo.

La expansión de la minería informal e ilegal en los territorios, donde bandas delictivas actúan con impunidad, vulnera los derechos de las personas, del medio ambiente y pone en peligro la vida de la población y de las comunidades. Lo que revela la necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Un ejemplo de la violencia a la que están expuestas sus habitantes es el asesinato de nueve trabajadores de la mina Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, registrado en diciembre de 2023. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Sin embargo, ciertas bancadas (Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular) han presentado al Congreso de la República una serie de proyectos de ley acumulados en los N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que -en lugar de ordenar un proceso de formalización con plazos firmes establecidos a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)- facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal.

Asimismo, el año pasado, el Consejo de Ministros del régimen de Dina Boluarte aprobó el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077, la que establece lo siguiente:

1. Incluye el artículo 307 A (delito de minería ilegal) como parte de los delitos que van a ser investigados como crimen organizado.
2. La disposición complementaria final especifica que los mineros informales que se encuentran suspendidos del Reinfo y no logren ser incluidos, pero sigan operando, serán sometidos a acciones de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional.
3. Les da opción a los mineros informales para que presenten al Ministerio de Energía y Minas contratos de explotación o cesión. Así también les da alternativa a los mineros, suspendidos del Reinfo, tramitar este documento en un plazo de 90 días.

Estas modificaciones del decreto generaron la multitudinaria marcha del lunes 22 convocada por las bases y delegaciones de la Confemin cuyos voceros solicitaron la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1607, la ampliación del Reinfo hasta diciembre de este año, entre otros puntos.

Red Muqui y su grupo de trabajo sobre Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) han advertido acerca de esta problemática que amerita propuestas concretas, sostenibles, participativas y normativas en un contexto de alta conflictividad socioambiental ligada a las actividades extractivas mineras. Conversamos con el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, quien analizó el tema y los retos que enfrentamos al respecto.

1. ¿Cómo cree que ha sido el proceso de formalización integral para los pequeños productores mineros y mineros artesanales?

En principio, creo que es innegable que la problemática de la minería informal e ilegal está más presente que nunca en nuestro país. Esta semana hemos tenido una masiva movilización de mineros artesanales pidiendo que no se cierre el Reinfo y el proceso de formalización. El problema es que el Reinfo se ha ido ampliando en reiteradas oportunidades y muchas de las empresas no han cumplido totalmente con presentar todos los requisitos para su formalización y, en algunos casos, estas empresas son una especie de fachada. Por un lado, dicen que están en el Reinfo y, por otro lado, operan de forma ilegal en zonas donde está prohibido realizar esta actividad. Entonces, si realmente queremos avanzar en un proceso integral de formalización, se debe hacer un balance general y abordar la problemática desde diferentes niveles (nacional, regional y local), eso implica tener un registro actualizado de los mineros formales y velar por una adecuada gestión de capacidades económicas y de seguimiento técnico de los gobiernos regionales para los mineros que presenten todos los requisitos ambientales y sociales para su formalización.

2. ¿Cuáles son los riesgos de seguir prorrogando el Reinfo y no tener formalizados a los mineros?

Mientras no se cierre el Reinfo, que es uno de los tantos problemas que tiene este sector, no se podrá saber cuántos son y dónde están los mineros ilegales para distinguir quiénes están realmente en proceso de formalización y quiénes son los que hacen la actividad ilegal. Con esa distinción se pueden plantear las siguientes acciones integrales para el abordaje de esta problemática. Además la prórroga del Reinfo, permite muchas veces que los mineros ilegales cuenten con una fachada de estar en vías de formalización para seguir operando mientras que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se encuentran atadas a iniciar un proceso penal sobre el delito de minería ilegal (307-A del Código Penal) por las constantes prórrogas del Reinfo.

3. ¿Qué propuestas o alternativas a la minería artesanal se podría proponer en los territorios?

Mientras el precio de los minerales siga alto en el mercado internacional, esta actividad seguirá en crecimiento, sobre todo la minería ilegal de oro. Muchos de los territorios donde se han asentado estas empresas sí tienen actividades económicas propias y alternativas como la agricultura familiar, turismo comunitario, productos locales propios, entre otras actividades, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo de las autoridades locales y regionales. Si continúa creciendo la minería ilegal se van a seguir depredando y contaminando los territorios andinos y amazónicos, y va crecer aún más el nivel de violencia y delitos conexos con las que operan. Por eso el abordaje que debe tener el Estado sobre esta problemática debe ser integral.

4. ¿Qué implica o cómo se traduce un abordaje integral por parte del Estado peruano?

Como lo hemos señalado, el problema es complejo y su abordaje integral implica una mirada intersectorial de todos los estamentos del Estado, ya sea en el mediano y largo plazo, algo que lamentablemente no están haciendo desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Por ello, hacemos un llamado a los sectores para que puedan trabajar articuladamente con las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los GORE para que se pueda viabilizar una estrategia adecuada y con pertinencia cultural, que tenga consentimiento libre e informado de las comunidades donde ejerzan su operación minera.

El 30 de diciembre de 2023, se emitió el Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, mediante el cual se aprueban disposiciones complementarias para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, así como modificaciones a otras normativas. Sobre la publicación de la norma, es necesario mencionar que, en la exposición de motivos de dicho decreto se menciona que la Ley N° 30230 tiene la finalidad de fortalecer el proceso de evaluación del impacto ambiental y que el retraso en el proceso de evaluación ambiental afecta la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada o mixta, lo que a su vez, no permite tener una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos para la población (1). Por ello, nos encontramos ante una norma que busca nuevamente debilitar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el argumento de que su flexibilización permitiría una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos a la población, así como una “dinamización” de la economía.

Recordemos que la Ley N° 30230, conocida como «paquetazo ambiental», establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos con el objetivo de fomentar y dinamizar la inversión en el país; en otras palabras, las exigencias y estándares de protección ambiental fueron disminuidas en beneficio de grandes empresas, especialmente mineras y de hidrocarburos. Estos hechos quedan corroborados con los antecedentes de la puesta en escena del artículo 19 de la referida Ley que estableció un “privilegio ante conductas infractoras” declarando un régimen de excepción de la potestad sancionadora del OEFA por tres años, lo que incrementó hasta en un 27% el porcentaje de incumplimientos ambientales por parte de los administrados. Lo propio ocurrió con los artículos 20 y 22 que debilitaron institucionalmente al MINAM al modificar los instrumentos normativos por los cuales se establecen las Zonas Reservadas, y convirtiendo al Ordenamiento Territorial en un proceso político y técnico de carácter orientador que no asigna usos ni los excluye (2).

En ese sentido, a continuación, se presenta una breve síntesis del impacto que podrían generar las disposiciones modificatorias de este decreto cuyos antecedentes ya fueron motivo de amplio debate y rechazo.

En primer lugar, se destaca que durante el proceso administrativo sancionador contra una consultora ambiental, la autoridad de supervisión y fiscalización ambiental puede solicitar al SENACE que ejecute la medida provisional de suspensión de la vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA). Esta disposición, ahora incorporada en el Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM, adquiere especial relevancia, ya que las consultoras desempeñan un papel crucial como vínculo de veracidad para evaluar el impacto ambiental negativo en los componentes ambientales y la población. En ese sentido, si una consultora no cuenta con un equipo mínimo multidisciplinario o suscribe un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) sin cumplir con la normativa correspondiente, se considera información fraudulenta, lo que justifica la aplicación de un procedimiento sancionador para imponer medidas coercitivas y la suspensión en el RNCA.

En segundo lugar, se establecen medidas para que no le corresponda una evaluación de los impactos ambientales a los IGA correctivo (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Compensaciones Ambientales, Plan de Manejo Ambiental, Programa de Manejo de Riesgos Ambientales, entre otros) que son incorporados en las próximas modificaciones del estudio ambiental del proyecto. La no correspondencia de una evaluación de impactos ambientales propuesta por la sexta disposición del referido decreto, contraviene las medidas para fortalecer el SEIA, así como la incorporación del enfoque de variabilidad y cambio climático en las evaluaciones ambientales (3) y la realización de un análisis de las interacciones de los impactos específicos, lo que forma parte de una metodología para identificar impactos acumulativos y sinérgicos (4), que brinda oportunamente información sobre lineamientos para la aplicación de metodologías de identificación y valoración de impactos (5).

Cabe resaltar que, en el período de elaboración y aprobación del IGA correctivo y la solicitud de modificación del EIA (M-EIA) existe una ventana temporal en la que podrían ocurrir impactos cuya incorporación en la M-EIA deberían ser considerados. Sin embargo, esta disposición establece que no es necesaria su consideración, y de serlo, es el Estado, mediante sus autoridades competentes el que debería realizar dicha evaluación. Esto último agrieta aún más la labor de las autoridades, que según las motivaciones del mismo decreto actúan “deficientemente en los plazos de evaluación de sus expedientes”, esperando que los mismos sean céleres en la identificación de impactos.

Asimismo, acorde con el artículo 21 de la Ley N° 30230, se propone un esquema de coordinación para las entidades que emiten opiniones técnicas vinculantes en el contexto del procedimiento de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) o las Modificaciones de Estudios de Impacto Ambiental detallados (MEIA-d), reafirmando el plazo máximo de 45 días hábiles para la sistematización por parte de SENACE. Seguidamente, se plantea la implementación de un módulo informático (QR) para el otorgamiento del Código de Certificación Ambiental, de carácter público y actualizado, que registrará las certificaciones ambientales, incluyendo las opiniones técnicas emitidas. Ello aportará en la transparencia de los proyectos de inversión que habilita el Estado. Las disposiciones para su funcionamiento se darán en un plazo no mayor de 120 días hábiles. Es importante destacar que estas propuestas buscan “destrabar” los procesos administrativos con el objetivo de dinamizar la economía, especialmente en el sector minero. Sin embargo, esta aceleración podría incrementar el riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas. Esta preocupación se respalda con datos del Ministerio de Salud (MINSA), que señala que hasta el 2020, 10 millones 162 mil 380 habitantes, equivalente al 31,15% de la población nacional, se encuentran en zonas expuestas a estos riesgos.

En tercer lugar, se procede a modificar el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el cual dispone que el levantamiento de la línea base de estudios ambientales o monitoreos hidrobiológicos contemplados en un IGA ya no requiere autorización por parte del Ministerio de la Producción. Paralelamente, se revoca el Decreto Supremo Nº 013-2020-PRODUCE, normativa que establece pautas para la autorización de la recolección de recursos hidrobiológicos con fines de levantamiento de la línea base de estudios ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental, así como para monitoreos hidrobiológicos planificados en dichos documentos. También, se eliminan los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Supremo Nº 027-2021-MINAM, el cual modifica el Reglamento de la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, y aprueba el servicio prestado exclusivamente por el SENAMHI. Estas modificaciones buscan una adaptación detallada y extensa por parte del MINAM, que, en un plazo no superior a 120 días hábiles, publicará una actualización de la «Guía para el levantamiento de información de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)» mediante una Resolución Ministerial. Este proceso tiene como objetivo lograr una uniformización adecuada de los criterios técnicos y normativos, así como “impulsar” la economía otorgados por entidades públicas a los administrados. Además, se prevé que, en el mismo periodo mencionado, el MINAM y el SENAMHI elaboren los «Lineamientos para la elaboración de modelos de dispersión de contaminantes en el aire», los cuales serán un referente obligatorio para la confección de dichos modelos como parte integral de los IGA.

Por último, se excluye la necesidad de obtener el permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para llevar a cabo estudios del patrimonio en los monitoreos de vigilancia y control asociados a los IGA aprobados dentro del área de influencia. Además, la disposición complementaria final establece que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR, se deberán realizar modificaciones a los «Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental» en un plazo de 60 días calendario. Esta medida podría generar un perjuicio al patrimonio natural y a la biodiversidad, ya que podría afectar a las comunidades indígenas. Si los monitoreos no se llevan a cabo de manera adecuada, existe el riesgo de pérdida de flora y fauna, incluyendo aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Es crucial considerar cuidadosamente estos aspectos para garantizar la preservación del entorno natural y la protección del territorio indígena u originario.

Desde Red Muqui, instamos a considerar que todas las disposiciones legales contempladas en el mencionado decreto supremo deben adoptar un enfoque intercultural crítico hacia los pueblos indígenas u originarios y ser participativas con la ciudadanía. La aceleración de proyectos mineros bajo el concepto de «destrabe», que busca impulsar la economía mediante la reducción de plazos, debe ser abordada con precaución, ya que puede entrar en conflicto con los derechos humanos y ambientales de la población cercana a las empresas mineras. Es crucial destacar que la falta de rigurosidad en las evaluaciones podría exponer a la población aledaña a riesgos de contaminación por metales pesados u otras sustancias tóxicas. En este sentido, exigimos un fortalecimiento integral del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sin que se generen presiones desde el Ejecutivo para debilitarlo mediante procedimientos administrativos acelerados, ya que favorecen únicamente a los grupos empresariales, sin tomar debidamente en cuenta la participación de la población en las zonas de influencia directa e indirecta de las empresas mineras. Es fundamental equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos humanos, ambientales y la participación ciudadana.

Fuente: Proyección de eficacia de medidas de tiempo – Ministerio del Ambiente

1. Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5633364/4985762-exposicion-de-motivos-decreto-supremo-n-013-2023-minam.pdf?v=1704324440
2. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/ley-30230-spda-expresa-desacuerdo-en-puntos-clave-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional/
3. Recomendaciones realizadas luego del balance de 20 años del SEIA realizado el 2022 en el libro
“20 años del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)”. Disponible en: https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/SEIA_vf.pdf
4. Ídem
5. Ídem

En varias plazas de la provincia de San Román, como Juliaca y San Miguel, se realizó el izamiento de bandera a media asta desde el 7 de enero en señal de duelo por el año de la masacre de Juliaca, que contó con la participación de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero.

Asimismo, algunas familias conmemoraron en romería a sus familiares asesinados. Al día siguiente, 8 de enero se dio una conferencia de prensa y posteriormente, se desarrollaron diferentes actividades, entre presentaciones de documentales, libros, poemarios, vinculados al año de impunidad para todas las familias del sur andino de Cusco, Ayacucho, Apurímac y las diferentes provincias de Puno que arribaron a Juliaca para seguir exigiendo justicia a una sola voz.

Llegado el 9 de enero, Juliaca exhibió en el bypass, ubicado cerca al aeropuerto, – donde fueron heridas la mayoría de las víctimas mortales – las fotografías de gran parte de las personas asesinadas y heridas de gravedad, tras las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción en el gobierno de Dina Boluarte con el respaldo del Congreso, las FFAA, PNP y el gremio empresarial CONFIEP. La Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero realizó esta acción en la madrugada y también fue parte del develamiento del monumento a las víctimas realizado en Puno capital a las 8 de la mañana.

La llegada de las delegaciones de todos los lugares

Al mismo tiempo, las otras carreteras de ingreso a la ciudad de Juliaca se encontraban bloqueadas desde las 5 de la mañana por delegaciones de las provincias de Huancané, Ilave, Melgar y Juliaca, que a las 8 a. m. empezaron a marchar hacia el bypass, animando en el camino a que más gente se sume a la concentración en el óvalo del puente, donde posteriormente inició una misa en la que nombraron a cada una de las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, incluido el policía Jose Luis Sonqo, quién fue quemado (no se sabe aún por quiénes) y se nombró de forma genérica a los 6 militares aimaras que murieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave.

Durante el desarrollo de la misa, se iban sumando más delegaciones con banderolas de diferentes provincias y comunidades de la región. Asimismo, al finalizar la misa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, aseguró que no iban a cesar hasta lograr justicia para todos los familiares y víctimas de la represión. El pueblo en su diversidad, con sus banderolas en mano, aplaudió y gritó: la sangre derramada jamás será olvidada.

La organización y el arte en lucha

Terminada la misa, al compás de más de 100 músicos de diferentes bandas que se juntaron para hacer resonar el himno de protesta: esta democracia ya no es democracia. De la misma manera, el himno de lucha: el pueblo unido jamás será vencido. Así fue como inició la marcha de más de una hora rumbo a la plaza de armas de Juliaca junto a más de 50 autoridades comunales que vestían de negro y que marcharon ordenadamente junto a las organizaciones de barrios, de mercados, comercios, colegios profesionales, asociaciones civiles, rondas y comunidades campesinas, sindicato de profesores, organizaciones animalistas, juveniles, etc., encabezados por la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, que lograron aglutinar a más de 20 mil personas.

Una vez en la plaza de armas de Juliaca, la Asociación de Víctimas se postró frente a la iglesia con la imagen de sus familiares y las organizaciones sociales de Puno y delegaciones de otras regiones del sur, desarrollaron un mitin en el que ratificaron la lucha por justicia para las víctimas y dirigentes criminalizados por protestar, además , se pronunciaron contra la privatización del agua, contra “el saqueo de los recursos naturales” y por lograr una nueva constitución.

Las investigaciones en curso

Consultado telefónicamente, el abogado Cesar Quispe señaló que la carpeta de la investigación de la masacre en Juliaca ha pasado por cinco fiscales y que buscan una reunión con el fiscal de la Nación interino para pedirle que el equipo especial de fiscales de Lima coordine las diligencias con los fiscales de derechos humanos de Juliaca, y así las diligencias puedan avanzar, ya que solo se han recabado declaraciones de un 30% de los policías.

Quispe señaló a Red Muqui que ya han sido identificados algunos presuntos responsables de la represión mortal: cuatro policías y un oficial del Ejército; y espera que los fiscales a cargo pidan prisión preventiva para ellos.

El año de la represión mortal en Cusco

Desde el 9 de enero iniciaron los actos conmemorativos en la ciudad del Cusco con una exposición fotográfica de la represión del régimen de Boluarte a nuestros pueblos del sur. Durante la exposición frente al colegio de Ciencias, los organizadores denunciaron la presencia de los policías ternas. Al día siguiente, 10 de enero, las organizaciones cusqueñas en defensa de los derechos humanos y la familia del exdirigente comunal de Anta, Remo Candia, realizaron una vigilia y colocaron un arreglo floral en el lugar en el que Remo Candia fue herido de muerte el 11 de enero. El día posterior, el mismo 11 de enero, la familia de Rosalino Flores junto a las organizaciones de activistas en derechos humanos realizaron una exposición fotográfica al mediodía y luego caminaron por la avenida 28 de julio hasta el árbol donde Rosalino fue impactado con 36 perdigones a escasos metros, que lo tuvieron en coma durante más de 2 meses hasta el 18 de marzo en que falleció en un hospital en Lima.
Sumado a ello, las protestas de ese día, registraron 38 heridos civiles por parte de la Defensoría del Pueblo.

Existen pistas para identificar a policía que disparó a Remo Candia

Durante las declaraciones que brindaron a la prensa el 10 de enero, el señor Jaime Candia, hermano de Remo Candia, señaló que ahora la familia se está haciendo responsable de los tres niños que quedaron huérfanos y que ellos protestaban pacíficamente desde días antes. La abogada de la familia, Judith Conto, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, dijo que, de acuerdo a los dos videos visualizados, el policía que disparó contra el exdirigente de Anta es un oficial que pertenecería a la Unidad de Servicios Especiales (USE) o al escuadrón Kallpa, quienes se encontraban frente al lugar donde Remo Candia fue impactado con proyectil de arma de fuego. “Estamos esperando la homologación de la pericia balística experimental respecto al proyectil de arma de fuego que se encontró en el cuerpo del señor Remo Candia”, declaró la abogada, seguidamente agregó que también están esperando el video de la municipalidad de Santiago que ayudaría a visualizar al policía que habría disparado.

Está circulando en redes un video de Wayka que muestra a policías disparando contra los manifestantes, que luego ocupan ese lugar, y 10 minutos después se ve a los manifestantes y a una persona que es impactada y cae al suelo.

Policía que disparó a Rosalino Flores sigue prófugo

El 5 de enero, el magistrado Leodan Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por un año y medio para el policía Erik Torres Lovón, que disparó en la av. 28 de julio a Rosalino Flores el 11 de enero del 2023. Desde el primer momento, la institución policial buscó proteger al policía Torres, señalando que solo había trabajado hasta las 2 p.m. el día del trágico suceso. Sin embargo, en los videos encontrados, se ve al policía a las 4 de la tarde, hora en que Rosalino fue herido. Además, la policía inicialmente negó la participación del equipo SUAT, donde pertenece Torres, y alteró la fecha de devolución de la escopeta de caza perdigonera que estaba en poder de Joe Torres, expuso el representante de la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, Juan Flores, hermano de Rosalino, señaló que la policía está protegiendo a Torres y si es que tuviera algo de responsabilidad, entregarían al policía, pero mientras no lo hagan, seguirá desconfiando en la PNP.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y organización del Cusco y del Perú a seguir luchando para encontrar justicia.

En Puno, el próximo 18 de enero se cumple un año de la muerte de Sonia Aguilar Quispe, quien perdió la vida durante las protestas en Macusani, en la provincia de Carabaya, Puno. Sufrió un impacto de proyectil y dejó 2 hijos huérfanos. Ese día habrá izamiento de bandera en Macusani, movilización pacífica y misa para exigir justicia para Sonia, una mujer luchadora, según testimonio de su padre, quien fue dirigente del Sutep en décadas pasadas. “Mi hermana salió a protestar, a pesar del peligro, porque fue un acuerdo del pueblo y no los podía dejar solos”, narró la hermana de Sonia, quien tuvo una comunicación telefónica con ella desde Lima, horas antes de que sufra el disparo por parte de la policía.

El país no solo atraviesa una larga crisis institucional, democrática y de derechos humanos, sino también en cuanto a la conflictividad social que, este 2023, alcanzó el pico más alto de los últimos siete años. Así lo revela el 33° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presentado la semana pasada por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.

Los casos superan los 220, en su mayoría (más del 60%) responden a la categoría de socioambiental. El 67% de los cuales están vinculados con la minería. Esta cifra muestra una constante que ya dura casi dos décadas.

“El incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macrorregión, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría (del Pueblo) que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.

En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos. Entre estos, Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, Huanta por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca en Ayacucho y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).

Además, el informe del OCM advierte sobre el incremento de la minería informal e ilegal en zonas de frontera. Hay indicios de actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que no solo se diversifican, sino que se complementan entre sí. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Este reporte también analiza la propuesta del Ejecutivo de destrabar proyectos mineros, que va de la mano del discurso y presiones del empresariado por lograr la reducción de los estándares ambientales y sociales. De igual manera, el documento aborda otros puntos, entre ellos la preocupación por la seguridad hídrica, expone casos emblemáticos de los conflictos sociales en las regiones y el inminente peligro de déficit hídrico.

¿Qué ocurre en el interior del país?

Sobre la conflictividad minera, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, expresó que, si bien la atención mediática se ha centrado en la crisis política y social, los conflictos ecoterritoriales en zonas mineras se han mantenido como una constante.

“Los reclamos en los territorios han sido más fuertes, pero invisibilizados por el gobierno y los medios (de comunicación). Particularmente, los conflictos se han agudizado en la minería informal e ilegal, llegando a picos de violencia incontrolables para los gobiernos regionales y el nacional”, culminó.

Tampoco las tendencias sociales y políticas para el próximo año son alentadoras, por lo que la conflictividad asociada a la minería seguiría en aumento.

Por: Vanessa Schaeffer, cooperante de la Red Muqui en Alemania

La semana pasada las instituciones legislativas de la Unión Europea (la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo) alcanzaron, finalmente, un acuerdo sobre los puntos críticos que faltaban para la aprobación de una Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad (la Directiva). Una vez ley constituirá un hito importante, pues prevé obligaciones específicas de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos dirigidas directamente a las empresas con sede y/o actividad en la Unión Europea.

La Directiva logra un acuerdo político por primera vez después de un largo proceso de más de 4 años de debate, con una participación intensa de representantes de los países europeos, de la sociedad civil y del sector empresarial. Se construye sobre procesos de aprobación y aplicación de normativas similares a nivel nacional, como las leyes de debida diligencia en Alemania y Francia. Después de este acuerdo, el texto final deberá ser elaborado por los equipos técnicos de las instituciones y debería ser aprobado el próximo año, a mediados de marzo.

Debida diligencia empresarial para Europa

La normativa europea prevé, en esencia, que sus empresas están obligadas a ser “diligentes”. Esto es, a analizar e identificar los riesgos, tanto para los derechos de las personas como para el ambiente, que se producen con sus operaciones a lo largo de la cadena de valor. Una vez identificados los riesgos en sus cadenas de suministro, las empresas deberán tomar acciones para reducir o eliminarlos, como, por ejemplo, ayudar a mejorar las condiciones o incluso, cortar relaciones con proveedores que puedan haber causado impactos negativos al ambiente o a los derechos humanos con sus operaciones. Se prevén penalidades para aquellas empresas que no cumplan con sus deberes de “diligencia”.

La Directiva se aplicará a grandes empresas ubicadas o con actividad en la Unión Europea. Por ejemplo, aquellas emplazadas en las cadenas de valor de los sectores textil, de la confección y el calzado, la agricultura (incluida la silvicultura y la pesca), la alimentación y el comercio de materias primas agrícolas, la extracción y el comercio de recursos minerales, entre otros.

Esta nueva normativa europea da un paso adelante, al incluir no solo la protección de derechos humanos sino también del ambiente en el ámbito de la debida diligencia empresarial. Además, incluirá mejores mecanismos de queja y acceso a la remediación para los afectados quienes, a través de las ONG o de sindicatos, tendrán hasta 5 años para presentar acciones en Europa contra impactos negativos ambientales y/o de derechos humanos producidos por las acciones empresariales. Las penalidades podrían alcanzar hasta 5% de sus ganancias. Durante estos procesos, la sociedad civil y los sindicatos tendrán acceso a información sobre las acciones de las empresas en cumplimiento de su deber de diligencia.

No obstante, como coinciden organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, la Directiva europea presenta todavía serias debilidades, entre las que resaltan la exclusión del sector financiero, la débil definición de impactos ambientales negativos, entre otras limitaciones que todavía hacen que esta herramienta no sea suficiente para lograr que las empresas respondan efectivamente por las consecuencias negativas de sus acciones en las personas y los territorios. Se espera que estas limitaciones puedan ser abordadas antes de la aprobación del texto final de la norma.

Debida diligencia europea en Perú

Una vez en vigencia, en Perú, la normativa europea de debida diligencia con sus avances y limitaciones se suma al conjunto de herramientas de derecho internacional y nacional para la defensa de derechos y del ambiente. Sin duda, la aprobación de este tipo de normas constituye un progreso para empujar a las empresas, con obligaciones legales reales más allá de los marcos voluntarios, a respetar derechos humanos y el territorio donde operan.

Más allá de esta consideración, esta norma europea constituye un adelanto hacia un cambio de paradigma: las empresas son directamente responsables por sus impactos en las personas y en los territorios y los marcos voluntarios no han funcionado. Se trata de una importante demanda de larga data proveniente de las comunidades y organizaciones en los territorios. La norma europea es así un reconocimiento a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por la defensa de sus derechos y que durante años han exigido a las empresas que pongan a la vida, la salud y a los territorios primero, antes que a las ganancias.