El proyecto de Ley N° 1373 presentado recientemente por el congresista José Daniel WILLIAMS ZAPATA de la Bancada de Avanza País, denominado “LEY QUE GARANTIZA EL EMPLEO Y USO DE LA FUERZA POR MILITARES Y POLICÍAS”, alienta abiertamente crear un marco normativo para generar impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que en el marco de Estados de Emergencia cometan delitos contra civiles, incluido muertes o lesiones. 

En el proyecto de ley presentado, se pretende eximir de responsabilidad penal a los miembros de las FFAA y PNP que violen derechos fundamentales de civiles, al establecer como única jurisdicción el Fuero Penal Militar. Con ello se estaría violando conscientemente el derecho a la dignidad humana, a la vida, integridad, el debido proceso, la jurisdicción (art. 1, 2 inciso 1, 139 inciso 2) y especialmente la “Competencia del Fuero Privativo Militar” establecido en el artículo 173 de nuestra Constitución. La propuesta de ley señala que: “Artículo 2. El personal militar y policial que, en estado de emergencia, en defensa de la sociedad y del Estado de Derecho y en ejercicio de su función, haga empleo y uso de las armas u otros medios de defensa, está exento de responsabilidad penal. Y el Artículo. 3. La contravención a los Decretos Legislativos N° 1095 y 1186, por miembros de las fuerzas del orden, será de competencia del Fuero Militar Policial”.

Tanto en la Constitución Política, el Código Penal, Código Procesal Penal y El Código Penal Militar Policial, así como en reiterada jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, se ha establecido con claridad cuándo el fuero Penal Militar tiene competencias para conocer casos y juzgarlos. Esta competencia se determina únicamente por la “naturaleza común de los delitos”, y no por la condición de ser miembros de la PNP o FFAA (sujeto pasivo). Esta no se ve alterada ni determinada por su comisión en el marco de los Estados de Emergencia. 

Al interpretar el artículo 173 de la Constitución “[s]e excluye e impide que dicho ámbito de competencia se determine por la mera condición de militar o policial”. “La justicia castrense no constituye un “fuero personal” conferido a los militares o policías, dada su condición de miembros de dichos institutos, sino un “fuero privativo” centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o puede ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que, si el ilícito es de naturaleza común, su juzgamiento corresponderá al Poder Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el sujeto activo”. (STC EXP. N.º 0017-2003-AI/TC, FJ 129). Es decir que, el fuero penal militar no se puede constituir en una instancia Ad Hoc para conocer todos los delitos cometidos por policías y militares, sin tener en cuenta si fue en contra de civiles o la institución policial militar. Si los delitos cometidos afectan los bienes jurídicos e intereses de la institución militar serán conocidos por el fuero penal militar; pero sí afectan otros bienes jurídicos e intereses, como la vida e integridad de civiles, estos deben ser juzgados por el fuero penal a cargo del Ministerio Público y Poder Judicial.

Debemos reiterar que, conforme al artículo 137 de la Constitución, el decretar un Estado de Emergencia, no implica que se priven todos los derechos fundamentales a las personas; sino que, en este escenario se limitan solo los derechos de la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. Por lo tanto ningún miembro de PNP o FFAA puede restringir otros derechos fundamentales como a la vida o a la integridad. De hacerlo está claramente infringiendo la propia Constitución y por tanto cometiendo un delito que debe ser juzgado por el fuero civil. Del mismo modo, los estados de emergencia no privan del derecho a la protesta social, el cual puede ser ejercido de forma democrática en cualquier parte de nuestro país. 

Por todo ello, rechazamos este proyecto de ley que pretende restaurar el régimen de violaciones de derechos humanos e impunidad que ya vivimos en la década de los 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Este es el momento en el que las autoridades nacionales y sectoriales, así como la sociedad civil en su conjunto debemos buscar garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, resguardar nuestra democracia y las garantías institucionales y judiciales de protección de todos los derechos en nuestro país.

Ante el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros de presentar un proyecto de ley para habilitar a los miembros del Serenazgo de portar y usar armas letales queremos señalar lo siguiente:

1) Debemos recordar que a la fecha ya se registran casos de efectivos del orden que en el marco de una intervención policial cometen excesos y abuso en el uso de la fuerza, esto incluye el uso de sus armas.

2) La Constitución Política ha delegado la facultad del control del orden interno a la Policía Nacional del Perú. Además, según los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, esta debe ser ejercida bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y necesidad, para ello se necesita formación especializada y que el Estado actúe diligentemente.

3) La propuesta anunciada por el Premier Anibal Torres, de habilitar el uso de armas de fuego a los miembros de Serenazgo, puede propiciar que se generen situaciones de abusos en el uso de la fuerza y criminalización de la protesta social desde los propios Municipios, que pongan en riesgo y afecten la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en nuestro país.

17 de Febrero, 2022

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Las defensoras, los defensores y las organizaciones e instituciones, que conformamos este gran movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Día Internacional de los derechos humanos, señalamos lo siguiente:

  • Manifestamos nuestro profundo dolor e indignación por el asesinato del defensor ambiental Lucio Pascual Yumanga, ocurrido el 4 de noviembre último, quien se convierte en el onceavo defensor asesinado en el país en los últimos dos años; hecho que demuestra el enorme peligro que implica defender el territorio, los ríos y los bosques en nuestro país. De la misma manera, reconocemos el enorme trabajo de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA) y de algunos ministerios por encontrar, a cuatro defensores que estuvieron desaparecidos en Pasco.
  • La emergencia sanitaria en el país ha generado un escenario de mayor desprotección para las y los defensores ambientales en sus territorios; y ante el crecimiento de las economías ilegales, principalmente la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, es necesario que el Estado adopte medidas y políticas integrales de combate efectivo contra estas actividades que ponen en riesgo la vida de los defensores y las defensoras, principalmente en la Amazonía peruana.
  • Rechazamos la criminalización y estigmatización de la protesta social de cientos de defensoras y defensores y la instrumentalización del derecho penal para hostigarlos y desalentar su importante rol. Solo en el corredor minero del sur andino tenemos más de 99 defensores en procesos judiciales relacionados al ejercicio del derecho a la protesta en conflictos. Como son los casos de Las Bambas, Antapacay y Hudbay, o el caso reciente de los cinco defensores de Huarmey, que acaban de ser liberados por la justicia después de no encontrarse prueba alguna en su contra. Además de los casos señalados, están los defensores/as del Valle del Tambo, en Arequipa, que han sido criminalizados por defender el agro y la vida en su territorio.
  • Exigimos que el Estado proteja a las y los defensores con la implementación inmediata del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS ° 004-2021-JUS, lo que implica proveerles del presupuesto necesario, porque sabemos que una política pública sin recursos es meramente declarativa, y no va a dar una verdadera protección. De la misma manera, es una exigencia que en el caso de las y los defensores que están en proceso judiciales largos y desgastantes, que la procuraduría del Ministerio del Interior se inhiba de participar como parte civil en los procesos en su contra.

 

  • Asimismo, pedimos a las empresas, en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tengan una conducta proba y responsable, de respeto a los derechos de las y los defensores, sin despojarlos de sus territorios, ni contaminar el ambiente, agua y vida a los pobladores de los entornos de sus operaciones, y el cese a la estigmatización de la labor de los defensores acusándolos de ser antimineros, antidesarrollo y antiempresas.

Finalmente, hace unas semanas lanzamos la campaña #ProtegeAQuienNosProtege, con el objetivo de visibilizar esta problemática y los riesgos que sufren las y los defensores, pero fundamentalmente en la intención de sensibilizar a la sociedad peruana respecto al rol fundamental que tienen los defensores en la defensa de la vida y de la casa común, así como su gran aporte a los derechos humanos en el Perú.

Perú, 10 de diciembre del 2021.

 

 

El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

  • La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
  • En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
  • Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
  • Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

 

Lima, 21 de noviembre del 2021.

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el desinterés del gobierno nacional para atender el conflicto generado por la expansión minera de la empresa Summa Gold, que se encuentra en el Centro Poblado Shiracmaca, los caseríos Coigobamba y El Toro, en el distrito de Huamachuco, Región La Libertad. Es por ello que deben ser atendidos los siguientes puntos:

  1. Las poblaciones afectadas por la actividad minera en Huamachuco han denunciado la destrucción de sus canales de abastecimiento de agua; el riesgo de desastres por las rajaduras de las viviendas y centros educativos debido a las explosiones, que también afecta la integridad física y emocional de niñas, niños, y personas adultas mayores. Esto va de la mano con la afectación en la salud humana y ambiental por la emanación de partículas que afectan la calidad del agua y aire. Además, siguen las presiones para que la población venda sus terrenos a precios bajos para la exploración minera.
  2. El problema de fondo es el desplazamiento poblacional violatorio de los derechos a sus terrenos, a la vivienda, el agua, la salud, y la educación, a fin de realizar labores de exploración y explotación minera. Esto compromete el destino del territorio y las poblaciones afectadas alrededor de la cuenca, porque la expansión minera afecta la economía, la vida de Huamachuco y otras zonas, que no pueden quedar supeditadas a la expectativa de mayores ingresos para las municipalidades e intereses privados.
  3. Llama la atención que la empresa y las autoridades locales estén abocados, en medio de la protesta social de la población de Shiracmaca, a comprometerse en obras para el abastecimiento de agua y una posta médica, cuyo monto la empresa deducirá del impuesto a la renta. Siendo demandas acumuladas que deben resolverse desde sus causas, es preciso ubicarlas dentro de una solución integral y duradera sobre el futuro del territorio y las poblaciones locales. Esto tiene que ver con la viabilidad de la expansión minera y su impacto en el territorio y que no rezague las posibilidades de otras actividades económicas y sociales. Advertimos que, si no se consultó la expansión minera y ahora se asume alguna obra, esto no debe darse a cambio de que la población sea desplazada. Sería un pésimo precedente nacional.
  4. Resulta inaceptable que la PCM y las entidades competentes del gobierno nacional no solo demoren en sus intervenciones, sino que, además, no sigan estrategias adecuadas para no ser sorprendidos por la empresa que, por ejemplo, ante una esperada visita de OSINERMING, en diciembre del presente año, adelantaron sus explosiones días antes, por lo que la supervisión, supuestamente inopinada, finalmente no se dio.
  5. Consideramos que mientras se reúnen los representantes de Shiracmaca, el gobierno regional, la PCM, y luego con la empresa, para tratar el problema de viabilidad de la expansión minera, las operaciones de Summa Gold deberían suspenderse dada la gravedad de su impacto ambiental, económico y social sobre las poblaciones involucradas.
  6. Solicitamos al gobierno nacional y regional, así como a los representantes del CP Shiracmaca, respetar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos con su firma, las acciones y medidas de acuerdo a su responsabilidad y competencias. Asimismo, solicitamos se trasparente la titularidad de los accionistas de la empresa Summa Gold, dada informaciones emitidas por Ojo Público y se recoja la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

¡Emergencia y Reactivación sin Imposición de la Minería en Huamachuco!

¡Por los derechos de los pueblos a una vida digna, con salud humana y protección ambiental!

La Libertad – Lima, 23 de diciembre del 2020

 

Organizaciones firmantes:

Red Descolonialidad del Poder y Autogobierno Social

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Red Alforja-Centro América

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancia Químicas Tóxicas

Asociación Nacional de Centros

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento de educación Popular A.L-CEAAL-Perú

Asociación Proyecto Amigo

Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH

Alternativa-Centro de Investigación Social y Educación Popular

AMAS-Marianistas- La Libertad

Aklla Pacha

Asociación Servicios Educativos Rurales

Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad-Sedys-La Libertad

Asociación Caminos de la Memoria

ACCION INTERNACIONAL POR LA SALUD

ASOCIACION EDUCATIVA TEOLOGICA EVANGELICA -AETE

Cañi-Quimit-Sembrando Comunidad

Consejo Regional- La Libertad

CEP ALFORJA-CEAAL- Costa Rica

Centro Cultural Sangre de Halcón

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote-Ancash

CooperAcción

Comisión Derechos Humanos- CODEH ILO-Moquegua

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia-COSDEJ-Lambayeque

Comisión de derechos Humanos- COMISEDH

Centro de Participación y Proyección Ambienta-CEAMB

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Centro Esperanza

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas

Derechos Humanos y Medio Ambiente-Dhuma-Puno

Escuela Saúl Cantoral

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Familia y bienestar social

FOCSIV – PERÚ

Grupo de Iniciativa Nacional por los derechos del Niño-GIN

GRUFIDES-Cajamarca

Grupo impulsor de afectadas y afectados con metales tóxicos-SC

IFEJANT

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible- IDLADS PERÚ

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos – ISADH PUNO

Movimiento Sembrar

MINKA

Movimiento Cultural Dosamarus

Natura-Chimbote-Ancash

Pastoral Social del Vicariato de Jaén-Cajamarca

Red Regional Agua Desarrollo y Democracia-REDAD-Piura

Runakunawan

Red para la infancia y la familia- Perú

Nury García Córdova

Mario Vidori

Omar Alberto Cavero Cornejo

José Bernabé Vargas-Machuca

Evelina Altamirano Calderón

Karin Marly Vergara Portilla

Sonia Johana Asurza Espíritu

Georgina andino

Danilo Quijano Silva

Yolanda Zurita Trujillo

Diego Saavedra Celestino

Luna Contreras

Bethsabé Andía Pérez

Marco Bazán Novoa

Evelina Altamirano

Jimena Lucero Catalán Corman

Magdalena Corman Pérez

EDWARD ALFONSO CASTRO FIGUEROA

Manuela Roxana Mendoza Cárdenas

Thomas R Moore Huyett

Roberto Espinoza LLanos

Jorge Agurto Aguilar

Carolina Ortiz Fernández

Marco Aurelio Milla Toro

Betto Martín Geldres Trujillo

Ricardo Pérez Bailón

Patricia L. Ryan

SHAPIOM NONINGO SESEN

Juan Carlos Giles Macedo

Julissa Porta Chanco

Alicia Pacareu García

Gustavo Soto Santiesteban

Raphael Hoetmer

Jaime Coronado Del Valle

Javier Jahncke Benavente

Maritza Caycho Figueroa

Antonieta Pacheco Jara

Rosario Narváez Vargas

Alberto Osorio Torres

Julia Carmen Espinoza Bernal

Paola María González Pizango

José Siancas Gamboa

Kevin Shigrhoshi Takano Ramos

Antonio Romero Reyes

Linda Carol Vigo Escalante

Lisbeth Yshel Quiliche Moreno

Hilda Herrera Muñoz

Alex Vásquez Caballero

Ismael Vega Díaz

José Antonio Espinoza Hernández

Sergio Martín Quispe Contreras

Antonieta Pacheco

Roberto López Linares

Belissa Olympia Andia Pérez

Benjamín Mercado Huánuco

Miluska Liceht Salazar Cárdenas

Angela Del Carpio Valladares

Sandra Ríos Vargas

Clarisol Evelyn Tocas Cárdenas

Ever Vivar Carbajal

Wilmer Enrique Córdova

Margarita Pomajambo Fernández

Ana Correa

Lidia Carrión Melgarejo

Percy Ríos Lozano

Siguen firmas

NO AL GOLPE DE ESTADO

Las instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:

  • Rechazamos el golpe de Estado y esta vacancia presidencial que distorsiona el artículo 113 de la Constitución, referido a la “incapacidad moral permanente”, y deja al país en una situación de incertidumbre, en el preciso momento que enfrentamos la mayor crisis sanitaria, económica y social.
  • La decisión del Congreso pone en cuestión el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes del Estado, los avances en la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, como es la elección de las y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes autoridades judiciales y fiscales.

Ante las actuales circunstancias, exigimos:

  • Al Congreso de la República respetar el Estado de Derecho y reconsiderar la votación que aprobó una vacancia inconstitucional, y que adolece de nulidad.
  • Asimismo, suspenda el proceso de elección de las y los miembros del Tribunal Constitucional por no contar con las garantías de imparcialidad ni transparencia. Y se separe de las comisiones parlamentarias a las y los congresistas que tengan sentencias judiciales firmes y/o investigaciones por delitos de corrupción.
  • Al Pleno del Congreso, se garantice el cumplimiento del calendario electoral de las elecciones generales del 11 de abril y el respeto de la autonomía de los organismos electorales.
  • Al Tribunal Constitucional resuelva con carácter de urgencia la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, especificando los parámetros que evite el uso arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente a fin de impedir su uso en beneficio de intereses subalternos.
  • A todos los poderes y autoridades del Estado, defender y garantizar el orden constitucional, el respeto a las instituciones, la democracia y la transparencia.
  • Asimismo, se garantice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las movilizaciones ciudadanas en rechazo al golpe de Estado.

Recordamos al Congreso de la República y al país que la Constitución, en su artículo 46, dispone que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional…”.

Solicitamos a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, y a la comunidad internacional a expresar su rechazo al golpe de Estado.

Finalmente, convocamos a las organizaciones sociales y gremiales, y a la ciudadanía en general, a mantenernos vigilantes y en movilización permanente a nivel nacional hasta el restablecimiento del orden democrático.

Perú, 10 de noviembre del 2020

 

  1. 13 Brujas
  2. Acción por los Niños
  3. Aldeas Infantiles SOS Perú
  4. Alsakuy Agroecológica
  5. AMAS Marianistas
  6. Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
  7. ASAP
  8. Asociación Ágape
  9. Asociación Agenda Mujeres
  10. Asociación Amar C
  11. Asociación Arariwa
  12. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
  13. Asociación Civil Centro de Desarrollo Andino – Sisay
  14. Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
  15. Asociación de jóvenes indígenas amazónicos del Megantoni
  16. Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados – ANFADET
  17. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP
  18. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  19. Asociación PRODEMU
  20. Asociación Servicios Educativos Rurales
  21. Asociación WAYRA
  22. CAPAZ PERÚ
  23. Casa Bagre
  24. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
  25. Centro Cristo Rey
  26. Centro de Desarrollo Andino Amazónico
  27. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD
  28. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional- CEPRODEP
  29. CISMA Pukara EIRL
  30. Colectiva 8M
  31. Colectivo Por La Igualdad de Género
  32. Colectivo por la Igualdad Huancavelica
  33. Colectivo Sonqo Warmi Cusco
  34. Colectivo Yuyananchis
  35. Colegio de Sociólogos de Piura
  36. Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres-CLADEM Perú
  37. Comunidad Nativa Arizona Portillo
  38. Conectar para Actuar
  39. CooperAcción
  40. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  41. CPM Micaela Bastidas
  42. Demus
  43. Derecho Ambiente y Recursos Naturales
  44. Derecho, Interculturalidad y Ambiente
  45. DIACONIA
  46. Ecomenstruantes Perú
  47. Emma y Yo
  48. Epicentro Trujillo
  49. Esclavas de Corazón de Jesús
  50. FEDECMA
  51. FENUPETROL
  52. Foro Ecológico del Perú
  53. Forum Solidaridad Perú
  54. FOVIDA-Fomento de la vida
  55. GirlGov Perú
  56. GirlGov Perú en Acción
  57. GNRC-Perú
  58. Grupo de Justicia Fiscal
  59. Grupo de Seguimiento a las Esterilizaciones Forzadas
  60. Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-GTSM
  61. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático GIMCC
  62. Iglesia Luterana del Perú
  63. Illa, Centro de Educación y Comunicación
  64. Industrias Creativas Tesla
  65. Instituto de Defensa Legal
  66. Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
  67. Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático
  68. Juntos Perú
  69. Juventud cristiana por la democracia
  70. Kachkaniraqmi
  71. Kusi Ayllu
  72. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
  73. Madres en Acción
  74. Más Igualdad Perú
  75. Mesa de Salud Ambiental y Humana
  76. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  77. Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género
  78. Movimiento de Promoción Por Los Derechos Humanos de las Mujeres AMHAUTA
  79. Movimiento Manuela Ramos
  80. Movimiento Tzuk Kim-pop
  81. Ni Una Menos Arequipa
  82. Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad
  83. Parió Paula Percusión
  84. Paz y Esperanza
  85. Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
  86. Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible – RENADES
  87. Plataforma para el Ordenamiento Territorial
  88. Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra
  89. ProgettoMondo Mlal
  90. Programa Laboral de Desarrollo
  91. Promotoras legales de Villa el Salvador
  92. PsicólogaMente Perú
  93. Quinta Ola
  94. Red Muqui
  95. Red para la infancia y la familia – Perú
  96. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
  97. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia
  98. Renovemos
  99. I Girl Up
  100. SEDYS – Trujillo
  101. Smiles and Hope Peru
  102. Sostenibles – Colectivo Ciclista Feminista
  103. Sub Grupo sobre Derrames petroleros
  104. Tambora Resistencia
  105. Terre des Hommes Suisse
  106. Tránsito – Vías de Comunicación Escénica
  107. Tu y Yo activismo
  108. Voce en linea Perú