RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.
Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas»[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

 

Acción solicitada:

 

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

 


[1] El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina. Es una de las organizaciones miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[2] El certificado de defunción de la Sra. Ccahuana, uno de los documentos en los que se basaba el artículo de los Sres. Ruíz y Osores, señalaba como causa directa de muerte un choque séptico e insuficiencia cardiorrespiratoria, con la contribución de la intoxicación crónica por cadmio y arsénico. Posteriormente, el doctor afirmó por escrito que no tenía evidencias objetivas que sustentasen la intoxicación crónica por metales pesados padecida por la Sra. Ccahuana. Finalmente, el doctor había denunciado presiones y se había retractado de dicho escrito. Sin embargo, la retractación no ha sido tomada en cuenta por el Ministerio Público.

[3] El artículo está disponible aquí: http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf

[4] Para más información sobre los estados de emergencia véase el comunicado conjunto del 26 de noviembre de 2018 de la CNDDHH y la OMCT, «La CNDDHH y la OMCT reclaman el final de los Estados de Emergencia en el corredor minero», disponible aquí: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/peru/2018/11/d25133/.

[5]  Véase informe del Observatorio: Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto

de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latinahttps://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-un-preocupante

[6] Véase: http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que desde hace 15 años acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. El gobierno del actual presidente Martín Vizcarra, que fuera Vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, mantiene la misma política de represión, criminalización de la protesta social, imposición de estados de emergencia con suspensión de derechos constitucionales, persecución de dirigentes sociales y miembros de instituciones de derechos humanos y ambientales. Indudablemente, esta política contiene el conflicto pero no los resuelve y debilita la ya precaria democracia peruana.
  1. Esta forma de accionar del gobierno ahora se ha trasladado directamente a organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, es el caso de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, organización miembro de la Red Muqui que ha sido notificada con cartas de la VII Macro Región Policial de Cusco – Apurimac y de la Procuraduria del MININTER       para que se rectifique en la información y denuncias que difunde por las redes sociales sobre abusos de derechos humanos en zonas mineras por parte de la PNP. Por ello denunciamos desde la Red Muqui que DHSF viene siendo objeto de continuo amedrentamiento y hostigamiento por parte del Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú (PNP) por el trabajo de defensa de derechos humanos que realiza en Cusco.
  1. Del mismo modo la situación de persecución se agudiza con la reciente acusación fiscal dictada contra el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), institución aliada de RED MUQUI y contra el médico Fernando Osores Plenge, quien fuera nuestro consultor para temas de salud ambiental y humana, y que sufren dicha persecución e intimidación por el hecho de haber denunciado irregularidades en los estudios médicos que realizó el Ministerio de Salud (MINSA), que afectaban el derecho a la vida y la salud de pobladores de Espinar.
  1. Recientes campañas de difamación también han sido ejercidas en contra de GRUFIDES de Cajamarca y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, miembros de RED MUQUI, para buscar deslegitimar sus propuestas y acción pública en defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

Desde RED MUQUI consideramos que, si el gobierno busca que avancen las inversiones, no lo va a lograr con prácticas de amedrentamiento y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, sino que se requiere marcos normativos y políticas que respeten y garanticen los derechos a la salud, a la vida y al ambiente de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Solo una institucionalidad estatal que haga respetar dichos derechos contribuirá a mejorar la calidad de vida y a garantizar un marco de democracia a los ciudadanos y ciudadanas en el país.

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la empresa de capitales chinos Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Ésta segunda etapa, es una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

En realidad ésta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La empresa minera Chinalco, ha mantenido por años un conflicto desgastante con la población de Morococha, incumpliendo hasta la fecha con las obligaciones del Convenio Marco suscrito para el reasentamiento forzoso de la mayor parte de la población, que supuestamente se realizó según los criterios del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), los que hasta la fecha no son debidamente fiscalizados por la OEFA en su cumplimiento.

Por todo ello, la población de nueva Morococha, unidos con los de la antigua Morococha (aun no reasentados) y de la Comunidad Campesina de Pucará, han retomado sus protestas, entre otros puntos del Convenio, por la falta de sostenimiento económico de la nueva ciudad, al no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, al no contar con condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la ciudad en zona de bofedales y con la relavera Huasascocha cerca de la zona, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad y condiciones de vida de la población, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra preocupación por el anuncio del Presidente Vizcarra de iniciar la segunda etapa del proyecto Toromocho en las circunstancias en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha antigua y nueva hasta la fecha.

El día 12 de abril, mediante Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, se prorrogó nuevamente el estado de emergencia, en el denominado “corredor minero” del sur, que involucra zonas de actividad minera en Cusco, Apurímac y Arequipa, sin que se configuren los supuestos constitucionalmente establecidos.

La Constitución Política establece determinados supuestos de hecho para se declare un estado de emergencia: “en casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Sólo configurándose estas circunstancias el gobierno puede decretar este régimen de excepción donde se suspenden determinadas libertades como el derecho a reunión , la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y se habilita a las fuerzas armadas a intervenir en el territorio.

Los estados de emergencia constituyen un régimen excepcional sin embargo la política del actual gobierno del presidente Vizcarra, que es continuidad de la aplicada por Kuczynsku, es la del uso de este mecanismo constitucional como si fuese la regla. Durante el segundo semestre del 2017 el gobierno declaró continuamente en estado de emergencia varios distritos de Cusco y Apurímac fueron alrededor de 120 días[1], a inicios de enero de 2018 el Ejecutivo mediante Decreto Supremo 006-2018-PCM declaró estado de emergencia el denominado Corredor Vial Cusco-Apurímac-Arequipa, extiendo así el territorio que anteriormente ya se encontraba bajo este régimen, y en febrero volvió a prorrogar el Estado de emergencia

El Decreto Supremo N° 037-2018-PCM señala que es el Director General de la Policía Nacional del Perú con el fin de “garantizar el accionar de las fuerzas del orden”, quien recomienda prorrogar el estado de emergencia[2], sin embargo en las zonas intervenidas no existen las condiciones establecidas en la Constitución para que se configure el estado de emergencia.

La lógica del gobierno sigue siendo la de evitar las manifestaciones sociales pacíficas y/o reprimirlas, sin embargo los estados de emergencia no pueden tener naturaleza preventiva, no se puede hacer uso de la fuerza pública para resolver los conflictos sociales y desnaturalizar los mecanismos constitucionales porque estaríamos ante regímenes inconstitucionales, y no estaríamos resolviendo los problemas de fondo que generan las situaciones de conflicto, lo que las mantiene en el tiempo sin solución.

 

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

  • El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.
  • Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.
  • La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.
  • Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

Cusco, 05 de abril del 2018.

Red Muqui – Perú

Red Muqui Sur

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

CooperAccion

Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.

IDECA – Puno.

Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno.

APRODEH

 

Las organizaciones, redes e instituciones sociales, gremiales y académicas del país, preocupadas por la gestión del desarrollo de zonas marino costeras del Perú manifestamos nuestro RECHAZO  a los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM, emitidos el 21 de marzo del presente año, que atentan contra la biodiversidad marina y la sostenibilidad de zonas marinos costeras de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos a favor de PERUPETRO S.A. Nuestros argumentos:

  • El litoral peruano es uno de los más ricos del mundo. Desarrolla, entre otras, una actividad cultural de pesca y caza marina artesanal como una actividad productiva familiar y comunitaria dinamizadora de la economía de toda la costa del país y contribuye con la alimentación y seguridad alimentaria.
  • La visión cortoplacista del extractivismo ya ha deteriorado bahías como las de Chimbote y Paita debido a las fuertes descargas tóxicas y la contaminación de las zonas costeras terrestres.
  • La apuesta de la sociedad civil e instituciones sociales y privadas ha encaminado a acciones de protección y recuperación ambiental que poco a poco y tras muchos escollos van rindiendo frutos brindando una nueva visión de gestión concertada del territorio.
  • Desde hace algunos años, en la costa norte del país,  se viene desarrollando promisoriamente una importantísima actividad económica de Acuicultura Marina, que genera muchos puestos de trabajo, actividades conexas y divisas para el país, ya que sus productos (“concha de abanico”) son básicamente para la exportación.
  • La empresa PERUPETRO S.A. ha sido favorecida con cinco Decretos Supremos para la exploración y explotación de hidrocarburos desde Tumbes hasta Ancash respaldando así lo que la ciudadanía, fuerzas sociales y políticas ya ha rechazado. Demostrado en numerosos intentos -a través de las denominadas reuniones de participación ciudadana- PERUPETRO como SAVIA PERU no han logrado más que negativas unánimes de los asistentes (Sechura y Chimbote).
  • La actividad de hidrocarburos, tanto en la fase exploratoria  como de explotación, significará el alejamiento de los recursos pesqueros de importancia económica, impactos a los otros recursos planctónicos, nectónicos y bentónicos, como peces sin valor comercial (pero fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema y la cadena trófica) y mamíferos, así como la alteración de la estructura comunitaria del fondo marino.
  • Desastres ecológicos como los que ocurren permanentemente en el mundo, a los que nuestro país no es ajeno (Cunimico y Chapis), cuyo costo ambiental, social y económico es cuantioso e irrecuperable deben consolidar esfuerzos colectivos para la recuperación ambiental de bahías como El Ferrol (Chimbote). Ya bastante hemos tenido con una industria sin control ambiental y social como para acumular más pasivos ambientales y sociales en nuestro medio. Estos son los riesgos que no queremos asumir. Nos afirmamos en nuestra vocación pesquera con responsabilidad y sostenibilidad, ratificando nuestro derecho de decidir a vivir con dignidad.
  • Ante los impactos del cambio climático que se manifiestan en nuestras regiones y el país entero, se requiere de políticas que impulsen el cambio de la matriz energética hacia energía alternativa, limpia y sostenible. El impulso de la actividad petrolera no aporta de manera alguna en los esfuerzos globales por alcanzar objetivos de desarrollo sostenible con los que el Perú está comprometido mediante acuerdos suscritos.

POR LAS RAZONES EXPUESTAS DEMANDAMOS:

  1. La DEROGATORIA Y NULIDAD INMEDIATA de los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM y la acción del gobierno nacional y gobiernos regionales y locales de las áreas comprendidas hacia políticas de conservación de áreas marinas, recuperación de ecosistemas dañados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por el gobierno peruano con PERUPETRO S.A. u otra interesada sobre el mismo particular que afecte la vida natural y en particular la marino costera en el país.
  3. Nos solidarizamos con las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash.
  4. Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

¡PROTECCION Y DEFENSA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA!

¡NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL MAR PERUANO!

Perú, marzo de 2018

Instituto Natura; Comisión de Justicia social de la Diósesis de Chimbote; Foro Ciudades para la  Vida (FCPV); Cooperación; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia(REDAD) – Piura; Junta Directiva Central del PPJJ 1° de Mayo – Nuevo Chimbote; Colectivo Chimbote de Pïe – Chimbote; CooperAcción; Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – Perú (IDECA-PERÚ);  Asociación Pro derechos Humanos – Lima ; Universidad César Vallejo (UCV); Asociación Marianista  de Acción Social (AMAS) – La Libertad; Centro Cultural  Centenario de Chimbote; Instituto Superior Pedagógico Público de Chimbote; Terre des Hommes Alemania (TDH PERU); Asociación Chuyma de Apoyo Rural (ARU CHUYMA); Centro de Promoción e Investigación de la Amazonía (CIPAM); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ);Juventud Obrera Católica (JOC PERU); Arena y Esteras; Centro de Promoción de  Salud Integral (CEPROSI); Asociación Niños del Río – PERÚ-FRANCIA; Comunicaciones Aliadas; Grupo de Información e Intervención para el desarrollo Sostenible (GRUFIDES); Asociación Savia Andina (ASAP); Proyecto Agrícola de Tecnologías Campesinas (PRATEC); Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); Asociación Suma Yapu; Movimiento Nacional de Nats Organizados (MNNANSOP); Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – AYACUCHO); Red Infanto-Juvenil por el Buen Vivir (REDINJUV PERU);  Asociación de Mujeres, Defensoras de la Vida y de la Pachamama – Cajamarca; Pastoral Social del Vicariato de Jaén; Instituto de Investigación y Desarrollo – PROVIDA; Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS),  Centro de Cultura Popular Labor

 

Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).

Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros.

Por ello las organizaciones firmantes denunciamos los actos de hostigamiento y acoso social y político que se vienen dando contra la Asociación de Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana de Espinar, en especial contra la defensora Elsa Merma Ccahua; rechazamos la violencia hacia las mujeres que genera y/o exacerba la minería, creando un ambiente hostil donde las defensoras deben realizar su labor con el consecuente riesgo para ellas y sus familias.

Respaldamos y reconocemos el trabajo que desarrolla la Asociación de Defensoras del Territorio y Cultura K’ana y muchas otras mujeres de Espinar para defender sus derechos ante situaciones de injusticia y abuso de poder por parte de autoridades locales de turno y otros grupos de poder económico en la zona; así mismo demandamos a la Justicia Peruana, y las instancias que corresponde, garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres de Espinar, por lo que es indispensable se investiguen los casos denunciados por el FUDIE sobre hechos de corrupción en esa provincia.

Finalmente exhortamos a las organizaciones sociales de base y la población espinarense a reconocer el valioso aporte de las y los defensores de derechos humanos en la provincia de Espinar.

Espinar, 19 de febrero del 2018.

Firman:
– Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) Cusco.
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
– Red Muqui.
– Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía. Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018