Al promedia la 1pm del día de ayer, jueves 30 de abril, el convoy de la empresa subcontratista de la empresa minera Las Bambas tuvo un accidente y generó el derrame de material tóxico en el sector de la comunidad de Huininquiri, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. De acuerdo al comunicado de la empresa subcontratista Sol del Pacífico, informan que el operador de la unidad se encuentra bien de salud y fue trasladado al centro de salud más cercano para su evaluación respectiva.

El derrame generó la indignación de los comuneros al presenciar que tractores de la empresa hicieron el recojo de materiales tóxicos sin la presencia de las autoridades de Chumbivilcas, como el fiscal, funcionarios del área de medio ambiente de la municipalidad provincial, etc.

Al reclamar por estos hechos, la policía intervino para retirar a los comuneros. En respuesta a ello, los comuneros han convocado a una asamblea para el día de hoy, y ver qué acciones tomar para que no vuelvan a suceder estos hechos.

OEFA interviene

Tras las denuncias realizada en redes, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó una nota en la que señala que ya se encuentra supervisando el derrame de concentrado sobre la vía y suelo adyacente, ocurrido el día de ayer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregan que el equipo de supervisores del OEFA, «siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud, se encuentra en la zona tomando muestras de suelo, supervisando el área donde ha ocurrido el evento y el posible impacto a los componentes ambientales. Asimismo, se encuentra verificando la implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa responsable, así como las acciones de contención y limpieza de la zona afectada».

Actividad minera tiene permiso del gobierno

Como se tiene conocimiento, a dos días de establecerse el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la solicitud del Ministerio de Energía y Minas, para que la actividad minera pueda desarrollarse con normalidad: Transporte de minerales, explotación minera, construcción de proyectos, plantas de beneficio, etc.

Protocolo minero insuficiente

Casi un mes después, el 15 de abril, ante la denuncia de los trabajadores mineros, debido a los contagios que se iban multiplicando en el sector minero; el Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución con un protocolo para que las empresas mineras implementen medidas sanitarias preventivas para los trabajadores mineros al momento en que se da el traslado del personal. Sin embargo, el protocolo no establece que las empresas realicen las pruebas de descarte de COVID-19 de manera obligatoria y tiene otros vacíos que desde Red Muqui hemos denunciado. Ver informe haciendo clic AQUÍ.

Contagios de COVID-19 en el sector minero

A la fecha ya hay 251 trabajadores mineros contagiados de acuerdo al reporte de las mismas empresas, de las direcciones regionales de Salud y Sunafil. Ver informe AQUÍ.

 

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El día de hoy, jueves 30 de abril, algunos trabajadores de Antamina recibieron la noticia de un trabajador fallecido por COVID-19 en una clínica de Lima. El trabajador del área de operaciones falleció en la madrugada y la noticia la recibieron a tempranas horas del día.

Como se recuerda, Antamina evacuó el 23 de abril a 1500 trabajadores desde el campamento de Yanacancha hacia Lima para que les realicen la prueba de descarte de COVID-19 y hagan la cuarentena en hoteles de la ciudad. Para ese entonces, Antamina ya confirmaba más contagiados, además de los 7 que la DIRESA de Ancash había confirmado días anteriores.

En los días siguientes, Antamina emitió un comunicado el reciente lunes 27 señalando que tenía a 210 trabajadores que hasta esa fecha habían dado positivo a la prueba molecular de covid-19. 17 se encontraban hospitalizados y uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI).

Frente a este desenlace, la empresa envió un correo a los trabajadores el día de hoy, jueves 30 de abril a las 10 y 24 am, señalando la muerte del trabajador en Lima, pero no especificando que era por Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui, después de llamadas telefónicas al gerente de recursos humanos, pudimos tener una respuesta 5 horas después vía wasap, en que señalaba que por respeto a la familia «no emitirían ningún pronunciamiento al respecto».

En el transcurso de esas horas, llamamos al teléfono de la oficina que registran en su página web, y una voz masculina nos señaló que no podían transferirnos con ningún representante de la empresa porque todo está cerrado hasta que se levante el estado de emergencia.

Los trabajadores están indignados porque la empresa no es transparente con la información respecto a la situación de los trabajadores hospitalizados y evaluados.

Gobierno evade responsabilidad sobre trabajadores

Estos días, desde la Red Muqui hemos denunciado el aumento de contagios en el sector minero, ascendiendo a 251 la cifra total oficial de trabajadores con COVID-19 reportada por empresas, Sunafil, y las DIRESAs, desde que se decretó la cuarentena obligatoria; sin embargo, el gobierno hasta ahora no anuncia ninguna medida correctiva para el sector minero. El día de ayer, miércoles 29 de abril, ante la pregunta de un medio periodístico sobre los protocolos de supervisión que se están realizando a las empresas mineras, poniendo como ejemplo el de Antamina; el ministro de salud, Victor Zamora, señaló que «por la descentralización, son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y regulaciones que el ministerio estipula».

De esta manera, el gobierno no asume ninguna responsabilidad por lo que viene pasando con la salud de los trabajadores mineros. Cuando fue el gobierno quien permitió que la actividad minera sea parte de las actividades esenciales que pueden funcionar durante el estado de emergencia.

Protocolo de traslado de personal minero en cuestión

Sumado a ello, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, emitió un protocolo de traslado de personal minero que no obliga a las empresas a realizar las pruebas de descarte de COVID-19 para sus trabajadores. Sin embargo, algunas empresas lo están haciendo ante la exigencia de los sindicatos de trabajadores y de instituciones que velan por los derechos humanos; pero no hay fiscalización del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Salud, sobre la calidad de las pruebas que están utilizando, ni de la implementación del protocolo establecido por el MINEM. Ejemplo de ello es lo que hizo la empresa minera Hudbay en Cusco, que solo informó a la Red de Salud de Chumbivilcas sobre los trabajadores que habían dado resultado positivo a la prueba rápida de Covid-19, y que había trasladado a sus trabajadores contagiados hacia Arequipa, sin haber coordinado absolutamente nada con la Red de Salud.

Frente a ello, desde la Red Muqui señalamos que el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

Gobierno debe evaluar paralizar actividad minera

Entonces, frente a situación que ya se está desbordando en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

Ver reporte sobre total de contagiados a la fecha en el sector minero. Hacer clic AQUÍ

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Actualización 29 de abril a las 10pm: Empresa minera Antapaccay emitió un comunicado confirmando lo que señalamos en nuestra nota, a través de la información de uno de los miembros del Comando Covid de Espinar. 8 trabajadores de su empresa dieron positivo a prueba rápida de Covid-19. Señalan que trabajadores se contagiaron fuera de la mina.

Nota original

Tras la última información brindada por el representante de la sociedad civil en el Comando Covid de la provincia de Espinar (Cusco),  Vidal Merma, que confirma 08 casos de COVID-19 de la empresa minera Antapaccay; la cifra total oficial, hasta el día de hoy, asciende a 251 trabajadores mineros contagiados. A los reportes que las propias empresas mineras han dado, ante la presión de los trabajadores y denuncias periodísticas, se suma también el reporte que Sunafil está realizando tras la visita a los campamentos mineros, y los reportes de las direcciones provinciales de salud donde operan las mineras, y los comandos Covid que se han formado en diferentes provincias y regiones del país, con la presencia de militares, gobernadores regionales, representantes de salud y representantes de la sociedad civil.

En estos últimos días, la cifra de contagiados en el sector minero subió estrepitosamente con el informe de Antamina en Ancash, que hasta el lunes ha reportado 210 casos, faltando saber los resultados del resto de trabajadores que también están siendo evaluados. En Cusco, la minera Hudbay pretendió negar 18 casos que había reportado a la Red de Salud de Chumbivilcas, que se pronunció a través de un comunicado. En Arequipa, la minera Bateas emitió un comunicado señalando 06 casos de prueba rápida que luego quiso negar. En Junín, la empresa minera Chinalco emitió un comunicado señalando que tenían un trabajador minero con covid y luego trataron de desmentirlo, pero tras la visita de Sunafil, por exigencia de los trabajadores mineros, se confirmó, hasta el sábado pasado, que habían 4 trabajadores confirmados con Covid-19. El sindicato de trabajadores de Chinalco denuncia que hay más casos pero la empresa no quiere emitir un comunicado oficial hasta ahora.

Por otro lado, los trabajadores de Impala Terminals del Callao, recibieron un comunicado de la empresa la semana pasada en la que señalan que hay 2 trabajadores con covid. Los trabajadores señalan que hay más casos, y que han sido evacuados, pero la empresa no ha vuelto a emitir un comunicado oficial. Esta empresa, que denunciamos los primeros días del estado de emergencia, por no implementar protocolos sanitarios y seguir desarrollando sus labores contra la voluntad de los trabajadores; es una empresa que recibe los minerales que llegan en camiones y tren desde las regiones.

Hace 9 días, el 20 de abril, también se confirmó de parte de la empresa minera Nexa Resources, el caso de un trabajador de una de sus empresas contratistas en el distrito de Yaruyascán, en la provincia de Pasco. La unidad minera se encuentra dentro de la comunidad, por lo que representa un peligro al compartir la misma entrada a la comunidad.

Estos casos se suman a los primeros casos conocidos: minera Cerro Verde: 01 caso; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y los primeros casos que se dieron a conocer de Antamina, que como vemos no estableció las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores, y hoy lidera al sector minero como la empresa con más casos de Covid-19.

8 casos de minera Antapaccay

A continuación se presentan las actas emitidas el día de hoy por la clínica Coylloriti y el centro de salud de Espinar. En la clínica se confirman 7 casos y en en el centro de salud, 1 caso de Covid-19. A estas horas, la empresa minera Antapaccay se encuentra elaborando un comunicado. El Comando Covid de Espinar, Cusco, siguió todas estas diligencias hacia la clínica y el centro de salud para poder resguardar la seguridad de todos los espinarenses y exigir la realización del cerco epidemiológico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de Chinalco

Este es el reporte preliminar que emitió el representante de SUNAFIL tras la visita al campamento minero de Tucto en la región de Junín, tras la solicitud del sindicato de trabajadores mineros de Chinalco. La visita fue realizada el día sábado y Sunafil confirmó hasta ese día 04 trabajadores con Covid-19 que habían sido trasladados a Lima. El sindicato de trabajadores de Chinalco viene denunciando en redes sociales la situación en la que se encuentran los trabajadores, como confirma la Sunafil en su reporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui,  señalamos que «frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales». Ver nuestra editorial completa del día de hoy.

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

 

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente en 11 regiones del país, frente al manejo de la crisis del Covid-19 por parte del gobierno nacional, y reconociendo los esfuerzos que se vienen haciendo en algunos sectores, queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

 

1.- Nos preocupa enormemente los impactos que el Covid-19 viene generando en los territorios y la vida de los pueblos indígenas de la amazonía y las comunidades campesinas andinas, cuya postergación histórica continúa también con este gobierno, que no ha tenido la suficiente capacidad para elaborar ni implementar planes de acción para salvaguardar su integridad. En ese sentido, nos sumamos al llamado de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales que se han pronunciado para exigir al gobierno que se tomen medidas urgentes e inmediatas para proteger la vida y la salud de nuestros compatriotas, mucho más en contextos extractivos. Además, instamos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas e integrales, asignando para ello un mayor presupuesto.

 

2.- Durante el tiempo que lleva la cuarentena, los gremios empresariales del país como la SNMPE y la CONFIEP han ejercido una presión política muy fuerte al gobierno nacional para que su sector sea el que menos pierda en esta crisis. Para ello, el gobierno ha emitido una serie de normas que van desde la exceptuación de la actividad minera del Estado de Emergencia, o la reciente norma aprobada que permite la aplicación de la mal llamada “Suspensión Perfecta de Labores” que, en la práctica, permite el despido de los trabajadores, entre otras acciones. Creemos que el derecho a la vida, la salud y al trabajo están por encima de los intereses económicos empresariales. Lamentamos que el gobierno haya cedido a las presiones de las grandes empresas.

 

3.- Llamamos la atención sobre la situación de salud de los trabajadores mineros. Desde la Red Muqui hemos registrado hasta el momento más de 240 trabajadores contagiados por el Covid- 19 en empresas mineras como Antamina, Cerro Verde, Tinka Resources, Nexa Resources, HudBay, Chinalco, Bateas, entre otras, así como la empresa almacenadora de minerales, Impala. Recientemente la empresa Antamina ha emitido un comunicado señalando que ha evacuado a todos sus trabajadores hacia Lima y están realizándoles las pruebas de descarte debido a que hay más trabajadores contagiados. Por ello, insistimos en señalar que la aprobación del protocolo sanitario para los trabajadores mineros es insuficiente. El documento contiene serios vacíos como el hecho de no realizar pruebas de descarte del virus a los trabajadores mineros de forma obligatoria y, además, no se ha tomado en cuenta la opinión de los sindicatos mineros. Éstas y otras medidas omitidas para evitar el contagio en los campamentos mineros y las comunidades locales, es una irresponsabilidad que pone en peligro la vida y la salud de estos peruanos y peruanas.

 

4.- Finalmente, tras la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 10 de mayo, afirmamos la necesidad de tener en cuenta la reciente Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, que conmina a los Estados a “Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras…”.

En ese sentido, la Red Muqui plantea la urgencia de una justa redistribución de la riqueza, que considere la necesaria reforma fiscal. Por ello, nos sumamos a la demanda de un bono realmente universal, que no deje ninguna persona ni familia fuera de la posibilidad de cumplir la cuarentena de forma adecuada y que no sigan pasando situaciones como las que se han presenciado en las últimas semanas: personas y familias enteras intentando volver de la ciudad de Lima a sus lugares de origen, porque ya no cuentan con recursos para sobrevivir en la ciudad, exponiendo su vida y salud.

 

Lima, 27 de abril del 2020.

 

El día de ayer, domingo 26 de abril, la empresa minera de capitales canadiendes, Hudbay, que se encuentra ubicada en la provincia de Chumbivilcas, emitió un comunicado señalando que en su empresa minera no había ningún trabajador con COVID-19. Esto en respuesta a la denuncia que realizó en la mañana del mismo día el alcalde del distrito de Velille, perteneciente a Chumbivilcas, Antonio Toledo, que confirmó que había un primer caso de COVID-19 en la minera Hudbay.

En el comunicado, la empresa minera señala: “En la actualidad no existen casos confirmados de COVID-19 en nuestra Unidad Minera Constancia. Ninguno”.

Luego agregan que decidieron “realizar pruebas rápidas a todo el personal, sin excepción, a pesar de que el gobierno solo realiza esta prueba a quiénes presentan síntomas”.

Luego precisan algo fundamental, en respuesta a la denuncia del alcalde que ya circulaba en redes sociales, “en caso se presente un resultado reactivo en las pruebas rápidas –lo que no significa un resultado positivo de COVID-19-, nuestro protocolo indica que el personal debe ser aislado durante 14 días fuera de la unidad minera, en un hotel en la ciudad de Cusco o Arequipa al que exigiremos cumplir con estrictas reglas de seguridad y salud. Esta situación es reportada al Ministerio de Salud, quien se encarga de coordinar pruebas adicionales o de mayor alcance, en caso se requieran, y serán los únicos autorizados para determinar o concluir si la persona tiene COVID-19 o no”.

Con el contenido del comunicado, la empresa minera Hudbay desmentía la denuncia del alcalde y, además, no precisaba si habían trabajadores en riesgo por Covid-19. Además, en el comunicado solo precisan el protocolo que implementan con sus trabajadores frente al coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud de Chumbivilcas se pronuncia

En un comunicado emitido el día de hoy, lunes 27 de abril, la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas, Micro Red Velille y Micro Red Livitaca, con el respaldo de la Dirección Regional de Salud de Cusco, se pronunciaron señalando que la empresa minera Hudbay les informó que el 23 y 24 de abril realizaron pruebas rápidas de COVID-19 a sus trabajadores, “encontrándose 18 casos reactivos (positivos a primera muestra), de los cuales 01 es natural del distrito de Velille”, señala el comunicado de la Red de Salud de Chumbivilcas, respaldado por la Dirección Regional de Salud de Cusco.

En el comunicado, las entidades de salud de la provincia de Chumbivilcas agregan que, el 25 de abril, la empresa minera Hudbay les informó que “en horas de la mañana, los 18 casos reactivos (positivos a primera muestra), fueron trasladados a la ciudad de Arequipa, para cumplir aislamiento domiciliario”.

Minera Hudbay desacata directivas del Ministerio de Salud

En el comunicado, la máxima autoridad sanitaria provincial, la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas, señala que “no tienen conocimiento de los protocolos, planes y procedimientos con los cual se rige el sistema sanitario de la empresa Hudbay; a su vez, se desconoce la marca, el registro sanitario, el número de lote, fecha de vencimiento y validez de las pruebas rápidas realizadas, estando a la espera de esta información solicitada según el acta de fecha 25 de abril del presente año”.

Las entidades de salud, además, agregan en el comunicado que ellos no tuvieron conocimiento ni autorizaron el traslado de los 18 trabajadores a Arequipa, quedando bajo la responsabilidad de la empresa las condiciones del traslado y las medidas de bioseguridad que implementaron.

 

Red de Salud de Chumbivilcas realiza cerco epidemiológico

Las tres entidades de salud dependientes de la Dirección Regional de Salud de Cusco (DIRESA), señalan que frente a lo ocurrido ya se encuentran realizando el cerco epidemiológico en la provincia, investigando los posibles contactos que tuvieron los trabajadores de la empresa minera de Hudbay, y monitoreando a todas las personas que arriban a la provincia.

Instituciones se pronuncian

Asimismo, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que hace parte de la Red Muqui, señala que no solo se expone a los trabajadores “sino también a los familiares de estos, así como a las personas que prestan servicios externos como los comerciantes”.

Desde la Red Muqui señalamos que resulta irresponsable y poco transparente la actitud de HudBay que ayer negaron que tengan trabajadores en riesgo frente al COVID-19.

Además, la empresa minera señaló el 20 de marzo en un comunicado que suspenderían sus operaciones: «No obstante la industria minera cuenta con la autorización otorgada por el Gobierno para continuar operando con el personal mínimo indispensable debido a su importancia en la economía nacional; Hudbay Perú ha decidido suspender las operaciones de su unidad minera Constancia -durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia- para salvaguardar la seguridad y salud de nuestros colaboradores, contratistas y comunidades que nos rodean”.

Empresas mineras actúan sin control del Estado

A los 210 casos de Covid-19 confirmados por la empresa minera Antamina en Ancash, que actuó negligentemente con sus trabajadores, amparándose en las facilidades que ha dado el gobierno para que la actividad minera continúe, se suma el caso de esta empresa, Hudbay, que decide qué hacer con sus trabajadores sin coordinar con los órganos encargados a nivel provincial y regional de salud de Cusco, tal como lo señalan las directivas del Ministerio de Salud.

Frente a estos casos, preocupa de suma urgencia que, desde el gobierno, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minas, no tengan ningún control sobre las actividades que realizan las empresas mineras, y tampoco haya una decisión firme del presidente Vizcarra frente a estos hechos que cada vez van en aumento.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Frente a las denuncias constantes de los trabajadores mineros y sus familias; del Sindicato de Trabajadores de Antamina; de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros; de instituciones como la nuestra, Red Muqui; y del órgano de prensa Grán Angular, que recientemente publicó que una fuente del Ministerio de Salud le había revelado que Antamina tenía a 200 trabajadores con Covid-19; la empresa minera Antamina acaba de emitir un comunicado en el que señala que tienen 210 trabajadores con Covid-19. “El 87% son asintomáticos. De aquellos con signos asociados con COVID-19, la mayoría muestra síntomas leves. Diecisiete personas reciben atención médica en clínicas, mientras que el resto cumple con sus respectivas cuarentenas”, precisa la empresa.

Antamina agrega que de los 17 trabajadores que se encuentran en clínicas, 16 están estables y en proceso de recuperación, y uno de ellos está en cuidados intensivos.

La empresa sigue haciendo pruebas de descarte

Antamina también señala en su comunicado que continúan aplicando las pruebas moleculares a los demás trabajadores que han sido trasladados a Lima y a otros trabajadores que continúan en el campamento minero realizando las operaciones críticas para el funcionamiento de la mina -«una fuerza laboral mínima”, precisan-.
Del total de 2400 trabajadores que permanecieron en el campamento de Yanacancha en Ancash, se han hecho hasta ahora 600 pruebas moleculares a los trabajadores directos y de las empresas contratistas de Antamina.

Acciones tardías de la empresa

Como es de conocimiento público la empresa Antamina anunció desde el 07 de abril en un comunicado que haría las pruebas de descarte de COVID-19 a todos sus trabajadores; sin embargo, los trabajadores, en su mayoría, recién tuvieron acceso a la realización de la prueba a partir del 22 de abril cuando fueron trasladados a lima para que realicen la cuarentena en hoteles de la ciudad acondicionados para ello. Es importante recordar que Antamina recién anunció su parada estratégica el 13 de abril para evacuar a sus trabajadores, lográndolo hacer una semana después. Antes continuaron exigiéndoles a sus trabajadores que sigan trabajando.

Las acciones que ha tomado la empresa se realizan después de las primeras denuncias y protesta de los trabajadores mineros del campamento de Yanacancha en la provincia de Huari, que desde los primeros días de abril se encuentran exigiendo ser protegidos por el Estado, debido a que la empresa no daba ninguna información después de conocerse que un trabajador minero del campamento dio resultado positivo a la prueba de COVID-19 el 31 de marzo.

Pronunciamiento

Desde la Red Muqui exigimos que  la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres; el Ministerio de Salud; y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca; se pronuncien y señalen que acciones van a tomar frente a la acción negligente de Antamina y otras empresas mineras que ponen en peligro la vida de los trabajadores y de las personas de las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Es urgente que el Estado defienda la vida de los trabajadores y de las personas en general, antes que los intereses económicos del sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

El Centro para el desarrollo de los pueblos – Ayllu CEDEP AYLLU, institución miembro de Red Muqui, desarrolla sus actividades en el sector rural de Cusco impulsando modelos alternativos de buen vivir, principalmente vinculadas al sector agrario.

La humanidad está atravesando una profunda crisis con la presencia del COVID-19 y uno de los sectores más vulnerables en el Perú es el agropecuario y principalmente la pequeña agricultura. Compartimos la entrevista de Gloria Velasco Jauregui al responsable de proyectos Ing. Andrés Loaiza Fernández, sobre las propuestas avanzadas con las comunidades campesinas.

¿Cuál es su opinión sobre el sector agrario en este contexto de pandemia por COVID 19?

Haciendo un análisis de las condiciones actuales de la actividad rural, podemos mencionar que en los últimos diez años se han visto grandes cambios y uno de ellos es que la actividad agropecuaria no es la única que dinamiza el desarrollo de las comunidades campesinas.  Se ha diversificado la economía con la incorporación del turismo, trabajos remunerados, esporádicos y/o informales (minería, construcción, etc.) y la articulación a los mercados; los cuales son actividades que se mueven de acuerdo a las coyunturas.

En el contexto de Pandemia, todas las actividades económicas en nuestro país están paralizadas pero la producción en campo no puede parar; porque el calendario agrícola no espera, la temporada de siembra y cosecha no puede modificarse y las familias productoras siguen trabajando en sus pequeñas parcelas, más aún cuando todas sus otras actividades económicas no están activas. Desde esta perspectiva el papel de las comunidades campesinas para la seguridad alimentaria es fundamental. Sin embargo, el estado de aislamiento en el que nos encontramos puede dificultar el acceso a insumos; como semillas de calidad, para poder producir y responder a las necesidades propias de cada comunidad.

En respuesta a estos escenarios que se avizoran, se está impulsando acciones para que las familias comuneras sean las que produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos y la recuperación de prácticas ancestrales, porque consideramos que es importante seguir fortaleciendo estas capacidades que permiten afrontar contextos adversos de manera saludable y en armonía con el ecosistema.

En el caso de los cultivos tradicionales andinos; las comunidades campesinas tienen una gran ventaja porque conocen y manejan los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y granos andinos como kiwicha que cuentan con un aporte nutricional alto. Desde el CEDEP Ayllu hemos estado reintroduciendo algunas variedades de papas nativas que estaban en el olvido, ahora se cuenta con “semillas refrescadas” que permitirá a las familias ser “criadores de vida” y junto a los conocimientos y saberes ancestrales para manejar estos cultivos podrán enfrentar los retos venideros.

Otro elemento indispensable para analizar la situación es el cambio climático y como afecta al sector rural. Para enfrentarlo desde el CEDEP Ayllu hemos estado impulsando la “siembra y cosecha de agua” práctica que permite un manejo respetuoso del ecosistema y contribuye a la disponibilidad de agua, tan indispensable para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. Es preciso que las entidades del Estado tomen en cuenta las experiencias desarrolladas por las comunidades campesinas en el buen manejo de los ecosistemas, por ello considero que aparte dar paliativos como los bonos, el Estado debe invertir en trabajos como estos.

El rol del Estado en el sector rural andino, debe estar fuertemente vinculado a promover el Ordenamiento del Territorio Comunal, lo que permitiría utilizar de mejor manera los recursos comunales, fomentando alternativas colectivas de hacer agricultura, valorando el rol de la autoridad comunal, lo cual ha permitido a las Comunidades subsistir y trascender en el tiempo como instancia de organización, control y gobierno efectivo del territorio en contextos adversos y desarticulados, muchas veces violentados y olvidados. Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco. “Ayni”

¿Qué acciones deben tomar las comunidades campesinas y principalmente la pequeña agricultura para adecuarse a este contexto?

En esta adversidad las comunidades campesinas pueden demostrar esa capacidad que les permitió subsistir a todos los embates durante más de 500 años donde desafiaron grandes problemas políticos, ambientales, climáticos a las cuales las comunidades han enfrentado como sociedades recilientes respondiendo de manera oportuna a los avatares con una adecuada organización y gestión de sus recursos, capitalizando sus conocimientos ancestrales y la capacidad de leer los ecosistemas.

Las comunidades deben aprovechar este gran capital social y organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas de riego, zonas de secano, laymes etc) donde pueden producir todas las especies cultivares para asegurar su alimentación y aprovisionar a los mercados

Desde el CEDEP Ayllu consideramos que es necesario incorporar nuevas tecnologías a la par de seguir recuperando todo el legado histórico de los saberes ancestrales andinos.

 

Con la presencia de los retornantes (personas de las comunidades que Vivian en las ciudades que están regresando

en este contexto por que se quedaron sin trabajo) habrá mayor cantidad de colaboradores que permitir trabajar las tierras de laymes y muyus que han estado abandonadas por falta de mano de obra y la migración que las comunidades han vivido durante los últimos años.

Algunas reflexiones finales

Este estado de aislamiento social obligatorio es un momento de reflexión para valorar lo que somos y los bienes con los que contamos, nos permite ver las oportunidades que se nos presentan.  Es una oportunidad para que las grandes zonas urbanas reconozcan que el valor de la agricultura familiar en el Perú y como siempre aporto a todo a la seguridad alimentaria, respetando a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra que nos da la vida

Necesitamos cambiar no solamente en la gestión de los recursos para sobrevivir como especie, necesitamos hacer un cambio interior, como personas, en nuestras familias en nuestras formas de relacionarnos con nuestros hijos y seres queridos, volver a lo esencial y poner el justo valor a las cosas.

Estos cambios incluyen el respeto y tolerancia a los que piensan distinto, a las mujeres, a los pueblos originarios y los grupos minoritarios. Debemos permitir que las voces de todos y todas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta para probar otras formas de construir nuestro mundo.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

La semana pasada fue aprobada la Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM, sobre el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción”[1]. Al parecer el gobierno ya habría decidido que la minería es uno de los sectores que van a retomar sus acticidades productivas, aunque en la practica la minería, durante la emergencia sanitaria, sí ha venido operando con cierta normalidad en varias regiones del país, lo que ha desencadenado trabajadores contagiados por el virus en varios proyectos mineros.[2]

Volviendo al tema del protocolo sanitario del Covid 19 para el sector minero, como era previsible, tiene varios vacíos, pero quiza el más grave es que no obliga a las empresas mineras a realizar examenes de descarte del Covid-19 a los trabajadores. De esta manera se terminan vulnerando los derechos de los trabajadores porque se pone en riesgo la salud y la vida de ellos mismos y de sus familias, ya sea para los que salen e ingresan a los campamentos mineros. Lo más grave del asunto es que los trabajadores mineros no han participado en la discusión de la elaboración del protocolo. Nunca fueron consultados. De otro lado la norma del protocolo no fue emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya que esta es la institución rectora en materia de salud ocupacional. Algo que hemos llamado la atención desde la Red Muqui pronunciándonos y enviando una carta al Ministerio de Justicia con nuestras observaciones al Protocolo aprobado.

Lo contradictorio, en relacion al tema del protocolo para el sector minero es que, por un lado, el gobierno, a traves del Ministerio de Energia y Minas, emite una serie de “normas favorables” para la actividad minera y, por otro lado, el presidente Martin Vizcarra señala que no es así. En su última visita a Moquegua el presidente ha señalado que las empresas deberan realizar pruebas rapidas: “Definitivamente, una vez que se recuperemos el inicio de las actividades económicas productivas uno de los requisitos, para que las empresas puedan hacer su trabajo, será que deban hacer un control permanente a sus trabajadores a través de estas pruebas” y, concluye, que se deben proteger a los trabajadores. Lamentablemente, el gobierno, en la práctica, ha desprotegido a los trabajadores en el sector minero y a las comunidades aleñadas, emitiendo normas que no toman en cuenta los derechos laborales y humanos, priorizando solo el aspecto económico.

Finalmente, un tema que no queremos dejar pasar por alto es la declaración del “Dia internacional de la Tierra”. Estamos en un momento más que propicio para repensar en medio de la pandemia del Covid-19 sobre lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra; la pachamama, la casa común que nos cobija y nos provee de alimento. La explotación desmesurada y sin control de nuestros recursos naturales ya ha generado profundos cambios en los ecosistemas de la naturaleza; si no cambiamos ahora, la Tierra puede presincidir facilmente de nosotros, como ya lo hizo en el pasado.

 

[1] “En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM”

[2] https://muqui.org/noticias/cronologia-que-ha-pasado-en-35-dias-de-coronavirus-en-el-sector-minero-en-el-peru/

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció ayer a la prensa en Moquegua, martes 21 de abril, donde se encontraba encabezando una reunión del comando COVID-19, que se deben hacer ajustes en las disposiciones del gobierno para la protección de los trabajadores en el marco de la reactivación económica que se avecina en el país.

«Definitivamente, una vez que se recuperemos el inicio de las actividades económicas productivas: uno de los requisitos, para que las empresa puedan hacer su trabajo, será que deban hacer un control permanente a sus trabajadores a través de estas pruebas”, señaló el presidente.

Agregó, “Entonces, si alguna actividad quiere retomar sus trabajos, va a tener como requisito tomar estas pruebas para ir cuidando progresivamente y de manera frecuente a su personal”.

Protocolo del MINEM no establece pruebas obligatorias de Covid-19

Sin embargo, no obstante a las declaraciones del presidente Vizcarra; la semana pasada, el 15 de abril, el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM, que aprueba el  “Protocolo para la implementación de las medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19 en el que marco de acciones de traslado del personal de las unidades mineras y las unidades de producción”; y, este Protocolo, no establece lo más importante de las medidas dispuestas: pruebas obligatorias de descarte de Covid-19 para los trabajadores mineros que son trasladados a sus centros de trabajo.

Frente a ello, en el actual contexto que se vive en el país por la crisis sanitaria originada por el brote de Covid-19, se viene teniendo un gran impacto sobre los derechos humanos de los trabajadores mineros, las comunidades y poblaciones; ya que el sector minero es uno de los rubros económicos que no ha parado sus actividades durante este estado de emergencia nacional. A la fecha, ya van 10 casos de trabajadores mineros con Covid-19.

Protocolo  vulnera derechos humanos

Desde la Red Muqui señalamos que en esta situación excepcional que vive nuestra sociedad el Estado debe garantizar la protección integral de los derechos humanos de todos por igual; sin embargo, consideramos que la Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM, vulnera los derechos humanos básicamente por tres razones:

  • Normas de Estado de Emergencia Nacional (EEN) no puede vulnerar defensa de derechos laborales y sindicales.
  • El protocolo no se adapta al estándar de protección del derecho a la salud en contexto de COVID-19
  • El protocolo no contempla protección de derechos de Pueblos Indígenas

Los principales temas que llaman la atención, es que esta norma fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas cuando por su naturaleza correspondía ser emitida desde el Ministerio de Salud y con participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo; no obstante, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le dio esta potestad exclusiva al MINEM. Por otro lado, además de que el protocolo no establece que las empresas apliquen de manera obligatoria la prueba rápida para descarte de COVID-19; tampoco establece la delimitación de obligaciones entre las empresas mineras y las empresas subcontratistas de fuerza laboral. Tampoco establece disposiciones para evaluar el impacto del traslado de trabajadores mineros en territorio indígenas y de comunidades campesinas.

Presentación de observaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Frente a estos hechos, desde Red Muqui hemos presentado un documento de observaciones de la resolución a Federico Chunga Fiestas, coordinador general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; por estar directamente vinculado al desarrollo de insumos para la elaboración del Diagnóstico y Línea Base del PNA sobre Empresas y Derechos Humanos.

Es necesario que lo declarado por el presidente de la República se condiga con la realidad y el Protocolo de traslado de personal minero sea modificado y las empresas adquieran y realicen las pruebas de descarte de Covid-19 en convenio con los centros de salud donde operan sus actividades.

Observaciones al Protocolo de traslado de trabajadores mineros en contexto de Covid-19 aprobado por El Minem

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