PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el desinterés del gobierno nacional para atender el conflicto generado por la expansión minera de la empresa Summa Gold, que se encuentra en el Centro Poblado Shiracmaca, los caseríos Coigobamba y El Toro, en el distrito de Huamachuco, Región La Libertad. Es por ello que deben ser atendidos los siguientes puntos:

  1. Las poblaciones afectadas por la actividad minera en Huamachuco han denunciado la destrucción de sus canales de abastecimiento de agua; el riesgo de desastres por las rajaduras de las viviendas y centros educativos debido a las explosiones, que también afecta la integridad física y emocional de niñas, niños, y personas adultas mayores. Esto va de la mano con la afectación en la salud humana y ambiental por la emanación de partículas que afectan la calidad del agua y aire. Además, siguen las presiones para que la población venda sus terrenos a precios bajos para la exploración minera.
  2. El problema de fondo es el desplazamiento poblacional violatorio de los derechos a sus terrenos, a la vivienda, el agua, la salud, y la educación, a fin de realizar labores de exploración y explotación minera. Esto compromete el destino del territorio y las poblaciones afectadas alrededor de la cuenca, porque la expansión minera afecta la economía, la vida de Huamachuco y otras zonas, que no pueden quedar supeditadas a la expectativa de mayores ingresos para las municipalidades e intereses privados.
  3. Llama la atención que la empresa y las autoridades locales estén abocados, en medio de la protesta social de la población de Shiracmaca, a comprometerse en obras para el abastecimiento de agua y una posta médica, cuyo monto la empresa deducirá del impuesto a la renta. Siendo demandas acumuladas que deben resolverse desde sus causas, es preciso ubicarlas dentro de una solución integral y duradera sobre el futuro del territorio y las poblaciones locales. Esto tiene que ver con la viabilidad de la expansión minera y su impacto en el territorio y que no rezague las posibilidades de otras actividades económicas y sociales. Advertimos que, si no se consultó la expansión minera y ahora se asume alguna obra, esto no debe darse a cambio de que la población sea desplazada. Sería un pésimo precedente nacional.
  4. Resulta inaceptable que la PCM y las entidades competentes del gobierno nacional no solo demoren en sus intervenciones, sino que, además, no sigan estrategias adecuadas para no ser sorprendidos por la empresa que, por ejemplo, ante una esperada visita de OSINERMING, en diciembre del presente año, adelantaron sus explosiones días antes, por lo que la supervisión, supuestamente inopinada, finalmente no se dio.
  5. Consideramos que mientras se reúnen los representantes de Shiracmaca, el gobierno regional, la PCM, y luego con la empresa, para tratar el problema de viabilidad de la expansión minera, las operaciones de Summa Gold deberían suspenderse dada la gravedad de su impacto ambiental, económico y social sobre las poblaciones involucradas.
  6. Solicitamos al gobierno nacional y regional, así como a los representantes del CP Shiracmaca, respetar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos con su firma, las acciones y medidas de acuerdo a su responsabilidad y competencias. Asimismo, solicitamos se trasparente la titularidad de los accionistas de la empresa Summa Gold, dada informaciones emitidas por Ojo Público y se recoja la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

¡Emergencia y Reactivación sin Imposición de la Minería en Huamachuco!

¡Por los derechos de los pueblos a una vida digna, con salud humana y protección ambiental!

La Libertad – Lima, 23 de diciembre del 2020

 

Organizaciones firmantes:

Red Descolonialidad del Poder y Autogobierno Social

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Red Alforja-Centro América

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancia Químicas Tóxicas

Asociación Nacional de Centros

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento de educación Popular A.L-CEAAL-Perú

Asociación Proyecto Amigo

Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH

Alternativa-Centro de Investigación Social y Educación Popular

AMAS-Marianistas- La Libertad

Aklla Pacha

Asociación Servicios Educativos Rurales

Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad-Sedys-La Libertad

Asociación Caminos de la Memoria

ACCION INTERNACIONAL POR LA SALUD

ASOCIACION EDUCATIVA TEOLOGICA EVANGELICA -AETE

Cañi-Quimit-Sembrando Comunidad

Consejo Regional- La Libertad

CEP ALFORJA-CEAAL- Costa Rica

Centro Cultural Sangre de Halcón

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote-Ancash

CooperAcción

Comisión Derechos Humanos- CODEH ILO-Moquegua

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia-COSDEJ-Lambayeque

Comisión de derechos Humanos- COMISEDH

Centro de Participación y Proyección Ambienta-CEAMB

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Centro Esperanza

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas

Derechos Humanos y Medio Ambiente-Dhuma-Puno

Escuela Saúl Cantoral

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Familia y bienestar social

FOCSIV – PERÚ

Grupo de Iniciativa Nacional por los derechos del Niño-GIN

GRUFIDES-Cajamarca

Grupo impulsor de afectadas y afectados con metales tóxicos-SC

IFEJANT

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible- IDLADS PERÚ

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos – ISADH PUNO

Movimiento Sembrar

MINKA

Movimiento Cultural Dosamarus

Natura-Chimbote-Ancash

Pastoral Social del Vicariato de Jaén-Cajamarca

Red Regional Agua Desarrollo y Democracia-REDAD-Piura

Runakunawan

Red para la infancia y la familia- Perú

Nury García Córdova

Mario Vidori

Omar Alberto Cavero Cornejo

José Bernabé Vargas-Machuca

Evelina Altamirano Calderón

Karin Marly Vergara Portilla

Sonia Johana Asurza Espíritu

Georgina andino

Danilo Quijano Silva

Yolanda Zurita Trujillo

Diego Saavedra Celestino

Luna Contreras

Bethsabé Andía Pérez

Marco Bazán Novoa

Evelina Altamirano

Jimena Lucero Catalán Corman

Magdalena Corman Pérez

EDWARD ALFONSO CASTRO FIGUEROA

Manuela Roxana Mendoza Cárdenas

Thomas R Moore Huyett

Roberto Espinoza LLanos

Jorge Agurto Aguilar

Carolina Ortiz Fernández

Marco Aurelio Milla Toro

Betto Martín Geldres Trujillo

Ricardo Pérez Bailón

Patricia L. Ryan

SHAPIOM NONINGO SESEN

Juan Carlos Giles Macedo

Julissa Porta Chanco

Alicia Pacareu García

Gustavo Soto Santiesteban

Raphael Hoetmer

Jaime Coronado Del Valle

Javier Jahncke Benavente

Maritza Caycho Figueroa

Antonieta Pacheco Jara

Rosario Narváez Vargas

Alberto Osorio Torres

Julia Carmen Espinoza Bernal

Paola María González Pizango

José Siancas Gamboa

Kevin Shigrhoshi Takano Ramos

Antonio Romero Reyes

Linda Carol Vigo Escalante

Lisbeth Yshel Quiliche Moreno

Hilda Herrera Muñoz

Alex Vásquez Caballero

Ismael Vega Díaz

José Antonio Espinoza Hernández

Sergio Martín Quispe Contreras

Antonieta Pacheco

Roberto López Linares

Belissa Olympia Andia Pérez

Benjamín Mercado Huánuco

Miluska Liceht Salazar Cárdenas

Angela Del Carpio Valladares

Sandra Ríos Vargas

Clarisol Evelyn Tocas Cárdenas

Ever Vivar Carbajal

Wilmer Enrique Córdova

Margarita Pomajambo Fernández

Ana Correa

Lidia Carrión Melgarejo

Percy Ríos Lozano

Siguen firmas

NO AL GOLPE DE ESTADO

Las instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:

  • Rechazamos el golpe de Estado y esta vacancia presidencial que distorsiona el artículo 113 de la Constitución, referido a la “incapacidad moral permanente”, y deja al país en una situación de incertidumbre, en el preciso momento que enfrentamos la mayor crisis sanitaria, económica y social.
  • La decisión del Congreso pone en cuestión el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes del Estado, los avances en la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, como es la elección de las y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes autoridades judiciales y fiscales.

Ante las actuales circunstancias, exigimos:

  • Al Congreso de la República respetar el Estado de Derecho y reconsiderar la votación que aprobó una vacancia inconstitucional, y que adolece de nulidad.
  • Asimismo, suspenda el proceso de elección de las y los miembros del Tribunal Constitucional por no contar con las garantías de imparcialidad ni transparencia. Y se separe de las comisiones parlamentarias a las y los congresistas que tengan sentencias judiciales firmes y/o investigaciones por delitos de corrupción.
  • Al Pleno del Congreso, se garantice el cumplimiento del calendario electoral de las elecciones generales del 11 de abril y el respeto de la autonomía de los organismos electorales.
  • Al Tribunal Constitucional resuelva con carácter de urgencia la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, especificando los parámetros que evite el uso arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente a fin de impedir su uso en beneficio de intereses subalternos.
  • A todos los poderes y autoridades del Estado, defender y garantizar el orden constitucional, el respeto a las instituciones, la democracia y la transparencia.
  • Asimismo, se garantice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las movilizaciones ciudadanas en rechazo al golpe de Estado.

Recordamos al Congreso de la República y al país que la Constitución, en su artículo 46, dispone que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional…”.

Solicitamos a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, y a la comunidad internacional a expresar su rechazo al golpe de Estado.

Finalmente, convocamos a las organizaciones sociales y gremiales, y a la ciudadanía en general, a mantenernos vigilantes y en movilización permanente a nivel nacional hasta el restablecimiento del orden democrático.

Perú, 10 de noviembre del 2020

 

  1. 13 Brujas
  2. Acción por los Niños
  3. Aldeas Infantiles SOS Perú
  4. Alsakuy Agroecológica
  5. AMAS Marianistas
  6. Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
  7. ASAP
  8. Asociación Ágape
  9. Asociación Agenda Mujeres
  10. Asociación Amar C
  11. Asociación Arariwa
  12. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
  13. Asociación Civil Centro de Desarrollo Andino – Sisay
  14. Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
  15. Asociación de jóvenes indígenas amazónicos del Megantoni
  16. Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados – ANFADET
  17. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP
  18. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  19. Asociación PRODEMU
  20. Asociación Servicios Educativos Rurales
  21. Asociación WAYRA
  22. CAPAZ PERÚ
  23. Casa Bagre
  24. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
  25. Centro Cristo Rey
  26. Centro de Desarrollo Andino Amazónico
  27. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD
  28. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional- CEPRODEP
  29. CISMA Pukara EIRL
  30. Colectiva 8M
  31. Colectivo Por La Igualdad de Género
  32. Colectivo por la Igualdad Huancavelica
  33. Colectivo Sonqo Warmi Cusco
  34. Colectivo Yuyananchis
  35. Colegio de Sociólogos de Piura
  36. Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres-CLADEM Perú
  37. Comunidad Nativa Arizona Portillo
  38. Conectar para Actuar
  39. CooperAcción
  40. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  41. CPM Micaela Bastidas
  42. Demus
  43. Derecho Ambiente y Recursos Naturales
  44. Derecho, Interculturalidad y Ambiente
  45. DIACONIA
  46. Ecomenstruantes Perú
  47. Emma y Yo
  48. Epicentro Trujillo
  49. Esclavas de Corazón de Jesús
  50. FEDECMA
  51. FENUPETROL
  52. Foro Ecológico del Perú
  53. Forum Solidaridad Perú
  54. FOVIDA-Fomento de la vida
  55. GirlGov Perú
  56. GirlGov Perú en Acción
  57. GNRC-Perú
  58. Grupo de Justicia Fiscal
  59. Grupo de Seguimiento a las Esterilizaciones Forzadas
  60. Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-GTSM
  61. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático GIMCC
  62. Iglesia Luterana del Perú
  63. Illa, Centro de Educación y Comunicación
  64. Industrias Creativas Tesla
  65. Instituto de Defensa Legal
  66. Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
  67. Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático
  68. Juntos Perú
  69. Juventud cristiana por la democracia
  70. Kachkaniraqmi
  71. Kusi Ayllu
  72. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
  73. Madres en Acción
  74. Más Igualdad Perú
  75. Mesa de Salud Ambiental y Humana
  76. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  77. Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género
  78. Movimiento de Promoción Por Los Derechos Humanos de las Mujeres AMHAUTA
  79. Movimiento Manuela Ramos
  80. Movimiento Tzuk Kim-pop
  81. Ni Una Menos Arequipa
  82. Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad
  83. Parió Paula Percusión
  84. Paz y Esperanza
  85. Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
  86. Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible – RENADES
  87. Plataforma para el Ordenamiento Territorial
  88. Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra
  89. ProgettoMondo Mlal
  90. Programa Laboral de Desarrollo
  91. Promotoras legales de Villa el Salvador
  92. PsicólogaMente Perú
  93. Quinta Ola
  94. Red Muqui
  95. Red para la infancia y la familia – Perú
  96. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
  97. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia
  98. Renovemos
  99. I Girl Up
  100. SEDYS – Trujillo
  101. Smiles and Hope Peru
  102. Sostenibles – Colectivo Ciclista Feminista
  103. Sub Grupo sobre Derrames petroleros
  104. Tambora Resistencia
  105. Terre des Hommes Suisse
  106. Tránsito – Vías de Comunicación Escénica
  107. Tu y Yo activismo
  108. Voce en linea Perú
Foto de monitoras ambientales de Cajamarca – Grufides

Las organizaciones de la sociedad civil, así como los monitores y vigilantes ambientales comunitarios, preocupados por el cuidado y protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales y los territorios, ante la actual crisis sanitaria por la Covid-19 queremos expresar a la opinión pública, a las autoridades que correspondan, y de modo particular al Congreso de la República lo siguiente:

  1. Actualmente se encuentra en debate en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el pre dictamen de una iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales. Esta iniciativa ya fue presentada en años anteriores (por la excongresista Maria Elena Foronda) y ha sido retomado por el despacho del congresista Lenin Bazan. El pre dictamen ha generado resistencias por parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energia (SNMPE), Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura y Riego, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quienes aducen que ya existe una norma de participación ciudadana y que se busca duplicar competencias, entre otros.

 

  1. Desde nuestro punto de vista, y tomando en cuenta la actual crisis ambiental que venimos atravesando por la acelerada degradación ambiental de nuestros territorios, el agua y los recursos naturales en el contexto de la pandemia, la propuesta de ley que se viene discutiendo en la referida comisión es un avance sustancial en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en garantizar una real participación de estas comunidades y poblaciones, así que no vemos que se dupliquen competencias, por el contrario, los complementa y los potencia. Es más, los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo comunitario servirían como primer eslabón de alerta temprana dentro del sistema nacional de gestión ambiental. Así mismo los monitores y vigilantes ambientales pueden cumplir un rol de prevención de indicios de contaminación ambiental, así como de posibles conflictos socio ambientales.

 

  1. Los pueblos indígenas amazónicos, andinos y costeros, desde tiempos ancentrales vienen realizando labores de vigilancia ambiental de sus territorios, inclusive en lugares donde el mismo Estado no ha llegado, por ello la labor de los monitores y vigilantes ambientales ciudadanos y comunitarios ayudaría a mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA aportándole mayor información sobre la realidad de los territorios y el campo y alertando de forma temprana acerca de potenciales desastres ambientales. Al prevenir estos desastres, también se generaría un ahorro importante en términos de remediación ambiental y salud pública.

 

En definitiva, este pre dictamen que reconoce el trabajo de los vigilantes y monitores ambientales es de vital importancia para el país y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Exhortamos a los congresistas de la referida Comisión para que puedan reconocer e institucionalizar su participación y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

 

Lima, 14 de julio del 2020

Firman:

  • Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco – FARTAC, CUSCO
  • Asamblea Regional de Jóvenes Cusco – AREJO, CUSCO
  • Federación de jóvenes de la provincia de Paruro – FEDEJOP, CUSCO
  • El Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU, CUSCO
  • Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA PERÚ, PUNO
  • La Red Muqui Nacional
  • Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
  • Red Muqui Sur
  • Asociación T’ikariy de la provincia de Chumbivilcas, Cusco
  • Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA Puno
  • Frente de defensa en contra de la contaminación del Río Coata y la bahía interior del Lago Titicaca – Puno
  • Frente de defensa Unificado en defensa de la cuenca del río Coata y el Lago Titicaca – Puno
  • Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana de Espinar – Cusco.
  • Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – Cusco
  • Frente Único de Defensa de los Interes del distrito de Chamaca – FUDICHA, Chumbivilcas – Cusco
  • Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente – IDMA Abancay – Apurimac
  • Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH – Huancayo
  • Instituto NATURA – Chimbote
  • GRUFIDES- Cajamarca
  • Defensoras y defensores de la vida y la pachamama- DEVIPACAJ
  • Comité de vigilancia ambiental juanchopuquio del Distrito de la Encañada – Cajamarca
  • Comité de vigilancia ambiental Cushunga del Distrito de la Cajamarca

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.
Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas»[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

 

Acción solicitada:

 

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

 


[1] El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina. Es una de las organizaciones miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[2] El certificado de defunción de la Sra. Ccahuana, uno de los documentos en los que se basaba el artículo de los Sres. Ruíz y Osores, señalaba como causa directa de muerte un choque séptico e insuficiencia cardiorrespiratoria, con la contribución de la intoxicación crónica por cadmio y arsénico. Posteriormente, el doctor afirmó por escrito que no tenía evidencias objetivas que sustentasen la intoxicación crónica por metales pesados padecida por la Sra. Ccahuana. Finalmente, el doctor había denunciado presiones y se había retractado de dicho escrito. Sin embargo, la retractación no ha sido tomada en cuenta por el Ministerio Público.

[3] El artículo está disponible aquí: http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf

[4] Para más información sobre los estados de emergencia véase el comunicado conjunto del 26 de noviembre de 2018 de la CNDDHH y la OMCT, «La CNDDHH y la OMCT reclaman el final de los Estados de Emergencia en el corredor minero», disponible aquí: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/peru/2018/11/d25133/.

[5]  Véase informe del Observatorio: Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto

de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latinahttps://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-un-preocupante

[6] Véase: http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que desde hace 15 años acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. El gobierno del actual presidente Martín Vizcarra, que fuera Vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, mantiene la misma política de represión, criminalización de la protesta social, imposición de estados de emergencia con suspensión de derechos constitucionales, persecución de dirigentes sociales y miembros de instituciones de derechos humanos y ambientales. Indudablemente, esta política contiene el conflicto pero no los resuelve y debilita la ya precaria democracia peruana.
  1. Esta forma de accionar del gobierno ahora se ha trasladado directamente a organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, es el caso de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, organización miembro de la Red Muqui que ha sido notificada con cartas de la VII Macro Región Policial de Cusco – Apurimac y de la Procuraduria del MININTER       para que se rectifique en la información y denuncias que difunde por las redes sociales sobre abusos de derechos humanos en zonas mineras por parte de la PNP. Por ello denunciamos desde la Red Muqui que DHSF viene siendo objeto de continuo amedrentamiento y hostigamiento por parte del Ministerio del Interior (MININTER) y la Policía Nacional del Perú (PNP) por el trabajo de defensa de derechos humanos que realiza en Cusco.
  1. Del mismo modo la situación de persecución se agudiza con la reciente acusación fiscal dictada contra el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), institución aliada de RED MUQUI y contra el médico Fernando Osores Plenge, quien fuera nuestro consultor para temas de salud ambiental y humana, y que sufren dicha persecución e intimidación por el hecho de haber denunciado irregularidades en los estudios médicos que realizó el Ministerio de Salud (MINSA), que afectaban el derecho a la vida y la salud de pobladores de Espinar.
  1. Recientes campañas de difamación también han sido ejercidas en contra de GRUFIDES de Cajamarca y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, miembros de RED MUQUI, para buscar deslegitimar sus propuestas y acción pública en defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

Desde RED MUQUI consideramos que, si el gobierno busca que avancen las inversiones, no lo va a lograr con prácticas de amedrentamiento y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, sino que se requiere marcos normativos y políticas que respeten y garanticen los derechos a la salud, a la vida y al ambiente de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Solo una institucionalidad estatal que haga respetar dichos derechos contribuirá a mejorar la calidad de vida y a garantizar un marco de democracia a los ciudadanos y ciudadanas en el país.