El pasado 16 de junio del 2022 se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana. La Ley dispone que las CADs tienen entre sus funciones participar en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales, para lo cual podrán adquirir armas de uso civil.

En ese sentido las organizaciones firmante queremos señalar a la opinión pública lo siguiente:

  1. Actualmente las Comunidades Campesinas y Nativas enfrentan la vulneración de sus derechos individuales y colectivos en un contexto donde priman las actividades ilegales como la tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y otros delitos ambientales. Estas actividades son desarrolladas por bandas organizadas que vienen asesinando a defensores y defensoras que defienden sus territorios y los cuales se encuentran sin protección alguna.
  2. Frente a esta creciente situación de inseguridad y agresión a los derechos fundamentales de las Comunidades Campesinas y Nativas, le corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y a las Fuerzas Armadas intervenir solo en situaciones excepcionales de estado de emergencia tal como lo dispone el artículo 166 de la Constitución.
  3. Igualmente, amparado en el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, en su artículo 2 señala que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, sin exponerlos a mayores daños, salvaguardando su derecho a la identidad cultural”. Así mismo según el artículo 1 de la ley general de comunidades campesinas, el Estado las reconoce como instituciones autónomas en su organización y administración territorial.
  4. Por otro lado, ya se cuenta con la Ley 27908 que reconoce a las Rondas Campesinas como organizaciones autónomas y democráticas de organización comunal y que pueden establecer interlocución con el Estado, que apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Las Rondas Campesinas cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades y crear otro organismo paralelo atenta la autonomía de las organizaciones de los pueblos originarios y los expone a situaciones mayores de vulnerabilidad y conflictividad.
  5. Asimismo, la pretensión de armar a otros grupos autodenominados “CADs” profundizaría la problemática de despojo y tráfico de tierras en la medida que puedan terminar sirviendo como grupos de paramilitares a sueldo en defensa de intereses privados, vulnerando aún más la integridad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
  6. En este sentido, si el Congreso de la República quiere avanzar en la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y de las comunidades campesinas y nativas, es necesario recordar que sigue pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, que precisamente crea los mecanismos para que los defensores ambientales y las comunidades sean protegidos de manera adecuada por el Estado y no generando normas que crean nuevos aparatos represores que pueden tener efectos más nocivos para las comunidades nativas.

Por lo expuesto EXIGIMOS al Congreso de la Republica que derogue la Ley 31494 debido a que expone a la población de las Comunidades Campesinas y Nativas a un estado mayor de vulnerabilidad y que sea más bien el Estado, a través de la Policía Nacional, que adopte una política eficiente y responsable para combatir las actividades ilegales que se vienen dando en sus territorios, al tiempo que se reconozca la importancia de enfoques interculturales en las políticas públicas que atiendan la diversidad de nuestro país.

Firman:

  • Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION)
  • Asociación Arariwa (ARARIWA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • CEDEP AYLLU – Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu
  • Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)
  • Centro Andino de Educacion y Promocion Jose Maria Aguedas (Cadep)
  • Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Instituto de Estudios de las Culutras Andinas (IDECA)
  • Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS)
  • Muqui Sur
  • Red Muqui

Ante la aprobación por insistencia del Congreso de la República de la Ley 31494, “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana” y que ha sido publicada el día 16 de junio del presente, nos dirigimos a la   ciudadanía, medios de comunicación y al propio Estado para señalar lo siguiente:

Esta norma vulnera la autonomía comunal, pues al margen de las comunidades, se promueve la conformación de comités de autodefensa para apoyar a las fuerzas del orden. Además, podrán comprar armas o recibirlas por donación del propio Estado y de particulares. En las zonas declaradas en Emergencia deben apoyar a las fuerzas armadas al logro de sus objetivos y en ese marco, realizar vigilancia y patrullaje pudiendo detener a los miembros de la comunidad y ponerlos a disposición de la Policía Nacional, así como denunciarlos. También se superpone y desconoce las funciones de las Rondas Campesinas, las mismas que gozan reconocimiento constitucional.

Consideramos que esta norma puede tener consecuencias muy graves para las comunidades campesinas y nativas ya que puede dar lugar a enfrentamientos en su interior y desencadenar hechos de violencia que pueden terminar en muertes ya que un sector estará armado. Además, se le da la posibilidad de comprar armas o que sean armados por particulares. Evidentemente, se busca promover, desde el propio Estado, una situación parecida a la que existe en Colombia.

El año 2021 el Congreso de la Repúblico intento promulgar por insistencia dicha norma y fue observada por la ciudadanía y las organizaciones indígenas. Este año, de una forma acelerada, sin transparencia y sin mayor dialogo con la ciudadanía, el actual Congreso promulgó esta norma.

Exigimos al Congreso derogar esta norma porque desestabiliza el Estado de Derecho, atenta contra la democracia y vulnera los derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, invocamos a la ciudadanía y medios de comunicación a informarse e informar de forma que normas como esta no sean aprobadas. Nuestro país ya ha sufrido con la violencia armada, motivar normas que pueden llevar a crear grupos paramilitares y enfrentamientos armados entre peruanos nunca será una salida para la paz y el desarrollo del país.

Grupo de Trabajo con PPII de la CNDDHH

Perú, país de defensores: Basta de asesinarlos
Llegan a Lima más de 70 defensores de todo el Perú ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones.

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional. 

Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida, seguridad alimentaria, tierras ancestrales, fuentes de agua, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática e importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. Día a día luchan por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, etc. Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María, y que por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, anuncia la llegada de más de 70 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima este 15, 16 y 17 de junio para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger nuestros territorios naturales,  el agua y la vida.

El espacio que reúne a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima; tiene como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA) en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales que han realizado (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generará un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado que garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores convocan a un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras 

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el Mecanismo  para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo, a fin de garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta.


Conoce aquí más sobre este Encuentro aquí: https://bit.ly/3NQ0Lsn
Conoce más sobre las acciones de incidencia aquí: https://fb.me/e/1zmlnuSd2
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Lima, junio del 2022

Ante los recientes hechos de muerte y violencia registrados en la zona denominada como Atico de la provincia de Caraveli – Arequipa, donde se confirmó la muerte de 14 mineros artesanales e informales, aparte de varios heridos y frente al avance de la minería informal e ilegal en el país, desde la Red Muqui queremos señalar a la opinión pública los siguientes puntos:

  • Nuestra solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, así como las personas heridas y afectadas en este lamentable enfrentamiento entre mineros artesanales e informales y donde también estaría involucrado la minera Intigold Mining en la provincia de Caraveli – Arequipa. Esperamos que las autoridades competentes realicen las investigaciones del caso de manera transparente y rápida para determinar a los responsables de estos terribles hechos.
  • El problema de la minería informal e ilegal en el país no es nuevo, tiene larga data y tiene varias aristas, y que van desde no tener información actualizada sobre su magnitud ni sobre su ubicación, hasta el cambio permanente del marco normativo en el proceso de formalización y la falta de una política multisectorial clara por parte del Estado. Si no se aborda de manera integral esta problemática cualquier intento de solución será insuficiente.
  • El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es el padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que agrupa a las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal en el país, lamentablemente es laxo y poco eficiente. Inclusive es utilizado políticamente por el Congreso, ya que recientemente se ha abierto por tercera vez el registro de formalización, que impide una política seria de formalización para los mineros artesanales e informales en el país.
  • El rol de los Gobiernos Regionales, quienes son los entes competentes para autorizar, supervisar y fiscalizar la pequeña minería, es poco eficiente, dado que no cuentan con recursos económicos y humanos, y en la práctica no realizan ningún tipo de acción al respecto. Lamentablemente no existe una política nacional por parte del MINEM para fortalecer y facilitar este trabajo en las regiones, dejando casi al desamparo a las direcciones regionales de energía y minas.
  • Debido al incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional como el cobre y de los metales preciosos como el oro y la plata, en muchas comunidades y regiones del país la minería artesanal, informal e ilegal ha crecido de manera exponencial, afectando la salud de los propios mineros que la trabajan, así como el agua y el medio ambiente donde se desarrolla esta actividad.
  • A nivel nacional es urgente revisar el marco normativo sobre el otorgamiento de concesiones mineras, debido a la superposición de derechos (con actividades forestales, agrícolas, etc.) y debido a la descoordinación entre los gobiernos regionales y el INGEMMET. Igualmente urge identificar aquellos titulares que se hacen pasar por Pasivos Mineros Ambientales cuando deben ser considerados en el Régimen General, porque superan el tamaño de la superficie medido en hectáreas permitidos, entre otros aspectos.

Finalmente, las autoridades regionales y nacionales deben luchar contra la minería ilegal en todas sus modalidades y estas deben ser lideradas por el MININTER, MINJUSDH, el Ministerio Público y otros actores involucrados en esta problemática. La escalada de la violencia vista recientemente en el caso de Atica – Caraveli, Arequipa es el reflejo de lo que podría pasar si no se aborda de manera integral la problemática de la minería artesanal, informal e ilegal en el país.

Lima, 11 de junio del 2022.

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

El proyecto de Ley N° 1373 presentado recientemente por el congresista José Daniel WILLIAMS ZAPATA de la Bancada de Avanza País, denominado “LEY QUE GARANTIZA EL EMPLEO Y USO DE LA FUERZA POR MILITARES Y POLICÍAS”, alienta abiertamente crear un marco normativo para generar impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que en el marco de Estados de Emergencia cometan delitos contra civiles, incluido muertes o lesiones. 

En el proyecto de ley presentado, se pretende eximir de responsabilidad penal a los miembros de las FFAA y PNP que violen derechos fundamentales de civiles, al establecer como única jurisdicción el Fuero Penal Militar. Con ello se estaría violando conscientemente el derecho a la dignidad humana, a la vida, integridad, el debido proceso, la jurisdicción (art. 1, 2 inciso 1, 139 inciso 2) y especialmente la “Competencia del Fuero Privativo Militar” establecido en el artículo 173 de nuestra Constitución. La propuesta de ley señala que: “Artículo 2. El personal militar y policial que, en estado de emergencia, en defensa de la sociedad y del Estado de Derecho y en ejercicio de su función, haga empleo y uso de las armas u otros medios de defensa, está exento de responsabilidad penal. Y el Artículo. 3. La contravención a los Decretos Legislativos N° 1095 y 1186, por miembros de las fuerzas del orden, será de competencia del Fuero Militar Policial”.

Tanto en la Constitución Política, el Código Penal, Código Procesal Penal y El Código Penal Militar Policial, así como en reiterada jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, se ha establecido con claridad cuándo el fuero Penal Militar tiene competencias para conocer casos y juzgarlos. Esta competencia se determina únicamente por la “naturaleza común de los delitos”, y no por la condición de ser miembros de la PNP o FFAA (sujeto pasivo). Esta no se ve alterada ni determinada por su comisión en el marco de los Estados de Emergencia. 

Al interpretar el artículo 173 de la Constitución “[s]e excluye e impide que dicho ámbito de competencia se determine por la mera condición de militar o policial”. “La justicia castrense no constituye un “fuero personal” conferido a los militares o policías, dada su condición de miembros de dichos institutos, sino un “fuero privativo” centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o puede ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que, si el ilícito es de naturaleza común, su juzgamiento corresponderá al Poder Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el sujeto activo”. (STC EXP. N.º 0017-2003-AI/TC, FJ 129). Es decir que, el fuero penal militar no se puede constituir en una instancia Ad Hoc para conocer todos los delitos cometidos por policías y militares, sin tener en cuenta si fue en contra de civiles o la institución policial militar. Si los delitos cometidos afectan los bienes jurídicos e intereses de la institución militar serán conocidos por el fuero penal militar; pero sí afectan otros bienes jurídicos e intereses, como la vida e integridad de civiles, estos deben ser juzgados por el fuero penal a cargo del Ministerio Público y Poder Judicial.

Debemos reiterar que, conforme al artículo 137 de la Constitución, el decretar un Estado de Emergencia, no implica que se priven todos los derechos fundamentales a las personas; sino que, en este escenario se limitan solo los derechos de la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. Por lo tanto ningún miembro de PNP o FFAA puede restringir otros derechos fundamentales como a la vida o a la integridad. De hacerlo está claramente infringiendo la propia Constitución y por tanto cometiendo un delito que debe ser juzgado por el fuero civil. Del mismo modo, los estados de emergencia no privan del derecho a la protesta social, el cual puede ser ejercido de forma democrática en cualquier parte de nuestro país. 

Por todo ello, rechazamos este proyecto de ley que pretende restaurar el régimen de violaciones de derechos humanos e impunidad que ya vivimos en la década de los 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Este es el momento en el que las autoridades nacionales y sectoriales, así como la sociedad civil en su conjunto debemos buscar garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, resguardar nuestra democracia y las garantías institucionales y judiciales de protección de todos los derechos en nuestro país.

Ante el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros de presentar un proyecto de ley para habilitar a los miembros del Serenazgo de portar y usar armas letales queremos señalar lo siguiente:

1) Debemos recordar que a la fecha ya se registran casos de efectivos del orden que en el marco de una intervención policial cometen excesos y abuso en el uso de la fuerza, esto incluye el uso de sus armas.

2) La Constitución Política ha delegado la facultad del control del orden interno a la Policía Nacional del Perú. Además, según los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, esta debe ser ejercida bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y necesidad, para ello se necesita formación especializada y que el Estado actúe diligentemente.

3) La propuesta anunciada por el Premier Anibal Torres, de habilitar el uso de armas de fuego a los miembros de Serenazgo, puede propiciar que se generen situaciones de abusos en el uso de la fuerza y criminalización de la protesta social desde los propios Municipios, que pongan en riesgo y afecten la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en nuestro país.

17 de Febrero, 2022

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.