• CooperAcción participó en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades
  • De Echave resaltó la necesidad de que la minería en el Perú contemple la viabilidad social en sus proyectos.

Durante su participación 32 Convención minera – Perumin, el subdirector de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, afirmó que los empresarios mineros aun no trabajan de manera conjunta para analizar las problemáticas reales de los conflictos socioambientales, lo cual no les ha permitido aprender lecciones en os últimos 25 años de expansión minera que también ha traído el aumento del descontento social en las zonas de influencia de la minería.

“La sensación cuando uno habla con algunos líderes empresariales es que cada una se mueve por su lado. Ahí hay un problema de poco aprendizaje y lecciones conjuntas que deben darse por medio de monitoreo de conflictos, alertas tempranas y hay evaluaciones de lo que pasa en el sector. Todo ello desde el gremio empresarial minero, no solamente desde el Estado y las ONG”, propuso en el panel de “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”, al lado del Vice Ministro de Minas, Guillermo Shinno y Ricardo Morel de la empresa minera Antamina.

En ese sentido, De Echave afirmó que hoy en día las empresas mineras deben tener en cuenta en cuatro viabilidades para llevar a cabo un proyecto, además de viabilidades de negocio (o financiera), la técnico-productiva y la ambiental, se incorpora la viabilidad social.

“A las tres primeras (viabilidades) se les puede poner tiempos y plazos de maduración, pero, ¿cómo hacerlo con las personas y la confianza de la minera con ese entorno? Es por ello que los entrampamientos de las inversiones mineras terminan siendo de índole social”, comentó.

Tras resaltar que ese es el enorme reto en nuestro país, el investigador de CooperAcción aseveró que el debate minero en los últimos 10 años que se ha ido polarizado cada vez más porque existen tres bloques que no han tenido la capacidad de dialogar, uno es competitividad, la agenda derechos y la gobernabilidad.

“Estos aspectos han estado disociados sin llegar a un equilibrio, y ahí está el reto. El componente de competitividad no reconoce al de la agenda de derechos; mientras que el tercer componente requiere construir una gobernabilidad de manera democrática, sin que esta sea impuesta como ha venido sucediendo y que no sea impuesta a la fuerza”, dijo en su participación en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”.

Ante ello, señaló que es clave comenzar a mirar cómo es que se comportan y responden las distintas institucionalidades que se han ido construyendo desde el estado, las empresas, los actores locales y las mismas ONG, a través de las mesas de diálogo y las de desarrollo.

Evolución de los conflictos

En base a datos de la Defensoría del Pueblo, la PCM y ONG, el exviceministro de Gestión Ambiental señaló que en los últimos 25 años la conflictividad social ha crecido en el país, siendo el 60% correspondiente a conflictos socioambientales vinculados a industrias extractivas, sobre todo en minería.

Este incremento ha ido de la mano con la expansión de la actividad minera en el país, con especial énfasis en el año 2007 donde se registraron 74 conflictos en un año, y el índice de conflictos subió a 172 a mediados del 2009. Periodo en el que hubo la bonanza del precio de los metales, y la minería generaba el 50% del Impuesto a la Renta, así como una mayor distribución de canon.

De Echave agregó que a partir del 2011, al darse la transferencia de gobierno, el número de conflictos bajó hasta el estallido en Conga y Espinar en el 2012. También anotó que hasta octubre del 2014 el Perú tuvo un periodo de mayor calma, pero el rango de 200 conflictos registrados se mantiene, es decir, 100% más a comparación de la década pasada en la que el número de conflictos no llegaba a 100.

No obstante, De Echave también comentó que esta tendencia es global, según muestra el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hoy en día, el 40% de conflictos mineros de los países en el mundo, tiene que ver con explotación de recursos naturales.

El Subdirector de CooperAcción, también señaló se debe tomar en cuenta que la geografía de la conflictividad social ha cambiado, ya que ahora la región macrosur concentra el 36% de los conflictos porque el mapa de inversión minera también ha cambiado.

Durante su intervención en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades” en el 32 edición del Perumin, el economista resaltó la necesidad de diferenciar la naturaleza de los conflictos en las zonas de influencia de la actividad minera.

“Es fácil decir que todos los conflictos son iguales y que vienen de una supuesta conspiración que sería la misma en todos los casos. Los conflictos no son homogéneos, siempre es un error afirmar que todas las situaciones son iguales”, aclaró.

Tras indicar que –últimamente- el empresariado minero viene tomando esta posición errónea, De Echave expuso la diferencia entre un conflicto de resistencia y rechazo a la minería, y los conflictos de convivencia con la minería, y como ambos se están complejizando en el Perú.

“En un escenario de conflicto de resistencia, predominan posiciones irreductibles, los procesos de diálogo no prosperan, hay intervenciones tardías y reactivas, además de polarización extrema porque las relaciones entre los actores se interrumpen. Estos son los casos de Tambo Grande, Cerro Quilish, Rio Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María”, explicó De Echave.

En cuanto a los conflictos de convivencia, el exviceministro de Gestión Ambiental expuso a los empresarios del Perumin, que estos no se oponen a la actividad minera, pero sí tienen demandas sociales, económicas, de salud, ambientales, culturales que muchas veces se han acordado –previamente- con las mineras, y que en el camino no se cumplen en su totalidad. Tales son los casos de Espinar (Cusco), la Sierra Central y otras dos provincias que se están incorporando a la explotación minera como es el caso de Chumbivilcas (Proyecto Constancia, Cusco) y Las Bambas en Apurímac.

Foto: Perumin

  • Pobladores anuncian paro interprovincial para este 25 de setiembre
  • Planta de filtros y almacén de concentrados amenazan medio ambiente y la salud en zona de influencia del proyecto

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (región Apurímac) anunció un Paro Interprovincial para este 25 de setiembre, ante la inminente amenaza la salud y el medio ambiente, que significa la presencia de una planta de filtros que ha sido instalada irregularmente como parte del proyecto minero Las Bambas.

La empresa minera de capitales chinos, Minmetal Group Limited (MMG), colocó una planta de Filtros y Molibdeno, y un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, gracias a las modificaciones irregulares que el Estado peruano hizo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Los dirigentes refieren que estos cambios en el EIA se realizaron sin aplicar la consulta previa a las comunidades que se son afectadas directamente por esta planta. El paro interprovincial será acatado por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia Cotabambas y Grau, Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, Haquira, Mara, Ccoyllurqui, Cotambambas, Comunidades Campesinas y organizaciones sociales de base.

Una de las demandas principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto. Otro de los reclamos es la renegociación de tierras comunales de la zona de influencia minera en Cotabambas y Grau.

Uno de los reclamos sociales, es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.

El malestar que se vive en esta parte de la sierra central se origina en el incumplimiento de los acuerdos tomados con la anterior operadora, Xstrata, compañía suiza que el año pasado se fusionó con Glencore y posteriormente vendió a Minmetals. A raíz de la compra que se concretó el año pasado, ya se hablaba de algunas modificaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Otras protestas

Las organizaciones campesinas y barriales del distrito de Challhuahuacho también realizaron un paro de 72 horas para exigir al gobierno central, la ejecución de la obra integral de agua y desagüe para resolver el problema de contaminación ambiental en las zonas de influencia del proyecto minero.

Foto: Agencia Andina

Familiares de detenidos en Espinar. Foto: DHSF

En estos últimos meses, los derechos de los pobladores de la provincia de Espinar están siendo afectados por una serie de denuncias interpuestas en su contra por la empresa minera Glencore Antapacay y que vienen acompañadas por maltratos y abusos por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, según indica el último informe de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) en el Cusco.

Muchos de los “denunciados” son pobladores que viven en las cercanías del proyecto minero Antapacay quienes además de ser perjudicados por esta actividad, también lo son debido a los excesos de la intervención policial. En su informe, DHSF expone como es que los efectivos policiales no recurren a medidas persuasivas y más bien utilizan la violencia aduciendo “un supuesto cumplimiento de sus funciones”, claramente a favor de la minera, y no del orden público.

Por el lado del Ministerio Público, Derechos Humanos Sin Fronteras observa como la Fiscalía se presenta de forma “inmediata” frente a presuntos delitos flagrantes que son denunciados por la empresa minera Antapacay. Asimismo, se denuncia como es que algunos fiscales permiten -en su presencia- que se generen maltratos y vulneraciones de derechos fundamentales, que no se soliciten exámenes de médicos legistas y tampoco se investiguen las razones que motivan el uso de libertad de expresión o movilización pacífica, derechos garantizados por nuestra Constitución Política.

En cuanto a las acciones del Poder Judicial, en el informe se cuestiona cómo es que los efectivos policiales no han sido sancionados por maltratos físicos y psicológicos durante la detención; también se señala el mal uso de la prisión preventiva que es una excepcionalidad para restringir la libertad (conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal).

El informe se basa en los casos de la Asociación de Productores Pecuarios de Hunipampa en Espinar (11 de setiembre de 2015), y el de Juan Cancio Cuti, poblador de 68 años que vive en el sector Pacpacco de la comunidad de Alto Huancane (01 de junio de 2014). Es por ello que se señala la preocupación por la conducción de los procesos judiciales en contra de Juan Cancio Cuti (etapa de juicio oral), así como de Carlos Valentin Umasi, Victor Doroteo Sulla y Jackelin Maritza Umasi, quienes estarán privados de su libertad por seis meses.

Derechos Humanos Sin Fronteras forma parte de los 29 miembros de la RED MUQUI en 11 regiones del país.

VER INFORME

A OCHO AÑOS DE CONSULTA VECINAL

  • Gobernador se compromete a apoyar en desarrollo de la agricultura y gestión de canales

El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, garantizó que se respetará la decisión de las provincias de Ayabaca y Huancabamba al rechazar la realización del proyecto minero Río Blanco, que pondría en peligro los páramos de donde provienen las fuentes de abastecimiento de agua de toda la región.

Durante el VI Congreso de Rondas Campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba que se llevó a cabo en la comunidad de Yanta (Ayabaca, Piura), el gobernador recalcó su compromiso de respaldar las decisiones y modelos de desarrollo de las comunidades al interior de la región.

“Como siempre lo hemos hecho, respetamos a ese 98% que hace 8 años dijo «no queremos minería (…) ello se debe porque todos tienen derecho a definir cuál es el modelo de vida que tienen que llevar. Y ustedes lo han decidido: No quieren minería, quieren agricultura. Nosotros como gobierno regional respaldamos ese modelo de negocio, ese modelo de vida y de desarrollo”, señaló.

Tras reconocer la importancia del ecosistema presente en los páramos, así como sus fuentes de agua, Reynaldo Hilbck dijo que el gobierno regional tiene interés en conocer el desarrollo de la frontera norte que ofrece una oportunidad de desarrollo agrícola y de turismo debido a los paisajes que posee.

Asimismo, anunció que de ser necesario se realizarán otros estudios técnicos para desmentir lo que viene afirmando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) respecto a una supuesta falta de fuentes de agua en la zona de páramos.

“Tenemos un estudio para llevar adelante unos expedientes técnicos para hacer obras. No estamos de acuerdo con la posición de la ANA y desmentimos que no existe agua. De ser necesario se realizará un nuevo estudio técnico. Existe un canal de los sectores, Ramos, San Juan del Faique, El Tambo, Jujuy. Hay otros como el de Cerro Negro”, expuso ante las comunidades de Yanta y Segundo y Cajas.

Vigilancia

A través de un pronunciamiento, las comunidades y rondas campesinas de Huancabamba y Ayabaca indicaron que continúan vigilantes la una posible reactivación del proyecto minero.

“(…) declaramos que nos mantendremos vigilantes ante la nueva arremetida ilegal del proyecto Rio Blanco, apostando por un desarrollo económico y sostenible que respete el medio ambiente, los ecosistemas de páramo y bosques de neblina que captan y proveen de agua a la región Piura, a las actividades agropecuarias tradicionales de la población”, aseveraron.

Asimismo, las comunidades de ambas provincias mostraron su preocupación por los procesos judiciales que vienen afrontando dirigentes comunales y ronderiles tras una serie de de denuncias y acusaciones impulsadas por la empresa minera.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía y Poder Judicial para que asuma su rol defensor de la legalidad, y se respete la autonomía de la Rondas y Comunidades Campesinas en aplicación de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 18 (inciso 3) del Código Procesal Penal” indicaron.

En ese sentido rechazaron la desinformación de algunos medios de comunicación en Piura, y a nivel nacional, que de manera irresponsable sugieren que las comunidades y rondas campesinas son responsables por la desaparición y muerte de los trabajadores mineros encontrados a fines de julio de este año. Los comuneros de Ayabaca y Huancabamba consideran que esto viene generando desconfianza hacia las organizaciones campesinas, por parte de la opinión pública.

Por ello, reiteraron que luego de conocer que los trabajadores de la minera estaban desaparecidos por más de 20 días, colaboraron con los rescatistas por medio de la formación de brigadas de búsqueda que brindó apoyo a los escuadrones policiales y militares que desconocían la geografía del lugar para lograr su objetivo.

Actualmente, la empresa Minera Rio Blanco Copper S.A plantea la reinstalación de un campamento para 75 trabajadores y un helipuerto en el territorio de las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca), así como de Segunda y Cajas (Huancabamba) sin contar con la autorización de los propietarios, es decir, dichas Comunidades.

Río Blanco utiliza la aprobación irregular de un plan de Rehabilitación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual no cuenta con una línea de base actualizada y que deja “para después” el cumplimiento de una serie de requisitos, lo cual es ilegal.

VER VIDEO

Foto: Piura en línea

x

CON CAMINATA POR PASCO, JUNÍN Y LIMA

Las 12 comunidades campesinas y centros poblados del distrito de Simón Bolivar de Pasco, realizan la “marcha de sacrificio por la Vida y la Salud de Pasco” que pasará por varios centros poblados de las regiones de Pasco, Junín y Lima. Esta caminata masiva pretende llegar hasta las sedes de los ministerios que hace tres años se comprometieron a ejecutar un Plan de Emergencia Ambiental que contemplaba 30 medidas para reducir el alto índice de metales pesados en el agua, aire y suelos de este distrito, en el que viven casi 14 mil personas.

Se estima que esta caravana de protesta estaría llegando a la capital entre el 30 de setiembre y 1 de octubre. Quienes encabezan esta marcha a pie es el alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, y autoridades municipales, así como presidentes de Asentamientos Humanos acompañados por las Comunidades Campesinas y padres de familia con niños afectados. La marcha se inició el ayer desde la localidad de Quiulacocha que es una de las más afectadas por la presencia de una relavera minera. Este fin de semana estarían llegando a Junín al ingresar por el distrito de Carhuamayo (provincia de Junín).

Por su parte, la municipalidad provincial de Pasco se ha sumado a esta lucha por medio de la entrega de alimentos no perecibles, agua y frutas para las personas que realizan esta protesta. Sin embargo, sus autoridades no participan directamente.

Los regidores de Simón Bolívar, Hugo Rojas y Jaime Silva indicaron que un total de 2,070 niños menores de 12 años son los más vulnerables a metales en la sangre y representan poco más del 14% de la población. Actualmente, 50 de estos menores se encuentran en estado crítico al no poder caminar.

Desde hace casi 20 años, los problemas de salud pública se han agudizado en el distrito debido a la presencia de metales pesados en el agua, el aire y el suelo, lo cual ha perjudicado a más de 14 mil personas de comunidades, anexos y asentamientos humanos.

Entre los años 2007 y 2012, los pobladores ha sido evaluados a través de tres estudios, el último de ellos fue realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección regional de Salud Pasco. El resultado de la “Determinación de Plomo en sangre en niños y mujeres gestantes de las poblaciones de Pasco”, concluyó en que casi el 60% de niños evaluados presentan más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre (límite establecido por la OMS).

Tras la presentación de este estudio, y de los realizados por el Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), el Estado peruano declaró en emergencia ambiental en cuatro localidades de Simón Bolivar en mayo de 2012 (R.M. N° 117-2012). En ese mismo año, se aprobó un Plan de Acción inmediato y de corto plazo (90 días) con 32 acciones que no se han llevado a cabo hasta la fecha.

Dicho plan que deben ejecutar cinco ministerios, contempla el cierre de pasivos ambientales (relavera de Quiulacocha y desmontadera Excélsior), control de riesgos y remediación ambiental, pavimentación y forestación de vías, sistema de agua potable, planes de nutrición con la población, entre otros.

DATO:

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, está permitido no más de 10ug/dl en la sangre. Sin embargo, los niños del distrito de Simón Bolívar presentan 28ug/dl habiendo sobre pasado el límite, perjudicando su salud para el resto de sus vidas.

Foto: Aquino Photography

Foto: Celendinlibre

Las instituciones y organizaciones de las regiones Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Puno y Lima, reunidas en Huancayo los días 09 al 11 de setiembre de 2015, hemos revisado y reflexionado sobre la situación actual que atraviesa nuestro país en relación a la problemática del territorio y de las Comunidades Campesinas.

Al respecto luego de intercambiar experiencias de trabajo por el respeto de los derechos fundamentales, nos dirigimos a la opinión pública para plantear lo siguiente:

  1. Los paquetes normativos que se han dictado desde el Poder Ejecutivo y Legislativo especialmente desde el año 2013 hasta la fecha, vulneran de manera sistemática los derechos a la propiedad y posesión de la tierra de las Comunidades Campesinas de nuestro país, limitando las garantías establecidas en la Constitución, Ley de Comunidades Campesinas, Ley de Tierras y normas internacionales que amparan sus derechos como es el caso del Convenio 169 de la OIT vigente desde el año 1995 para el Perú, amenazando con su desaparición
  2. Las actividades económicas principales de nuestras Comunidades Campesinas son la agricultura y ganadería. Éstas son fuente importante de empleo, garantizan la seguridad alimentaria de nuestro país, y son actividades sostenibles, que con un adecuado apoyo técnico del Estado, permitirán a nuestras futuras generaciones seguir gozando de sus beneficios y oportunidades.
  3. Sin embargo el crecimiento desmedido y desordenado de concesiones y operaciones mineras, tanto formales como informales, y otras actividades extractivas, ponen en riesgo las principales actividades económicas desarrolladas por las comunidades y población en general, imponiéndolas sin consultarles ni tomar en cuenta su participación efectiva en las decisiones sobre su modelo de desarrollo.
  4. Hemos constatado con preocupación que la actividad minera ha generado el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones enteras, como es el caso de Morococha en la región Junín, donde no se han considerado aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos que están afectando sus derechos en desmedro de su calidad de vida. Se ha quebrado el tejido social de la población, la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que puede generar futuros conflictos sociales.
  5. Comprobamos que los niveles de contaminación en diferentes lugares de nuestro país, van más allá de las denominadas “zonas de influencia directa e indirecta” de los proyectos mineros, cuyos instrumentos de gestión ambiental no cuentan con medidas de prevención y mitigación para dichas zonas, ocasionando graves consecuencias en la salud de las personas e impactos severos en el ambiente, que no necesariamente se visibilizan a corto plazo, debiendo asumir luego el Estado la responsabilidad de los costos que implica su remediación y la atención de las poblaciones afectadas.

Nos unimos al llamado del Papa Francisco en la Encíclica “Alabado seas”, donde nos interroga sobre el futuro: ¿ Qué tipo de mundo le vamos a dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo?. Por ello exigimos a nuestras autoridades nacionales, regionales y locales que brinden garantías para el respeto de los derechos de las personas, priorizando una economía que las favorezca, y no ponerlas al servicio de la economía.

A pesar del hostigamiento a las organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos humanos y medio ambiente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en defensa de la vida y nuestra casa común.

 

“Dios perdona siempre y olvida, nosotros perdonamos algunas veces, pero no olvidamos. La naturaleza no perdona ni olvida nunca”

Papa Francisco (Encíclica “Alabado seas”)

 

Huancayo, 11 de Setiembre de 2015.

 

Asociación Marianista de Acción Social – AMAS (Otuzco); Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP(Ancash); Centro de Capacitación Campesina – C.C.C.P (Puno); Centro de Promoción de la Mujer – CEPROM (Junín); Diócesis de Chulucanas (Piura); Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES (Cajamarca); Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH (Junín); Promoción de la Gestión Rural, Económica y Social – PROGRESO (Piura); Instituto REDES (Junín); Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD (Piura), RED MUQUI PERÚ.

Foto: Captura YouTube

DESDE HACE 3 AÑOS

• Estado decretó Emergencia Ambiental con acciones que aún no se cumplen

• Iniciarán marcha desde Pasco hasta Lima para pedir aplicación de plan ambiental

Las autoridades de la municipalidad distrital de Simón Bolívar (provincia y región Pasco), esperan que el Estado cumpla con la ejecución del plan de acción inmediato que se fijó en el 2012 para atender la Emergencia Ambiental en varios centros poblados que presentan cientos de casos de personas que viven metales pesados en sus organismos.

Los regidores del distrito, Hugo Rojas y Jaime Silva indicaron que un total de 2,070 niños menores de 12 años son los más vulnerables y representan poco más del 14% de la población en Simón Bolivar.
Desde hace casi 20 años, los problemas de salud pública se han agudizado en el distrito debido a la presencia de metales pesados en el agua, el aire y el suelo, lo cual ha perjudicado a más de 14 mil personas de comunidades, anexos y asentamientos humanos.

Entre los años 2007 y 2012, los pobladores ha sido evaluados a través de tres estudios, el último de ellos fue realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección regional de Salud Pasco. El resultado de la “Determinación de Plomo en sangre en niños y mujeres gestantes de las poblaciones de Pasco”, concluyó en que casi el 60% de niños evaluados presentan más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre (límite establecido por la OMS).

Tras la presentación de este estudio, y de los realizados por el Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), el Estado peruano declaró en emergencia ambiental en cuatro localidades de Simón Bolivar en mayo de 2012 (R.M. N° 117-2012). En ese mismo año, se aprobó un Plan de Acción inmediato y de corto plazo (90 días) con 32 acciones que no se han llevado a cabo hasta la fecha.
“Desde hace más de tres años, el Estado declaró una emergencia ambiental por salud pública en todo el distrito. En todo ese tiempo las autoridades locales y dirigentes de comunidades, hemos sostenido más de 20 reuniones con Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, no hemos obtenido una solución concreta”, reclamó Silva.

Por su parte, el teniente alcalde y regidor, Hugo Rojas, cuestionó que el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, que estuvo hace poco en el lugar, no haya tomado en cuenta los estudios previos realizados por su mismo sector.

«Lo que (el viceministro) ha hecho es solicitar la reevaluación de nuestros niños, iniciar todo un (nuevo) plan, validarlo, solicitar alguna micropartida (presupuestal) si la hubiera, y ahí recién atender estos casos urgentes de salud», explicó Rojas.

Esta semana ambos regidores estuvieron en Lima junto con dos dirigentes de los poblados afectados. Una vez más sostuvieron una reunión con la PCM, y también lograron reunirse con la comisión de Pueblos Andinos del Congreso y la Defensoría del Pueblo, quienes recién se han enterado de su situación.

“Nosotros acudimos a la sede regional de la Defensoría del Pueblo en Cerro de Pasco, a cargo de Raquel Álvarez, pero hemos visto que la señora no ha informado a Lima sobre nuestra emergencia. Esperamos que ahora la Defensoría se pronuncie”, señaló Hugo Rojas.

No creen en el diálogo
Ambos regidores explicaron que la Comisión de Evaluación de la Emergencia Ambiental del distrito (conformada por pobladores) determinó que, en tres años, este plan multisectorial (R.M. N° 117-2012/MEM), solo se ha cumplido en un 10%, y desmintieron el informe del MINAM que indica un 92% de ejecución.

Mientras tanto, los anexos y poblados del distrito han conformado un comité de emergencia y otro de lucha.

«Se supone que una emergencia quiere decir atención inmediata, y la población así lo ha entendido. (Sin embargo) Ahora le hemos dicho «No» a este diálogo que ha quedado en promesas. Para este mes de setiembre haremos una marcha de sacrificio por la vida y la salud de los niños afectados por metales pesados en la sangre. Llegaremos hasta Lima», sostuvo Hugo Rojas.

Dicho plan que deben ejecutar cinco ministerios, contempla el cierre de pasivos ambientales (relavera de Quiulacocha y desmontadera Excélsior), control de riesgos y remediación ambiental, pavimentación y forestación de vías, sistema de agua potable, planes de nutrición con la población, entre otros.

Mira el #VIDEOMuqui aquí

Foto: Captura YouTube

 

  • Red Muqui conversó con los realizadores del documental que tiene como protagonista a Nélida Ayay y Máxima Chaupe

 

En entrevista con RED MUQUI, Ernesto Cabellos y Nuria Frigola, realizadores de “Hija de la laguna”, negaron que la trama tenga una tendencia “antiminera” al mostrar el otro lado de los conflictos socioambientales y de aquellos peruanos que ven afectados sus modos de vida debido a la imposición de actividades extractivas en sus territorios.

Es por ello que instaron al público a mirar documental para poder fomentar un debate que vaya más allá del tema económico.

“No se trata de decir que no exista la minería, pero que sí que haya una nueva forma de realizarla, respetando los estándares ambientales y sociales, es decir, que respete a la gente y al medio ambiente. A quienes nos tildan de antimineros, les recomendamos ver la película para luego aportar al debate, que ahora es muy necesario en el país», señaló Nuria Frigola, productora general del film.

Asimismo, aseveraron que su trabajo cinematográfico transmite el amor a la Tierra y al agua, (Pachamama y Yacumama) por parte de los agricultores, el mismo que esperan replicar en las zonas urbanas ajenas a esta realidad.

«Existe una necesidad de escuchar a quienes reclaman por el agua desde sus comunidades. Por ello decidimos representar con respeto a quienes son tildados como enemigos del desarrollo”, indicó Cabellos, director del documental.

En ese sentido, los realizadores de Guarango, indicaron que el documental incita a un cambio en la vida cotidiana y a la forma de ver los metales, sin dejar de reconocer su importancia.

«Durante tres años en la producción nos hizo cambiar la visión que teníamos respecto al uso de los metales en nuestras vidas. Muestra de ello es el personaje de una joyera holandesa que busca «oro justo». Ya no solo se trata de los metales, sino de preguntarse de donde es que provienen todos los productos que consumimos y qué hay detrás de ello”, reveló Nuria Frigola.

Para Ernesto, los casi 6 millones de usuarios que han visto el trailer de la “Hija de la laguna” han sido conmovidos al estar en contacto con una nueva mirada del conflicto y ahora se ve un mayor interés sobre el tema.

«Frases como el agua es la sangre de la Tierra, es una mirada importante para enriquecer un país y una región como Latinoamérica donde existe una diversidad de culturas», declaró.

Los miembros de Guarango también conversaron con RED MUQUI sobre la necesidad de consultar a las comunidades, uno de los temas reflejados en “Hija de la laguna”.

Para Nuria Frigola, la consulta sobre las actividades extractivas se debería realizar en general. «A todos se nos debe consultar sobre lo que van a hacer en tu casa o cerca de ella, sean o no comunidad indígena». Ernesto también compartió esta opinión al decir que en las grandes ciudades y distritos, también se hacen consultas con los vecinos antes de realizar alguna obra que pueda invadir sus hogares. “Precisamente, Nélida (la protagonista) cuestiona porqué las decisiones sobre el destino de las comunidades se toman en Lima, y no con los pobladores afectados por la minería, en este caso”, ´comentó.

Luego de las salas de cine, Guarango Producciones llevará la «Hija de la laguna» a «su público» durante el 2016, es decir, que será presentado en festivales locales, organizaciones de base, comunidades, universidades y probablemente en colegios.

“El documental cumple una función esencial en la vida de un país. Como dijo el documentalista chileno Patricio Guzmán, un país sin cine documental es como una familia sin un álbum sin fotos. Hija de la laguna es una de esas fotos”, anotó Cabellos.

 

Mira el #VIDEOMuqui de la entrevista

Foto: Espacio360

PARA FUTUROS PROCESOS

La RED MUQUI lamentó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) haya tomado la decisión unilateral y antidemocrática de concluir la “etapa de diálogo intercultural” sobre el lote 192 que sostenía con la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

“Esta interrupción por parte del Estado, resulta un mal precedente para la aplicación del derecho a la consulta previa que tienen los Pueblos Indígenas en el Perú, más aun cuando las comunidades nativas afectadas por la extracción de hidrocarburos en el lote 192, esperaban retomar el dialogo suspendido a mitad de este mes de agosto”, indicó el Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke.

Para el representante de la RED MUQUI, que realiza labor de acompañamiento de comunidades afectadas por la actividad minera en 11 regiones del país, esta actitud del Presidente Ollanta Humala agudiza la confrontación entre el Estado y los pueblos indígenas.

“Además de haber demostrado un mal manejo respecto a la aplicación de éste derecho, el gobierno de Ollanta Humala también ha dejado en claro su falta de voluntad política para respetar estos derechos. Prueba de ello es que, hasta la fecha, no se ha realizado NINGUNA consulta previa relacionada a la minería”, refirió Jahnke.

Al respecto, añadió que la RED MUQUI se basa en una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, la cual señala que en 16 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no se había contemplado -ni aplicado- el derecho a la consulta previa, pese a que los proyectos a ejecutados involucraban territorios habitados por pueblos indígenas, lo que constituye una aprobación ilegal de dichas solicitudes, por parte del Estado.

Finalmente, Javier Jahnke indicó que esta decisión (de concluir diálogo sobre el lote 192) refleja, una vez más, cómo el Gobierno  pierde legitimidad, al priorizar los intereses económicos, por encima de los derechos de las personas y los acuerdos consensuados con los Pueblo Indígenas que esperaban retomar el diálogo sobre las 27 propuestas que presentaron para salvaguardar sus derechos y proteger sus territorios.

“Tajima Pujut” (El Buen Vivir) es el documental que muestra cómo las actividades de exploración minera de la empresa “Águila Dorada”, vienen afectando la salud, la alimentación y el medio ambiente de la comunidad nativa Awajún que habita en las cercanías del río Chirinos ubicado en el distrito de Huarango (provincia de San Ignacio, Cajamarca).

La primera parte de este documental nos adentra a las comunidades nativas Awajún, especialmente a la de Supayaku, quienes a través de sus apus y pobladores explican -en su idioma nativo- como vivían antes de la actividad minera que, hoy en día, contamina las aguas de la cuenca del Chirinos y amenaza todo su modo de vida.

«Ahora con la presencia de la empresa minera que ha venido a sacar oro, y ha entrado en el territorio de nuestros pueblos se está envenenando el agua. Por eso la población no tiene donde ir a pescar. Estamos sufriendo porque no hay comida», indica uno de los apus en lengua awajún.

A mitad del documental, aparecen técnicos de las diferentes organizaciones dando cuenta de la presencia de metales pesados que tienen relación directa con actividades extractivas.

“De acuerdo a las muestras tomadas del río, se comprobaron altos índices de metales pesados como mercurio, arsénico, nitrógeno amoniacal, así como sulfuros y sulfatos”, refiere Manuel Hora de AMAS, miembro de la RED MUQUI.

Gracias a la colaboración de un laboratorio, acreditado por el Indecopi, se realizó un monitoreo independiente del agua del río Chirinos.

“Los resultados determinaron la presencia de nitrógeno amoniacal, fenoles, aceites y grasas, los cuales superaban los estándares de calidad ambiental. Estos compuestos normalmente son de origen industrial y son latamente contaminantes para la vida acuática”, señaló Laura Lucio de Ingeniería sin fronteras.

El presidente de las rondas campesinas de Supayaku, Benito Jempekit, expone el acuerdo con los pobladores y autoridades del lugar, de no dejar entrar a la empresa minera “Águila dorada”. “Nos deben respetar y hacer caso para vivir tranquilos. También el gobiernos nos debe escuchar, lo que queremos es vivir tranquilos (…) en ningún momento hemos dicho que estemos de acuerdo con que la empresa ingrese y siga trabajando”, señaló.

En otra parte del documental, el secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, cuestionó la no aplicación de la consulta previa. “Antes de cualquier resolución, se debió realizar la consulta previa. Hablamos de dos pueblos indígenas: el de Supayacu y el de Naranjo. Este caso demuestra cómo es que los mecanismos del Estado no favorecen a la participación y consulta”, indicó.

Asimismo, “Tajima Pujut” recoge algunos pasajes de lo que fue la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en el marco de la COP20 que se realizó en nuestro país el año pasado. En este evento alternativo a la 20° Conferencia de las Partes de la ONU, las comunidades de Cajamarca tuvieron una fuerte presencia. Entre otros testimonios, el documental muestra el de Lola Tiriwan, lideresa Wampi proveniente del distrito Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas) y de Zebelio Kayap, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

Finalmente, la producción termina con una explicación de lo que significa el “Buen Vivir” (nombre en español del documental), a cargo de Albercio Bazan, Presidente Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), quien dirige el mensaje final en español.

“Nosotros no dependemos de los mercados. Todo lo que necesitamos para vivir sale de este río, de las montañas. De ellos salen nuestras medicinas. Este entorno natural se está perdiendo porque las empresas trasnacionales se ubican donde nacen los ríos y así rompen el concepto del Buen Vivir que consiste en tener un respeto y una buena relación con la naturaleza, es decir una forma de vida más sostenible”, agregó.

Esta producción de casi 25 minutos de duración, estuvo a cargo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras, los miembros de la RED MUQUI Norte, y la realización audiovisual de Apu Media.

Según indicó Laura Lucio de “Ingeniería sin fronteras”, “Tajima Pujut” será presentado próximamente en las provincias de Cajamarca y Jaén, así como en Lima y Barcelona (España).

 

Foto: Captura YouTube Grufides