De Echave: Hace falta un mayor aprendizaje sobre los conflictos sociales en el empresariado minero

• CooperAcción participó en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades
• De Echave resaltó la necesidad de que la minería en el Perú contemple la viabilidad social en sus proyectos.

Durante su participación 32 Convención minera – Perumin, el subdirector de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, afirmó que los empresarios mineros aun no trabajan de manera conjunta para analizar las problemáticas reales de los conflictos socioambientales, lo cual no les ha permitido aprender lecciones en os últimos 25 años de expansión minera que también ha traído el aumento del descontento social en las zonas de influencia de la minería.

“La sensación cuando uno habla con algunos líderes empresariales es que cada una se mueve por su lado. Ahí hay un problema de poco aprendizaje y lecciones conjuntas que deben darse por medio de monitoreo de conflictos, alertas tempranas y hay evaluaciones de lo que pasa en el sector. Todo ello desde el gremio empresarial minero, no solamente desde el Estado y las ONG”, propuso en el panel de “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”, al lado del Vice Ministro de Minas, Guillermo Shinno y Ricardo Morel de la empresa minera Antamina.

En ese sentido, De Echave afirmó que hoy en día las empresas mineras deben tener en cuenta en cuatro viabilidades para llevar a cabo un proyecto, además de viabilidades de negocio (o financiera), la técnico-productiva y la ambiental, se incorpora la viabilidad social.

“A las tres primeras (viabilidades) se les puede poner tiempos y plazos de maduración, pero, ¿cómo hacerlo con las personas y la confianza de la minera con ese entorno? Es por ello que los entrampamientos de las inversiones mineras terminan siendo de índole social”, comentó.

Tras resaltar que ese es el enorme reto en nuestro país, el investigador de CooperAcción aseveró que el debate minero en los últimos 10 años que se ha ido polarizado cada vez más porque existen tres bloques que no han tenido la capacidad de dialogar, uno es competitividad, la agenda derechos y la gobernabilidad.

“Estos aspectos han estado disociados sin llegar a un equilibrio, y ahí está el reto. El componente de competitividad no reconoce al de la agenda de derechos; mientras que el tercer componente requiere construir una gobernabilidad de manera democrática, sin que esta sea impuesta como ha venido sucediendo y que no sea impuesta a la fuerza”, dijo en su participación en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”.

Ante ello, señaló que es clave comenzar a mirar cómo es que se comportan y responden las distintas institucionalidades que se han ido construyendo desde el estado, las empresas, los actores locales y las mismas ONG, a través de las mesas de diálogo y las de desarrollo.

Evolución de los conflictos

En base a datos de la Defensoría del Pueblo, la PCM y ONG, el exviceministro de Gestión Ambiental señaló que en los últimos 25 años la conflictividad social ha crecido en el país, siendo el 60% correspondiente a conflictos socioambientales vinculados a industrias extractivas, sobre todo en minería.

Este incremento ha ido de la mano con la expansión de la actividad minera en el país, con especial énfasis en el año 2007 donde se registraron 74 conflictos en un año, y el índice de conflictos subió a 172 a mediados del 2009. Periodo en el que hubo la bonanza del precio de los metales, y la minería generaba el 50% del Impuesto a la Renta, así como una mayor distribución de canon.

De Echave agregó que a partir del 2011, al darse la transferencia de gobierno, el número de conflictos bajó hasta el estallido en Conga y Espinar en el 2012. También anotó que hasta octubre del 2014 el Perú tuvo un periodo de mayor calma, pero el rango de 200 conflictos registrados se mantiene, es decir, 100% más a comparación de la década pasada en la que el número de conflictos no llegaba a 100.

No obstante, De Echave también comentó que esta tendencia es global, según muestra el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hoy en día, el 40% de conflictos mineros de los países en el mundo, tiene que ver con explotación de recursos naturales.

El Subdirector de CooperAcción, también señaló se debe tomar en cuenta que la geografía de la conflictividad social ha cambiado, ya que ahora la región macrosur concentra el 36% de los conflictos porque el mapa de inversión minera también ha cambiado.

Durante su intervención en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades” en el 32 edición del Perumin, el economista resaltó la necesidad de diferenciar la naturaleza de los conflictos en las zonas de influencia de la actividad minera.

“Es fácil decir que todos los conflictos son iguales y que vienen de una supuesta conspiración que sería la misma en todos los casos. Los conflictos no son homogéneos, siempre es un error afirmar que todas las situaciones son iguales”, aclaró.

Tras indicar que –últimamente- el empresariado minero viene tomando esta posición errónea, De Echave expuso la diferencia entre un conflicto de resistencia y rechazo a la minería, y los conflictos de convivencia con la minería, y como ambos se están complejizando en el Perú.

“En un escenario de conflicto de resistencia, predominan posiciones irreductibles, los procesos de diálogo no prosperan, hay intervenciones tardías y reactivas, además de polarización extrema porque las relaciones entre los actores se interrumpen. Estos son los casos de Tambo Grande, Cerro Quilish, Rio Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María”, explicó De Echave.

En cuanto a los conflictos de convivencia, el exviceministro de Gestión Ambiental expuso a los empresarios del Perumin, que estos no se oponen a la actividad minera, pero sí tienen demandas sociales, económicas, de salud, ambientales, culturales que muchas veces se han acordado –previamente- con las mineras, y que en el camino no se cumplen en su totalidad. Tales son los casos de Espinar (Cusco), la Sierra Central y otras dos provincias que se están incorporando a la explotación minera como es el caso de Chumbivilcas (Proyecto Constancia, Cusco) y Las Bambas en Apurímac.

Foto: Perumin