Justicia peruana falla a favor de defensores ambientales de Cusco y Apurímac tras años de criminalización

Defender el agua, el territorio y la vida nunca debería convertirse en un delito. Sin embargo, en el Perú, personas defensoras de derechos humanos y del ambiente enfrentan con frecuencia denuncias, procesos judiciales, hostigamiento y años de incertidumbre por ejercer su derecho a la protesta pacífica frente a proyectos extractivos legales, ilegales e informales que constituyen una amenaza para sus comunidades, ecosistemas, modos y medios de vida. 

Hoy, dos decisiones del Poder Judicial representan un importante avance para la protección de quienes defienden derechos humanos y ambientales, y envían un mensaje claro: la protesta social no puede seguir siendo tratada como un crimen.

Cotabambas: una década de resistencia frente a la criminalización

El pasado 26 de junio, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas declaró fundada la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público a favor de 19 defensores de derechos humanos y ambientales de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Con esta decisión se pone fin a una de las más graves imputaciones que mantuvo a los defensores bajo investigación penal durante más de diez años. 

Los hechos se remontan al año 2015, cuando la población de Cotabambas, en el ejercicio legítimo de su derecho, salió a protestar contra la empresa minera MMG Las Bambas tras la arbitraria modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto sin un proceso adecuado de consulta previa. Las comunidades advirtieron que estos cambios afectarían  sus derechos a la vida, la salud, la integridad, el territorio y a vivir en un ambiente sano y equilibrado,  exigiendo, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades

Durante las protestas, la población fue brutalmente reprimida por la Policía Nacional y produjo la muerte de 3 comuneros. Posteriormente, 19 defensores ambientales fueron denunciados y sometidos a un prolongado proceso penal. En 2019, la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho formalizó la investigación en su contra.

Luego de varios años de proceso, en septiembre de 2024, la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho presentó un requerimiento de sobreseimiento respecto a los delitos imputados. La defensa legal solicitó que dicho pedido fuera declarado fundado y que el proceso fuera archivado.

El juzgado acogió el pedido al concluir que, si bien existían evidencias de daños ocurridos durante las protestas de 2015, no era posible identificar la participación individual de cada uno de los procesados en dichos daños. Además, precisó que la sola presencia en una manifestación o la posesión de determinados objetos no constituye prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal.

Aunque aún queda pendiente la audiencia respecto a la imputación de otros delitos —como tenencia ilegal de armas y explosivos, y disturbios— esta decisión representa un avance significativo en la protección del derecho a la protesta y evidencia cómo el sistema de justicia fue utilizado durante años para desgastar, intimidar y afectar emocionalmente a quienes defendían legítimamente sus territorios.

Urinsaya: tras seis años, la justicia reconoce la inocencia de defensores

Un segundo caso emblemático ocurrió en Cusco. El pasado 19 de mayo, la Sala de Apelaciones de Canchis confirmó la absolución de diez comuneros y comuneras de la comunidad originaria de Urinsaya, en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, quienes soportaron más de seis años de criminalización.

Desde 2019, la comunidad denunció los impactos ambientales ocasionados por el constante tránsito de camiones de la empresa minera MMG Las Bambas a través del Corredor Minero, por una vía que atraviesa su territorio comunal. Asimismo, cuestionó la falta de atención del Estado a sus demandas y rechazó la Resolución Ministerial N.° 054-2019-MTC, mediante la cual dicha vía comunal fue reclasificada como vía nacional sin respetar el derecho de las comunidades a la consulta previa.

No obstante, tras una movilización realizada en enero de 2020, dos mujeres y ocho hombres de la comunidad fueron denunciados por la Policía y la Fiscalía de Espinar por los presuntos delitos de secuestro y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos. La Fiscalía llegó a solicitar 30 años de prisión efectiva para las personas acusadas, además del pago de una reparación civil de 10 mil soles por cada uno de los comuneros.

La acusación fiscal se sustentó en testimonios con serias irregularidades. Una de las principales testigos declaró inicialmente en condición de imputada y sin la presencia de la defensa legal de los comuneros. Asimismo, se tomó como prueba el testimonio de un trabajador de la empresa minera que afirmó ser agraviado, pese a que afirmó que no conocía a las personas acusadas. Incluso, se acreditó que la mayoría de los defensores no se encontraban en el lugar de los hechos. A pesar de ello, estos elementos fueron utilizados para justificar la prisión preventiva y sostener la acusación fiscal.

Después de que, en 2024 el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A del Cusco absolviera a los comuneros, la Fiscalía de Espinar apeló la decisión. Sin embargo, en mayo del 2026, la Sala de Apelaciones de Canchis confirmó la absolución. La Fiscalía Provincial Penal de Canchis decidió no impugnar la sentencia, dejando firme la decisión judicial que ratifica la inocencia de las y los comuneros de Urinsaya.

Estos dos casos evidencian que detrás de cada proceso de criminalización existen personas, familias y comunidades que enfrentan años de incertidumbre, estigmatización y desgaste emocional simplemente por ejercer su derecho a defender el medio ambiente y sus territorios. Aunque las recientes decisiones judiciales representan importantes victorias para la defensa de los derechos humanos, también revelan una práctica preocupante: el uso del sistema penal para intimidar y desalentar la protesta social en contextos extractivos mineros.