DENUNCIAMOS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ POR EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

La sociedad civil del sur andino y del Perú abajo firmantes, conformada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, entre otras, nos dirigimos a la comunidad internacional defensora de derechos humanos para señalar lo siguiente:

Primero. – El 9 de enero en Juliaca -Puno, se produjo el asesinato de otros 18 ciudadanos peruanos y peruanas. Y el 11 de enero último, el asesinato de otro peruano en Cusco. El Estado en lugar de proteger el derecho fundamental a la vida, la ha transgredido nuevamente. Con las 6 muertes de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de La Libertad, suman al menos 43 peruanos/as asesinados/as o ejecutados extrajudicialmente. A ello se suma el crimen contra la vida de un efectivo de la PNP en Juliaca.

Segundo. – A estas muertes responsabilidad del Estado se suman los más de 600 heridos, en su gran  mayoría civiles, pero también efectivos policiales. A ello se debe agregar la situación de personas detenidas arbitrariamente que sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones de derechos humanos y congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello, en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que ha producido diversos crímenes de lesa humanidad.

Tercero. – La presidenta Dina Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario, les acusa de azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos. Las demandas de las peruanas y peruanos movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son claras y nacen de la indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento al modelo de representación política y económica. Las movilizaciones coinciden en 4 puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte.

Cuarto. – A esta miopía política de la presidenta y al negacionismo represivo del Premier y del Consejo de Ministros a través de las fuerzas policiales y militares, expresada la noche del 9 de enero desde el Palacio de Gobierno, se suma la implementación de una arquitectura normativa, que instrumentaliza el derecho penal con el objetivo de criminalizar el derecho a protestar y opinar, y que busca limitar la libertad de asociación. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de esto, al operar conjuntamente como se volvió a constatar al otorgarse el voto de confianza al gabinete Otárola, responsable de las violaciones a derechos humanos descritos en los párrafos anteriores.

En este contexto de abierta vulneración de derechos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, SOLICITAMOS el pronunciamiento a la comunidad internacional de derechos humanos y a las instancias supranacionales que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. De esa forma apoyar en el cometido de salvaguarda de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas que hoy ejercen su derecho a la protesta. Solicitamos, a su vez, que la comunidad internacional incida ante el Estado peruano para conformar con urgencia y celeridad una Comisión independiente de Investigación que esclarezca las responsabilidades por las muertes de las 42 personas, que lamentablemente, incluye a menores de edad.

Perú, 12 de enero del 2023.

 

– Red Muqui

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno, Perú)

– Centro Bartolomé de Las Casas – CBC – Cusco

– Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF – Cusco

– Asociación de Mujeres Sinchi Warmi

– GRUFIDES – Cajamarca

– Centro de Cultura Popular Labor – Pasco

– Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD – Piura

– Asociación Nación Quechua – Qichwa Ayllu

– CooperAcción

– Instituto de Estudios de las Culturas Andinas- IDECA – Puno

– Instituto Ambientalista Natura – Ancash

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad

– Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico – Huñuq Mayu – Ayacucho, Apurimac.

– Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) “José María Arguedas” – Cusco

– Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP, Ayacucho

– PROYECTO AMIGO – La Libertad

– VECINOS PERÚ

– Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH – Lima

– Red Uniendo Manos Perú

– Red Muqui Sur

– Casa del BienEstar Acobamba

– Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios

– Asociación mujeres emprendedoras Lircay, Huancavelica

– Asociación Tarpurisunchis – Apurimac

– Colectivo Santiaguinos en Acción

– Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

– Red Iglesias y Minería – Nodo Perú

– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

– Promoción «Amauta» 1991 – Colegio Emblemático César Abraham Vallejo Mendoza

– Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Siguen más firmas individuales…

Del 24 al 28 de octubre se realizará, en la sede de Naciones Unidas (Ginebra), la Octava Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) sobre la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

Este Grupo de Trabajo está encargado de desarrollar un tratado internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Se trata del primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos de poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, sus territorios y de la naturaleza.

Si bien, el Estado peruano ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; la persistente vulneración de derechos humanos, a consecuencia de grandes proyectos extractivos y, más recientemente, los abusos corporativos durante la crisis sanitaria mundial, ponen a la orden del día la necesidad de asegurar la primacía de los derechos humanos, mediante obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.

En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes demandamos al Estado peruano a asumir un rol proactivo en el proceso de debate y negociaciones del Grupo de Trabajo. Al respecto, consideramos importante promover los siguientes enfoques:

El alcance del tratado debe abarcar las empresas nacionales y transnacionales y sus cadenas de valor.
Las sanciones para las empresas deben ir más allá del incumplimiento de la debida diligencia como proceso y deben atender la obligación de resultado (no dañar), así como la responsabilidad de atención y reparación de impactos

El tratado debe establecer la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.

Se deben establecer medidas preventivas para evitar la captura corporativa de las decisiones estatales, y fortalecer la transparencia sobre información ambiental y social, todo esto con respecto al impacto de las empresas sobre los derechos humanos.

Es por ello que, organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a tener una participación activa y favorable al proceso del tratado en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo, en permanente diálogo con la sociedad civil.


Perú, 24 de octubre de 2022


Organizaciones firmantes:

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) CooperAcción Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) Diakonía Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) Nodo PerúRed Latinoamericana Iglesias y Minería Perú Equidad Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) Red Muqui Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) We World | Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) | Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) | Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

Durante la 35 Convención Minera (PERUMIN), desarrollada en la ciudad de Arequipa entre el 26 y 30 de setiembre del presente año, el gobierno de Pedro Castillo, a través de sus ministros de Economía y Finanzas Kurt Burneo, de Energía y Minas Alessandra Herrera, y posteriormente el Premier Anibal Torres, ha anunciado una serie de acciones de continuidad del modelo extractivo, favoreciendo a los gremios mineros en el país. Frente a estos anuncios desde la Red Muqui manifestamos nuestra preocupación:

 

  • En primer lugar, el anuncio se ha dado en el marco del Plan “Impulso Perú” que fuera presentado por el MEF semanas atrás y que tiene como objetivo “reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleo” y contiene 36 medidas aplicadas para diferentes sectores del Estado. En estos días el ejecutivo está presentando proyectos de ley al Congreso de la República para viabilizar sus medidas. Para el caso de la minería, el ministro Burneo ha señalado que se propone realizar tres ejes: Reducir la burocracia, incentivos a la inversión minera, cierre de brechas en las comunidades, entre otros cambios. Estos anuncios evidencian que el gobierno de Castillo ha optado abiertamente por la continuidad del modelo, priorizar y promover la minería, dejando de lado los cambios y reformas que había planteado al inicio de su gobierno.

 

  • En el PERUMIN de Arequipa el Ministerio de Energía y Minas ha señalado que a la fecha existe un portafolio de 43 proyectos mineros por un total de US $53.168 millones. Los mismos que se encuentran en distintas etapas, la gran mayoría de ellos en fase de estudio de factibilidad o prefactibilidad; sin embargo, no se ha señalado que debido a los precios altos de los minerales en el mercado internacional la mayoría de las empresas mineras han ganado ingentes ingresos económicos. Al respecto, desde la sociedad civil, se planteó una reforma tributaria para un impuesto especial a las sobreganancias mineras, tema que fuera planteado en el Congreso por el mismo Ejecutivo el año pasado y que lamentablemente es dejado de lado con este anuncio del Ejecutivo.

 

  • El anuncio del Premier Anibal Torres sobre la decisión del gobierno de promover la exploración minera y sus afirmaciones que “sin exploración de nuevos proyectos no hay minería en el futuro” y que además “se buscará simplificar los trámites administrativos para que sus inversiones en el Perú estén seguras” son más que preocupantes. Sabemos que cuando se habla de simplificación de trámites, estova dirigido a debilitar los instrumentos degestión ambiental, como son la reducción de tiempos y plazos para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. Si ya tenemos una institucionalidad ambiental muy precaria en el país, con estos anuncios, lamentablemente, no se garantiza la protección del ambiente, los ecosistemas frágiles y el agua donde se asientan muchos proyectos mineros.

 

  • Lamentablemente, el presidente Castillo está cediendo ante los intereses económicos de los grandes gremios mineros, para mantener el modelo extractivista y profundizarlo. Así mismo, la forma tradicional del gobierno de encarar los conflictos socioambientales, a través de las mesas de diálogo, firmando actas y acuerdos que muchas veces no se cumplen, terminan siendo insuficientes para solucionar los problemas estructurales que afrontan las comunidades y poblaciones que sufren los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la actividad minera en sus territorios. Más aún, al final terminan siendo paliativos y medidas poco efectivas, que pasado un tiempo terminan por reactivar nuevamente los conflictos sociales.

 

Finalmente, el anuncio del Gobierno de Pedro Castillo de “abrazar el extractivismo minero” como única fuente de ingresos económicos, dando más beneficios tributarios al sector minero, flexibilizando los instrumentos ambientales, entre otros, va a generar la reactivación de los conflictos sociales en el país, y puede ser entendido por las comunidades y poblaciones afectadas por la minería como un abandono a sus promesas electorales y sobre todo al tan anhelado cambio que esperaba el pueblo peruano.

 

Lima, 07 de octubre del 2022.

Ante la difusión del medio digital “La Encerrona” sobre prácticas ilegales de seguimiento que realiza el Ejército Peruano a autoridades electas, candidatos a cargos de elección popular, agrupaciones políticas y organizaciones no gubernamentales como CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) miembros de Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Amnistía Internacional señalamos lo siguiente:

Rechazamos todo tipo de prácticas estatales de seguimiento y reglaje que se realizan en contra de organizaciones de la sociedad civil, así como de los defensores/as de derechos humanos ambientales que defienden y promueven la defensa de los derechos humanos en el país.

Nos solidarizamos con las organizaciones víctimas de estas actividades ilegales, denunciamos este tipo de prácticas antidemocráticas y exigimos que el gobierno del presidente Pedro Castillo tome las medidas adecuadas para investigar y sancionar a los responsables, así como la prevención de hechos similares y asegurar el pleno ejercicio de las facultades garantizadas en un Estado de derecho.

Reiteramos que la labor de CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) organizaciones miembros de Red Muqui es la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, acompañando a las comunidades afectadas por la minería. Su trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente, en diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas y las autoridades del Estado en todos sus niveles.

En tanto existen los marcos normativos nacional e internacional que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos, entre ellos el derecho a defender derechos, la libertad de expresión, opinión y movilización, esperamos que el Estado Peruano garantice que se cumplan como tal.

Lima, 06 de octubre del 2022.

Las defensoras y los defensores estamos siendo objeto de amenazas, estigmatización, persecución, hostigamiento, criminalización y asesinato por nuestra labor en la defensa de nuestros territorios y el medio ambiente.

 

Ser defensor o defensora en el Perú se ha vuelto una labor de alto riesgo. En el último mes, la Defensoría del Pueblo reportó 209 conflictos sociales a nivel nacional y el sur andino registra un alto número de los mismos. En ese escenario, en lo que va del año se han contabilizado 290 heridos y 21 fallecidos. Los defensores y las defensoras hemos ejercido nuestro derecho constitucional a la defensa de la vida, nuestros territorios y del medio ambiente

 

Bajo ese amparo en las últimas semanas, por ejemplo, en nuestros territorios de Espinar, defensores y defensoras se han movilizado  para solicitar respuestas ante las consecuencias de las operaciones mineras en el medio ambiente y la salud de las personas. Lo propio se hizo en Puno, exigiendo el cese a la contaminación del río Coata y el lago Titicaca, así como la criminalización de los defensores del sur andino que protestaron por las modificaciones inconsultas del EIA del proyecto Las Bambas.

 

Estas acciones de movilización se realizan con la finalidad de ser escuchados por el Estado que silencia nuestras demandas y privilegia los proyectos extractivos, que como ya hemos señalado en otros comunicados y pronunciamientos, viene generando impactos negativos como la devastación ambiental, el despojo de nuestras tierras, la pérdida de prácticas ancestrales e incluso criminalización y desprotección de nuestros derechos como defensores y defensoras.

 

Por esta razón, los defensores y las defensoras vemos necesario realizar nuestro III Encuentro Macroregional del Sur Andino para analizar, fortalecer y articular la exigencia del cumplimiento y garantía de nuestros derechos ante la preocupante desprotección que existe. Desprotección que se constata ante el precario informe que hiciera el MINITER ante la CNDDHH sobre los avances en torno a la implementación del Mecanismo Intersectorial que busca proteger nuestros derechos.

 

El III Encuentro de Defensores y Defensoras se realizará los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad del Cusco y estará enfocado en conocer el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos y en trabajar mecanismos y capacidades de vocería e incidencia así como un espacio para compartir y enriquecerse de la cultura de cada territorio.

 

Por todo esto hacemos un llamamiento a la prensa a visibilizar nuestra labor en la defensa del medio ambiente, como también nuestras dificultades en el ejercicio de la defensa a los defensores y defensoras ambientales.

 

¡Protege a quienes nos protegen!

 

Desde el año 2002 en el Perú, con la Ley N° 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, se vienen emitiendo diversos dispositivos legales de procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que no solo no han culminado hasta la actualidad, sino que se siguen alargando y no han dado mayor solución efectiva a los problemas existentes.

Los mecanismos de formalización minera en el Perú tienen más de veinte años y no han devenido en resultados positivos, haciendo insostenible el proceso lamentable de deterioro de los ecosistemas amazónicos y la consecuente pérdida irreversible de biodiversidad. La actividad minera no ha tenido pausa y cada día se extiende más en diversos territorios vulnerables y no aptos para esas acciones extractivas y contaminantes. De esta manera se sigue afectando severamente las posibilidades de generar oportunidades sostenibles de medios de vida digna y sana, inclusive para las mismas poblaciones que hoy contribuyen a esa situación degradante.

La recurrente ampliación de plazos del proceso, además, no ofrece garantías ambientales ni sociales, porque las autoridades competentes no realizan la fiscalización ambiental adecuada en un escenario de evidente corrupción generalizada, que pareciera extenderse a todo nivel, no solo local sino nacional y en diversas esferas sociales, económicas y políticas. Por ello no se puede ceder ante exigencias de mayor ampliación y flexibilización de la normativa existente, la que debiera ser revisada en el marco de priorizar la protección del ambiente y poblaciones vulnerables.

Cabe señalar que en Madre de Dios el “Corredor Minero” tiene una superficie referencial de 476 897,4 hectáreas y se encuentra localizado en una parte de los distritos Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto y Tambopata. Allí se encuentra el sector conocido como La Pampa, contiguo a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que afecta ecosistemas vulnerables, y se superpone a derechos preexistentes de predios agrícolas y concesiones forestales pertenecientes a agricultores, concesionarios forestales y mineros en proceso de formalización. El daño ambiental que ocasiona la minería ilegal es grande porque afecta el paisaje y la salud pública, provoca deforestación, destruye la estructura del suelo, transforma el territorio, contamina las fuentes de agua y profundiza los conflictos sociales. Por otro lado, la minería ilegal en esta zona, genera economías ilegales, nos referimos a la existencia de trata de personas, narcotráfico, entre otras. 

Ante lo expuesto, los abajo firmantes instamos, en particular al gobierno regional de Madre de Dios, y al gobierno nacional, a no dejarse presionar y ceder ante estas preocupantes pretensiones ilegales, que van en contra de todo principio de derechos humanos, ambientales y de gestión sostenible de los ecosistemas.

Aceptar nuevas demandas, tales como reconocer La Pampa como centro poblado sobre derechos preexistentes y la ampliación del “Corredor Minero”, afectaría a la Reserva Nacional Tambopata. Sentaría además precedentes perjudiciales contra la sostenibilidad de los ecosistemas, cuya biodiversidad es fundamental para generar calidad de vida y bienestar para los pueblos indígenas y población en general de Madre de Dios, con quienes debe evaluarse alternativas que les brinden medios de vida respetuosos del ambiente y los derechos. 

 

                                           Cusco, 02  de septiembre de 2022.

 

 

Firman:

Grupo de Trabajo de Mineria Artesanal y de Pequeña Escala de Red Muqui

Centro Bartolomé de Las Casas

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Otuzco – La Libertad

 Ayni Desarrollo

CADEP José María Arguedas

CEDEP AYLLU Asociación Civil Wara

RENADES

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Asociación Arariwa

FEMUCARINAP  

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Federación de Mujeres de Apurímac

Asociación Proyecto amigo de Huamachuco – La Libertad

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

CooperAccion, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) – Cusco

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) – Puno

Instituto Ambientalista  Natura – Chimbote

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) – Puno

Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura

RED MUQUI

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Lima.

 

El pasado lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó, por mayoría, la ratificación del Acuerdo de Escazú, dejando desprotegidos a los defensores y defensoras ambientales del país. Al respecto, queremos señalar lo siguiente: 

  1. Este Acuerdo representa un tratado multilateral de vital importancia no sólo porque contribuye al fortalecimiento de los derechos de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, sino porque representa el primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras del ambiente y que reconoce la importancia de su labor.
  2. Recordemos que el Perú es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para la realización de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales, esto se refleja no solo en la constante vulneración de los derechos que viven las personas defensoras, sino también en los asesinatos que han ocurrido por la defensa del medio ambiente. Desde el 2020, 22 defensores, principalmente de la Amazonía, han sido asesinados.
  3. Por esta razón, este archivamiento del Acuerdo de Escazú por el Congreso, representa un retroceso en el avance sobre los Derechos Humanos, sobre/del reconocimiento de las personas defensoras en la protección de sus derechos, su territorio, su ambiente y sus vidas. Las y los defensores de comunidades andinas, nativas y pueblos indígenas continúan desprotegidos y en situación de riesgo, ya que las acciones del Ejecutivo y de los diferentes ministerios encargados son insuficientes y poco efectivos.
  4. Frente a ello, exigimos al Congreso de la República que en la próxima legislatura se discuta y revise nuevamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, y que los congresistas tengan como principal objetivo la búsqueda de la protección para los defensores y defensoras ambientales. 
  5. Exhortamos al Poder Ejecutivo volver a poner en agenda congresal la ratificación del Acuerdo de Escazú y a su vez implementar políticas reales de protección a los y las defensoras ambientales. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos para que estén vigilantes ante la vulneración de los derechos de quienes defienden derechos en nuestro país.
Firman las organizaciones impulsoras de la campaña nacional Defensoras y Defensores del Perú:
  • Red Muqui
  • Red Muqui Sur
  • Cooperacción
  • Centro Bartolomé de las Casas
  • Derechos Humanos sin Fronteras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  • GRUFIDES
  • OXFAM Perú
  • Entre Pueblos
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Mocicc
  • Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)
  • Diakonia
  • Instituto Ambientalista Natura
  • We World
  • Broederlijk Delen
  • Paz y Esperanza
  • 11.11.11 Vecht Mee Tegen Onrecht
  • Huñuq Mayu

Perú, 13 de julio del 2022.

El pasado 16 de junio del 2022 se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana. La Ley dispone que las CADs tienen entre sus funciones participar en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales, para lo cual podrán adquirir armas de uso civil.

En ese sentido las organizaciones firmante queremos señalar a la opinión pública lo siguiente:

  1. Actualmente las Comunidades Campesinas y Nativas enfrentan la vulneración de sus derechos individuales y colectivos en un contexto donde priman las actividades ilegales como la tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y otros delitos ambientales. Estas actividades son desarrolladas por bandas organizadas que vienen asesinando a defensores y defensoras que defienden sus territorios y los cuales se encuentran sin protección alguna.
  2. Frente a esta creciente situación de inseguridad y agresión a los derechos fundamentales de las Comunidades Campesinas y Nativas, le corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y a las Fuerzas Armadas intervenir solo en situaciones excepcionales de estado de emergencia tal como lo dispone el artículo 166 de la Constitución.
  3. Igualmente, amparado en el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, en su artículo 2 señala que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, sin exponerlos a mayores daños, salvaguardando su derecho a la identidad cultural”. Así mismo según el artículo 1 de la ley general de comunidades campesinas, el Estado las reconoce como instituciones autónomas en su organización y administración territorial.
  4. Por otro lado, ya se cuenta con la Ley 27908 que reconoce a las Rondas Campesinas como organizaciones autónomas y democráticas de organización comunal y que pueden establecer interlocución con el Estado, que apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Las Rondas Campesinas cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades y crear otro organismo paralelo atenta la autonomía de las organizaciones de los pueblos originarios y los expone a situaciones mayores de vulnerabilidad y conflictividad.
  5. Asimismo, la pretensión de armar a otros grupos autodenominados “CADs” profundizaría la problemática de despojo y tráfico de tierras en la medida que puedan terminar sirviendo como grupos de paramilitares a sueldo en defensa de intereses privados, vulnerando aún más la integridad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
  6. En este sentido, si el Congreso de la República quiere avanzar en la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y de las comunidades campesinas y nativas, es necesario recordar que sigue pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, que precisamente crea los mecanismos para que los defensores ambientales y las comunidades sean protegidos de manera adecuada por el Estado y no generando normas que crean nuevos aparatos represores que pueden tener efectos más nocivos para las comunidades nativas.

Por lo expuesto EXIGIMOS al Congreso de la Republica que derogue la Ley 31494 debido a que expone a la población de las Comunidades Campesinas y Nativas a un estado mayor de vulnerabilidad y que sea más bien el Estado, a través de la Policía Nacional, que adopte una política eficiente y responsable para combatir las actividades ilegales que se vienen dando en sus territorios, al tiempo que se reconozca la importancia de enfoques interculturales en las políticas públicas que atiendan la diversidad de nuestro país.

Firman:

  • Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION)
  • Asociación Arariwa (ARARIWA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • CEDEP AYLLU – Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu
  • Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)
  • Centro Andino de Educacion y Promocion Jose Maria Aguedas (Cadep)
  • Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Instituto de Estudios de las Culutras Andinas (IDECA)
  • Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS)
  • Muqui Sur
  • Red Muqui

Ante la aprobación por insistencia del Congreso de la República de la Ley 31494, “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana” y que ha sido publicada el día 16 de junio del presente, nos dirigimos a la   ciudadanía, medios de comunicación y al propio Estado para señalar lo siguiente:

Esta norma vulnera la autonomía comunal, pues al margen de las comunidades, se promueve la conformación de comités de autodefensa para apoyar a las fuerzas del orden. Además, podrán comprar armas o recibirlas por donación del propio Estado y de particulares. En las zonas declaradas en Emergencia deben apoyar a las fuerzas armadas al logro de sus objetivos y en ese marco, realizar vigilancia y patrullaje pudiendo detener a los miembros de la comunidad y ponerlos a disposición de la Policía Nacional, así como denunciarlos. También se superpone y desconoce las funciones de las Rondas Campesinas, las mismas que gozan reconocimiento constitucional.

Consideramos que esta norma puede tener consecuencias muy graves para las comunidades campesinas y nativas ya que puede dar lugar a enfrentamientos en su interior y desencadenar hechos de violencia que pueden terminar en muertes ya que un sector estará armado. Además, se le da la posibilidad de comprar armas o que sean armados por particulares. Evidentemente, se busca promover, desde el propio Estado, una situación parecida a la que existe en Colombia.

El año 2021 el Congreso de la Repúblico intento promulgar por insistencia dicha norma y fue observada por la ciudadanía y las organizaciones indígenas. Este año, de una forma acelerada, sin transparencia y sin mayor dialogo con la ciudadanía, el actual Congreso promulgó esta norma.

Exigimos al Congreso derogar esta norma porque desestabiliza el Estado de Derecho, atenta contra la democracia y vulnera los derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, invocamos a la ciudadanía y medios de comunicación a informarse e informar de forma que normas como esta no sean aprobadas. Nuestro país ya ha sufrido con la violencia armada, motivar normas que pueden llevar a crear grupos paramilitares y enfrentamientos armados entre peruanos nunca será una salida para la paz y el desarrollo del país.

Grupo de Trabajo con PPII de la CNDDHH

Perú, país de defensores: Basta de asesinarlos
Llegan a Lima más de 70 defensores de todo el Perú ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones.

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional. 

Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida, seguridad alimentaria, tierras ancestrales, fuentes de agua, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática e importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. Día a día luchan por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, etc. Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María, y que por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, anuncia la llegada de más de 70 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima este 15, 16 y 17 de junio para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger nuestros territorios naturales,  el agua y la vida.

El espacio que reúne a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima; tiene como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA) en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales que han realizado (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generará un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado que garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores convocan a un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras 

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el Mecanismo  para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo, a fin de garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta.


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Lima, junio del 2022