Personas afectadas por metales tóxicos insisten en que se ejecute plan de atención

, ,

· Organizaciones de afectados por actividades extractivas realizaron su segundo congreso nacional en Lima
· Demandan la implementación del plan especial multisectorial aprobado DS 037-2021-MINAM en el 2021

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que es una organización nacional presente en 15 regiones del país, concluyó su II Congreso Nacional el día sábado 13 de abril del año 2024.

El II Congreso Nacional se desarrolló los días 12 y 13 de abril, y tuvo como objetivo elegir una nueva Junta Directiva, actualizar su agenda de lucha y demandar a los diversos sectores del Ejecutivo el implementar el PEM y la Ley 31189 sin más demoras y de forma efectiva.

Recordamos que la Plataforma Nacional tiene 7 años de existencia y ha logrado la aprobación del Plan Especial Multisectorial- PEM (2021) y la Ley 31189 (2021). El PEM aún no se implementa de forma efectiva, de manera multisectorial y en las diversas regiones, pese a encontrarse en el tercer de sus cinco años de vigencia.

Según el Ministerio de salud, que así lo publicó en el 2022, existen más de 10 millones de peruanos afectados por metales tóxicos que se encuentran en 15 regiones del país. En estas regiones, la presencia de actividades extractivas, como la minería y el petróleo, han dejado un vestigio de contaminación y derrames que causan afectación a la salud de comunidades enteras y personas de diversas edades con metales como plomo, arsénico y el mercurio.

plataforma metales toxicos

El desarrollo del II Congreso

En el marco del II congreso nacional, los representantes de la Plataforma Nacional realizaron el jueves 11 de abril un plantón en los exteriores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, para demandar acciones de las empresas que siguen contaminando sus territorios.

El día viernes 12 de abril, el congreso de la Plataforma inició con la asistencia de más de 130 asistentes de 14 regiones del país. Después de elegir a la mesa directiva del congreso, se procedió con exposiciones sobre la coyuntura nacional, y luego los representantes de cada región presentaron las problemáticas, los avances regionales y los procesos en curso.

Posteriormente, acudieron funcionarios en representación de diversas entidades estatales, como del ministerio del Ambiente- MINAM, ministerio de Vivienda – MVCS, el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental- OEFA y la Dirección General de Salud Ambiental- Digesa. Las y los asistentes al congreso le exigieron al OEFA la revisión de unidades mineras con sanciones frecuentes y apeladas, a causa de la proliferación de metales pesados en el ambiente. Asimismo, a la DIGESA que apoye a las regiones para las declaraciones de emergencia sanitaria en regiones que consumen agua con metales pesados. Al MINAM, le pidieron fortalecer la articulación con sectores para las reuniones pendientes de los ejes de salud e institucionalidad de la Comisión de Seguimiento al PEM.

El día sábado 13 también hubo un espacio de capacitación con América Arias, quien es especialista en salud pública de la institución Acción contra el Hambre sobre la atención en salud pública para personas afectadas por metales.

plataforma metales toxicos

Elección de nueva Junta Directiva

El día 13 la Plataforma también realizó las elecciones para su nueva Junta Directiva 2024-2026, que quedó integrada: como Secretaría General, Anthony Oscátegui como titular y Fernando Macedo como su alterno por la Macrocentro, en la Sub Secretaría , Sandro Vásquez como titular y su alterna Leslie Infantes de la Macro Norte; en la tesorería, Vidal Merma como titular y su alterna Marcela Gonzales de la Macro Sur, en la Tesorería, Vidal Merma como titular y Marcela Gonzales como alterna, como Fiscal, Elwis Saavedra de titular y Elva Yaun como alterna por la Macro Amazonía.

Como parte de su plan de acción, se aprobó que la agenda a corto plazo es fortalecer la participación de la Plataforma en el Comité de Seguimiento al PEM, fortalecer las acciones de capacitación para la implementación descentralizada al PEM , exigir a nivel local y nacional el presupuesto para personas afectadas y socializar los acuerdos con las bases en territorio.

plataforma de afectados metales

Fuente: Nota de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas

/por

Lima y Cusco, sedes de la Asamblea Anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

, , ,

Por una Latinoamérica en defensa de la naturaleza: Expertos en temas medioambientales arriban a Perú para participar en Foro Internacional

En América Latina, la crisis climática y la contaminación ambiental tienen un impacto cada vez mayor en los territorios, afectando las áreas de cultivo y sus cosechas, secando las fuentes naturales de agua y destruyendo el ecosistema. Para abordar la problemática de lo que está aconteciendo en el Perú y en otros países de la región, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, organizará el Foro ‘Crisis Climática, Extractivismos y Conflictos Sociales’, que contará con la participación de destacados expertos, expertas y defensores ambientales de Latinoamérica, el 9 y 10 de abril, en Lima y Cusco.

El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur plantea la necesidad de una transición socio-ecológica justa y popular que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y los animales. Busca una transformación hacia el bienestar de todos y todas. El pacto está integrado por activistas, defensores ambientales e investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, quienes afianzan lazos y alianzas en la búsqueda de alternativas para el bienestar colectivo.

El evento se realiza en Perú al ser elegido sede para la Asamblea Anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, evento destinado a compartir perspectivas, trazar directrices de acción y fortalecer la colaboración de quienes forman parte del Pacto. En el foro expondrán: Breno Bringel (Brasil), Esperanza Martínez (Ecuador), Edgardo Lander (Venezuela), José De Echave y Olivia Bisa (Perú).

Para promover espacios de diálogo y reflexión crítica sobre la crisis climática, los extractivismos y los conflictos sociales en América Latina, el foro internacional presencial será en Lima, el martes 9 de abril, a las 6:00 p.m. en el Hotel Carrera, ubicado Jr. León Velarde N° 123 – Lince. La participación es abierta al público y a las diversas organizaciones sociales. Las inscripciones se realizan en: https://forms.gle/LEkiJmGsmpQRwv4n6

DATOS:

– Breno Bringel, sociólogo, activista y editor. Es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil e investigador sénior de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros más recientes está «Social Movements and Politics during Covid-19» (con Geoffrey Pleyers, Bristol UP, 2022). Es impulsor del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de varias iniciativas de investigación-acción.

– Esperanza Martínez, activista, bióloga y abogada de Ecuador. Integrante de Acción Ecológica y Oilwatch. Autora de varios libros y artículos. Integrante del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo y del Pacto Ecosocial del Sur.

– Edgardo Lander, sociólogo, investigador y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela.

– José De Echave, doctor en Economía, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú. Se desempeñó como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es cofundador de la institución peruana CooperAcción. Especialista en conflictos mineros.

– Olivia Bisa, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra -que abarca los distritos de Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto-. Desde diciembre de 2023 ha denunciado amenazas de muerte debido a su oposición a las actividades petroleras y al ingreso de taladores ilegales y narcotraficantes a su territorio.

Lima, 7 de abril de 2024.

Se agradece la difusión y cobertura.

Mayor información:
Carmen Amaro
Telf. 990130250

/por

Fiscalía de Huancabamba/Piura archiva causa contra 15 defensores, pero mantiene medida contra otros 11

, , ,

La semana pasada la Fiscalía de Huancabamba en Piura ha decidido archivar el caso contra 15 personas imputadas por una serie de delitos de los cuales les acusa el Ministerio Público. Entidad que en la misma causa ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra otros quince imputados por los delitos de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

Todas las personas acusadas son defensoras de derechos humanos y del ambiente. Entre quienes ya no seguirán siendo investigados figuran el titular de la Parroquia de Huancabamba Fray Jorge Rumi Cóndor y el ex alcalde provincial de Huancabamba, Ismael Huayama Neyra, mientras que dirigentes de las Rondas Campesinas de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas son parte de la lista de defensores que continúan incriminados.

La fiscalía inició las investigaciones contra los dirigentes sociales y ambientales por su oposición activa al proyecto minero Río Blanco, que el consorcio de capitales chinos Zijin pretende establecer en un área comprendida entre las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Los ronderos de la zona explican que en el transcurso de actividades que ha desarrollado la empresa, ofreciendo dinero para ganarse el apoyo de parte de las comunidades y así dividir la posición de rechazo casi unánime entre sus habitantes, algunos de sus integrantes identificaron y retuvieron a Manuel Julca Campos, un agente de seguridad de la empresa Río Blanco Copper S.A., a quien sometieron a la justicia comunal. Una medida legítima y acorde al artículo 149° de la Constitución Política del Estado, según la organización de derechos humanos FEDEPAZ, que ha asumido la defensa de las personas imputadas por la Fiscalía.

En efecto y después de culminar la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; los denunciados sólo retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defensoras de derechos humanos investigados contra las que sí se ha formalizado investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuestos de los 15 otros investigados a quienes sí se les ha archivado la investigación.

FEDEPAZ reitera que lo único que hicieron fue defender sus derechos fundamentales como campesinos, defender su derecho a la tierra y su derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

La ONG, por otra parte, precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales. Proceso que evidencia igualmente que el único propósito del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando, finaliza en su comunicado FEDEPAZ.
Lea aquí el pronunciamiento completo:

/por

Europa logra acuerdo para una Ley de Debida Diligencia Empresarial en materia ambiental y DD.HH. que alcanzará al Perú

, ,

Por: Vanessa Schaeffer, cooperante de la Red Muqui en Alemania

La semana pasada las instituciones legislativas de la Unión Europea (la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo) alcanzaron, finalmente, un acuerdo sobre los puntos críticos que faltaban para la aprobación de una Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad (la Directiva). Una vez ley constituirá un hito importante, pues prevé obligaciones específicas de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos dirigidas directamente a las empresas con sede y/o actividad en la Unión Europea.

La Directiva logra un acuerdo político por primera vez después de un largo proceso de más de 4 años de debate, con una participación intensa de representantes de los países europeos, de la sociedad civil y del sector empresarial. Se construye sobre procesos de aprobación y aplicación de normativas similares a nivel nacional, como las leyes de debida diligencia en Alemania y Francia. Después de este acuerdo, el texto final deberá ser elaborado por los equipos técnicos de las instituciones y debería ser aprobado el próximo año, a mediados de marzo.

Debida diligencia empresarial para Europa

La normativa europea prevé, en esencia, que sus empresas están obligadas a ser “diligentes”. Esto es, a analizar e identificar los riesgos, tanto para los derechos de las personas como para el ambiente, que se producen con sus operaciones a lo largo de la cadena de valor. Una vez identificados los riesgos en sus cadenas de suministro, las empresas deberán tomar acciones para reducir o eliminarlos, como, por ejemplo, ayudar a mejorar las condiciones o incluso, cortar relaciones con proveedores que puedan haber causado impactos negativos al ambiente o a los derechos humanos con sus operaciones. Se prevén penalidades para aquellas empresas que no cumplan con sus deberes de “diligencia”.

La Directiva se aplicará a grandes empresas ubicadas o con actividad en la Unión Europea. Por ejemplo, aquellas emplazadas en las cadenas de valor de los sectores textil, de la confección y el calzado, la agricultura (incluida la silvicultura y la pesca), la alimentación y el comercio de materias primas agrícolas, la extracción y el comercio de recursos minerales, entre otros.

Esta nueva normativa europea da un paso adelante, al incluir no solo la protección de derechos humanos sino también del ambiente en el ámbito de la debida diligencia empresarial. Además, incluirá mejores mecanismos de queja y acceso a la remediación para los afectados quienes, a través de las ONG o de sindicatos, tendrán hasta 5 años para presentar acciones en Europa contra impactos negativos ambientales y/o de derechos humanos producidos por las acciones empresariales. Las penalidades podrían alcanzar hasta 5% de sus ganancias. Durante estos procesos, la sociedad civil y los sindicatos tendrán acceso a información sobre las acciones de las empresas en cumplimiento de su deber de diligencia.

No obstante, como coinciden organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, la Directiva europea presenta todavía serias debilidades, entre las que resaltan la exclusión del sector financiero, la débil definición de impactos ambientales negativos, entre otras limitaciones que todavía hacen que esta herramienta no sea suficiente para lograr que las empresas respondan efectivamente por las consecuencias negativas de sus acciones en las personas y los territorios. Se espera que estas limitaciones puedan ser abordadas antes de la aprobación del texto final de la norma.

Debida diligencia europea en Perú

Una vez en vigencia, en Perú, la normativa europea de debida diligencia con sus avances y limitaciones se suma al conjunto de herramientas de derecho internacional y nacional para la defensa de derechos y del ambiente. Sin duda, la aprobación de este tipo de normas constituye un progreso para empujar a las empresas, con obligaciones legales reales más allá de los marcos voluntarios, a respetar derechos humanos y el territorio donde operan.

Más allá de esta consideración, esta norma europea constituye un adelanto hacia un cambio de paradigma: las empresas son directamente responsables por sus impactos en las personas y en los territorios y los marcos voluntarios no han funcionado. Se trata de una importante demanda de larga data proveniente de las comunidades y organizaciones en los territorios. La norma europea es así un reconocimiento a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por la defensa de sus derechos y que durante años han exigido a las empresas que pongan a la vida, la salud y a los territorios primero, antes que a las ganancias.

/por

Pronunciamiento: Red EU-LAT y Plataforma Europa Perú muestran su preocupación ante libertad del expresidente Fujimori

La Red EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP) mostramos nuestra preocupación ante la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, el que, con fecha 4 de diciembre de 2023, ha otorgado la libertad al expresidente Alberto Fujimori.

Instamos a las autoridades europeas a pronunciarse públicamente a través del Alto Representante para la Política Exterior expresando su preocupación y haciendo un llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.

Como se sabe, en 2009, Fujimori fue condenado por la Corte Suprema peruana a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, delitos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.

La actual decisión del Tribunal Constitucional contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha requerido al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden. Este requerimiento ha sido respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Türk, quien ha insistido en la rendición de cuentas y en el necesario respeto al derecho internacional. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional en nombre de la sociedad civil peruana. Pese a que el Estado Peruano ha reconocido soberanamente y aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, el día 06 de diciembre, en contravención directa a sus obligaciones, Alberto Fujimori fue puesto en libertad.

La liberación de Fujimori es sólo uno más de los muchos signos del declive democrático que está sufriendo Perú y viene a socavar la larga lucha contra la impunidad y por la reconstrucción del Estado de derecho tras la dictadura instalada por Fujimori.

En atención a lo anterior,
• Nos unimos al llamado urgente de la comunidad nacional e internacional a defender la democracia y los derechos humanos en Perú.
• Solicitamos a las autoridades europeas a públicamente hacer una llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y la reparación de las víctimas y de sus familiares.
• En seguimiento de las protestas del 7, 8 y 9 de diciembre, las autoridades europeas deben recordar la necesidad el legítimo derecho a la protesta de la población e instar al gobierno y las fuerzas armadas respeten los derechos fundamentales de las personas manifestantes.
• Instamos a la autoridades europeas a monitorear la situación y a solicitar una rendición de cuentas al Estado Peruano, en particular en el Marco del Diálogo de Derechos Humanos UE-Perú que tendrá lugar el primer semestre de 2024, y de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú.

1 La PEP es una red que agrupa 15 organizaciones de derechos humanos europeas que velan por la protección de los derechos en el Perú: Perú Support Group (United Kingdom), 11.11.11 (Belgium), Commission Justice et Paix (Belgium), Entraide et Fraternité (Belgium), CATAPA (Belgium), Broederlijk Delen (Belgium), FOS (Belgium), Informationsstelle Perú (Germany), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Germany), Campaña Perú País Minero (Germany), Secours Catholique (France), Perú Kommitten for MR (Sweden), Entrepueblos (Spain), Asociación pro Derechos Humanos de España (Spain), ASTM (Luxembourg).

/por

Nota de prensa: Por arrancar II Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en Lima

,

Lima, noviembre del 2023.- #SalidaDeLaCrisisConDerechos es el lema que reunirá a más de 30 organizaciones en la “II Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos”, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 27 al 30 de noviembre. Este evento se realizará a pocos días de culminada la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), en donde la discusión principal se ubicó en la necesidad de reformas estructurales para salir de la recesión económica, sin exponer compromisos claros y explícitos en materia de sostenibilidad ambiental y derechos humanos, un aspecto imprescindible para darle viabilidad y sostenibilidad a las medidas que se adopten.

La segunda edición de la Semana Nacional vuelve a estar a cargo de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, que reúne a organizaciones no gubernamentales peruanas e internacionales que hacen seguimiento a la relación entre la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos humanos, con el fin de incidir de manera conjunta y articulada en procesos nacionales y regionales, y de manera particular, en el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

Durante esta semana distintas organizaciones a nivel nacional, se reunirán para analizar, debatir y acordar estrategias de acción comunes y articuladas, orientadas a promover el desarrollo de actividades empresariales respetuosas de los estándares de derechos humanos y sustentabilidad ambiental, considerando la participación de las comunidades, organizaciones sociales e indígenas como actores claves en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas y privadas favorables a la debida diligencia empresarial.

La semana se iniciará con la realización del Coloquio sobre Empresas y Derechos Humanos, el día lunes 27, continuará con el Foro sobre Debida Diligencia y Diálogo Social que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones NOS y continuará por la tarde con el Foro ¿Cómo salimos de la crisis? que contará con una mesa multi actor para responder a esta pregunta y que se llevará acabo en Hotel Costa del Sol, San Isidro y que marcará a apertura pública de la semana

/por

Organizaciones indígenas, comunidades, sindicatos e instituciones de sociedad civil nos pronunciamos frente al CADE Empresarial 2023

, ,

#RespetenNuestrosDerechos

Bajo el lema “Volver a crecer, volver a creer”, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) se reúne una vez más en Cusco de espaldas a las demandas de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de los trabajadores, de las asociaciones de usuarios, consumidores, entre otros sectores cuyos derechos se ven vulnerados por malas prácticas empresariales en el ámbito laboral, ambiental y social. En ese sentido, los abajo firmantes queremos señalar que:

EL CADE se realiza en Cusco, importante región del sur andino que alberga los proyectos mineros con mayor conflictividad en el país, originados muchas veces por afectaciones probadas al medio ambiente y la criminalización a los defensores de derechos humanos y ambientales, así como por el fracaso en establecer y cumplir acuerdos en las mesas de diálogo, entre otros. Hechos que deberían llevar a una reflexión profunda sobre por qué un sector del empresariado no genera la tan mentada “confianza” en amplios sectores de la sociedad peruana.

En un contexto de crisis múltiple en el Perú (política, económica y climática) nos reafirmamos en señalar que las salidas a éstas no deben darse recortando más derechos laborales ni reduciendo los estándares ambientales o limitando los derechos a la ciudadanía. Por el contrario, se debería avanzar hacia un desarrollo realmente para todos, donde no solo ganen los grandes empresarios sino ganemos todos sin exclusiones. Por tal motivo, exigimos a los empresarios y al gobierno actual:

A nivel internacional demandamos que se cumplan con todos los tratados sobre derechos humanos y convenios laborales y ambientales que el Estado peruano se ha adherido; así mismo en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que el gobierno tome postura a favor de la aprobación del tratado vinculante, así como no utilice para sus intereses económicos la debida diligencia, sino más bien que cumpla en respetarla e implementarlas.
A nivel nacional pedimos que las políticas de inversión privada e inversión pública tengan por objetivo principal proteger y respetar los derechos humanos y ambiental, tal como queda establecido en diversas políticas nacionales, normas y en el mismo Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos aprobado por el MINJUS, que tiene como objetivo reducir la vulneración y violación de derechos humanos en las actividades empresariales en el país.
Cuestionamos la posición de los gremios mineros que afirman que el “Perú es un país minero” y que debemos expandir la gran minería sin mayor regulación y control. En ese marco sus principales voceros vienen presionando al gobierno para seguir desmantelando la poca institucionalidad ambiental que tenemos. No se puede promover actividad extractiva minera a costa de la vulneración de los derechos ambientales y los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Por estos motivos, seguiremos movilizándonos para impulsar la aprobación de una ley nacional de empresas, derechos humanos y debida diligencia, que establezca estándares obligatorios para que las empresas no vulneren los derechos humanos y ambientales, y sus actividades están alineadas con los parámetros que definen una conducta empresarial responsable.
En el marco de esta versión del CADE empresarial, y en medio de una grave recesión económica, las organizaciones de sociedad civil adherentes planteamos que la salida a la crisis económica se debe dar generando mayor inversión e impulsando mejores empresas, pero principalmente, promoviendo el cumplimiento y pleno respeto de los derechos humanos y ambientales. Necesitamos un Perú con empresas que respeten los derechos y no lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años de modelo neoliberal extractivista. Esta historia tiene que cambiar.

Nos adherimos al comunicado:

-Confederación General de Trabajadores del Perú . CGTP
-Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT PERÚ
-Confederación de. Trabajadores del Perú – CTP
-Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP
-Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado -FENTAP
-Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú
-CooperAcción
-Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ,
-RED MUQUI
-Centro Bartolomé de Las Casas – CBC
-WeWorld
-Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
-Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.
-Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
-Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
-Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
-GRUFIDES
-Asociación de Mujeres Arariwas Ambientales de Espinar
-Asociacion de jovenes de Chamaca – Chumbivilcas
-Federación campesina de Challhuahuacho
-Asociación de mujeres productoras de Chamaca

/por

El proyecto minero Tía María en Valle de Tambo es inviable social y ambientalmente

, ,

Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

/por

Pronunciamiento: EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO A LA VIDA: NO A LA REPRESIÓN, A LA VIOLENCIA Y LA MUERTE

,

La Red Muqui, en representación de más de 30 organizaciones de DDHH y ambientales en el Perú, nos dirigimos al pueblo peruano y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, para expresar lo siguiente:

1) No a la Violencia como Instrumento de Gobierno y Poder. Actualmente en el Perú se vulneran en forma sistemática los derechos a la vida, a la protesta, a las libertades de tránsito, de reunión, de expresión, entre otras. Aparentando intereses enfrentados, la presidenta, el Ejecutivo y el Poder Judicial; grupos conservadores del congreso aliados al fujimorismo, el poder económico (Confiep, cámaras de comercio), sostenidos por las FFAA y los medios de comunicación concentrados, se reafirman en reprimir la movilización social que se reinicia el 19 de julio. Se profundizan condiciones para un régimen fascista e impune que carga con más de 49 personas asesinadas y la pérdida de derechos de las mayorías. Con el pretexto de prevenir el supuesto retorno del terrorismo, el caos y sus impactos en la economía del país, amenazan la libre y masiva expresión popular.

2) La Democracia viene del Pueblo. La movilización social que protagonizó el Sur entre diciembre y enero, responde a un malestar acumulado por racismo, dominación y explotación que ejercen élites, sectores privilegiados y alienados en estratos medios y altos, particularmente de Lima, y sus representantes políticos. No se quiere reconocer ni antes ni ahora, la legitimidad de los movimientos populares indígenas, principalmente quechuas y aymaras, sus demandas de otro tipo de gobierno, participación política y el derecho a la representación en una Asamblea Popular Constituyente.

Desde la Red Muqui planteamos además nuestra postura respecto a la expansión minera en el contexto de la actual crisis política:

– No a la Expansión Minera y Violación de Derechos. Bajo la excusa del crecimiento y los beneficios de la minería presionan a comunidades y poblaciones a acuerdos económicos y la eliminación de la consulta previa. Flexibilizan permisos y/o autorizaciones de exploración y explotación, con el consiguiente impacto socio ambiental, violación de los derechos y criminalización de la protesta en repetidas declaraciones de Estados de Emergencia. Es reiterado el intento de copamiento de mayores extensiones de territorios e incluso Áreas Naturales Protegidas, para imponer la minería y su rentabilidad por los altos precios y las sobreganancias que están obteniendo. Un país como el nuestro, megabiodiverso, pluricultural y multilingüe, no puede ser únicamente un país minero.


– Planes de Vida y Alternativas Ambientales. Urge depender menos de la actividad extractiva, reducir su impacto y priorizar la diversificación de la producción. Impulsar a comunidades y poblaciones locales para tomar decisiones con soberanía sobre los bienes naturales, ordenamiento del territorio, conservación y protección ambiental frente al cambio climático, descentralización de la economía y gestión ambiental, priorizando derechos colectivos e individuales. Legitimar los planes de vida comunitarios en sus territorios aportando a la diversidad productiva, agroalimentaria y biomedicinal, de defensa comunitaria del agua, así como las actividades ecoturísticas y culturales.

La movilización popular a nivel nacional que reinicia ahora, constituye un desafío para debatir y proponer agendas locales y regionales hacia la elaboración de una Nueva Constitución y nuevo tipo de gobierno. Esto no es posible si se mantiene el régimen autoritario y fascista en curso. Desde la Red Muqui exigimos el respeto al derecho a la protesta social y a la vida, reivindicando el marco de un Estado realmente democrático y popular.


¡¡Red Muqui se reafirma en el derecho a la protesta social, en la lucha por una real democracia y por la vida!!

/por

Pronunciamiento: La libertad de creación y la libertad de expresión no pueden ser coaccionadas por ningún régimen político

,

Las organizaciones de derechos humanos, colectivos culturales y artísticos, así como ciudadanas y ciudadanos del sur andino, ante la amenaza de cercenar las libertades de creación y expresión de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco, expresamos lo siguiente:

Primero. – Que, durante las fiestas de Cusco la Universidad Diego Quispe Tito, estudiantes y profesores crearon la alegoría titulada “la descarada” y “la trilogía andina contra la corrupción”, cuyas figuras alegóricas, que desfilaron por el centro de la ciudad, criticaban al actual gobierno que encabeza la señora Dina Boluarte, expresando la situación de represión estatal que a la fecha ha dejado fallecidos, heridos y criminalizados en las regiones del sur andino. Por esta alegoría, que es una presentación artística, los estudiantes y docentes vienen siendo hostigados e intimidados en Cusco por parte de la PNP y las autoridades universitarias, lo que constituye una clara injerencia en la libertad de creación y expresión de los estudiantes y docentes universitarios.

Segundo. – La libertad de expresión es un derecho establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 2.4), por lo que debemos ser enfáticos en señalar que “… no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo…”. De acuerdo a la Declaración de Chapultepec sólo mediante la libre expresión y circulación de las ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre.

Tercero. – Hacemos el llamado a las organizaciones de la sociedad civil a respaldar las libertades de creación y de expresión e impedir su criminalización a través del uso indebido del derecho penal. Mostramos nuestro respaldo a los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito que están siendo conminados a retractarse de su obra. La creación cultural y artística, por ende, las libertades de creación y expresión no pueden ser coaccionadas ni legal, ni políticamente por ningún gobierno.

Cusco, 27 de junio del 2023

/por