CIDH: protesta social es única forma que tienen pueblos históricamente discriminados para realizar sus demandas

La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado "terriqueo" n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas