La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia1 en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.- Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

Suscriben:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Red Muqui Nacional
Red Muqui Sur
Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF
Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA
Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA
Instituto de Defensa Legal- IDL

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1 Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

 

 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

 

«Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres» (Carta Encíclica Laudato Si’, N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado «Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya» y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: «…escuchan tus palabras.,…pero no las practican…» (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: «En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)».

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, «El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales… Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%». (Diario CORREO – Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: «Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI’N°246)

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente supervisor y fiscalizador de las obligaciones socio-ambientales de las empresas mineras derivadas de los estudios ambientales y la normatividad ambiental vigente. Los fondos para realizar dichas labores provienen de las empresas que deben ser fiscalizadas que al haber creado riesgos socio-ambientales debe asumir el costo del control y supervisión por parte del OEFA pagando por ello un Aporte por Regulación (APR) en aplicación del principio de internalización de costos.

En ese escenario, en marzo de 2014, la  empresa minera PERUBAR SA interpone una acción de amparo  solicitando se inaplique el Decreto Supremo N° 130-2013-PCDM  que regula el Aporte por Regulación antes mencionado.. Luego de que la demanda fuera desestimada, se presentaron recursos impugnatorios, que terminaron por confirmar su improcedencia, agotándose las instancias dentro del Poder Judicial.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2015, PERUBAR S.A. interpone un recurso de agravio constitucional, concedido por el Tribunal Constitucional (TC). Si bien se procedió con los trámites procesales correspondientes, es cuestionable que el TC dejó entrever la vulneración de los derechos constitucionales de PERUBAR S.A., advirtiendo que correspondería emitir un pronunciamiento sobre las cuestiones sustanciales de la causa. Ello, sería un hecho sin precedentes y vulneratorio a las facultades que por ley se fueron designadas al OEFA.

Es probable que en los próximos días el TC se pronuncie sobre la demanda presentada por PERUBAR S.A. contra OEFA y otros, en la que está pidiendo que NO SE LE COBRE el APR, es decir los aportes que el OEFA recibe por las multas que impone, y que se les devuelva todo lo pagado hasta la fecha.

El APR es importante porque permite financiar el 75% del presupuesto general del OEFA, monto que se dedica exclusivamente a la fiscalización ambiental. Esto significa que las 29 oficinas a nivel nacional tendrían que reducirse o desaparecer, según declara su propia titular.

El problema es que el TC pretende inaplicar en un proceso de amparo una norma (el DS N°130-2013-PCM) que la Corte Suprema declaró constitucional, en un proceso de acción popular interpuesto por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expediente N°16216-2014. En otras palabras, el TC se pronunciará sobre una materia que cuenta con una cosa juzgada.

Un pronunciamiento del TC a favor de PERUBAR S.A. implicaría una grave violación de la garantía constitucional de cosa juzgada, porque en los hechos, estaría reabriendo el proceso, lo cual está expresamente prohibido.

Cabe recordar que el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N° 28237, dice que la cosa juzgada en los procesos de acción popular vincula no solo a los poderes públicos, sino también a los propios jueces, lo que evidentemente incluye al TC: «Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”. Un mandato claro y concreto que obliga a cada uno de los magistrados del TC.

En igual sentido, se pronuncia el artículo 82 del Código Procesal Constitucional: «Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación».

Lo señalado en esta norma debe ser interpretado en concordancia con el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que reconoce la garantía de la cosa juzgada y prohíbe su desconocimiento. Además precisa que ninguna autoridad “puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.

Exhortamos al Tribunal Constitucional a respetar la calidad de la cosa juzgada, el principio de internalización de costos y la constitucionalidad del aporte por regulación del OEFA, cerrando la puerta a la irresponsabilidad de un sector del gremio minero que se niega asumir los costos de supervisión y fiscalización de su actividad generadora de los mayores impactos ambientales y conflictos sociales, y hacer que todos los peruanos paguemos los costos del desarrollo de su actividad económica lo que a todas luces es inadmisible.

Los suscritos, asistentes al I CONGRESO REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA DE LA REGIÓN JUNIN, reunidos en Huancayo los días 14, 15 y 16 de junio 2017, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. La salud es un derecho fundamental de la persona y es intrínseco a la vida.  Sin salud no hay vida ni desarrollo sostenible.
  2. Para atender adecuadamente la salud de las personas, es necesario mejorar sus condiciones sociales, ambientales y calidad de vida. La situación de pobreza extrema, la desnutrición crónica, la escasa educación, el limitado acceso a servicios básicos, en especial el agua potable como derecho humano, las deficiencias de vivienda adecuada y digna, son determinantes de la salud, por lo que es necesario priorizar su atención, antes de considerarnos un país OCDE. Ello es responsabilidad del Estado.
  3. Consideramos que es prioritaria la protección y promoción de la salud ambiental y humana, que implica la acción decidida de nuestras autoridades, la academia, organizaciones de sociedad civil, sector privado y de las comunidades y poblaciones afectadas por la contaminación ambiental; el empoderamiento de las personas y poblaciones para que participen activamente en las decisiones que los afectan, en especial su derecho a la salud y un ambiente sano.
  4. Los estándares ambientales son importantes para evitar mayores riesgos ambientales y a la salud; por ello requieren de la participación activa de las personas afectadas para su establecimiento. Siempre deben estar informados/as de la situación en que viven, de los riesgos que los pueden afectar o afectan, y participar de las decisiones que se van a tomar, en las que está involucrada su vida y salud.
  5. En ese sentido, lamentamos que el Gobierno haya decidido, a espaldas de la población, el establecimiento de nuevos ECAs de Calidad de Aire que han aumentado en 10 veces el Dióxido de Azufre a nivel nacional, con un sustento de interés económico.
  6. Se evidencia una desarticulación que existe a nivel del Estado, entre todos sus sectores, cuando deberían rescatar la vinculación que tiene en la gestión ambiental y la salud integral, que permita un equilibrio entre las actividades económicas y la sostenibilidad ambiental y el respeto a las condiciones de vida de las actuales y próximas generaciones.
  7. Dicha perspectiva nos exige evaluar nuestro sistema de salud, que se centra en la atención individual, en una lógica de lucro, y que más bien debiera focalizarse en la salud pública ambiental y comunitaria, que es preventiva y promotora, que evita mayores riesgos que impacten negativamente en la salud de las personas.
  8. Invocamos que el Estado sea transparente en la información ambiental y sanitaria con la que cuenta, y mantenga informada a las personas y poblaciones de la situación de vulnerabilidad, sobre la evolución y proyecciones, necesarias para la toma de decisiones, especialmente en lo que corresponde a los riesgo de los metales y metaloides más contaminantes: mercurio, plomo, cadmio y arsénico.
  9. Como parte de  la agenda regional, se cumpla con la implementación de la Ordenanza 141-2012 del Gobierno Regional de Junín con proyección a ser consideradas para las diversas regiones del país. La implementación de programas que comprendan un sistema de gestión integral de la salud ambiental y humana, incluyendo la disponibilidad de un laboratorio regional o macroregional certificado, que permita analizar los indicadores biológicos en las personas afectadas por agentes contaminantes.
  10. Exigimos la inmediata acción del Estado en la remediación de los pasivos ambientales, en especial de los 4353 declarados de alto riesgo a nivel nacional, por ser focos contaminantes de gran impacto en agua, aire y suelo.
  11. Nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en especial el distrito de Simón Bolivar, similar a la de La Oroya, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera. Demandamos respeto a los derechos de quienes protestan en el Ministerio de Salud en Lima, y acciones concretas para solucionar en definitiva el problema ambiental y de salud que los afecta.
  12. Consideramos fundamental que se priorice como actores que impulsan éste proceso iniciado con éste Congreso, a las mujeres y jóvenes de la región Junín.
  13. Nos comprometemos hacer llegar las conclusiones de este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humano, a las diversas instancias públicas y de sociedad civil, nacionales y regionales, para dar continuidad al proceso que iniciamos con éste Congreso.

Huancayo, 16 de junio de 2017

Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Dirección Regional de Salud Junín

Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín.

Red Muqui

Arzobispado de Huancayo

Pastoral de la Salud – Arzobispado de Huancayo

Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH Huancayo

Movimiento por la Salud de La Oroya

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentos y Salud La Oroya – OZAAS

Agentes de Pastoral Social de Huancayo

Foro Salud – Región Junín

Consejo Regional de la Mujer Junín

Municipalidad Distrital de Óndores Mesa de Dialogo Ambiental – región Junín

Mesa Mujer Rural

Central Regional de Mujeres Rurales – Junín

Federación Agraria Regional de Junín

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP

Comisión Episcopal de Acción Social

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS Centro

Red Uniendo Manos Perú

Continúan firmas…

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE TARMA

“POR EL RESPETO A LA VIDA, EL DIALOGO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”

La Diócesis de Tarma manifiesta su cercanía a nuestros hermanos del Distrito Simón Bolívar, de la Región de Pasco, un grupo de ellos se encuentran en la ciudad de Lima con la finalidad de presentar sus demandas y propuestas frente a la grave situación de contaminación que afecta las comunidades de la zona. Este problema de contaminación ambiental no es de ahora, viene de muchos años a otras, por lo cual creemos que es de capital importancia entablar un diálogo sincero entre las partes en vistas al bien común y a la protección de las poblaciones vulnerables.

El Papa Francisco nos recuerda el clamor de la hermana tierra “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.” (Laudato Si n° 2) Por eso, vemos la urgencia de atender con toda prioridad esta problemática y urgencias, tanto ambientales como muy especialmente sanitarias. Es necesario que la población, en especial la más vulnerable pueda ser atendida y encuentre caminos que garanticen su salud integral y el desarrollo sostenible en sus comunidades, en las cuales viven y laboran.

Por ello llamamos a todas las partes, a las autoridades del sector público en lo nacional, regional y local, a las organizaciones representativas de la comunidad que busquen el camino del diálogo justo, transparente, bien informado y que se encamine en la perspectiva de la solución progresiva de la problemática con la urgencia del caso. Cuidemos la vida y salud de los niños que son los que más sufren.

Como pastor del amado pueblo que me ha sido confiado, hago este llamado para que todas las personas pongan de su buena voluntad en favor de la vida y sea posible superar la grave situación ambiental y encaminar hacia una calidad de vida digna, y respeto del bien común, como nos recuerda el Papa Francisco “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia” (Laudato Si n° 157).

Que el esfuerzo de ambas partes lleve a soluciones que dignifique la vida de los pueblos, como lo quiere el Señor. “yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10,10)

Tarma, 19 de junio de 2017

Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ

 

  1. RED MUQUI CENTRO Y RED MUQUI NACIONAL, nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en particular el distrito de Simón Bolívar, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera, sin que a la fecha haya tenido respuestas efectivas desde el Estado.
  2. En reiteradas ocasiones, los pobladores de Cerro de Pasco, y en especial los de Simón Bolívar, han acudido a Lima para buscar canales de solución para la atención especializada de las personas, especialmente niños y mujeres embarazadas, afectadas por metales pesados y metaloides.
  3. Centro Labor Pasco, con el apoyo de Red Muqui los ha acompañado en diversas reuniones, la última de ellas el 06 de junio pasado, donde lamentamos que la Ministra de Salud no estuviera presente, lo que ocasionó que el alcalde y dirigentes de Simón Bolivar se retiraran. Esa situación ha generado la acción de protesta que actualmente los pobladores realizan en el frontis del Ministerio de Salud.
  4. Demandamos del gobierno el respeto a los derechos fundamentales de las personas que han llegado a Lima y se encuentran en el MINSA.

Finalmente, exigimos una pronta y definitiva solución para la población de Cerro de Pasco, que pasa por considerar las demandas que la Municipalidad de Simón Bolivar presentó al Despacho Presidencial, mediante el documento N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO, que incluyen la atención inmediata a las familias más afectadas, cierre definitivo de los pasivos ambientales mineros que generan impactos en la salud, implementación de políticas de salud para la atención especializada de los afectados por metales pesados, el diagnóstico e identificación de los afectados por metales pesados en Cerro de Pasco, entre otros puntos.

Huancayo, 16 de junio de 2017

 

 

 

Pasco – Junín – Ayacucho – Lima

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta- hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo. Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa «preocupación y decepción» por el anuncio efectuado por Trump, y «refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional», lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

RED MUQUI, respecto del proyecto de Decreto Supremo (D.S) que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. Lamentamos que en la exposición de motivos de la propuesta normativa, se tenga como premisas “salvaguardar las inversiones” y que “el crecimiento económico de un país depende (…) del descubrimiento de nuevos depósitos de minerales y de la reposición de las reservas”. Esta perspectiva confirma que para el gobierno son las personas quienes están al servicio de la economía en el Perú, y no como debe ser: la economía al servicio de las personas y la mejora de sus condiciones de vida.
  2. Planteamos nuestra preocupación, porque según el art. 6, con la sola opinión favorable del SERNANP, se podría realizar actividad de exploración minera en cualquier área natural protegida del SINANPE o sus zonas de amortiguamiento sin restricción, incluyendo las ANP de uso indirecto (Parques Nacionales, Santuarios Naturales), que tienen carácter de intangibles, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles, fuentes de agua y, con ello, la vida y salud de personas, y la seguridad alimentaria.
  3. La propuesta de D.S., está creando una nueva clasificación “anticipada” de proyectos de exploración, a la que se le incluye la denominación “de bajo riesgo ambiental» y no requiere ningún estudio ambiental para su aprobación, tal como sucede con la Declaración de Impacto Ambiental ello representa un riesgo, pues existen proyectos que podrían considerarse dentro de esta categoría y sin establecer medidas adecuadas para evitar o remediar los impactos mayores que se podrían generar.
  4. La propuesta de D.S. deja pendiente los mecanismos de participación ciudadana, manteniendo los que están vigentes hasta la fecha. Si son sólo 90 días de plazo para evaluar un EIAsd, ¿En qué periodo es que se realizaría el proceso de participación ciudadana?
  5. Respecto del art. 9, consideramos que la calidad ambiental no sólo debe enfocarse al cumplimiento de los LMP durante la ejecución del proyecto (párrafo que se repite en el artículo 10, inciso 10.2), sino también considerar la necesidad de evitar el impacto de residuos sólidos o potenciales derrames en el suelo, entre otros. Además, se debe considerar que, al culminar el proyecto, el territorio debe quedar en igual -o mejor- condición ambiental, a fin de evitar que se dejen pasivos ambientales que afecten la salud de la población del lugar, sin que el Estado asuma la responsabilidad por su remediación, ni por el cuidado estricto del ambiente durante el proceso de vida del proyecto minero de exploración.
  6. Sobre el art. 11, nos preocupa que se permita una perforación o sondaje en cualquier área. Si estas acciones llegaran a afectar un acuífero confinado, recién se tendría que detener y obturar la perforación; es decir, cuando el daño está hecho. Además, se deja a consideración del titular minero para que sea registrada y comunicada a la DGAAM del este artículo se pone en evidencia que el principio precautorio no se aplica en la exploración medida que debiera tenerse en cuenta antes de autorizar la realización de un proyecto de exploración es un estudio hidrogeológico, y pueda ser evaluado previamente por el MINAM, en el mejor de los casos.
  7. Respecto del art. 25, inciso 1, la redacción deja abierta la posibilidad de que la población o las personas afectadas por la actividad de exploración minera, puedan hacer llegar sus reclamos de manera pacífica -formal o informalmente- ante las instancias competentes. Esto podría considerarse un obstáculo a la realización de tal actividad y establecerse responsabilidades legales en su contra; algo que –consideramos- afecta los derechos fundamentales de la población que pueda verse perjudicada, al evitar que puedan ejercer su derecho a exigir una acción efectiva del Estado en su defensa.

Por todo lo mencionado, demandamos la revisión de la propuesta de Decreto Supremo, pues consideramos que afecta derechos fundamentales, y genera mayores riesgos a la población de los entornos mineros, que de manera directa o indirecta puede verse perjudicada por la actividad de exploración, que genera limitantes a las garantías para su defensa.

RED MUQUI

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LA SOCIEDAD CIVIL

Una vez más, las organizaciones indígenas, agrarias y el movimiento social en su conjunto nos dirigimos a la opinión pública para denunciar las maniobras que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene ejerciendo sobre el Congreso de la República para impedir la derogación del Decreto Legislativo 1333, “Ley del despojo”. Este sector pretende “subsanar” las insalvables deficiencias de forma y de fondo que tiene el decreto, evidenciadas en su momento por las organizaciones indígenas, que lograron que la Comisión de Constitución y Reglamento apruebe un dictamen derogatorio.

En efecto, a partir de reuniones informales sostenidas con representantes de diversas organizaciones indígenas nacionales el MEF viene haciendo circular versiones falsas de que habría logrado un “entendimiento” con los representantes indígenas y originarios para convencer a los congresistas de retroceder en la decisión de derogatoria. Versiones que son absolutamente falsas y que constituyen una grave mentira al Congreso y a la opinión pública.

Recordemos las razones por las que este decreto es nocivo:

Primero: desbarata todo el régimen existente para el reconocimiento, formalización, saneamiento y titulación de la propiedad predial y territorial, desplazando a los gobiernos regionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), COFOPRI y SUNARP, con la creación de un organismo todopoderoso llamado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) que depende directamente de PROINVERSION y del MEF. Su finalidad es facilitar y entregar en tiempo récord la propiedad de predios, terrenos, tierras y territorios que se requieran para la ejecución de los megaproyectos que se consideren estratégicos, bajo el pretexto de que ayudarán a reactivar la economía. Son más de 147 proyectos que el MEF busca priorizar, lo que es una grave amenaza para la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en el Perú.

Segundo: la mayoría de estos proyectos se ubicarán en zonas rurales, principalmente en territorios de las comunidades campesinas y nativas, quiénes serán las principales afectadas pues el grado de inseguridad jurídica sobre sus territorios es enorme. Más de 8 mil comunidades indígenas del país no tienen títulos de propiedad debidamente saneados y delimitados en un catastro, siendo la posesión el principal medio para demostrar su derecho de propiedad. En este escenario, el enorme grado de incertidumbre jugará en su contra, pues el Ejecutivo, no dudará en otorgar la titularidad de los predios a favor de los inversionistas, consolidando así el despojo territorial que venimos alertando.

Tercero: los pueblos indígenas originarios no serán los únicos afectados. Tanto los propietarios de predios urbanos como de predios del ámbito rural podrán ser expropiados y despojados de su propiedad en favor de los grandes inversionistas, a cambio de lo cual, recibirán “justiprecios” y compensaciones ridículas que no reconocerán el auténtico valor de la propiedad. Esto explica la desesperación de los promotores de esta norma por lograr su pronta ratificación en el Congreso, pues lo que está en juego no es ni el desarrollo ni el bienestar del país, sino el control absoluto de la propiedad privada de las tierras y territorios en el Perú.

Cuarto: el decreto sienta las bases para llevar a cabo millonarios negocios a costa de la impunidad. Se faculta al APIP a recurrir al uso de la fuerza policial para efectuar “la recuperación extrajudicial de la propiedad o el desalojo dentro de los procesos de saneamiento” (artículo 5.4), lo cual se aplicará contra los propietarios o poseedores que, con legítimo derecho, se nieguen a entregar sus predios y terrenos. Se dispone proteger a los funcionarios del APIP y servidores que intervengan en los procesos de saneamiento y que sean denunciados, al establecer que, antes de las investigaciones fiscales y policiales, se requerirá un informe del APIP indicando si el funcionario en cuestión infringió o no la ley; es decir, será juez y parte. El MEF y PROINVERSION son plenamente conscientes de lo abusivo de la norma, por lo que “ponen el parche” y cuidan las espaldas de los trabajadores públicos que pueden vulnerar derechos territoriales al amparo de este decreto.

Quinto: pero el MEF no viene actuando solo. En sus gestiones ante el Congreso ha recibido el apoyo de la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, faltando gravemente a sus competencias funcionales, y avalando la vigencia de este decreto pese a que no ha cumplido con el obligatorio proceso de Consulta Previa. Falta grave que ahora quieren sustituir con diálogos informales sostenidos con las organizaciones indígenas. Ante ellos, las organizaciones hemos ratificado firmemente la exigencia de derogatoria de esta norma que ya es la “cereza del pastel” de todo el andamiaje jurídico antiterritorial y antindígena inspirado a la sombra de la doctrina del “perro del hortelano”, implementada por los tres últimos gobiernos a través de los denominados “paquetazos”, como la Ley 30230, la Ley 30327, el Dec. Leg. 1210 y el D.S. 001-2015-EM.

Advertimos que el DL. 1333 agudizará los conflictos sociales por la defensa de la Madre Tierra y el medio ambiente, como el tristemente recordado “Baguazo”, que surgió como consecuencia de una norma mucho menos peligrosa. Es evidente que algunos funcionarios del gobierno, que en su momento fueron señalados como responsables políticos de este hecho, no han aprendido la lección y no tienen el menor remordimiento para fabricar peores normas. Somos conscientes de la enorme amenaza que se cierne no solo sobre los territorios ancestrales, sino también sobre las tierras de todos los ciudadanos y ciudadanas que se interpongan en la construcción de cualquier obra o megaproyecto que priorice este o los próximos gobiernos.

Los pueblos indígenas originarios y campesinos nunca se han opuesto al desarrollo de nuestro país; lo fomentan y colaboran con iniciativas que aspiren a lograr sinceramente el bienestar integral de la población. Pero tenemos claro también que ese bienestar debe ser para todos y no solo para un grupo privilegiado. Todo intento de promover el desarrollo debe garantizar el absoluto respeto de los derechos fundamentales de las personas y los derechos colectivos de los pueblos originarios, en especial al derecho al territorio, que es la base de nuestra cultura ancestral y la economía indígena, y el central abastecimiento de alimentos para todo el país.

Llamamos a las organizaciones indígenas de todo nivel, gremios, sindicatos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en general a resistir y sumarse a la lucha contra este nuevo abuso que se pretende ejecutar contra los derechos de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos indígenas.

¡NO MÁS DESPOJOS DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS! ¡NO AL DL 1333!

¡DEROGATORIA AHORA!

SUSCRIBEN:

– Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú (Confederación Nacional Agraria -CNA, Confederación Campesina del Perú – CCP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –ONAMIAP, Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP y Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARCP)

– Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

– Convención Nacional del Agro – CONVEAGRO

– Asociación Nacional de Productores Ecológicos – ANPE

– La Vía Campesina

– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – La Vía Campesina

– Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS

– Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI

– Red MUQUI – Perú

– Derecho Ambiente y Recursos – DAR

– Instituto Bien Común – IBC

– Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

– OXFAM PERÚ

– Asociación Servicios Educativos Rurales SER

– Forum Solidaridad Perú

– Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS

– Derechos Humanos sin fronteras – Cusco